sábado, febrero 13, 2016

EL PELIGROSO PODER DE LOS COMUNISTAS.



El Partido Comunista no es un Partido Político. Ellos mismos se identifican como una organización revolucionaria. Lo que ellos silencian o declaran, a medias, es su objetivo esencial: asumir el poder absoluto, sustituyendo la Democracia por la Dictadura del Proletariado.
Generado por los alemanes Marx y Engels, el comunismo fue esquematizado en  el Imperio ruso, por Vladimir Ilich Lenin, líder teórico de la revolución de octubre de 1917.
Tras un duro y prolongado proceso revolucionario, conjugado con la violencia de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos provisionales que remplazaron a la Monarquía zarista, terminaron con la histórica Revolución de Octubre, que no fue más que un Golpe de Estado de Lenin y Trosky, líderes de los soviet y que, en un día, con un saldo de no más de 5 mil muertos, derrotaron definitivamente a la burguesía socialista, a los mencheviques y a los socialdemócratas. Así nació la URSS, suerte de incubadora mundial del comunismo.
El comunismo se potenció bajo la feroz dictadura de José Stalin que, con el cargo de Secretario General del Partido Comunista, ordenó las famosas “purgas”, con millones de disidentes asesinados.
El idílico emblema “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad” se ha materializado en tiranías sórdidas en las que el Estado asume el control total de la producción y abastece solo las necesidades mínimas de la población.
Con un bálsamo de pequeñas verdades cubriendo enormes mentiras han logrado enfrentar las crisis mundiales con una aureola sentimental generosa y soñadora, crearon el Movimiento Mundial por la Paz, cuando la violencia atómica coronaba la Segunda Guerra Mundial y estremecía al planeta con la Guerra Fría. Organizaron festivales y congresos internacionales y creando el símbolo de la paloma dibujada por Picasso.   Se proyectaron,  al mundo entero y sobre todo a la juventud, como la Diosa de la Paz, impulsora de las artes, de las ciencias y de los deportes. Estrategia que fortaleció a todos los Partidos Comunistas del Planeta, con una organización piramidal monolítica, sujeta a una disciplina absoluta e intransigente. Los Partidos Comunistas están sometidos a una dictadura interna que ellos, los comunistas, llaman “centralismo democrático”. Así,  generaron una estructura mundial dirigida desde Moscú y actúan, en todo el mundo, como una cadena en la que cada país es un eslabón.
Como las mentiras son siempre vulnerables, a fines del siglo XX se derrumbó la URSS y  el muro de Berlín. El comunismo fracasó en la URSS, su país de origen, transformado hoy en una potencia semiparlamentaria, en la que la libertad de mercado  ha generado enormes fortunas privadas. Su engendro más importante: la República Popular China, le sigue los pasos, superando todas las expectativas. En el resto del mundo, el comunismo mantiene vigencia como  crueles tiranías hereditarias: Corea del Norte y Cuba. Y participa en algunos gobiernos sudamericanos como promotores del Foro de Sao Paulo, desesperado intento de solidaridad financiera con Cuba.
El Partido Comunista chileno es, tal vez, el más singular del mundo. Sin dudas, es muy disciplinado y tenaz. Fue el más cercano a la incubadora soviética y sigue siendo el más estalinista de la organización internacional del comunismo.
Su fracaso, como cerebro y motor del allendismo, fue de singularidad mundial: por primera vez en la historia universal llegó al poder democráticamente y fue derrotado por un pronunciamiento cívico-militar en el que, también, por primera vez en el mundo, las FF.AA. actuaron con la unanimidad de sus Altos Mandos.
La tenacidad y la disciplina monolítica del partido comunista chileno han enfrentado su derrota con una bandera tan mentirosa como la campaña por la Paz Mundial. Esta vez se ha usado la supuesta defensa de los DD.HH. que encubre a los seguidores del más sanguinario asesino del mundo, José Stalin, encabezado en Chile por otro asesino confeso, Guillermo Teillier.
Hoy, el PC criollo, ejerce una influencia en el Gobierno de Chile, de una forma proporcionalmente inversa a la cantidad de sus militantes: exitoso resultado de su rigurosa disciplina y tremenda tenacidad. Disfrutan, mañosamente, de los valores intelectuales de importantes poetas, escritores, músicos y artistas, en general, soñadores de la utopía de la igualdad.
Con el sabor amargo de la derrota armada, frente al Gobierno Militar, han usado su vigoroso poder de facto, para ejercer una odiosa venganza con el lema “sin perdón ni olvido”. 
La encarajinada situación que sufre el país amenaza seriamente al PC con un nuevo fracaso: corrupción  horizontal,  violencia desatada, inseguridad pública, desorden judicial y una incertidumbre paralizante, parecen distantes, muy distantes, de una solución política democrática. Y es impensable que el Partido Comunista esté dispuesto a ser despojado, por segunda vez, del poder logrado en un acto eleccionario.
En los mil días, 3 años, que gobernaron Chile, con la Concertación, alcanzaron a reclutar hasta a Generales. Hoy, llevan más de 20 años apropiándose del triunfo del NO y participando, de una u otra manera, en el Gobierno y en todas sus instituciones, seduciendo, con sus mentiras, a ejecutivos de todos los escenarios. 
Los Altos Mandos de las FF.AA. y Carabineros han soportado que: sus camaradas sean procesados y encarcelados por la Justicia Ordinaria y no por Tribunales Militares, en consecuencia que sus acciones ocurrieron bajo el régimen de sus Instituciones Armadas y por  órdenes en la defensa del Gobierno de las FF.AA. y Carabineros. Han soportado, además, que se atropelle el Estado de Derecho y se les aplique “Ficción Jurídica” para legitimar abusos legales. Y para coronar esta increíble tolerancia, han permitido que sean prisioneros bajo custodia de  Gendarmería. En síntesis: han soportado que los políticos ejerzan la más cruda venganza con el lema “sin perdón ni olvido”.
¿Soportaran que Chile pierda su convivencia democrática?

Patricio Amigo.

jueves, febrero 11, 2016

FISCAL EXCLUSIVO PARA ATAQUES INCENDIARIOS.

La reiteración y gravedad de los atentados en La Araucanía, Biobío y Los Ríos desbordan el marco delictual, lo que exige reorientar la investigación.  


LA SERIE de ataques incendiarios que se han registrado en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos motivaron una solicitud formal por parte del Ministerio del Interior para que se designe a un fiscal con dedicación exclusiva, para que investigue todos los ataques que se produzcan en la zona sur. Se trata de una petición que si bien puede resultar tardía a la luz del historial de violencia que afecta la zona, es una medida que va en la dirección correcta, por lo que cabría esperar que el Ministerio Público acceda prontamente a dicha petición.

En lo que va de 2016 se han multiplicado los atentados en dichas regiones, con quemas de numerosa maquinaria agrícola, camiones y minibuses de empresas forestales, en varios de los cuales se han registrado violentas emboscadas. En uno de dichos incidentes incluso resultaron heridos a bala dos carabineros. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) ha reivindicado algunos de estos ataques, y ha hecho ver que está decidida a dar “continuidad” a sus “líneas de acción y resistencia”. Son antecedentes que reafirman el grave cuadro de violencia terrorista que aqueja a estas zonas, las que son presa de grupos radicalizados que valiéndose del conflicto indígena han desplegado su accionar en medio de una ominosa impunidad.

En el último tiempo, sin embargo, se han observado algunas señales positivas de la autoridad. Este año se han presentado dos querellas invocando la Ley Antiterrorista, una herramienta legal que originalmente fue  cuestionada desde el propio Gobierno -incluso se desestimó aplicarla en el caso de La Araucanía-; asimismo, se han acompañado querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, y la Subsecretaría del Interior presentó durante enero 24 querellas por ataques en estas tres regiones, una cantidad que en sí misma resulta llamativa y que da cuenta de la peligrosidad que ha ido adquiriendo el conflicto.

Esta favorable disposición contrasta, sin embargo, con actuaciones equívocas de la propia Subsecretaría del Interior, la cual insiste en asociar varios de estos hechos vandálicos a la acción de bandas dedicadas al robo de madera, dándole así un carácter meramente “delictual” a hechos que vistos en su conjunto inequívocamente responden a la acción de grupos concertados que buscan amedrentar a la población. Por ello cabría esperar que este enfoque simplista sea desechado y no se busque bajar el perfil a lo que allí ocurre. En ese sentido, la designación de un fiscal exclusivo sería un primer paso para que los hechos se indaguen en una dimensión global y como parte de un mismo fenómeno, liderando la investigación y orientándola a objetivos concretos.

Estos esfuerzos serán, sin embargo, inútiles si no hay un respaldo político decidido desde el propio Gobierno, no solo destinando los recursos y personal policial para apoyar la investigación y mejorar el trabajo de inteligencia, sino también relevando la gravedad de lo que ocurre en estas regiones y reconociendo que el estado de derecho ha sido vulnerado. Los fiscales y las policías de hecho llevan largo tiempo investigando estos hechos, hasta ahora sin resultados positivos. Es un indicio de que algo no ha funcionado bien, y el que sea necesario nombrar un fiscal especial refuerza esta noción. De allí la importancia de que el Gobierno brinde su respaldo  y se produzca un cambio de orientación.

Editorial La Tercera.

martes, febrero 09, 2016

EL DOCUMENTAL DE BACHELET.


En medio de la crisis presidencial más severa de los últimos años, la prensa informa que Bachelet prepara un documental sobre su propia gestión. Mientras los índices de popularidad presidencial están estacados bajo el 30%, la gente se entera que el gobierno se auto asignó un presupuesto de 40 millones de pesos para contar su verdad. A primera vista huele a un intento desesperado por reflotar la imagen presidencial alicaída de Bachelet. El problema es que se conduce a través de un proceso oscuro y a destiempo. Vamos desmenuzando.
La popularidad del gobierno se mide en los índices de aprobación. Un gobierno con altos índices refleja un líder aclamado por su pueblo. Naturalmente, esos presidentes no tienen la necesidad, ni el deseo, de hacer propaganda sobre el estado de avance de su gobierno. En contraste, a medida bajan los índices, aumenta la presión por comunicar hasta el logro más pequeño. Pues, a ningún presidente le gusta ser cuestionado. Cuando la aprobación es baja, y los líderes no se sienten debidamente reconocidos, frecuentemente optan por la vía—menos institucional—de la propaganda.
 En Chile, los presidentes han optado por ambos extremos. Mientras que algunos han permitido que su legado hable por sí mismo, otros han buscado reconstruir su propia historia. En el primer gobierno de Bachelet, la Presidenta concluyó con más de 80% de aprobación, y por ende no tuvo la necesidad de resumir ni revisar su cuatrienio. Piñera, en cambio, fue menos popular, y tuvo que optar por la via opuesta—invirtió 141 millones en 11 libros. Irónicamente, los libros fueron objetados por la Contraloría por ser catalogados como publicidad.
 El documental de Bachelet calza con el segundo caso. Sin embargo, a diferencia de Piñera, lanza la operación a mitad de gobierno y no al final. Al parecer la Presidenta busca dejar una constancia política y no un resumen de su obra. Se entiende que persigue beneficios personales, y no colectivos. Esto es lo que en esencia vuelve el documental un tema controversial. Pues levanta preguntas—que ya han tenido resonancia en dirigentes partidarios, desde la oposición al propio partido de la presidenta; como si corresponde o no financiar este tipo de proyecto con recursos de las arcas fiscales.
 Para muchos el problema del documental es que representa una operación política para revertir el daño causado por Caval. Para ellos, la película no es más que un vehículo que busca lavar la imagen presidencial. Pero existen otras criticas, que también son relevantes. Entre ellas está la forma y el momento en que se aprobó el proyecto. Pues no solo se nombró a dedo a la Directora (Tatiana Gaviola) y se dispuso de un presupuesto a discreción, sino que además se reconoció la existencia del proyecto en el único mes donde la clase política está de vacaciones.
 No llamar a una licitación es un despropósito. Para un gobierno que ha sido duramente criticado por hechos vinculados al nepotismo, es lo mínimo que se pudo haber hecho. No hay ninguna forma lúcida de justificar el dedazo de Bachelet a Gaviola. Lo último que tiene que hacer un gobierno cuestionado por no actuar a tiempo en escándalos políticos es conducir procesos oscuros y a destiempo. Es inevitable no preguntarse por qué la Presidenta no anunció un concurso transparente, donde todos los interesados pudiesen competir en igualdad de condiciones.
 Otra cosa que llama la atención, y que el gobierno no ha logrado resolver, es el rol inoportuno que juega el director administrativo de la Presidencia en el tema. Luego de ser cuestionado por su cercanía a SQM y sus nexos con Caval, Cristián Riquelme es la última persona que debiese estar involucrado en un escándalo público. Irrelevante de la posición de La Moneda sobre el documental (si realmente le parece necesario o no) tener a Riquelme involucrado en el proceso de designación y financiamiento es abrir es un nuevo flanco de vulnerabilidad.
 Si algo simboliza la mala decisión de hacer un documental a mitad de cuatrienio, es que el gobierno está desesperado por revertir su crisis. Ven en el proyecto una oportunidad de oro para reconectar a la Presidenta con la gente. Más allá de eso, la manera en que se procedió sugiere que el gobierno no ha aprendido de sus errores. Saltarse la licitación correspondiente, anunciar la decisión en el mes de vacaciones de las figuras políticas de contrapeso, y vincular a Riquelme en la operación, es sencillamente no entender por qué la gente no aprueba.
Editorial La Tercera.


Michelle Bachellet Documental Pre Estreno.

domingo, febrero 07, 2016

UN ANIVERSARIO "CAVAL".



El 5 de febrero de 2015 un reportaje de la revista Qué Pasa destapaba un escándalo que tomaría toda clase de ribetes y, especialmente, el golpe de knockout definitivo a la escuálida confianza y reputación presidencial: Aquél día las chilenas y chilenos “nos enterábamos por la prensa” del escándalo Caval el cual tuvo (o tiene) como protagonistas, entre otros, nada más ni nada menos que al hijo y la nuera de la presidenta Michelle Bachelet.
Con un operativo antilogístico e improvisaciones varias (destacando el mítico “me enteré por la prensa” esbozado por la Jefa de Estado que, a estas alturas, sólo sus más acérrimos e ideológicos partidarios le cree, pero no tanto por convicción sino por cuidar las lucrativas pegas estatales dicho sea de paso) lo cierto es que el destape de este caso terminó por socavar la institucionalidad presidencial y vino a ser el contrapeso que requería la oposición para “jugar al empate” tras el estallido del caso Penta, equilibrando levemente las cosas con el caso SQM pero todo bajo esa lógica vetusta y que tanto gusta al establishment político desentendido del quehacer y realidad ciudadana: juguemos al empate porque sí tú lo hace, entonces yo también y todo queda entre nos.
Si el gobierno de la Nueva Mayoría, cuando asumió el 11 de marzo de 2014 con un abrumador respaldo ciudadano y la retroexcavadora bajo el brazo, lo cierto es que Caval terminó siendo su retroexcavadora internamente y vino a consolidar la baja en la aprobación ciudadana que ha mantenido al gobierno en ascuas ante un escenario de profundas incertezas y donde el manejo económico podría terminar de pasarles la cuenta en años sensibles como lo son tanto 2016 y especialmente 2017. Quizás Caval podría haber sido todo lo contrario si desde un comienzo se hubieran asumido las responsabilidad, haber dado la cara a la ciudadanía (preferible ponerse colorado una vez) y no falta a la verdad o buscar cualquier mecanismo que obstruyera procesos investigativos (el caso más evidente fue el formateo del computador del entonces director Sociocultural, Sebastián Dávalos) o moderar las declaraciones y reacciones ante los medios de comunicación (imposible no recordar a Erika Silva, una suerte de Lily Zúñiga del oficialismo, vociferando en improvisados puntos de prensa lo bien que se sentía para un socialista ganar 3 millones de pesos al mes y estar sentado en el asiento de Allende. Generalmente a las personas se les paga por trabajar y no sólo por sentarse, pero esto ha de ser probablemente parte de las bondades del socialismo) o esas negativas a declarar que en su momento manifestó el primogénito de la presidenta por “cuestiones de agenda”, entre otros.
Las aristas e interrogantes que giran en torno al caso Caval sin lugar a dudas son varias y no será un caso que pase fácilmente al olvido (al igual que Penta y SQM para los optimistas que apelan a la mala memoria criolla). Hace sólo días se realizó la formalización de los involucrados, donde por el momento, y según declaraciones del fiscal Luis Toledo, no hay indicios que justifiquen la formalización del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (fue Gerente de Proyectos de Caval y tuvo un rol activo en la gestación de negocios como la comercialización de metales y petróleo, la instalación de luminarias LED y la venta de equipos de telemedicina). Probablemente las chilenas y chilenos no nos explicamos las razones (o quizás sí las inferimos, más no tenemos forma de comprobar) que tiene la Moneda para seguir blindado al administrador de Palacio, Cristian Riquelme, debido a su vínculo con el caso Caval. Probablemente quede en nada el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (también conocida como “Comisión Engel”) la cual generó una serie de propuestas que, hasta el día de hoy y en una inexplicable falta de sentido ciudadano, el país sigue sin conocer desaprovechando una valiosa oportunidad para reestablecer las confianzas, etc.
Podríamos seguir enumerando hechos o situaciones. También podríamos seguir entreverados en esa lógica ideológica propia del Sí y el No para justificar cuestiones que realmente son injustificables y merecen sanciones ejemplares y no meros “placebos judiciales” en base al principio básico de igualdad ante la ley algo que, en teoría más no necesariamente en la práctica, debiera ser bastante más que sólo “Caval”.
Rodrigo Durán Guzmán
Comité Profesionales
Amplitud.

viernes, febrero 05, 2016

APLICACIÓN DE LEY ANTITERRORISTA.


EN LO que va de 2016 se han registrado una serie de ataques incendiarios en La Araucanía, Biobío y Los Ríos. En esta última región tuvo lugar esta semana un grave atentado en un fundo que incluso dejó dos carabineros heridos. Este hecho motivó que el Gobierno se querellara invocando la Ley Antiterrorista, lo que no hace sino confirmar el peligro al que se ven expuestos los habitantes de la zona. Se trata de la cuarta vez que durante esta administración se recurre a esta normativa, dos de las cuales han tenido lugar este año. Además de Los Ríos, previamente se había invocado a raíz de la colocación de un poderosos artefacto explosivo detectado en la cárcel de Temuco.

Es positivo que la autoridad recurra a todas las herramientas que la institucionalidad le entrega para hacer frente a la violencia. La Ley Antiterrorista fue inicialmente desestimada por el actual Gobierno, particularmente en la zona de La Araucanía, lo que respondió a razones enteramente ideológicas. Sin embargo, el alto grado de violencia que se ha visto en diversos ataques ha obligado a rectificar esta equivocada negativa. El que se reconozca que hay violencia terrorista y que se aplicará la ley que sanciona específicamente este tipo de delitos es un paso en la dirección correcta.

Sin embargo, cabe esperar que esta disposición de la autoridad sea un efectivo cambio de actitud y no algo circunstancial. La ciudadanía ha podido percibir el alto grado de violencia de un sinnúmero de ataques incendiarios en las regiones afectadas, lo que habría justificado invocar la ley antiterrorista con más decisión de la observada hasta ahora. El Gobierno debe abocarse en desactivar a los grupos violentitas, asumiendo que el problema ya no es meramente delincuencial sino de grupos organizados que buscan amedrentar mediante la violencia.

Diario La Tercera.

miércoles, febrero 03, 2016

LA CAM AL ATAQUE.



La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en un comunicado de prensa, reconoció los más recientes atentados en Alto Biobío y Lumaco. Un diputado radical pidió "sacar los militares a la calle" ante el descontrolado aumento del terrorismo.

La CAM se atribuyó la acción de sabotaje a la central hidroeléctrica de Angostura -donde incendiaron las instalaciones de casino del personal- y, la quema de maquinaria forestal en el fundo Santa Elvira, cercano a Capitán Pastene, comuna de Lumaco. 

Al reivindicar tales actos, la CAM especificó que sus grupos conocidos como Órganos de Resistencia Territorial (ORT) cuentan con plena "libertad de acción" para operar. 

En la región del Biobío hablan de bandas de terroristas "infiltrados" y el diputado del PRSD por la zona, José Pérez, cree que "se puede recurrir al Ejército para que salga a la calle". Esto después de que el oficialismo y los jueces han perseguido incansablemente a los militares. Pero hoy recuerdan que las FF.AA constituyen la última garantía para preservar el Estado de Derecho.

Ya el diputado DC Mario Venegas, fue atacado por encapuchados en las cercanías de Ercilla (octubre 17, de 2015); algo que sufren a diario los parceleros y agricultores del lugar; ahora el parlamentario radical José Pérez pide sacar los militares "a la calle" en un reconocimiento inédito de la gravedad de la situación. 

Claro que eso no ocurrirá. Los militares, en esta época y bajo este gobierno (y el anterior también) cumplen otro papel: el de cabeza de turco para ocultar cualquier hecho de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, mediante el simple expediente de procesar uniformados en retiro por hechos largamente prescritos o ya juzgados y para eso, jueces, bastante conocidos están muy dispuesto, para hacer carrera judicial.

El Ejército NO saldrá a la calle. Porque para eso se necesitaría dictar un estado de excepción constitucional. Y nadie tiene pantalones o faldas para atreverse a ejercer la autoridad que invisten.

Durante enero de este año, los actos terroristas recrudecen. Bachelet, un par de días antes de finalizar 2015, visitó durante algunas horas la IX Región, en lo que pretendió ser una especie de gesto, aunque el destinatario del mismo jamás quedó claro. Lo que sí consiguió fue desatar un vendaval de críticas y una crisis con su ministro del Interior quien pasó el Año Nuevo junto a los carabineros del retén de Pidima. Aunque allí dijo que "no estamos en una situación inmanejable... "

Posteriormente, PIñera ocupó su turno y se dirigió a Temuco mientras Manuel José Ossandón, su competidor directo en RN para la candidatura presidencial, lo criticabe, así como el hecho de que Bachelet por primera vez en dos años, viajase a "escondidas" a La Araucanía, rodeada de un enorme dispositivo de seguridad, lo que llevó a la ciudadanía a preguntar la razón que justificaba tamaño aparataje de protección, dado que su gobierno niega reiteradamente que exista terrorismo en la zona.

Sin embargo, este inexistente terrorismo, ya llegó a la región de Los Lagos. Cosa verdaderamente extraña para algo que carece de entidad. El diputado José Pérez, quien debe conocer algo de los acontecimientos en el centro sur del país, enfatiza que hay que abordar la situación con todas las herramientas que posee el Estado para terminar con los actos terroristas. Y que al encontrarnos "sobrepasados" hay varios recursos, entre los cuales mencionó "recurrir al Ejército para que ponga orden donde sea necesario"  al igual que en cualquier catástrofe nacional. Que se trata de una catástrofe, es algo real, muy real.

José Pérez agregó que el terrorismo queda en la impunidad sin embargo todo esto depende una decisión presidencial. Lo cual , Bachelet, claramente no está dispuesta a adoptar. Tanto en Chile como en el exterior, la mandataria niega el fenómeno, mientras las víctimas de la "violencia rural" como ella ha dado en disfrazar los hechos, o estas situaciones de "tensión intercultural" como definió, en forma ridícula al terrorismo el Intendente Jouannet, seguirán aguardando que se restablezcan el orden, la autoridad y las leyes en La Frontera, el Biobío y, ahora también en Los Lagos.

DespiertaChile.

lunes, febrero 01, 2016

#CAVAL, EL CONVIVIENTE DE BACHELET.


Desde febrero de 2015, el caso Caval ha sido el más fiel conviviente de la Presidenta de la República, y le guste o no, la continuará acompañando hasta el fin de su mandato, cuyo desenlace electoral está directamente enlazado con dicho episodio.
La Presidenta se ha desvelado pensando en cómo dar vuelta la página de tan desastrosa irrupción de su nuera Natalia Compagnon, y los esfuerzos de sus asesores y espadachines de palacio por hacer ver a la población de que se trata de un hecho superado, se esfuman con la periódica reactivación del escándalo.
Las citaciones de la Fiscalía Regional de O’Higgins a Compagnon y su marido, el hijo de la Presidenta; luego, la querella del SII en contra de los socios y cómplices de la PYME Caval y, finalmente, la reciente formalización de los implicados, entre ellos su nuera, han mantenido en primer plano la escandalera que reventó a comienzos del 2015.
Desde ese momento, la Presidenta ha debido convivir con tan incómoda situación. El caso le causó su desplome político y el descrédito como Jefa de Estado, arrastrando con ello a la Nueva Mayoría.
El chileno puede tener muchos defectos, pero una de sus escasas virtudes es su intolerancia a que lo engañen y lo engatusen. Desde marzo del 2015, la Presidenta no ha tocado ni se ha referido al conflicto que le costó su futuro político, derrochando una de sus aptitudes que la llevó dos veces a La Moneda: su autenticidad.
En una fugaz aparición la tarde de la formalización a su nuera  –arraigo y firma— se presentó por un minuto ante las cámaras para hacer un par de comentarios obvios: “esto ha sido muy doloroso para mí y la familia”  y que “todos somos iguales ante la ley”, aunque el tratamiento de VIP que tuvo Compagnon no cuadra con esto último.
Ella tiene gran responsabilidad en esta convivencia con el caso Caval, a raíz de la protección que ordenó para su hijo y a su obstinación de mantener en La Monda al administrador de palacio, Cristián Riquelme, involucrado directamente en el escándalo.
Muy proclive a solidarizar con las desgracias ajenas, la población hubiera preferido que ella abriese su corazón y desde un principio transmitiese sus sentimientos, graficando  lo pésimo que se sentía. Sus orejeros la convencieron de que eligiera otro camino y los resultados le resultaron brutalmente adversos.
Esconder la realidad bajo la alfombra fue el peor camino y ella misma, con su actitud, le ha ido agregando más piedras. Su última y desafortunada decisión fue restringir la libertad de prensa a quienes se ocupan cotidianamente de las noticias de La Moneda por la impertinencia de un profesional de preguntarle qué opinaba de la formalización de su nuera.
Guardó silencio y su molestia provocó la determinación de discriminar a los medios en futuras actividades presidenciales, lo que fue corregido tras el vendaval de críticas que incluyó hasta a la comunista presidenta del Colegio de Periodistas. Se anunció que serán los propios periodistas quienes seleccionen a los medios.
Hasta antes de su enojo no había segregación ni arbitrariedad: el que se interesase en reportear sus actividades lo podía hacer.
A partir de la formalización de los inculpados por soborno y fraude al Fisco, (viernes 29 de enero), ahora el escándalo escaló a su ciclo judicial y estará un buen tiempo en primer plano. Durante el 2015, la Presidenta no pudo ni quiso sacárselo de encima y este 2016 será igual, de tal modo que tendrá que seguir conviviendo con él. Y todo por su propia culpa, ya que de no haber falseado ni escondido la verdad, su existencia sería hoy muy distinta.
VoxPress.