domingo, enero 15, 2017

QUERELLA POLITIZADA.


La Sofofa sacó una declaración expresando su preocupación por la falta de imperio del estado de derecho en La Araucanía. El gobierno reaccionó indignado: el subsecretario de Interior, acusando una irresponsabilidad en tal planteamiento, llamó a “no basarse en datos de la realidad sino que también en la realidad social, judicial y cultural”.
¿A qué se referirá cuando dice que no hay que basarse en los datos de la realidad? ¿Qué acaso los porfiados hechos no importan? Porque es evidente que en La Araucanía reina hoy la violencia, la inseguridad y la impunidad. Casi todos los días aparecen noticias sobre la quema de maquinaria o iglesias, asaltos y acciones de amedrentamiento a personas para que vendan sus predios o simplemente los abandonen. La abrumadora mayoría de estos hechos, que son un dato de la realidad, no han sido aclarados.
Pero la “realidad judicial” también es evidencia del menoscabo del estado de derecho. El caso de la machi Francisca Linconao es paradigmático. Ahí, los mismos jueces han hecho una contribución a debilitarlo. En tres o cuatro oportunidades un juez de garantía ha otorgado la libertad provisional a la machi, acusada de un grave crimen, decisiones que han sido revocadas otras tantas por la Corte de Apelaciones. Debemos ser el único país de la “OCDE” en que una corte superior fija un criterio (en este caso que la imputada es un peligro para la sociedad) y que casi de inmediato un juez inferior contradice lo resuelto. Para no ser menos, ahora la propia corte contradijo su propio criterio, al acoger un recurso de amparo improcedente, y mandó a la machi para su casa. La estabilidad de los precedentes y de lo resuelto, son inherentes a un estado de derecho. Si los jueces se dan vueltas y revueltas en un caso por actuaciones poco claras, simplemente no hay la certeza jurídica que reclama la juridicidad.
Pero también el gobierno ha hecho su aporte a debilitar el imperio del derecho. Es querellante en la causa y como tal ha sostenido la necesidad que se mantenga a la machi en prisión preventiva. Pero bastó que ella iniciara una huelga de hambre, para que se diera vuelta y alegara en favor de su liberación, lo que implica una politización de su actuar en el juicio.
En ningún país serio en que se ha contemplado la existencia de un órgano de investigación penal autónomo, como el Ministerio Público, se permite que la autoridad política ejerza paralelamente la acción penal. No solo porque importa una duplicación de gastos con fondos públicos, sino porque constituye un abuso e injusticia que el Estado ataque al imputado desde varios flancos. Pero también y sobre todo, porque se presta para la politización de la persecución penal, algo que para el estado de derecho es inadmisible, y debilitar la acción de dicho órgano autónomo, cuando la autoridad política sostiene tesis que lo contradigan.
En Chile los gobiernos han ejercido a destajo la acción penal. La motivación nunca ha sido el celo por la justicia, sino que siempre ha existido una motivación política, pues los gobiernos actúan políticamente. Y eso puede incluir -como ahora hemos visto- favorecer la impunidad.
Axel Buchheister.

viernes, enero 13, 2017

EQUÍVOCAS SEÑALES DEL GOBIERNO EN LA ARAUCANÍA.


La autoridad no debe seguir dando pie a confusiones que interfieren el trabajo de los tribunales para esclarecer el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

EN LOS últimos días han quedado en evidencia actuaciones muy contradictorias del gobierno en lo relativo al proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, al ejercer una influencia cuestionable en favor de una de las partes que aparece acusada por la Fiscalía de tener participación en los hechos. Tal proceder ha sido objeto de múltiples reproches, incluso de la propia familia Luchsinger, al punto que motivó a que la oposición aprobara una interpelación en contra del ministro del Interior, la que tendrá lugar a fines de este mes. La instancia parece propicia para que el gobierno dé cuenta sobre los criterios con que ha abordado los casos de violencia en la región, y despeje las dudas que se han levantado en torno a su gestión.
A pesar del tiempo transcurrido, lograr justicia en este caso ha sido particularmente dificultoso. No obstante a que en el fatal ataque participó un grupo numeroso de personas -según se ha podido acreditar en la investigación-, a la fecha hay un solo inculpado. La fiscalía acusó a otras 11 personas -uno de los cuales se dio a la fuga, pero se entregó ayer-, entre las cuales figura la machi Francisca Linconao, quien a fines de diciembre inició una huelga de hambre en protesta por la medida cautelar de prisión preventiva de la que era objeto. El deterioro de su estado de salud motivó la presentación de un recurso de amparo, el que fue fallado a su favor, revocando la prisión y cambiándola por arresto domiciliario total.
Si bien el gobierno -a través de la Intendencia- es parte en la querella que se interpuso por delito de incendio terrorista con resultado de muerte contra todos aquellos que resulten responsables, el Ministerio del Interior instruyó a la Intendencia alegar en favor de la machi en el presente recurso de amparo, lo que provocó resistencias al interior del propio equipo jurídico, situación que fue sorteada con el envío de un abogado desde el propio ministerio, precisamente para apoyar dicho recurso. Días antes, el intendente regional había visitado a la machi para imponerse de su condición de salud, y hacer labores de “acompañamiento”.
Resulta contradictorio que en una misma causa el gobierno aparezca por una parte como querellante, y por la otra aparezca brindando una especie de protección. Las razones humanitarias que pudieran derivarse del deterioro de la condición de salud de la machi son ineludibles, pero dichas acciones debieron canalizarse exclsuivamente por Gendarmería y la propia Defensoría. El gobierno debe abstenerse de seguir dando señales equívocas, y asegurar que la institucionalidad pueda operar libre de presiones. Sin embargo, precipitarse en acciones de respaldo, y no salir al paso de la interferencia del Instituto de Derechos Humanos en este caso, como tampoco de los diputados oficialistas que concurrieron a solidarizar con la machi, genera confusión y parece validar las acciones de presión ante los tribunales, lo que desnaturaliza el estado de derecho.
La interpelación al ministro del Interior será una nueva oportunidad para volver a relevar los temas que afectan a La Araucanía, donde la inseguridad y debilitamiento del estado de derecho aparece como lo más urgente. Cabría esperar que en esta ocasión no se repita la frustrante experiencia que se vivió con la interpelación al exministro Penailillo, también referida a La Araucanía, que derivó en un despliegue retórico sin mayor sustancia.
Editorial La Tercera.

miércoles, enero 11, 2017

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA: ¿CAUSA O SÍNTOMA?



La encuesta CEP confirmó que la carrera presidencial ya está en marcha y ello implica, entre otras cosas, que pronto se empezarán a articular y difundir los programas de gobierno de cada candidato. Entre los múltiples temas que éstos deberán abordar, está el conflicto social existente en La Araucanía, que abrió con especial fuerza el nuevo año.
La huelga de hambre de la machi Francisca Linconao y el proceso judicial que busca a los responsables del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay visibilizan, de manera contingente, un problema mucho más profundo, del que pocos se quieren hacer cargo. Las noticias sobre La Araucanía suelen ser aisladas a nivel nacional y principalmente vinculadas a hechos de violencia, a los que no sigue ninguna reflexión sistemática que permita generar acuerdos o proyectos colectivos para mejorar la calidad de vida en una de las zonas más postergadas del país.
Quizás la única excepción en el último tiempo ha sido la Mesa Asesora Presidencial convocada por el Gobierno, que logró reunir a un grupo diverso de actores de importancia local y con conocimiento real del conflicto mapuche. Instancia que, por lo demás, ha sido una excepción en el errático actuar del oficialismo, y particularmente de la Presidenta, en este ámbito. La Mesa ha anunciado que entregará a fines de enero un primer documento que aspira a traducirse en una ley especial para la región, particularmente orientada a resolver los temas pendientes con el mundo mapuche.
Considerando ese escenario, parece especialmente relevante que los próximos candidatos sean capaces de ofrecer una perspectiva global sobre la situación de La Araucanía, y no apenas juicios aislados que desconocen la complejidad del fenómeno, tanto en los niveles que abarca como en los actores que involucra. Una de las muestras más claras de la poca comprensión de lo que ocurre en la zona se expresa en el esfuerzo de algunos por reducir el problema a una pura cuestión de orden, lo que se ha traducido en los últimos años en un enfoque principalmente judicial y policial de los conflictos en la zona. Estrategia incapaz de explicar -y por tanto resolver- por qué ocurren conflictos que, sin embargo, como bien lo confirman las noticias de la semana pasada, no parecen ir en descenso.
Y es que la violencia difícilmente podrá resolverse si no se aborda primero el contexto que permite a ciertos actores justificarla. El trabajo consiste justamente en lograr mostrar el sinsentido de quienes optan por esa vía, y eso pasa por reconocer que existe un escenario problemático anterior a esas expresiones violentas. Esto en ningún caso justifica ni legitima los crímenes cometidos en La Araucanía, sino que muestra la necesidad de introducir las soluciones judiciales y policiales en un marco mayor, que considere las dimensiones sociales, económicas, territoriales y políticas que están también en juego.
Como bien dijo Francisco Huenchumilla, y como hoy lo anticipa el trabajo de la Mesa Asesora, la vía para enfrentar los problemas en La Araucanía tiene que ser política. Y ello consiste fundamentalmente, y en primera instancia, en sentar a dialogar a todos los actores involucrados. Eso transforma también en un imperativo para los candidatos presidenciales la entrega de propuestas reflexivas ⎼pero concretas⎼ para abordar el complejo escenario de una región cuya población reclama, con fuerza, su verdadera integración al desarrollo nacional.

Josefina Araos, investigadora Instituto de Estudios de la Sociedad.

domingo, enero 08, 2017

ESPERANDO JUSTICIA EN LA ARAUCANÍA.


A muchos nos preocupa lo que está sucediendo con el caso Luchsinger Mackay. En momentos en que todos debiesen exigir, con más fuerza que nunca, que los responsables sean condenados y reciban las sentencias que corresponden a tan espantoso crimen, la atención se centra —deliberadamente, por parte de quienes pretenden lo contrario— en una huelga de hambre de la machi Linconao. Peor aún, la justicia y las autoridades parecieran estar dejándose presionar o fraternizando con los promotores de la violencia que afecta al sur de Chile. Esa, al menos, es la impresión que nos dejan las señales poco auspiciosas que se han dado durante el desarrollo de este juicio.
Las primeras malas señales las dio un diputado comunista, quien sin miramientos insistió en entrometerse en la labor de otro Poder del Estado —el Judicial— tratando de presentar a Francisca Linconao como víctima de una persecución. Luego vinieron otras situaciones completamente anormales: un fiscal que acusa de discriminación al fiscal del caso Luchsinger; peticiones de distintos sectores (algunos que ninguna relación tienen con el tema) para remover a este mismo fiscal; parte de los imputados del crimen intentan agredir a los fiscales en plena audiencia; una jueza se inhabilita por sentir hostilidad de parte de los abogados defensores de estos mismos acusados; una de las integrantes de la Defensoría Penal Mapuche (en un hecho inaudito, inaceptable y poco ético) participa en un video cuestionando en duros términos al fiscal, etc…
En resumen, todo lo anterior fue hecho con evidente y sospechosa premeditación, además de una dosis inusual de agresividad, cuando se supone que defensores y adherentes de los imputados debiesen tratar de demostrar todo lo contrario.
Pero las señales negativas no terminaron ahí, sobre todo en las últimas semanas. Continuaron con la visita de Miguel Hernández, nuevo intendente de La Araucanía, a la machi Linconao, quien iniciaba una huelga de hambre. Luego hace lo mismo el Instituto  Nacional de Derechos Humanos. En ambos casos, para justificar la visita se repite algo parecido: Francisca Linconao es una “autoridad espiritual” y merece un trato distinto. ¿Acaso ser machi, por esa sola condición, convierte a esa persona en inocente, o le confiere una supremacía moral, o quizá le otorga privilegios que el resto no merecemos? Por supuesto que no. Tan sólo basta recordar que Celestino Córdoba, el único condenado por el crimen de los Luchsinger Mackay, es también un machi y hasta ahora no ha hecho el más mínimo gesto de arrepentimiento.
Como era de esperar, la huelga de hambre de Linconao logró el efecto pretendido: la justicia cedió a sus exigencias. Esto no sorprendió a nadie, porque dejarse presionar y que a las autoridades les tuerzan la mano, cuando se trata de casos de connotación indígena, es de una normalidad impactante. Una especie de trato preferencial o legalidad diferente que es una burla para las verdaderas víctimas, ésas que han sufrido con los ataques de los grupos radicalizados que siguen operando impunemente en el sur. La guinda de la torta fue cortesía del Gobierno, que siendo querellante en esta causa no se opuso a que se modificara la medida cautelar que pesaba sobre la machi. Así las cosas: ¿se puede tener siquiera una mínima esperanza de que todos quienes asesinaron a los Luchsinger Mackay serán algún día  declarados culpables?
Lo anterior me hace recordar cómo fue que algunos de los autores de atentados y crímenes relacionados a la temática mapuche han sido condenados o frenados en su actuar. El ya aludido machi Celestino Córdova fue detenido porque Werner Luchsinger logró herirlo. El comunero Guido Carihuentro fue capturado porque un cuidador le disparó mientras huía tras quemar unos camiones en Freire. Fabián Tralcal fue abatido durante un asalto en donde asesinaron brutalmente al hijo del dueño del restaurant que fue atacado por encapuchados pertenecientes a uno de estos grupos radicales (y que luego se adjudicaron el hecho).
Me preocupa que la autodefensa, en los tres casos expuestos, haya permitido detener o frenar a parte de los violentistas involucrados. Sin esa autodefensa, los tres individuos antes mencionados estarían libres y quizá perpetrando otros ataques. Si de pésimas señales se trata, la peor de todas sería que, ante la indiferencia de un Estado que es incapaz de brindar seguridad, los ciudadanos asumieran que tal vez ellos mismos deben usar las armas para protegerse, entendiendo que no les queda otra alternativa. Nuestra timorata y a veces abanderizada justicia, sumada a la desidia y la majadería del Gobierno de no enfrentar el problema tal cual es —terrorismo—, están empujando, irresponsablemente, a que más temprano que tarde La Araucanía se transforme en un campo de batalla.
Es un mal pronóstico, un vaticinio angustiante, pero es la consecuencia de mirar el problema con cobardía, con testarudez y, en algunos casos, con la calculadora electoral en mano.
La justicia tiene la última la palabra en el caso Luchsinger Mackay. Y de esa decisión, tal vez la más importante en muchos años, dependerá el futuro de la convivencia pacífica en las regiones que siguen siendo afectadas por los violentistas. Tras este fallo sabremos si estamos solos o si aún podemos confiar en que la desoladora situación actual será revertida en algún momento.


Alejandro Martini I., ex director ejecutivo Multigremial de La Araucanía.

viernes, enero 06, 2017

INTERFERENCIAS EN EL CASO LUCHSINGER.


La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao -imputada por el Ministerio Público como una de las personas que habría tenido participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay-, decretando su arresto domiciliario total. Dicha resolución se da en el contexto de la huelga de hambre que la machi sostuvo por casi dos semanas, y que ha significado un grave deterioro de su estado de salud. Parlamentarias del Partido Comunista, el Instituto de Derechos Humanos y el intendente regional, entre otros, concurrieron en días previos a expresarle su solidaridad o bien a transmitirle una señal de acompañamiento.
Tal intervención de funcionarios del propio Estado en una causa judicial es improcedente, porque interfiere indebidamente en favor de una de las partes, sin perjuicio de que en caso de riesgo vital han de activarse todos los recursos judiciales necesarios para evitar poner en riesgo la salud de una persona.
Las dificultades para llevar esta investigación y permitir que la justicia logre su objetivo -cabe recordar que se trata de un crimen cometido hace cuatro años, donde hasta la fecha existe un solo condenado- han sido evidentes, y de allí la importancia de que se garantice el debido proceso . Tal garantía exige el irrestricto respeto por la presunción de inocencia, como también evitar actos de presión hacia los tribunales.
Lamentablemente no parece haber existido la suficiente calma para llevar adelante este juicio. Las medidas cautelares decretadas hacia la machi han sido cambiadas en cuatro oportunidades por las cortes, lo que naturalmente ha provocado desconcierto; asimismo, una de las juezas de garantía renunció a seguir participando en las audiencias, alegando “hostigamientos” de la defensa. Estos ejemplos ilustran la existencia de situaciones que han tensionado el proceso, a lo que se suma un recrudecimiento de los ataques incendiarios en la zona de La Araucanía.
Los derechos de todas las partes deben ser debidamente resguardados, lo que se garantiza de mejor forma en la medida que los tribunales puedan ejercer su trabajo libres de interferencias.
Editorial La Tercera.

miércoles, enero 04, 2017

¿Y LA IZQUIERDA, CUÁNDO PEDIRÁ PERDÓN?



Reescribieron la Historia con la complicidad de los tontos útiles y de los compañeros de ruta, habituales. Desfondaron nuestra institucionalidad; dividieron la sociedad embarcados en un proyecto revolucionario que fracasó en toda la línea; su aventura apoyada por doce o veinte mil milicianos armados, fue derrotada solo por la unidad de la mayoría de los chilenos y de sus Fuerzas Armadas,
Durante 17 años se reconstruyó el país, su economía pasó de los últimos lugares de Latinoamérica a ocupar la vanguardia del subcontinente; la democracia con una institucionalidad reforzada fue regresada a la civilidad y los militares y el general Augusto Pinochet se retiraron orgullosamente a sus cuarteles con la serenidad de la misión cumplida.
Y luego, por más de un cuarto de siglo, la izquierda ahora con credenciales timbradas por las ONGs y los influyentes organismos internacionales, administró, para posteriormente lanzar por la borda, todo el sacrificio del trabajador chileno y la patriótica entrega de los militares a su nación.
Todo eso terminó porque el pueblo olvidó lo que ayer aclamaba: la Concertación se encargó de apresurar la amnesia y, una vez que el general Augusto Pinochet nos dejó, dedicó su mayor y permanente esfuerzo en neutralizar a quienes pudieran impedirles otro lance de aquellos. Claro, el pueblo borró de su memoria, el hambre, el robo de sus propiedades por parte de los comandantes castristas del 70' en el campo, la industria, la empresa, el comercio, Pero la izquierda lejos de hacerlo y de superar el trauma de su derrota histórica se embarcó en un nuevo proyecto, esta vez menos frontal pero de mayor productividad e impacto político.
Y ahí estamos. Ahora, en una muestra de ingenuidad política que habla bien de buenos corazones, nueve uniformados presos en Punta Peuco, decidieron leer en un servicio religioso, sendas cartas para "pedir perdón". Ellos fueron los señores Carlos Herrera (quien ya lo hizo anteriormente, con un muy pobre resultado); en el caso del homicidio de Tucapel Jiménez; Claudio Salazar (caso degollados); Basclay Zapata y Pedro Hormazábal, orientados según manifestaran en el escrito, por un sentimiento cristiano. 
A dicha ceremonia, a la que asistieron solo unos diez internos -en Punta Peuco hay 120 presos-, se hizo presente Solange Robert de la agrupación de "Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado", el sacerdote jesuita Fernando Montes y Mariano Puga como "acompañante" según él mismo describió su rol en el lugar.
Pero en las afueras estaban, como no, los inefables organismos activistas de DDHH los que provocaron alborotos e increparon a Montes. Frente a La Moneda, otros protestaban (sardónicos) por "la entrega de beneficios a los militares de Punta Peuco" (desconocemos a qué tipo de "beneficios" aluden porque en concreto nada). Pero es lo de costumbre; dos pasos adelante ....
Esta ceremonia, de existir buena voluntad, pudiera tener a futuro (quizá), alguna utilidad desde el punto de vista de los militares perseguidos, condenados y vejados sin pausa. Por hoy, nada, no se alcanza a entender algún propósito objetivo claro. Más devino en otro agravio.
Porque ¿se puede hablar de "beneficios" cuando, por ejemplo el teniente coronel Álvaro Corbalán Castilla, castigado hace un año y un mes, arbitrariamente por la ministra Blanco (él tenía un celular), aún espera que Gendarmería dé cumplimiento al dictamen de la Corte Suprema de poner fin a esta sanción ilegal y abusiva, y lo devuelva a Punta Peuco? 
Hasta hoy, a semanas de lo dispuesto por el máximo tribunal del país -fue el 26 de noviembre-, Corbalán Castilla aguarda con la frente en alto, no un "beneficio" sino el CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO por la justicia.
Es una vergüenza lo que sucede. Un desacato sin nombre, indigno, propio de la UP cuando esto era de cotidiana ocurrencia.
¿Para esto exigían que pidiesen perdón los militares; para nuevos insultos y agresiones? Por eso el teniente coronel habló de "Noche Mala o Noche Buena?"
¿Cuándo la izquierda pedirá perdón a Chile por todos sus crímenes, esos que ocultan con el concurso de los serviles de hoy y de ayer?
Por ahora, nosotros nos quedamos, no con esa petición de perdón individual expresada por algunos en Punta Peuco, sino con las voces sensatas de personeros como el ministro de Justicia Campos y del presidente de la Corte Suprema, señor Hugo Dolmetsch, llenas de coraje y valor histórico para un reencuentro honesto, desde la verdad y no desde la consigna política mendaz.

DespiertaChile.

viernes, diciembre 30, 2016

SI FUERA UN MILITAR PRISIONERO EN PUNTA PEUCO.



Yo por decisión no soy católico, soy Cristiano Creyente y Practicante pero les mando esto como algo que muchos sienten y a propósito del acto ecuménico en Punta Peuco.

Acto de Contrición:

Ha llegado el momento de reconocer mis faltas y pedir perdón, e invito humildemente a acompañarme en este Acto de Contrición.

Acúsome, Padre, de haber aplaudido a las mujeres cuando lanzaban maiz a las FF.AA. el '73.

Acúsome, Padre, que igual que Frei y Aylwin el '73 deseaba fervientemente que las FF.AA dieran un Golpe Militar.

Acúsome, Padre, que junto al Juez Guzmán y otros vecinos brindé con champaña en la calle cuando los militares bombardearon La Moneda.

Acúsome, Padre, que me sentí aliviado cuando las FF.AA se tomaron el poder.

Acúsome, Padre, que aplaudí al Gobierno Militar cuando eliminó los aranceles e inició la economía de mercado.

Acúsome, Padre, que fui partidario hasta el final del Gobierno Militar (hoy dictadura).

Acúsome, Padre, que admiré y aplaudí cómo el General Pinochet evitó la guerra con Argentina y Perú.

Acúsome, Padre, que ví la ceremonia de Chacarillas por TV.

Acúsome, Padre, que no tenía idea que durante LA DICTADURA se torturaba a los terroristas y no me apené cuando me enteré.

Acúsome, Padre, que trabajé como negro durante el Gobierno Militar y perdí hasta la manera de caminar.

Acúsome, Padre, que no eché de menos LA DEMOCRACIA ni menos al Congreso Nacional.

Acúsome, Padre, que voté gustosamente junto al 44% de los chilenos por el SÍ.

Acúsome, Padre, que me dió mucha rabia cuando ganó el NO.

Acúsome, Padre, que las dirigentas y los activistas marxistas de los DD.HH no son de mi agrado.

Acúsome, Padre, que no soporto a Larraín, Walker, a los Monckeberg, Chadwick, Hinzpeter, Alvear, Pizarro, Girardi, al innombrable de Navarro, Andrade, Silver, Rincón y Pepe Auth. Ni a ninguno de los políticos.

Acúsome, Padre, que me entristecería mucho que la Concertación por la Corrupción Política y mediocridad vuelvan a gobernar.

Acúsome, Padre, (para callado, no le cuentes a nadie), que a veces me gustaría un nuevo Golpe Militar.

Acúsome, Padre, que estoy consciente que hoy las Fuerzas Armadas por ningún motivo se van a prestar como "Salvadores" para que después los estén desconociendo y encarcelando por la libertad a nuestro país del yugo comunista-leninista, y los aprevechados de siempre vuelvan al gobierno.

Marco Le Blanc.