jueves, abril 30, 2015

¿Y DÓNDE ESTÁ LA OPOSICIÓN?


A estas alturas para nadie es un misterio que la aprobación del gobierno ha ido de más a menos. De esa elección donde la entonces candidata Bachelet obtuvo un margen irremontable para las pretensiones de la Alianza hoy poco y nada queda. Basada en una multiplicidad de eslogans y contextos de cambio para un “nuevo país” lo cierto es que aquel dicho “las aguas siempre toman su nivel” terminó por poner las cosas en su orden natural.
La realidad nos dice que la mandataria ha sido incapaz de establecer una agenda en sintonía con las demandas ciudadanas. A eso se suma lo que ha sido, a estas alturas, mucho más que una “piedra en el zapato” con el denominado caso Caval el cual a puesto en entredicho estandartes tales como terminar con las injusticias y la desigualdad. Para peor, y pensando en las pretensiones oficialistas, el Ejecutivo ha tenido que enfrentar permanentemente cuestionamientos a su (in)capacidad de gestión ante el manejo de crisis dejando entrever la nula capacidad de anticipar o preveer escenarios. Lo anterior se ha visto complementado con un fuerte sentimiento de desconfianza, desilusión y desencanto ciudadano que, si hacemos el ejercicio de realidad comparada con el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, tendría a las masas volcadas en las calles con protestas multitudinarias. Pero no, eso curiosamente no ha ocurrido y, lo que le habría costado la cabeza a varias autoridades y personeros en el gobierno anterior, hoy pareciera que todo esta permitido poniendo a prueba la paciencia y tolerancia de las chilenas y chilenos. Pero atentos, que todo tiene límites.
Es en este contexto donde no deja de ser llamativo del rol que ha tenido la oposición. Y es que, al parecer, el caso Penta golpeó y caló en lo más hondo del núcleo aliancista el cual ha visto un deambular de declaraciones desafortunadas, negaciones que luego se han vuelto realidad, pugnas internas por ostentar el poder y, lo más descabellado de todo, con una aprobación histórica de sólo un 11% frente a un 78% de desaprobación. Sí, tal cual, este el escenario actual que vive la oposición. ¿Y qué han hecho para retomar el rumbo y desempeñar el rol que les compete y que ha venido demandando insistentemente la ciudadanía? Nada. Por el contrario han guardado silencio o se han enfrascado en los tradicionales dimes y diretes a través de los medios de comunicación ventilando cuanta prenda ventilable tienen a su haber en una cuestión que, por lo demás, poco y nada interesa a la opinión pública que exige, entre otros, cuestiones tales como recuperar la confianza en las instituciones, en la actividad política y contar con representantes que, aunque parezca de perogrullo, los representen y se ocupen de sus problemas, demandas y necesidades.
En este sentido bien vale resaltar el trabajo que han realizado los parlamentarios de Amplitud, destacando en particular los casos de la senadora Lily Pérez y del diputado Pedro Browne. En el caso de la primera, que dicho sea de paso fue la única senadora en votar en contra de la reforma Tributaria en un hecho que el tiempo le terminó por dar la razón, ha tenido la capacidad para tender puentes con el gobierno dejando de lado las mezquindades propias de la política ideológica entendiendo que el ser oposición no implica decir “no” a todo porque, y tal como bien lo plantea Humberto Maturana, “si fuese jefe de un partido político y el gobierno elegido es de otro, yo no me llamaría la oposición sino que la colaboración. Entonces el otro no trataría de deshacer lo que yo hice en el gobierno anterior porque queremos hacer un proyecto común” y en eso Amplitud ha sido categórico: ser y hacer una oposición constructiva para beneficio del país. Ejemplo de esto es Pedro Browne quien, junto a otras colectividades, defendió exitosamente el cambio al sistema binominal tras el recurso, interpuesto por la Alianza ante el Tribunal Constitucional, por dejarlo sin efecto. Ciertamente lo anterior constituye un triunfo para una democracia más plena, diversa,  representativa y participativa. Y lo que es mejor: cumpliendo con el clamor ciudadano por más competencia y mejores representantes que se hagan cargo y lideren los procesos transformacionales que exige nuestro país para alcanzar su plenitud.
Por esta razón es altamente importante que la oposición retome su camino y desempeñe su rol con eficiencia y sentido país. Deben terminar con el ostracismo, levantar la cabeza y ser capaces de mirar que Chile está enfrentado a una disyuntiva compleja entre estatistas, que denostan al sector privado y no confían en la libertad de las personas -desde qué música escuchar hasta qué colegio elegir para sus hijos-, en pos de la defensa de las libertades que hoy, y en virtud del actual contexto sociopolítico y cultura, recobran su vigencia en favor de todos y cada uno de nuestros compatriotas.

Rodrigo Durán Guzmán.
Comité de Profesionales de Amplitud.

martes, abril 28, 2015

BACHELET: "YO NO SABÍA".


La presidenta sostiene que se enteró por la prensa del escándalo Caval.Afirma que “entiende” que el operador Giorgio Martelli “colaboró” en su campaña, pero asegura no saber qué rol jugó en ella. Por su parte, Sebastián Dávalos declaró a la Fiscalía que no estaba al tanto de la importancia del negocio en Machalí para Caval, que “desconocía absolutamente los montos con que trabajaba” esta firma y que su mujer no le “informa ni avisa” lo que hace. Esta última ha señalado que no conversa con su suegra sobre el caso y que la Presidenta “no sabía nada”. Lo mismo dijo el ministro del Interior sobre sus boletas a SpA: “Esto es un tema profesional mío, no tienen nada que ver el comité político ni la Presidenta”. O sea, nadie más que él conocía las asesorías que habría prestado.
En La Moneda parecen seguir una estrategia definida: quien nada sabe, nada teme.
Pero hay un inconveniente: no es creíble. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, 69% de la población no le cree a la Presidenta cuando dice que no sabía de Caval. En el mismo sondeo, el 57%  señala que la Mandataria no le genera confianza e incluso 48% piensa que no es honesta (47% estima que sí lo es).
A estas alturas, el gobierno debería comprender que la insatisfacción popular está motivada no sólo por los escándalos mismos, sino también por la torpeza con que los ha manejado. La respuesta (o falta de ella) del Ejecutivo constituye hoy la parte más importante del problema. Seguir insistiendo que nadie sabía sólo empeora la situación.
Tampoco sirve victimizarse, denunciar “operaciones” y reclamar porque se pasan a llevar la honra y la presunción de inocencia. Es muy tarde para que La Moneda demande para sí la buena voluntad que no quiso exhibir antes con sus rivales.
Lo que queda es abandonar el estado de negación que existe detrás de la estrategia del “yo no sabía”. Ello requiere reconocer que se cometieron faltas  -quizás delitos- y usar oportunidades como la entrega del informe de la Comisión Engel para tratar de recuperar la iniciativa. También supone hacer efectivas las responsabilidades políticas a través de un cambio de gabinete. La postergación del ajuste ministerial resulta incomprensible, más aún si se considera que el titular del Interior se encuentra tan cuestionado que no será capaz de liderar la discusión sobre la agenda de probidad que pretende impulsar el Ejecutivo.
En definitiva, lo que se necesita es salir a encarar con medicina fuerte una situación muy incómoda y destructiva.
Si, en cambio, la iniciativa del gobierno se reduce a aprovechar el envión que entregará el informe Engel, la crisis continuará agravándose. Hay que tomar en cuenta que ni siquiera el desastre en Atacama fue capaz de opacar los escándalos, así que sería iluso pensar  que basta con tratar de cambiar de tema para superar la crisis.
Seguir repitiendo la frase “yo no sabía” hará imposible que La Moneda recobre la confianza ciudadana. Es momento de cambiar el libreto, dejar de lado las evasivas, mostrar determinación y enfrentar el problema y sus consecuencias.
Juan Ignacio Brito.

lunes, abril 27, 2015

SINCERARSE TAMBIÉN EN DD.HH.


"Si Bachelet aspira a dar un golpe de timón a su agenda para reorientar al país y reconstruir su liderazgo, conviene que asuma y modifique una realidad moralmente incómoda para su sector... "

Esta semana visitaron Chile dos mujeres jóvenes que se destacan internacionalmente por su aporte a la causa de la libertad y la democracia: la cubana Yoani Sánchez y la guatemalteca Gloria Álvarez. Aunque inspiradas en visiones distintas, las une la juventud, el coraje civil, su pensamiento rebelde y el uso de nuevas tecnologías para difundir sus ideas. La Presidenta Bachelet, que la semana pasada no recibió a las esposas de dos connotados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, pero tuvo tiempo para platicar con Joan Manuel Serrat, dejó escapar otra oportunidad para conocer a líderes que tal vez le habrían recordado una época en que exigía democracia y respeto a los derechos humanos en forma universal.

Yoani y Gloria han logrado algo mayor: trascender en un mundo con clara hegemonía masculina, discriminación que Bachelet denunció desde Naciones Unidas y denuncia desde La Moneda. Yoani se convirtió en símbolo de libertad bajo una dictadura militar que lleva 56 años; Gloria saltó a la fama criticando el populismo y la corrupción en una región azotada por la violencia de narcotraficantes que buscan controlar las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Son líderes que, para su seguridad, necesitan respaldo. Fuera de descollar por su agudeza, oratoria y originalidad, ambas constituyen ejemplo para quienes viven sin libertad, condenan el populismo, luchan contra la discriminación de género y apuestan por vías pacíficas de cambio.

El desinterés de Bachelet por Yoani Sánchez estuvo en consonancia con su decisión de no reunirse con las cónyuges de valerosos presos políticos venezolanos, pero en contradicción con su conducta ante la hija del dictador Raúl Castro, a quien recibió durante la cumbre de mujeres que organizó en Santiago. Defrauda este doble estándar, e irrita que nuestra Mandataria, que sufrió ayer represión política, no solidarice hoy con mujeres que son víctimas de la represión. Sorprende su conducta, pues hasta en el oficialismo hay quienes exigen respeto a los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Si la Presidenta -como quedó de manifiesto en su discurso del viernes- aspira a reconstruir su popularidad y liderazgo, debe hacer lo que la mayoría de los chilenos espera de un Presidente: que condene universalmente la violación de derechos humanos, y no actúe en esto en forma sesgada y enigmática por razones ideológicas.

En momentos en que su falta de liderazgo es cuestionada por figuras del oficialismo y su gestión es desaprobada por una abrumadora mayoría ciudadana, es recomendable un cambio en la actitud elusiva de Bachelet ante personalidades que exigen libertad, transparencia, respeto a los derechos humanos en países gobernados de forma dictatorial o autoritaria por la izquierda. Urge una política de Estado para que nuestros Presidentes siempre condenen la violación de derechos humanos y solidaricen con quienes sufren la represión política.

Si Bachelet aspira a dar un golpe de timón a su agenda para reorientar al país y reconstruir su liderazgo, conviene que asuma y modifique una realidad moralmente incómoda para su sector: desde el retorno a la democracia es la izquierda -o influyentes sectores de ella-, no la derecha, quien simpatiza con regímenes de dudosas credenciales democráticas. El centro y la derecha, en cambio, exigen hoy respeto a los derechos humanos, libertad y democracia, y no manifiestan simpatías por regímenes no democráticos. Es una realidad indesmentible, y la Mandataria debe aprovechar el marco del informe sobre probidad para transparentar su sentir hacia personalidades que exigen derechos humanos a gobiernos de izquierda.

La incoherencia presidencial en esto lleva a interrogarse sobre la capacidad de sus asesores. Pero buscar responsables en su círculo de hierro es menospreciar el intelecto de la Jefa de Estado. En rigor, lo que corresponde es concluir que decisiones como la de recibir a la hija de Castro e ignorar a Yoani Sánchez no obedecen a complejos acuerdos de la Nueva Mayoría sino a convicciones profundas de la Presidenta. Si la clase política busca sincerarse ante el país, Bachelet debe aprovechar las circunstancias para sincerar su visión sobre derechos humanos. Si da este paso, evitará tener que repetir en un futuro próximo un "no supe condenar con fuerza y a tiempo" las circunstancias en otros países.

Roberto Ampuero

domingo, abril 26, 2015

PEÑAILILLO, LAS BOLETAS Y LA ERUPCIÓN EN LA MONEDA.


El gobierno ha preferido ratificar a los funcionarios del gobierno involucrados en los casos Penta o SQM, en vez de dar ante la ciudadanía una señal potente contra estas malas prácticas en el financiamiento de la política.

Lejos de aquietarse las aguas, la crisis institucional generada por los casos Penta, Caval y SQM sigue generando estragos en el mundo político, y principalmente en la segunda administración de Michelle Bachelet. Atrás quedaron los alegres días en palacio cuando el equipo político de La Moneda, liderado por el ministro Rodrigo Peñailillo (PPD), sacaba cuentas alegres por los desastrosos efectos que en la oposición –fundamentalmente en la UDI- había generado el caso Penta a comienzos de febrero.
Para pesar de Bachelet y su equipo político, mientras más avanza la investigación y mayores antecedentes se dan a conocer principalmente del caso SQM, mayor es el ruido que se genera en La Moneda y al interior de la Nueva Mayoría, donde las críticas de Osvaldo Andrade al manejo de la crisis y la labor Peñailillo han generado molestia al interior de la coalición de gobierno.
El caso SQM ha golpeado a todos los sectores por igual. Desde figuras de la Nueva Mayoría (Rossi, León, Pizarro), la Alianza (Zalaquett, Longueira) e incluso a Marco Enríquez-Ominami y su padre, el ex senador Carlos Ominami, los que se han visto involucrados con el financiamiento de campañas políticas de manera irregular realizada por la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. Lo que ha provocado el mayor terremoto político tras 25 años desde el retorno a la democracia.
Giorgio Martelli, un nombre clave en las últimas campañas presidenciales de la Concertación hoy Nueva Mayoría, operador político ligado al PPD, y ex administrador de la campaña presidencial 2005 de Bachelet, aparece directamente involucrado a través de su empresa Asesorías y Negocios SPA (AyN) por la emisión de facturas a SQM Salar. Martelli junto a Jorge Rosenblut, presidente de Enersis, han realizado la función de recaudadores de fondos de campaña. Incluso Rosenblut reconoció que pidió dinero a SQM el 2012 para la última campaña presidencial de Bachelet.
Volvamos a Martelli, su empresa Asesorías y Negocios SPA (AyN) fue vinculada a la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM. Pero eso no es todo, el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, quien participó activamente del comando de Bachelet, boleteó para esta sociedad entre enero de 2012 y marzo de 2013. Al igual que el ministro Peñailillo, quien emitió millonarias boletas cuando ésta tenía apenas un mes de existencia.
A ellos se suman el jefe de asesores del Ministerio del Interior, Robinson Pérez, el coordinador de las actividades de Peñailillo, Héctor Cucumides, el jefe de gabinete del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, Harold Correa -involucrado en el caso Chiledeportes- amigo personal de Peñailillo, además de Estela Ortíz, y Alicia Galdames Jeria, amiga y prima de Bachelet respectivamente, hoy ambas funcionarias de gobierno. Todos ellos boletearon a AyN de Martelli, empresa que a su vez facturó a SQM Salar.
Si bien a fines de marzo el caso SQM había golpeado a La Moneda, cuando del subsecretario Rodolfo Baier (PR), tuvo que reconocer -pese a negarlo en un primer momento- una boleta por $6 millones de pesos del 2012 a la empresa de Ponce Lerou. Siendo ratificado en su puesto tras gestiones del presidente de su partido, Ernesto Velasco, y el respaldo del gobierno de Bachelet. La aparición de Peñailillo, el ‘hijo político’ de Bachelet, entre los políticos de gobierno involucrados en SQM generó una verdadera erupción en La Moneda.
Pero que al igual que con el ministro Alberto Undurraga, el subsecretario Baier, Peñailillo ha sido respaldado por el gobierno, un libreto que ha seguido al pie de la letra La Moneda cada vez que un funcionario de primera línea ha aparecido involucrado en alguno de los casos donde se investiga el financiamiento irregular de la política. Una línea de acción del gobierno de Bachelet, que ha aumentado el ambiente de desconfianza que hay con el mundo político.
En momentos cuando la probidad y la transparencia en la política están en tela de juicio ante los chilenos, la administración de Bachelet ha preferido ratificar a los funcionarios del gobierno involucrados en los casos Penta o SQM, en vez de dar ante la ciudadanía una señal potente contra estas malas prácticas en el financiamiento de la política. Si la postura del gobierno hubiese sido la correcta, hoy ni el ministro Undurraga, el subsecretario Baier o el propio Peñailillo deberían estar en sus cargos.
Lamentablemente, el gobierno optó por el camino errado, blindando a sus funcionarios de primera línea cuestionados, alentando el ambiente de desconfianza que hay hoy con el mundo político. No basta con la creación de una Comisión Anticorrupción y recibir el trabajo de ésta; la administración de Bachelet ha pecado de falta de consistencia en su actuar en contra de las malas prácticas para el financiamiento de la política, lo que ha ayudado a acrecentar la crisis institucional que hoy afecta al país.

Pablo Lira, Cientista Político.
ellibero.cl

viernes, abril 24, 2015

ASESORÍAS VERBALES, "TIPS" Y OTRAS YERBAS.


No solo de asesorías escritas e imaginarias, redacciones de papers, investigaciones, declamaciones públicas y evacuaciones de informes viven los señores políticos, también se dedican a las asesorías verbales y “tips”. A esto se le llama innovación.

Por ejemplo, algunos tipos de asesorías verbales pueden ser: “Tengo una suegra presidente” o “tengo un papá senador”. Y un “tips” podría ser “dile que vas de mi parte”.Lean: http://ellibero.cl/actualidad/ministerio-publico-designa-a-fiscal-para-investigar-otro-negocio-de-caval-por-170-millones-en-asesorias-a-hospitales-publicos/

Caval es un ejemplo de empresa asesora multifuncional. Le hacen a la inversión inmobiliaria, asesoran empresas cerveceras, hacen de interlocutores válidos entre “lo público y lo privado”, entregan “tips” a empresas hospitalarias y un cuanto hay. Como diría el casero de la feria “le tenemos de todo casera”.

Pencailillo también asesora. En su caso, sobre “en lo que es el mercado laboral”, aunque jamás en su vida ha trabajado ni ha contratado a un trabajador. Pencailillo es un crack, le hace a todo el cabro, por eso la Claudia lo puso de ministro.

Ya lo sabemos, en Chile todo el mundo asesora. Aquí en mi casa no es distinto, la patrona se la pasa todo el día haciéndome asesorías verbales, las que yo acato de inmediato. Me asesora sobre el lavado de loza, sobre cómo ir a buscar al cabro chico al colegio, sobre la importancia de hacer bien las camas y sobre otras materias tan trascendentales como estas. De vez en cuando, además, me entrega algún “tips”.

Máximo.

jueves, abril 23, 2015

CRISIS EN LA ARAUCANÍA.


Me pregunté mucho cómo iniciar esta columna.  No quería partir diciendo –por enésima vez- “los graves sucesos de La Araucanía…” o “en los últimos días hemos sido testigos nuevamente de hechos graves de violencia en la Novena Región…”.
El problema es que no hay otra forma de hacerlo. Lo de ahora es casi cinematográfico. Desgraciadamente lo que ocurre en esa zona no es una creación artística para entretener al gran público, sino un drama que se recrea y que afecta a miles de chilenos de carne y hueso, indígenas y no indígenas.
Ya no se trata sólo de ocupaciones ilegales de terrenos, o de ataques incendiarios a predios forestales, maquinarias agrícolas o lugares habitados. Tampoco de familias indígenas violentadas en sus hogares o derechos, o que sienten que las oportunidades y la promesa de un mayor bienestar pasan por delante de sus narices. Ni siquiera del hecho -esperable por cierto- que un grupo de agricultores de la zona se haya unido para demandar judicialmente la responsabilidad del Estado por faltar a su obligación legal de preservar la seguridad y el orden público.
Porque hasta hace poco existía la sospecha -sin mayor fundamento- de que los agricultores de la zona se estaban organizando para defender sus familias y bienes. Los recientes hechos de Vilcún –un encuentro cara a cara entre comuneros indígenas que se disponían a ocupar ilegalmente un predio y un grupo de agricultores que se concertaron por Whatsapp para ir a enfrentarlos- confirman que la sospecha era realidad. La conclusión evidente (no es necesario ser brillante para entenderlo) es que ya nadie en La Araucanía confía en que exista una autoridad capaz de asegurar el respeto del Estado de Derecho –partiendo por lo más básico, el orden público y la seguridad- y mucho menos que exista una vía institucional y civilizada de solucionar los conflictos.
Unos de los principios más elementales que nos enseñan a los abogados es que la autotutela –tomarse la justicia por la propia mano- es esencialmente contraria a una sociedad en que prima el Estado de Derecho. Por eso los sucesos de Vilcún nos muestran cuán profundamente deteriorada está la convivencia social en La Araucanía. Es tal vez una señal de los tiempos el que la escaramuza haya terminado con lesionados en todos los frentes.
Por eso me pregunto qué es lo que falta para remover nuestras conciencias. Ya hemos sido testigos de todos los males posibles: discriminación, temor, angustia, violencia, pérdidas materiales incalculables y también de varias muertes. Para algunos, lo de Vilcún -que dicho sea de paso ocurrió muy cerca del predio de los Luchsinger- podrá parecer sólo una riña rural ‘entre privados’,  pero no debemos engañarnos: más que un problema entre privados, los eventos de Vilcún muestran descarnadamente el fracaso -y las culpas- del Estado. Lo de Vilcún es para mí la evidencia más palmaria de que estamos frente a una crisis cuyas consecuencias no estamos siendo capaces de imaginar.
Más de alguien podrá decir, ‘hay asuntos más urgentes’. Está por cierto el doloroso drama del norte de Chile, pero perdón: desde fines de los 90, cuando se destapó lo que algunos medios llaman el ‘conflicto mapuche’, se han sucedido todo tipo de catástrofes naturales, escándalos políticos y crisis de variada naturaleza. Han cambiado gobiernos y coaliciones, parlamentarios han sido reemplazados, hemos tenido autoridades regionales indígenas y no indígenas, y sin embargo, pareciera que cada día estamos peor.
La conclusión más obvia para mí es que la política de tierras requiere un completo rediseño. Después de lo de Vilcún, ¿será necesario convencer a alguien de que el sistema actual es insostenible? Lo que ha ocurrido no hace sino poner de manifiesto que el sistema actual de entrega de tierras genera incentivos  a la violencia, el clientelismo y la corrupción. No debe preocuparnos el que no exista consenso sobre el sistema que lo debe reemplazar; lo que necesitamos ahora con urgencia es convencernos de que no podemos seguir igual.  Entre los muchos ‘mea culpa’ que podríamos hacer, uno de ellos es que hemos postergado esta discusión más allá de lo que indica la prudencia, y estamos pagando el costo -literalmente- con sangre.
Pero además debemos entender -por si a alguien le queda alguna duda- que la solución no pasa por llenar La Araucanía de vehículos blindados y efectivos policiales. Si lo hacemos, tal vez le haremos un gran favor a los que han hecho de la violencia y el delito su modo de expresar disconformidad con el actual estado de cosas. Por supuesto que el gobierno debe redoblar sus esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad en la zona. Pero la cuestión de fondo es otra, y tiene que ver con el marco legal que regula las tierras y los incentivos que produce.
Al terminar estas líneas me debato entre la ilusión y el escepticismo. Ya hemos pasado por esto antes, y nada ha cambiado sustancialmente. Están pasando demasiadas cosas allá en el nivel central, y todas son estructurales y urgentes, pero tal vez no todo está perdido. Ojalá que Vilcún se transforme en un símbolo de que La Araucanía no puede esperar más, aunque se esté cayendo a pedazos el mundo.

Blog de Sebastián Donoso.

martes, abril 21, 2015

¿LAS INSTITUCIONES FUNCIONAN?


EL GOBIERNO repite, casi como un mantra, y de manera majadera, la vieja frase de Ricardo Lagos “las instituciones funcionan”. La pregunta es si de verdad funcionan y si podemos esperar que resuelvan los problemas. Por cierto hay instituciones que funcionan, pero también hay muchas que simplemente no lo hacen como debieran. Veamos algunos ejemplos. El Servicio de Impuestos Internos, un lujo y ejemplo de institución, hoy está públicamente cuestionado por todo lo que ha ocurrido, y porque tiene a la cabeza una persona marcadamente ideológica, algo no apropiado para ese tipo de servicio. El sistema de Alta Dirección Pública, literalmente no funciona. El gobierno se permite destituir al 50% de las autoridades así seleccionadas, y las listas se manejan como es de amplio conocimiento. Carabineros está completamente atado de manos para combatir la delincuencia e indefenso frente a los ataques violentos de los manifestantes: encapuchados y delincuentes les han perdido el respeto. La delincuencia escala de forma alarmante y no se ve a las instituciones empoderadas. El Instituto de Derechos Humanos está ideologizado y hasta se permite atacar a Carabineros al punto que su director debe reclamar abiertamente. Una gran cantidad de funcionarios públicos no tienen contratos regulares, y además hacen huelgas ilegales que los gobiernos toleran.  Un embajador se permite hacer declaraciones imprudentes y es mantenido en el cargo.
 La política está en estado grave: 87% de la población está insatisfecha con esta actividad, y de hecho lo relevante está ocurriendo hoy en los tribunales, lo que es muy malo para el sistema judicial. Un fiscal hasta se permite mandar tuits durante los procesos y éstos hacen consignas políticas en sus alegatos porque están en televisión. Las autoridades ambientales funcionan a medias, y las decisiones también se toman en los tribunales. La iglesia está severamente dañada en su credibilidad; hasta los fieles salen a reclamar por el nombramiento de un obispo. El gabinete es ampliamente rechazado por la población. Un alarmante 70% de la población cree que la Presidenta ha mentido en el caso Caval y a un 59% le genera desconfianza.  La violencia en La Araucanía es cotidiana y no hay institución ocupada realmente del problema. Tras una fuerte campaña en su contra, los empresarios también están desprestigiados. Las grandes reformas del gobierno tienen alta desaprobación.
 En relación a los políticos, el tema es aún más grave. Menos del 20% de la población aprueba lo que ocurre en ambas cámaras del Congreso, e igual o peor están las coaliciones políticas. El Congreso aprueba leyes sin estudiarlas a fondo. Nos dicen que el voto será voluntario porque votarán más personas y ocurre exactamente lo contrario. En la última semana, parlamentarios afines al gobierno sinceran que los recursos no alcanzan para lo prometido en educación, cuando hace pocos meses se aprobó la reforma tributaria para tales efecto. ¿No estudiaron acaso el proyecto? La Democracia Cristiana instala un presidente cuestionado éticamente, incluso por sus pares. Militantes le envían carta para que no asuma.
 La corrupción ha pasado a ser la principal preocupación de la población de acuerdo a las encuestas. Es decir, una grave falla sistémica de las instituciones. El transporte público es de mala calidad, y pierde plata a raudales, la población descontenta.  Santiago y otras ciudades se ahogan en contaminación y congestión y no parece haber nadie a cargo del problema. El INE es continuamente cuestionado y sus estadísticas dudadas. La sequía agobia y no se ven iniciativas claras.
 Por si lo anterior fuese poco, la misma institución de la Constitución es cuestionada por un sector relevante de la población.  La Presidenta se hace cargo de rumores sobre su renuncia fortaleciendo el tema, y tiene al gobierno totalmente paralizado. La Onemi nuevamente es cuestionada en la última catástrofe. El Ministerio de Educación tiene un ministro que reconoce públicamente no entender del tema. El ministro de Hacienda carece de credibilidad técnica y no acierta en ningún pronóstico, siendo el mismo una fuente de incertidumbre.
 En la salud, las colas AUGE vuelven a crecer, igual la deuda de los hospitales, y las quejas de la atención pública son crecientes. La educación pública es altamente criticada. La comisión de acreditación en educación tuvo escándalos de corrupción. Cuando Enap perdió U$ 1.000 millones, ni siquiera hubo cambio de directorio. Codelco capturada por los sindicatos. TVN pierde plata como nunca.
 Entonces, ¿funcionan de verdad las instituciones?
Sergio Melnick.

lunes, abril 20, 2015

CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA.


La displicencia gubernamental ha llevado a que los afectados tengan que empezar a defenderse.

Ahora que la CAM, a través de la ORT Nagche, se adjudicó el último ataque incendiario en Los Sauces, el actual gobierno ni su intendente pueden seguir negando que esta violencia es y debe ser llamada por su nombre: terrorismo. Creo que ya es momento de definiciones claras y categóricas: o se está del lado de las víctimas y a favor de la paz en la región o, por el contrario, se está de parte de los grupos radicalizados que ya llevan largos años causando estragos y perjuicios, atemorizando a la población y delinquiendo impunemente.
Se llegó a un límite en el cual este gobierno tiene la obligación ética de responderle a la ciudadanía si está con unos o está con los otros, ya que sus constantes ambigüedades y su insólita pasividad le están ocasionando un gravísimo daño a La Araucanía.
Lamentablemente, las consecuencias de esta displicencia gubernamental se pueden corroborar con un detalle que los últimos atentados y tomas ilegales de terrenos han hecho visible: frente a la impunidad con que los grupos radicalizados actúan en los campos de La Araucanía, a los afectados, todos aquellos que ven el fruto de su trabajo y de su esfuerzo quemado en minutos o que son agredidos y amenazados permanentemente, no les ha quedado otra alternativa que empezar a defenderse.
Esto último es la inequívoca señal de que las autoridades y la justicia brillan por su ausencia en las zonas de conflicto. Lo peor de todo es que mientras el gobierno siga dilatando lo inevitable (ponerse los pantalones de una buena vez y frenar a los violentistas), las víctimas tendrán que continuar defendiéndose solas, lo cual puede terminar transformando a La Araucanía en un campo de batalla que, eventualmente, podría llevar las cosas a un muy complejo y doloroso punto de no retorno.
Por lo tanto, y aquí no cabe otra alternativa, es momento de exigirle a las autoridades que restablezcan el Estado de Derecho; de lo contrario, la tan anhelada paz en la región se verá cada día más lejana e inalcanzable.

Alejandro Martini, Movimiento Paz en la Araucanía.
ellibero.cl

domingo, abril 19, 2015

EL TURNO DE PEÑAILILLO.


El reconocimiento del ministro del Interior de que recibió pagos de la empresa de Giorgo Martelli -la misma que está siendo investigada por el caso Soquimich- parece ser la gota que rebasó el vaso que ponga una lápida sobre la incipiente carrera política del joven Peñailillo. Quien fuera considerado el hombre fuerte de Bachelet, vive sus momentos más duros.
Peñailillo ha intentado defenderse. En una declaración, donde se mostró visiblemente nervioso, señaló que como cualquier profesional joven, debía trabajar para ganarse la vida, y que los pagos corresponden a su calidad de ingeniero y magíster de análisis político de la Universidad Complutense -dato innecesario-, por lo cual realizó diversos informes sobre las enseñanzas de la crisis financiera internacional, las políticas económicas y sociales aplicadas y el mercado del trabajo, lo que da cuenta de la variedad de temas donde el ministro es experto. Y todo esto en cuatro meses, un verdadero récord de consultoría.
La cosa huele mal. Primero, porque la empresa contratante no parece tener relación alguna con esos temas. Segundo, porque su dueño (Martelli) se define como un operador político y es un reconocido recaudador de campañas políticas. Al respecto, Peñailillo dijo que su jefe de ese entonces tuvo un rol marginal en la última elección. Pero como todo se sabe, ayer tuvo que confirmar que Martelli fue el que arrendó las oficinas del comando de Bachelet. Entonces, nada cuadra. Ni los pagos, ni los estudios. Al final, todo parece indicar que Asesorías y Negocios SpA, la empresa en cuestión, no era otra cosa que la receptora de fondos de campaña, entre los cuales estarían los de la filial de Soquimich, SQM Salar.
Para la Presidenta se trata de un golpe muy duro. Si por Caval tuvo que dejar caer a su hijo, Sebastián Dávalos, todo indica que por Soquimich tendrá que hacer lo mismo con su hijo político. Y ella sabe el costo que ha tenido ser blanda en esto. Su capital político se ha desvanecido en menos de dos meses. Seguir debilitándolo por mantener a Peñailillo, sería un error.
Todo esto, teniendo presente que la cosa no viene bien por ningún frente. En Caval, esta semana quedó claro que su hijo, contra lo declarado por su nuera, sí tuvo directa injerencia en el negocio, como lo revelan correos privados donde gestiona reuniones al respecto. El fiscal de la causa, por su parte, señaló que existen indicios de “engaño” en la operación. Por ende, la probabilidad de que Dávalos termine mal no se puede descartar. Sumarle a esto el caso de su hijo político -que seguro seguirá complicándose-, es algo que la supera.
Esta semana, los ex presidentes Lagos y Piñera manifestaron su apoyo a que la Mandataria recupere su liderazgo. Es lo que a estas alturas todos quieren. Pero, la verdad, eso ya no depende totalmente de ella. Puede intentarlo, partiendo por cambiar el gabinete, pero al final, por mucha ropa que le presten, dependerá de cuán involucrada esté su persona en los escándalos de “sus hijos”. Algo que por ahora sólo ella lo sabe. Pronto lo sabremos todos.

Andrés Benítez.

sábado, abril 18, 2015

"GRACIAS, SEBASTIÁN, HIJO MÍO".


Gracias, Sebastián, hijo mío”, debieron ser las palabras de nuestra incólume Presidenta después de haberse “enterado por la prensa” de la gran polémica en que está envuelta su nuera y que, de cierta forma, repercutió en ella.

“Gracias, Sebastián”, debió pronunciar por haberle arruinado sus vacaciones posteriores a un fin de año legislativo soñado, con la aprobación de reformas medulares en su programa de Gobierno y luego de una pequeña alza en la aprobación ciudadana, la cual, obviamente, pasó a segundo plano luego del papelón de su hijito y su querida nuera.
También le dio las gracias por haber echado por tierra su discurso en contra de la desigualdad, el combate contra los abusos y “los poderosos de siempre”, el cual pregonaba a los cuatro vientos y que enarboló como bandera en la pasada elección. Pues, claro está, Dávalos Bachelet y su esposa compiten en una cancha privilegiada y desigual para el gran resto de los chilenos, pues ninguna incipiente Pyme, de un capital de 6 millones de pesos, obtiene un crédito de 10 millones de dólares y tiene reuniones privadas con el dueño del banco, lo que los convierte en ciudadanos del 1% más rico de Chile y, con ello, obtienen automáticamente la membresía para ser parte del flamante grupo de “los poderosos de siempre”.
El caso Dávalos Bachelet es una bola de nieve que ha empezado a rodar y no sabemos las dimensiones que alcanzará. Lo que sí sabemos es que éste seguirá conquistando titulares, será referencia obligada en el almanaque de Bachelet y sus antecedentes coparán los anaqueles de la Nueva Mayoría, pues nadie se habría imaginado que quien más daño le hiciera a la imagen de la Presidenta fuese su propio hijo. A quien su madre, el oficialismo, los Luksic y toda la ciudadanía le seguirán diciendo por un buen tiempo: “Gracias, Sebastián”.
Además, Bachelet le debió agradecer a su hijo por involucrar a funcionarios de Gobierno en sus negocios, pues, según lo que va de investigación, aquí no solo hay un crédito irregular, sino, también, influencia política y uso de información privilegiada, ya que funcionarios públicos intervinieron en la modificación del plan regulador intercomunal de Rancagua y Machalí, lo que deja de ser un “asunto entre privados” –como lo quisieron  pintar algunos en el Gobierno– y toma ribetes de interés público.
Asimismo, Michelle le debió dar las gracias a su Sebastián por haberle robado el manto maternal con el cual podía adormecer a los chilenos, pues, luego de su silencio cómplice y sus estériles explicaciones, deja claro que antes que Presidenta de Chile es la madre de Sebita, y jamás saldrá a recriminar a su retoño preferido, por más fechorías que cometa.
Por otro lado, no solo la Presidenta debe agradecer a Dávalos, sino también Osvaldo Andrade y el Partido Socialista –en el cual militaba Sebastián–, pues con los negocios del hijo de Bachelet, se ha evidenciado el doble estándar de la izquierda, la que, por un lado, mira con lupa el lucro pero, por otro, tiene militantes que especulan financieramente y que generan ganancias exacerbadas. Lógica incompatible con el romántico ideal socialista.
En la vereda contraria, la derecha entera debe agradecer a Dávalos Bachelet por haber derrumbado el viejo paradigma de: “La derecha representa a los empresarios”, ya que con el escándalo de la nuera de la Presidenta, se evidencian las incestuosas relaciones entre las empresas de Luksic y la Nueva Mayoría y, de esta forma, dejamos atrás el anacrónico prejuicio que vinculaba solo a la derecha con el empresariado.
Al mismo tiempo, otro que debe estar infinitamente agradecido de Dávalos es Andrónico Luksic, quien pasó de ser aquel mecenas que caritativamente nos enseñaba su infinito amor a Chile, aportando estratosféricas sumas de dinero a la Teletón, a un vil banquero que extiende su telaraña de poder e influencia por toda La Moneda a costa de sus “favores económicos”.
Por último, hay un candidato de profesión que debe agradecer vigorosamente al señor Dávalos. Así es. Marco Enríquez-Ominami debe estar agradecido y jubiloso por las “imprudencias” del hijo de la Presidenta, pues, sin duda, quien más se beneficia del deterioro de la imagen de Bachelet y de la Nueva Mayoría es el candidato del Partido Progresista, ya que resultará considerablemente más difícil para el oficialismo levantar un candidato de sus filas para el 2017 luego de este escándalo, y pareciera ser que la opción electoralmente más viable para representar a la izquierda proviene desde fuera del Gobierno. Es por esto que ME-O debe decir: “Gracias, Dávalos Bachelet”, por fortalecer un poco más su opción como candidato.
Así, el caso Dávalos Bachelet es una bola de nieve que ha empezado a rodar y no sabemos las dimensiones que alcanzará. Lo que sí sabemos es que seguirá conquistando titulares, será referencia obligada en el almanaque de Bachelet y sus antecedentes coparán los anaqueles de la Nueva Mayoría, pues nadie se habría imaginado que quien más daño le hiciera a la imagen de la Presidenta fuese su propio hijo. A quien su madre, el oficialismo, los Luksic y toda la ciudadanía le seguirán diciendo por un buen tiempo: “Gracias, Sebastián”.

Javier A. Labrín Jofré.
Estudiante de Derecho, Universidad Andrés Bello.Fundador y ex coordinar general de Crear Unab.
El Mostrador.

viernes, abril 17, 2015

LA IZQUIERDA CHILENA: ¿CONDENADA POR SU INCONSECUENCIA?


No es que los compañeros de la izquierda tengan malas intenciones o no estén comprometidos con la causa, es que su ideología delirante es tan enajenada de la realidad que es una utopía sin destino, que ni sus propios militantes pueden cumplir.

A propósito de los días que estamos viviendo en el ámbito estudiantil quisiera debatir sobre la supuesta superioridad moral que se auto adjudica la izquierda dogmática, cegada por una especie de verdad incontrastable que los convierte a ellos en los guías espirituales del paraíso, donde pretenden conducirnos a todos, aún a punta de cañón o de revolución.
Quiero dedicarme a nuestros conocidos clérigos vestidos de rojo, aquellos que desde una palestra apuntan con sus dedos inquisitorios las perversiones del capitalismo y con sus sagaces lenguas convierten el ánimo de ganancia en el pérfido lucro satanizado por los medios, del que nadie quiere ser acusado. Arrolladores al momento de convencer, han conseguido la concientización de un importante número de ricos de sentirse culpables de llevar la vida que tienen, como si para serlo sus padres o ellos mismos hubiesen robado.
Es la izquierda juvenil, escolar, y en especial la universitaria, la más dura inquisición, aquella apologeta del totalitarismo aspirante a la deshumanización más cruel teñida de populismo y violencia, la misma que exige con mayor fuerza la purificación moral de los chilenos. No debemos olvidar que la universidad, es el centro de grandes logros, pero también el nido de los movimientos más oscuros, intolerantes y violentos que nos ha tocado presenciar, como el MIR, Sendero Luminoso del Perú, o recientemente, Podemos de España.
A pesar de las apasionadas aspiraciones, que con destacada fuerza caen en los jóvenes, la izquierda más convencida, no ha logrado la práctica religiosa de sus propios militantes; tan solo su adhesión verbal y política. El lucro, teñido de un rechazo casi automático, sigue siendo faro de sus militantes, no hemos conocidos a los desprendidos virtuosos que esperábamos, no hemos conocido a quienes dejarán de vivir de la explotación de la clase trabajadora, enajenándolos de su trabajo, no hemos conocido a los verdaderos militantes de izquierda que nos prometieron; aquellos retratos del hombre nuevo que construiremos a punta de retroexcavadoras. Los que cómodamente viven, como Bachelet en la Reina, siguen teniendo sus privilegios de clase, y los jóvenes idealistas que se presentan en las marchas que buscan reivindicar al pueblo oprimido, no tienen ninguna intención de ser trémulos al percibir los beneficios de sus padres; es más, se oponen contra el lucro en educación, pero cuando se les pide que la paguen siendo profesionales, ellos se enfurecen y son los primeros defensores de sus arcas.
Siguen consumiendo productos de las malvadas internacionales imperialistas, pudiendo cosechar y vivir de su propio trabajo libre de explotación, u organizarse con otros para promover el compañerismo “sin amos”; en cambio, prefieren beneficiarse, de los según ellos, “explotados” obreros, auto-convenciéndose que es el “modelo neo-liberal”, quien los obliga, a pesar de jactarse de poseer la suficiente capacidad para organizarse en actos y movimientos políticos, no tienen el mismo ánimo para evitar esta “calamidad” que ellos mismos cometen. Sus mismos escritores protegen su propiedad sobre sus obras, y sus aclamados artistas lucran con la cultura, sin percibir la degeneración moral que para su ideología significaría reconocer esto.
No es que tener dinero sea malo, “el problema es no tenerlo” como diría un sabio maestro, y sin duda, tampoco es algo negativo consumir de empresas internacionales, pero lo que sí es cuestionable es querer impedírselo a los demás y no querer hacer el sacrificio primero. Como la viva imagen del padre Savonarola, quieren hacer su propia “hoguera de las vanidades”, pero esta vez no se quemará nada que sea de ellos.
Fervorosos defensores de los derechos humanos y la democracia, se hacen llamar con orgullo, buscando excluir a los demás del debate, mostrándose como los dueños monopólicos de la propiedad moral. Pero estos discursos cargados de una apasionante e irrestricta defensa de ideales inmutables, caen al no condenar – ni tan sólo levantar una tímida voz – contra la dictadura cubana de los hermanos Castro, ni contra el autoritarismo chavista. Se proclaman demócratas, pero irónicamente en Cuba hay un solo partido en la práctica, y en Venezuela el presidente tiene el control de las elecciones, sus tribunales y el fiel vasallaje de las Fuerzas Armadas, y si la prensa se opone, la ahogan hasta acallarla. Rasgan vestiduras por los derechos humanos, pero la ONU, incluso la Internacional Socialista, le han pedido al gobierno de Maduro que libere a Leopoldo López y que cese las acciones contra los derechos humanos. En cambio, hacen apología de asesinos como Fidel Castro, y para hacer sus aclamaciones todavía más notorias, estampan sus ropas con homófogos que llegaron a construir campos de concentración para “corregir” estas “impurezas de la sociedad”, como el “Che” Guevara, esto último es de especial rito juvenil.
¿Por qué la izquierda no tiene los militantes consecuentes que debiese tener? ¿Está condenada o son sus militantes inconsistentes, plagados de intereses impuros? La respuesta es simple, no tiene que ver con la calidad de sus militantes, ni su compromiso, no importan las buenas intenciones que tengan, es su aspiración política-moral la imposible, es pedirle al ser humano que no lo sea. El problema comienza de la misma ambición del pensamiento, la fatal arrogancia que posee intrínsecamente, tratar de ordenar el mundo a los designios de un plan realizado por iluminados (ellos), que pretende controlar a los humanos y sus acciones. Un contructivismo tan superado que equivaldría ponerle un corsé ideológico a la sociedad, tan apretado y rígido que nunca se ajustaría. Es imposible, pedirle al humano que deje de buscar su interés, es en pos de él que nos organizamos como sociedad y es nuestro fin el que actúa como una guía diaria en las conductas de cada cual. Prohibir la búsqueda de la riqueza personal no solo es un sinsentido económico de graves consecuencias, sino que es contrario a la propia naturaleza del humano, obtener bienes para vivir más cómodamente o para conseguir un objetivo de carácter menos material, por ejemplo tener una propia escuela de danza por amor al arte, donar a una iglesia o financiar a un coro de niños huérfanos.
Estas inconsecuencias se deben a una enajenada percepción de la realidad, complementada con la incompatibilidad de medios que caracteriza su proyecto político. Como diría el teórico político F.A. Hayek no se puede colectivizar la propiedad en su sentido amplio (es decir, lo que es propio de cada uno), sin violar los derechos de las personas, pues se ve afectada su esfera individual, se les despoja de lo que es suyo; además, el proceso de hacer tamaña tarea implica expropiaciones, arbitrariedades y violencia que solo terminan, como lo demuestra la historia, con sufrimiento y muerte. Tampoco se puede eliminar la propiedad privada sin destruir la democracia, se pierde la garantía frente al poder, y aquel que lo detenta se convierte en jefe de la vida de los votantes, porque es el dueño de todos los recursos y los distribuye conforme su antojada voluntad sólo a quien cae rendido a sus pies o se transforma en su cómplice. Vaya un venezolano a oponerse a Maduro y a su régimen de burócratas y conocerá la amenaza de perder un subsidio o ganar el odio de la administración estatal, que lo es todo en ese país.
Lo relevante de analizar la inconsecuencia de los guías morales adeptos al ideologismo de izquierda, en donde los jóvenes son los más fervientes creyentes, más que el reproche ético que los hace merecedores del dicho popular del cura Gatica, “quien predica pero no practica”; es la imposibilidad de cumplir sus aspiraciones político-morales. No es que los compañeros de la izquierda tengan malas intenciones o no estén comprometidos con la causa, es que su ideología delirante es tan enajenada de la realidad que es una utopía sin destino, que ni sus propios militantes pueden cumplir, como diría el maestro que cité al principio: “ser de izquierda es rebelarse contra mundo, sin antes conocerlo”.
Javier Rozas.
ellibero.cl

jueves, abril 16, 2015

SEBASTIÁN PIÑERA Y SUS PRESOS POLÍTICOS.


Es casi risible que Sebastián Piñera aparezca intercediendo por dos presos políticos venezolanos, cuando su reciente gobierno ha sido coautor o cómplice activo en la tarea de apresar personas por razones políticas en Chile. Además, no hemos olvidado cuando, ante las cámaras de todo el mundo (imán irresistible para él) formó parte de la “guardia de honor” que veló junto al féretro de Hugo Chávez, fundador del régimen antidemocrático venezolano y antecesor e inspirador de Maduro.

          Cuando Piñera llegó al poder había acá alrededor de 300 causas judiciales tramitadas contraviniendo el ordenamiento jurídico y dirigidas contra los agentes del Gobierno Militar que, desde 1973, debieron enfrentar al ejército clandestino “poderosamente armado” y que se aprestaba a dar el autogolpe totalitario, según describió Patricio Aylwin en sus declaraciones de octubre de ese año. El contingente de ese ejército era superior a veinte mil efectivos, entre los diez mil nacionales que Altamirano confesó a Patricia Politzer y los más de más de diez mil extranjeros ingresados clandestinamente entre 1970 y 1973 y comprobados por la OEA. En su libro, “Detrás del Muro”, Roberto Ampuero, que formaba parte de los primeros, calcula que sólo los cubanos eran más de tres mil.

          Los uniformados que los combatieron han sido y son procesados o presos políticos; y el que más incrementó la persecución contra ellos fue Piñera, pues cuando asumió en 2010 las causas eran unas 300 y ahora pasan de mil, a instancias de la Oficina de DD. HH. del Ministerio del Interior. El abogado especialista Marcelo Elissalde Martel lleva una detallada contabilidad de los casos, que comunica periódicamente por Internet. El diario digital “Chile Informa” también mantiene información actualizada.

          Ella indica que en este momento hay unos cien presos políticos uniformados en el país, 71 en Punta Peuco y el resto en regiones; y los ilegalmente procesados llegan a 700. Esa puede considerarse en gran medida “la obra de Piñera”, que en una “pasada” típica de su personalidad especulativa y para remontar en las encuestas, se bienquistó, gracias a esa persecución judicial, con la extrema izquierda, en particular cuando, con una sevicia innecesaria, a los pocos oficiales que cumplían prisión política en un lugar aceptable, los trasladó en forma vejatoria y publicitada, y bajo la bandera de la hoz y el martillo y con las hordas comunistas aplaudiendo, al hoy hacinado penal de Punta Peuco.

          ¿Con qué cara dura este promotor de la prisión política de uniformados chilenos se erige como crítico de Nicolás Maduro por apresar a apenas dos opositores suyos?

          Pues se define como preso político a quien legalmente debería estar libre, pero va preso arbitrariamente y por una interpretación mañosa de la legislación. Piñera se hizo cómplice de la prisión política cuando adhirió, a través de su Oficina de DD. HH. del Ministerio del Interior, a querellas ilegales contra militares. En algunos casos fue coautor, como en la causa 288-12 de la Corte Suprema, en la cual, tras haberse conformado tanto los condenados como los querellantes con la sentencia de primera y segunda instancia de 541 días de presidio remitido (es decir, a cumplirse en libertad), la citada Oficina del Ministerio del Interior, por sí y ante sí, recurrió de casación ante la Corte Suprema para obtener un aumento de la condena. En un fallo famoso por su antijuridicidad, el cual comenté en un artículo que la revista del Colegio de Abogados no quiso publicar, pero que yo reproduje en mi blog del 27 de marzo último, Piñera y la Suprema lograron condenar a presidió de cinco años y un día efectivos a los cinco oficiales (r).

          La acción del anterior presidente y los jueces de izquierda ha dado lugar no sólo a numerosas prisiones políticas adicionales, sino a francos y continuados atropellos a los derechos humanos de los ex uniformados, como en el caso del general FACH Enrique Ruiz Bunger, que tiene 87 años y sufre las secuelas físicas de un atentado terrorista en contra suya y del general Leigh, que consumó el FPMR comunista, y que ha sido ahora ingresado a Punta Peuco.

          Hace unos años se dictó una ley para que ningún subversivo que hubiera cumplido diez años en presidio siguiera preso, y todos fueron liberados. En cambio, todavía hoy hay al menos ocho uniformados que han cumplido más de veinte años de presidio. Cuando, con el patrocinio de la Iglesia y previo acuerdo con la Concertación, se iba a dar igual beneficio a los presos políticos uniformados, la notoria defección DC impidió beneficiar igual que a los terroristas a quienes nos salvaron de su asonada totalitaria.

          La persecución política contraria a los DD. HH. y alentada por Piñera continúa. El abogado Adolfo Paúl ha comunicado en estos días el ingreso a Punta Peuco del oficial retirado de la Armada Bernardo Daza, víctima de un cáncer terminal y con un horizonte de vida de cinco meses; y también del ex oficial Pedro Osses, que en la causa rol 2113-13 de la Corte Suprema ha sido condenado a cinco años y un día porque, siendo un joven oficial, trasladó a un individuo de su lugar de trabajo al Ministerio de Defensa hace decenas de años, habiéndolo entregado sano y salvo, como se reconoce en el propio expediente. Nuevo delito: “trasladar a un sujeto de un punto a otro por orden superior”. Si eso no es prisión política, ¿qué lo es?

          Que Piñera aparezca ante las cámaras protestando contra la que se aplica en Venezuela, cuando él ha sido el mayor promotor de la misma en Chile, y sobre todo habiéndoles prometido a los uniformados en retiro, como candidato, velar por el debido proceso y la aplicación de la prescripción, sólo puede ser tolerado por una opinión pública afectada por la misma descomposición moral del Poder Judicial y de la clase política de la cual Piñera es fiel representante.  


Hermógenes Pérez de Arce.