martes, julio 26, 2016

LA LENTA AGONÍA DEL SENAME.



Ahora sabemos que la muerte en un hogar del Sename de Lissette Villa, la niña de 11 años que falleció en extrañas circunstancias en abril pasado, no era más que uno de los 185 casos de niños que han muerto estando al cuidado de dicho organismo en los últimos diez años. Esto, unido a la fuga de 14 menores de un centro del Sename de Arica, ha hecho patente que estamos ante un servicio público en franca agonía.
Lo que extraña es que las autoridades de gobierno se muestren sorprendidas y que hasta la misma Presidenta Bachelet pida a la recién nombrada directora del Sename que acelere las medidas para realizar una “intervención profunda” en dicho servicio público. Digo que sorprende, porque fue su gobierno el que se negó a seguir tramitando un proyecto de ley presentado por Sebastián Piñera el 2012, que proponía reemplazar el Sename por dos nuevos servicios: uno dedicado a la protección de la infancia y otro destinado a la responsabilidad penal adolescente, lo que ahora se anuncia como novedad.
En marzo de 2014, recién iniciada la nueva administración, en vez de avanzar en la reestructuración del Sename, se prefirió crear una nueva entidad administrativa, el Consejo Nacional de la Infancia. Con Estela Ortiz como secretaria ejecutiva, este Consejo se ha convertido en una suerte de órgano supraministerial, que más que coordinar ha usurpado las atribuciones de los distintos ministerios. A poco andar, el Consejo determinó que la reforma del Sename debía postergarse porque era mejor aprobar antes una ley sobre “derechos y garantías de la niñez”.
Para elaborar este proyecto, el Consejo se tomó más de un año; fue presentado solo en septiembre del 2015. Desde entonces la iniciativa ha estado en la Comisión de Familia de la Cámara sin experimentar mayores avances. Todo lo contrario: al entrar en cuestiones tan delicadas como los equilibrios entre autonomía del niño y autoridad parental, han surgido fuertes discrepancias sobre los textos propuestos y se habla de más de 600 indicaciones presentadas para enmendarlo.
Se trata de un proyecto dedicado básicamente a declarar derechos, con redacciones que alcanzan un alto nivel de lirismo jurídico: “Todo niño –afirma categóricamente el art. 11– tiene derecho a ser tratado con respeto. Ningún niño podrá ser sometido a malos tratos físicos o psíquicos, descuido o tratos negligentes, abusos, explotaciones, castigos corporales, tortura o a cualquier otro trato ofensivo o degradante, especialmente en los ámbitos familiar, escolar, sanitario, institucional y social”. Ante la realidad de los niños del Sename, este tipo de normas grandilocuentes parecen un auténtico escarnio.
Por si esto fuera poco, el proyecto debe considerarse un pionero de la fórmula ocupada para la gratuidad universal de la educación superior, esto es, la “nueva política” (Carlos Peña dixit) de consagrar derechos pero dejarlos en suspenso y condicionar su efectividad al eventual e incierto crecimiento económico del país. El “conforme a las disponibilidades presupuestarias” del Estado es un ritornelo que se repite a lo largo de todo su extenso articulado.
Por las palabras de la Presidenta, abrigamos la esperanza de que la nueva directora del Sename cuente con la autoridad suficiente, por sobre la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, para dar un vuelco en las prioridades, esto es, poner urgencia al proyecto de reestructuración institucional del Sename y suspender el de derechos y garantías de la niñez. Para recuperar el tiempo perdido, en vez de presentar una nueva iniciativa, lo mejor sería retomar el proyecto de 2012, sin perjuicio de las modificaciones que el Ejecutivo quiera introducirle. Obviamente la ley deberá ir acompañada de más recursos y de una mejor gestión.
Los niños vulnerables necesitan acciones de protección real y efectiva. La retórica legal sobre sus derechos y los deberes del Estado, sujetos a “disponibilidad presupuestaria”, a más de inútil, resulta hipócritamente cruel.
Hernán Corral Talciani.

viernes, julio 22, 2016

LA @Confech O LOS NIÑOS DEL @Sename_RM


La Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría han tomado varias decisiones equivocadas en 28 meses de gobierno. Dos de esas decisiones tienen estrecha relación con la crisis del Sename. Es cierto que el organismo viene deteriorándose desde hace tiempo (recuerdo varios debates de este nivel de intensidad en los últimos 25 años), pero en marzo de 2014 el gobierno tenía en sus manos la oportunidad de tomar un camino distinto al que finalmente siguió.
La primera decisión equivocada fue convertir en promesa electoral la presión de la CONFECH por gratuidad universal, un movimiento que pretende ponerse en la primera línea de las necesidades del país y que, francamente, en todas sus acciones, transmite egoísmo y ninguna sintonía con la realidad (desde las barricadas en Santiago, en plena emergencia ambiental, hasta la reacción histérica todos los años, porque la cuenta presidencial del 21 de mayo no empieza y termina en sus demandas).
El gobierno de la Nueva Mayoría, en vez de poner esas demandas en el lugar que correspondía, ética y presupuestariamente, y sabiendo que una de las urgencias más apremiantes era enfrentar la situación de un Sename muy deteriorado, con 100 niños a su cargo, vio en la gratuidad una consigna de campaña perfecta. Y, aun cuando la reforma propiamente tal acaba de empezar a tramitarse, ya le está destinando, entre este año y el próximo, cerca de 500 mil millones de pesos, plata adicional a la que el Estado ya entrega a los jóvenes más vulnerables, a través del sistema de ayudas estudiantiles.
La segunda mala decisión fue haber congelado la reforma enviada en el año 2012 por el gobierno del ex Presidente Piñera, que eliminaba el Sename, creaba el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y separaba la atención a los niños en situación de vulnerabilidad, de los menores de edad en conflicto con la ley (uno de los grandes dolores de cabeza del sistema hoy).
Para qué nos hacemos los lesos, la razón que inspiró esa decisión no fue el mérito de un proyecto que, estoy segura, ni siquiera fue leído por quienes se instalaban en el gobierno en marzo de 2014. Una reforma de esa envergadura toma más de cuatro años, la Presidenta perfectamente pudo haber enviado los cambios que le parecieran pertinentes y hoy ya estaría en sus trámites finales o, incluso, promulgada y en la fase de implementación. Es lo que se hizo en la administración anterior, por ejemplo, con la Ley Antidiscriminación y la del Lobby, continuar tramitando una reforma que había sido iniciativa de gobiernos anteriores, porque se entendía que abordaban materias claves, que requerían tiempo, acuerdos y, sobre todo, mucha responsabilidad y sentido de Estado.
A cambio, la Presidenta optó por crear la primera semana de su mandato el Consejo Nacional de la Infancia, poner a su cabeza a una de sus más cercanas colaboradoras y amigas. Y enviar al Congreso otra reforma, la de derechos y garantías de la niñez, a la que hace referencia ayer el profesor Hernán Corral, en una magnífica carta a El Mercurio, y escudarse en su lenta tramitación para justificar la no intervención profunda del Sename, aquí y ahora, y para congelar la reforma que venía avanzando desde 2012.
Permítanme un momento para revisar el discurso de la Presidenta cuando presentó el Consejo Nacional de la Infancia, a cargo de Estela Ortiz, porque hoy esas palabras adquieren un significado dolorosamente crítico (a veces pienso que la izquierda tiene la total convicción que los discursos pueden convertirse en realidad, con el solo acto de pronunciarlos).
“Hoy es el día en que Chile consagra un compromiso solemne con la infancia y con la adolescencia (…)”.
“(…) necesitamos una instancia que coordine diferentes instituciones y sectores que tienen relación con infancia y adolescencia, y que nos permita aunar esfuerzos, crear sinergias y, finalmente, lograr lo que buscamos: proteger, apoyar, incentivar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Una instancia que pueda impulsar nuevas normativas, planes y programas y que se haga cargo de iniciativas que a veces están dispersas en diferentes ministerios y servicios. Una instancia que asuma una nueva perspectiva, que pase de la mirada asistencial a entender a un niño o niña, a un joven, como sujeto de derechos.
Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con la firma del decreto que crea el Consejo Nacional de Infancia y Adolescencia”.
Nada de eso parece estar ocurriendo hasta hoy. De la encargada del Consejo solo hemos oído reacciones, cuando los medios la emplazan a responder qué rol juega una institución creada para velar por los derechos de los niños y que cuenta con más de 50 funcionarios y un gasto solo en remuneraciones superior a mil millones de pesos al año.
Dos malas decisiones y dos duras lecciones que desgraciadamente pagan hoy 100 mil niños, sin más defensa que ellos mismos y su suerte. Nunca la opción populista, que pasa por encima de la realidad, de los recursos y de lo prioritario (en este caso priorizar la gratuidad para la educación superior); y nunca los caminos de la revancha política y la ideología (congelar una reforma ya encaminada), tendrán buenos resultados para Chile.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

miércoles, julio 20, 2016

IZQUIERDA Y CORRUPCIÓN.


LA CORRUPCIÓN en sus distintas formas y grados se ha ido convirtiendo en el mundo, en América Latina y en Chile en un problema político para la izquierda. Un problema político -no sólo moral- pues se ha transformado en el medio más eficiente para desalojarla del poder, frenar cambios estructurales, a la vez que neutralizar la política con aquello de “todos son iguales”. La desmoralización de las clases populares frente a lo político siempre es más una derrota para la izquierda que para la derecha, pues el abandono de la acción política consagra sin contrapesos el poder de lo fáctico.
Importa poco si quienes señalan con el dedo o encabezan las acciones de acoso y derribo carecen de la mínima autoridad moral para hacerlo, el tema es si encuentran en las conductas de la izquierda -algunas más cerca de la corrupción y otras de la picaresca- pruebas para sus acusaciones. Corromper al adversario es un camino para derrotarlo. Se dice que los temas de probidad afectan más a la izquierda que a la derecha (y a esta última, los relativos a la moral individual), cuestión que debe ser cierta por aquello de por donde predicas… pagas. Lo cierto que a diferencia de otras épocas hoy la corrupción es el principal talón de Aquiles de la izquierda.
En este sentido, es digno de reflexión el hecho de que luego del Golpe y de exhaustivas revisiones, la dictadura no haya podido levantar acusación alguna de corrupción hacia Allende y la Unidad Popular (UP). ¿Cuál puede haber sido la razón para que esa administración y esa generación de izquierdistas se comportaran de manera tan proba y honesta? Si descartamos alguna  excepcionalidad de ese grupo humano, habría que concluir que algo en las condiciones de socialización y formación política de la izquierda se modificó desde entonces hasta ahora.
Dos cambios podrían destacarse: la pérdida de espesor doctrinario de la política y lo que podríamos llamar una política sin partidarios. Existe un hilo que recorre el camino desde una política sin ideologías, luego sin ideas, que abraza el pragmatismo, y que finalmente se decanta en meros proyectos individuales o “carreras políticas. Desnuda la política de toda racionalización trascendente, da un poco lo mismo el cómo se obtenga y de dónde salga la plata. Otro tanto pasa con una política sin partidarios: puede ser que el valor de las campañas se haya incrementado, pero mucho más lo hace si se practica sin adherentes. Una política de izquierda que abandona el voluntariado y que debe contratar a quienes agitan sus banderas en una esquina o recurrir al acarreo de “militantes-fichas” en una elección, de seguro está creando las condiciones para el desaliento y la debacle moral de su proyecto.
En lugar de unas “clases de ética” para los militantes  o de apostar todo a medidas de “transparencia”, una política más doctrinaria y de adherentes puede resultar mucho más efectiva para detener y aislar las corruptelas y corrupciones en la izquierda, cerrando así su principal flanco de debilidad política actual.

Ernesto Águila.

domingo, julio 17, 2016

GENDARMERÍA: REPARTO DE PENSIONES.


Se ha visto que en Gendarmería existía la práctica de ascender a ciertos funcionarios en situación de próxima jubilación a un grado elevado, con el consiguiente incremento sustantivo de remuneración, o de beneficiarlos con una suculenta asignación especial de “función crítica”.El beneficiado podía, incluso, esperar para jubilarse el mes de pago de un bono de desempeño, con un incremento adicional -aunque circunstancial- del sueldo y obtener así una pensión equivalente al “último mes”, no importando lo que hubiere cotizado.
Fue el caso de Myriam Olate, quien logró una pensión parcial de $ 5,2 millones. Parcial, porque sólo tenía 21 de los 30 años para jubilar con pensión máxima. Si los hubiera tenido, habría conseguido unos $ 8 millones de jubilación. Nos explicó que su caso hace ver la vergüenza del sistema de las AFP, en que se jubila en función de lo ahorrado, donde la gran mayoría de las personas lo hace con montos que no son ni la sombra de lo que ella merecidamente ha logrado con el “sistema de reparto”. Una pensión que triplica el sueldo que tenía al asumir este gobierno.
¿Cómo se llegó a esto? Con leyes que se hicieron sin atender a razones técnicas. Cuando el “Movimiento Lautaro” mató a cuatro gendarmes para rescatar a un preso suyo, se tomó nota que los custodios de prisiones, que tienen un trabajo de alto riesgo, carecían de un sistema de protección de accidentes del trabajo, el que si bien era obligatorio para el sector privado, el Estado no se lo exigía a sí mismo. Pero en vez de corregir esto -como años después se hizo para todos los funcionarios públicos-, se tomó una medida más popular: traspasarlos a Dipreca y sacarlos del sistema de AFP, mezclando en el problema las pensiones de retiro. Así el gremio de los gendarmes quedaba feliz, ya que además de la protección de accidentes laborales, podían jubilarse prematuramente, lo que no pagarían ellos, sino otros.
En el traspaso se incluyó a los funcionarios civiles, que no comparten los riesgos de un gendarme, ni hay razón para que se jubilen anticipadamente, que pudiera haberla tratándose de los últimos, pero en tal caso la solución razonable es que el fisco pague una cotización adicional en el fondo de pensiones. Como debiera hacerse con las FFAA y Carabineros, cuyo sistema de pensiones está en una profunda crisis financiera.
Luego vino la ley que otorgó retribuciones adicionales para funciones críticas, que incluyó a Gendarmería, y que posibilitó elevar las remuneraciones en los términos ya anotados. Nadie se preocupó de sustraer esos montos de la base de las pensiones o exigir, al menos, que éstas se calcularan sobre un promedio de las remuneraciones percibidas.El gobierno anterior se dio cuenta de la situación y mandó un proyecto de ley que excluía a los funcionarios civiles, pero fue rechazado en el Congreso porque los parlamentarios no toman medidas impopulares.
Los abusos que hemos conocido eran predecibles, pero no se hizo nada efectivo para prevenirlos o ponerles atajo. Es lo que pasa cuando las pensiones las financia Moya en un sistema que sugerentemente se llama de “reparto”.
Axel Buchheister.

martes, julio 12, 2016

EL MINISTRO FERNÁNDEZ Y EL ABORTO.


El pasado jueves 9 de junio el recién asumido Ministro del Interior, Mario Fernández, declaró: “Yo suscribo el proyecto que envió la Presidenta respecto de la despenalización del aborto en tres causales muy concretas” (La Segunda, p. 8).
No conozco al ministro pero no pongo en duda que sea un hombre bien intencionado. Por esto y por otras razones su declaración se me hizo, en principio, inexplicable. Es miembro de una institución católica que se caracteriza por su estricto apego a la enseñanza moral de la Iglesia. ¿Cómo entender entonces que suscriba un proyecto de ley que contraría dicha doctrina? Además, hace algunos años y en calidad de miembro del Tribunal Constitucional, votó en contra de la distribución de la “píldora del día después” por considerarla un fármaco potencialmente abortivo. ¿Cómo es que ahora apoya una ley que despenaliza actos que son, ya no potencialmente sino actualmente, aborto? Más aún, el mismo día en que realizó la citada declaración, acudió a la iglesia de la Gratitud Nacional a mostrar su rechazo al saqueo del templo y destrozo de una imagen de Cristo crucificado. ¿No resulta esto contradictorio con que horas antes haya manifestado públicamente su apoyo al proyecto de ley que autoriza el ejercicio de la violencia sobre seres que son templo vivo del Espíritu Santo e imagen viva de Cristo?
Cuando se nos hace difícil comprender las actuaciones de los hombres públicos, nada mejor acudir a la historia. El devenir de la humanidad ocurre de modo cíclico, lo cual nos permite efectuar paralelos entre actos separados en el tiempo de modo de reconocer los elementos comunes y despejar los que son propios de las particularidades del momento, y entonces aquello que se nos hacía oscuro pasa a adquirir forma nítida. Así es como vienen a mi memoria dos momentos históricos que permiten entender al ministro Fernández.

El primero: el 22 de junio recién pasado la Iglesia Católica ha celebrado la fiesta de los santos Tomás Moro y Juan Fisher, decapitados por orden del rey inglés Enrique VIII en 1535. Éste se casó con Catalina de Aragón, nieta de los reyes católicos de España, y en su juventud fue un monarca bien intencionado y fiel servidor del papa, pero la paulatina relajación de sus costumbres lo fue transformando. Habiéndose enamorado de una cortesana y ante la imposibilidad de que Catalina le diera un heredero varón, concibió un plan con el fin de legitimar moralmente su unión con Ana Bolena y traer al mundo el ansiado heredero. El monarca movilizó a su aparato burocrático para obtener del papa la nulidad de su matrimonio con la reina, pero al no lograrlo decidió separar la Iglesia inglesa de la Iglesia Católica Romana nombrándose a sí mismo su suprema autoridad (mediante la “Ley de Supremacía”); hecho esto y habiendo ya contraído matrimonio en secreto con Ana Bolena, procedió a declarar nulo su primer matrimonio y legítimo el segundo (mediante la “Ley de Legitimidad”).
Tal vez como una manera de acallar su conciencia, Enrique quiso contar con la aprobación de los ciudadanos más prominentes obligándolos a prestar juramento de reconocimiento de ambas leyes bajo pena de alta traición. Ésta consistía en que el condenado era decapitado y luego descuartizado para exponer su cabeza y sus extremidades en las puertas de Londres para escarnio público. Ante tal argumento no es de extrañar que la gran mayoría de los llamados a jurar lo hicieran, más allá de lo que sostuvieran en su fuero interno; y no sólo los laicos sino también, en un vergonzoso espectáculo, casi toda la jerarquía eclesiástica. Sólo unos pocos optaron por la fidelidad a su conciencia, entre ellos Moro ‒que en su calidad de Lord Canciller había sido la principal autoridad política después del rey e íntimo consejero de éste‒, el obispo Fisher y unos cuantos monjes cartujos, quienes debieron presentar su cabeza al verdugo. Por el contrario, los que consintieron en el divorcio y en el cisma conservaron sus vidas… por corto tiempo: los más afortunados morirían algunos años más tarde en la tranquilidad de sus lechos pero con el remordimiento de haber traicionado sus convicciones; los menos afortunados, lo harían antes y de modo menos elegante, pues el rey se acostumbró a castigar a sus servidores cuando las cosas no salían según sus caprichos condenándolos por alta traición. La propia Bolena subió al cadalso al año siguiente que Moro y Fisher.

Algo parecido, en algún sentido, ocurrió en la Alemania nazi durante los años previos a la guerra. El historiador Ian Kershaw ha investigado cómo fue que el pueblo alemán se sometió al ambiente de odio contra los judíos que creó el régimen (“Hitler, los alemanes y la solución final”, Ed. La Esfera de los Libros). Al estudiar particularmente la actitud del clero, anota: “En lo referente a la Cuestión Judía [el clero] no asumía el liderazgo y tendía a seguir, más que a modelar, la opinión popular. Como cristianos, la mayoría del clero rechazaba la falta de humanidad del régimen nazi; pero como individuos viviendo en un clima de opinión hostil hacia los judíos, tendían a ser un reflejo del antisemitismo latente y de la indiferencia de la sociedad” (p. 291). La condescendencia de los cristianos no fue, sin duda, la causa del Holocausto, pero en alguna medida contribuyó al ambiente que lo hizo posible: “La opinión popular, mayoritariamente indiferente e imbuida de un antisemitismo latente fomentado aún más por la propaganda, proporcionó el clima necesario para que la agresividad creciente de los nazis hacia los judíos pudiera ir avanzando sin que nada la desafiara. Pero no provocó la radicalización. El odio fue lo que construyó el camino hacia Auschwitz, y la indiferencia lo que lo pavimentó” (p. 319).
Confieso que cuando leí el libro de Kershaw deseaba ansiosamente que el autor hubiese encontrado más que sólo unos pocos testimonios de oposición por parte de católicos alemanes hacia el régimen nazi. Pero, aunque hoy nos parezca inverosímil, el antisemitismo encontró en esos años mucha más adhesión de lo que se cree, y no sólo en Alemania. El historiador chileno Víctor Farías ha documentado cómo el antisemitismo encontró acogida en la sociedad chilena, incluyendo a clérigos y laicos (“Los nazis en Chile”, Ed. Wide Chance). Por ejemplo, Eduardo Frei Montalva, católico y líder de la agrupación que daría origen a la Democracia Cristiana, escribió y publicó en 1936 un artículo alabando un libro del más importante antisemita argentino, transcribiendo, entre otras, la siguiente frase de Séneca refiriéndose a los judíos: “Es una nación abominable”, y alabando a Isabel la Católica por haber hecho historia “persiguiendo con justicia a los judíos con medidas exactamente iguales a las que hoy vemos adoptar a los nacionalsocialistas cuando persiguen la pureza de la sangre” (p. 470).
Enrique VIII y el nazismo causaron dolor y muerte, pero pasaron pronto y sus partidarios han sido juzgados por el tribunal de la historia y por ese otro Tribunal infinitamente misericordioso a la vez que infinitamente justo. De la misma manera, algún día ‒pronto‒ se escribirá la historia del Chile actual y cómo fue que en un país donde el 83% de la población se declaraba cristiana (67% católica y 16% evangélica), se legalizó el asesinato de niños por nacer con el fin de que sus cuerpos y órganos fuesen transados en el mercado de tejido fetal. Entonces los católicos chilenos sentirán vergüenza al ver que uno de los suyos suscribió aquella barbaridad cuando asumió como segunda autoridad del gobierno que la impulsó.

Gastón Escudero Poblete.

domingo, julio 10, 2016

MONÓLOGO REPETIDO EN LA ARAUCANÍA.


Suman y siguen los atentados en La Araucanía. La madrugada del lunes 4 de julio, en un campo cercano a Vilcún, el agricultor Álvaro Bernedo fue atacado mientras dormía por un grupo de encapuchados. El afectado despertó con los ruidos y se levantó de la cama, momento en el cual una serie de disparos, provenientes desde el interior del inmueble, hicieron que intentara abandonarla; sin embargo, al tratar de salir de ahí, otra ráfaga de disparos, ahora desde el exterior, se lo impidieron. Finalmente, tras unos interminables momentos de terror –en los que tuvo que usar una pistola para defenderse del ataque–, logró escapar por una ventana y refugiarse mientras los encapuchados le prendían fuego a la casa y a una camioneta. Ambas fueron consumidas completamente por las llamas.
Este hecho nos trae a la memoria el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, quemados vivos hace tres años, a no mucha distancia del sitio de este nuevo atentado. Coincidencia o no esta proximidad, el agricultor Álvaro Bernedo, afortunadamente y a diferencia del caso anterior, salvó ileso. Sin embargo, dado el modo de operar de los encapuchados en el caso reciente, con tanta violencia y dispuestos a todo, no es de extrañar que hubiesen pretendido dejar al agricultor dentro de la casa mientras ésta era destruida por el fuego (incluso así lo declaró él mismo en una entrevista posterior a la dramática experiencia vivida). De este tipo personas radicalizadas se puede esperar lo peor y más.
¿Qué hace el gobierno cuando ocurren ataques incendiarios en el sur del país? Reacciona sin mayores novedades, es decir repitiendo lo que a esta altura parece –tal como va la cartelera de La Moneda– un monólogo que será presentado de aquí al término de este período presidencial: con una querella. Sí, esas mismas que no llegan a nada y que, por supuesto, tampoco frenan el accionar de nadie. Por el contrario, el “monólogo” parece haberse convertido en una humorada de la cual los violentistas se ríen una y otra vez, porque si surtieran algún minúsculo efecto al menos, los atentados disminuirían y no seguirían “gozando de buena salud” como lo ha sido hasta hoy. Es obvio: la risa sirve para mantener el ánimo en alto, tal como parecen tenerlo quienes no cesan en la lucha armada, como ellos mismos la definen.
Pero lo anterior no es la única señal negativa que se ha recibido. Durante la semana pasada ocurrió una situación que resulta inaceptable, una burla a las víctimas de estos grupos radicalizados: una jueza le había permitido a José Peralino, uno de los imputados del crimen de los Luchsinger Mackay, asistir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tras una invitación del parlamentario comunista Hugo Gutiérrez. Afortunadamente esta autorización fue luego revocada, incluso criticada por el presidente de dicha Comisión, el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien declaró –y es oportuno reconocerlo y destacarlo– estar en desacuerdo con la visita y agregó que en este caso las únicas víctimas son la familia del matrimonio asesinado. Sin embargo, pese a la anulación del mentado permiso para viajar al Congreso, es imposible ignorar lo inaudito que resultó que un parlamentario haya cursado esta invitación, la cual, en opinión casi unánime, perfectamente puede considerarse como una inadmisible intromisión de un poder del Estado en otro. Peor aún, en medio de un proceso judicial en curso.
Así las cosas, es difícil recobrar las esperanzas en que tendremos soluciones, o un atisbo de éstas, en el corto plazo. A menos que desde La Moneda reaccionen, cambien la cartelera de la IX sala y, al fin con algo de genuino interés por contribuir con La Araucanía, propongan y actúen con sensatez y asuman que la realidad que vive la región, como consecuencia de la violencia rural, es ya insostenible. Ojalá la mesa de diálogo instaurada el jueves en Temuco sea la instancia en que se demuestre que realmente hay una intención por hacer algo. Tal vez resulte la última oportunidad del gobierno, siempre y cuando no se les ocurra, como ya lo han sugerido algunas voces, invitar a participar a la CAM o a otro grupo extremista en algún momento. Aquello sería insólito. ¿Cómo es posible considerar siquiera, como parte de un diálogo que pretende buscar paz, a personas que, tal como el machi Celestino Córdova, condenado a 18 años por el caso Luchsinger Mackay, no muestran ni el más mínimo arrepentimiento por sus delitos? Con personas como éstas, o como las que atacaron al agricultor Álvaro Bernedo y a tantos otros, no se puede ceder ni acordar nada.
Quienes cometen crímenes, atentados, roban, amenazan, extorsionan, hostigan e impiden vivir en paz a cientos de habitantes del sur del país; quienes no respetan el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales de la población; quienes sobre la base de sembrar el miedo pretenden imponer sus ideas, no deben nunca ser considerados para sentarse a conversar. Aquí no se está tratando con delincuentes comunes o lumpen, como repetitivamente lo han catalogado en este gobierno, sino lisa y llanamente con terroristas que deben estar presos y no como invitados a una mesa de diálogo, con café y galletitas, como si nada hubiesen hecho. Intentar dialogar para encontrar puntos en común que permitan soluciones concretas, sin duda que sí, pero única y exclusivamente con quienes desde siempre han manifestado su repudio y condena al uso de la violencia. De lo contrario, esta mesa pasará sin pena ni gloria, como tantas otras. De la real voluntad del gobierno depende ahora que sea beneficiosa para La Araucanía.
Alejandro Martini
Ex director ejecutivo Multigremial de La Araucanía

viernes, julio 08, 2016

J. E. CHEYRE: "NUNCA MÁS".


Detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, quedó el ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, luego de que el ministro Mario Carroza, lo sometiera a proceso, en calidad de cómplice, en el caso Comitiva Militar, por el presunto delito de homicidio de 15 elementos de la ex-UP en La Serena.
Otros siete uniformados en retiro corrieron la misma suerte. Entre ellos quien fuera comandante del Regimiento de La Serena, Ariosto Lapostol, donde Cheyre era teniente y su ayudante.
Durante la ilegal detención en Londres del General Augusto Pinochet, Cheyre permaneció allí, como un delegado del comandante en Jefe de la época Ricardo Uzurieta Caffarena. Estaba encargado de "monitorear" la salud del ex Presidente de la República.
Pero su figuración, data de 1996, cuando se reúne en España con un grupo de dirigentes socialistas, en los llamados Acuerdos de El Escorial, donde el Ejército habría levantado una suerte de veto a Lagos. Éste, lo retribuirá nombrándolo a cargo de la Institución (2002-2006).
Dos episodios ensombrecieron su comandancia y un tercero -su "nunca más"- provocará repudio en las filas castrenses. Porque a la tragedia de Antuco, donde 45 militares mueren congelados, se agrega, también en 2005 la de otros tres uniformados en el Territorio Antártico Chileno.
Empero, el documento que expidió el año anterior (noviembre de 2004), denominado "Ejército de Chile: el fin de una visión" dará cuenta de la estatura de este personaje. Allí señala que "el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado"
Agregó que "Además ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia, las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad ya la reconciliación"
¿Puede una Institución, como el Ejército, en este caso, asumir culpas individuales como colectivo? No. En la Historia de la República, no hay recuerdo de algo semejante porque, simplemente, tales "gestos" no corresponden. Pero además, significó el abandono de todos aquellos que como oficiales y suboficiales, estuvieron el 11 de septiembre de 1973 en la calle, combatiendo por la libertad de nuestra Patria, bajo una decisión institucional. Y quedaron librados a su suerte. El Ejército, bajo el mando de Cheyre, le quitó cualquier apoyo material y moral, en sus respectivas defensas judiciales.
Ahora, le ha correspondido a este hombre, vivir (algo) de lo que sufren desde 1990, decenas de ex uniformados los que son enjuiciados una y otra vez por los mismos jueces de izquierda, los que apelan a ficciones jurídicas para condenarlos sin mayores pruebas. Basta el juicio por la prensa, para encarcelarlos.
Cheyre esta procesado por hechos ocurridos hace 43 años. Como declaró Jaime Ravinet  "no se puede responsabilizar a un militar por algo que hizo cuando tenía 20 años"
"Buscar responsabilidades de jóvenes que en esa época tenían 19 o 21 años, que eran subtenientes o tenientes y no los que estaban al mando, me parece una irresponsabilidad y un afán vengativo de algunos jueces de querer reescribir la historia"
"Cuando uno conoce el mundo militar -señala Ravinet, ex ministro de Defensa de Lagos y Piñera-, sabe que un teniente o un subteniente cuando un mayor o un comandante le ordena a hacer algo, si no cumple la orden, no solo es procesado y puede perder la carrera, sino que el año 73 ... podían fusilarlo y perder la vida"
Desde luego, como Aylwin pidió primero investigar para luego aplicar la Ley de Amnistía. cosa que ya se olvidó en Tribunales, esto no corre. Y tampoco, dicha norma que está vigente, será valedera para Cheyre; al igual que para muchos de sus ex camaradas -que él como Comandante en Jefe abandonó a su suerte-; menos se podrá acoger a la prescripción. Y será acusado por delitos de "lesa humanidad" (que en Chile no existen), bajo el supuesto de que ellos serían "imprescriptibles", por un Tratado que rige solo desde 2009 en adelante: igual que muchos de sus compañeros de armas.
Pero ciertamente, Cheyre, cuenta con el aprecio socialista, el de Enrique Correa, el del propio Ricardo Lagos, de los del llamado "partido transversal" (la trenza MAPU-PS-DC) o "partido del orden". Por eso, todo esto, le será leve.

DespiertaChile.