SEBASTIÁN PIÑERA Y SUS PRESOS POLÍTICOS.

Es casi risible que Sebastián Piñera aparezca intercediendo por dos presos políticos venezolanos, cuando su reciente gobierno ha sido coautor o cómplice activo en la tarea de apresar personas por razones políticas en Chile. Además, no hemos olvidado cuando, ante las cámaras de todo el mundo (imán irresistible para él) formó parte de la “guardia de honor” que veló junto al féretro de Hugo Chávez, fundador del régimen antidemocrático venezolano y antecesor e inspirador de Maduro.

          Cuando Piñera llegó al poder había acá alrededor de 300 causas judiciales tramitadas contraviniendo el ordenamiento jurídico y dirigidas contra los agentes del Gobierno Militar que, desde 1973, debieron enfrentar al ejército clandestino “poderosamente armado” y que se aprestaba a dar el autogolpe totalitario, según describió Patricio Aylwin en sus declaraciones de octubre de ese año. El contingente de ese ejército era superior a veinte mil efectivos, entre los diez mil nacionales que Altamirano confesó a Patricia Politzer y los más de más de diez mil extranjeros ingresados clandestinamente entre 1970 y 1973 y comprobados por la OEA. En su libro, “Detrás del Muro”, Roberto Ampuero, que formaba parte de los primeros, calcula que sólo los cubanos eran más de tres mil.

          Los uniformados que los combatieron han sido y son procesados o presos políticos; y el que más incrementó la persecución contra ellos fue Piñera, pues cuando asumió en 2010 las causas eran unas 300 y ahora pasan de mil, a instancias de la Oficina de DD. HH. del Ministerio del Interior. El abogado especialista Marcelo Elissalde Martel lleva una detallada contabilidad de los casos, que comunica periódicamente por Internet. El diario digital “Chile Informa” también mantiene información actualizada.

          Ella indica que en este momento hay unos cien presos políticos uniformados en el país, 71 en Punta Peuco y el resto en regiones; y los ilegalmente procesados llegan a 700. Esa puede considerarse en gran medida “la obra de Piñera”, que en una “pasada” típica de su personalidad especulativa y para remontar en las encuestas, se bienquistó, gracias a esa persecución judicial, con la extrema izquierda, en particular cuando, con una sevicia innecesaria, a los pocos oficiales que cumplían prisión política en un lugar aceptable, los trasladó en forma vejatoria y publicitada, y bajo la bandera de la hoz y el martillo y con las hordas comunistas aplaudiendo, al hoy hacinado penal de Punta Peuco.

          ¿Con qué cara dura este promotor de la prisión política de uniformados chilenos se erige como crítico de Nicolás Maduro por apresar a apenas dos opositores suyos?

          Pues se define como preso político a quien legalmente debería estar libre, pero va preso arbitrariamente y por una interpretación mañosa de la legislación. Piñera se hizo cómplice de la prisión política cuando adhirió, a través de su Oficina de DD. HH. del Ministerio del Interior, a querellas ilegales contra militares. En algunos casos fue coautor, como en la causa 288-12 de la Corte Suprema, en la cual, tras haberse conformado tanto los condenados como los querellantes con la sentencia de primera y segunda instancia de 541 días de presidio remitido (es decir, a cumplirse en libertad), la citada Oficina del Ministerio del Interior, por sí y ante sí, recurrió de casación ante la Corte Suprema para obtener un aumento de la condena. En un fallo famoso por su antijuridicidad, el cual comenté en un artículo que la revista del Colegio de Abogados no quiso publicar, pero que yo reproduje en mi blog del 27 de marzo último, Piñera y la Suprema lograron condenar a presidió de cinco años y un día efectivos a los cinco oficiales (r).

          La acción del anterior presidente y los jueces de izquierda ha dado lugar no sólo a numerosas prisiones políticas adicionales, sino a francos y continuados atropellos a los derechos humanos de los ex uniformados, como en el caso del general FACH Enrique Ruiz Bunger, que tiene 87 años y sufre las secuelas físicas de un atentado terrorista en contra suya y del general Leigh, que consumó el FPMR comunista, y que ha sido ahora ingresado a Punta Peuco.

          Hace unos años se dictó una ley para que ningún subversivo que hubiera cumplido diez años en presidio siguiera preso, y todos fueron liberados. En cambio, todavía hoy hay al menos ocho uniformados que han cumplido más de veinte años de presidio. Cuando, con el patrocinio de la Iglesia y previo acuerdo con la Concertación, se iba a dar igual beneficio a los presos políticos uniformados, la notoria defección DC impidió beneficiar igual que a los terroristas a quienes nos salvaron de su asonada totalitaria.

          La persecución política contraria a los DD. HH. y alentada por Piñera continúa. El abogado Adolfo Paúl ha comunicado en estos días el ingreso a Punta Peuco del oficial retirado de la Armada Bernardo Daza, víctima de un cáncer terminal y con un horizonte de vida de cinco meses; y también del ex oficial Pedro Osses, que en la causa rol 2113-13 de la Corte Suprema ha sido condenado a cinco años y un día porque, siendo un joven oficial, trasladó a un individuo de su lugar de trabajo al Ministerio de Defensa hace decenas de años, habiéndolo entregado sano y salvo, como se reconoce en el propio expediente. Nuevo delito: “trasladar a un sujeto de un punto a otro por orden superior”. Si eso no es prisión política, ¿qué lo es?

          Que Piñera aparezca ante las cámaras protestando contra la que se aplica en Venezuela, cuando él ha sido el mayor promotor de la misma en Chile, y sobre todo habiéndoles prometido a los uniformados en retiro, como candidato, velar por el debido proceso y la aplicación de la prescripción, sólo puede ser tolerado por una opinión pública afectada por la misma descomposición moral del Poder Judicial y de la clase política de la cual Piñera es fiel representante.  

Hermógenes Pérez de Arce.