sábado, abril 30, 2016

ARAUCO EN LLAMAS.


He sido un ingenuo. El día de la elección de Michelle Bachelet, pensé cándidamente que la experiencia política de su conglomerado tendría ventajas comparativas a la hora de resolver el más grave de los problemas que afectan al país: la violencia en La Araucanía. Me equivoqué rotundamente. Desde la vuelta a la democracia, la Nueva Mayoría se ha sacado la peor nota, por lejos, a la hora de enfrentar la inseguridad en la IX Región.
Los historiadores del futuro se devanarán los sesos para dar respuesta a la cuestión de cómo la autoridad estuvo más preocupada de manejar los cabildos que de cautelar la integridad y la paz del país. Se preguntarán, en suma, cómo pudo ser posible tanta frivolidad.
En los últimos días, la violencia empieza a extenderse a otros territorios y cobra nuevas víctimas. Es más, ha agregado la furia antirreligiosa a los ingredientes malsanos que ya tenía. Dentro de poco, se contarán por decenas las iglesias católicas y evangélicas que habrán sido víctimas de nuestra FARC criolla, que ahora empieza a aplicar métodos propios del Estado Islámico.
Resulta difícil encontrar una causa única para estos últimos actos de terror contra la religión. Uno podría afirmar que no es un fenómeno original: basta con pensar que se trata de una antigua afición de la izquierda anarquista, que ama el resplandor de las iglesias en llamas.
También cabe pensar que es la reacción desesperada de unas personas que ven que Santiago está demasiado lejos y que no ha habido una solución política a sus reivindicaciones. Quizá se trata simplemente de un acto estúpido, fruto de la ingenua pretensión de sacar de esta zona del país todo lo que venga del extranjero, para volver a una supuesta pureza original del pueblo mapuche, anterior al contacto con la cultura occidental. Quienes llevan a cabo estos actos delictivos en contra de la fe cristiana están, sin saberlo, realizando algo semejante al proyecto que tenían los nazis para volver al paganismo de sus antepasados, en reemplazo de ese producto judío que llamamos “cristianismo” (“uno o es alemán o es cristiano. No puedes ser los dos”, decía Hitler, dando muestras de que la sutileza intelectual no era lo suyo). Se trata, en definitiva, de proyectos reaccionarios, que apuestan a volver a un pasado que previamente ha sido mitificado.
Esta actitud es particularmente ridícula, porque los mismos que destruyen iglesias o queman camiones como modo de expresar su xenofobia, no dudan en utilizar un celular (un aparato que no ha sido diseñado ni producido en Carahue), y también emplean cosas tan extranjeras como internet, autos, computadores, idiomas europeos; constituyen ONGs; mantienen toda suerte de redes internacionales; reciben apoyo de asesores extranjeros, y no le hacen asco al financiamiento proveniente del Primer Mundo. En suma, la suya es una contradicción en los hechos.
Por otra parte, tampoco resulta muy sensato ver el cristianismo como algo europeo. Aunque Europa es incomprensible sin el cristianismo, el cristianismo está lejos de ser un producto de ese continente, como se puede aprender en los libros de historia de segundo o tercero básico.
Quizá exista también otra razón para que las víctimas de estos actos de terrorismo sean precisamente las capillas donde se reúnen los cristianos para su culto, o que son aprovechadas por las comunidades para realizar asambleas, toda ella gente que jamás va a devolver la agresión con la misma moneda. Esas pequeñas construcciones de lata, hechas de material muy sencillo, recuerdan a los cultores de la violencia una verdad muy incómoda: existen límites para la acción política; no es lícito hacer cualquier cosa, ni siquiera cuando uno cree que está sirviendo a una causa noble. El pueblo, la nación, la raza o el Estado no constituyen el bien supremo de la existencia.
Esas modestas capillas ponen ante sus ojos la verdad de que no resulta aceptable quemar ancianos o persuadir por el terror, que conductas como esas ofenden al pueblo mapuche, porque son profundamente inhumanas. Y ese recuerdo resulta tan incómodo, que prefieren reducir esos templos a cenizas, de modo que desaparezcan de su vista y su memoria esas construcciones cuya sola existencia cuestiona su pasión destructiva.

Joaquín García Huidobro.

miércoles, abril 27, 2016

PROCESO "CHAVISTA".


La Presidenta por cadena de televisión dio el vamos a la primera etapa del proceso constituyente, que consistirá en unos diálogos ciudadanos cuyo fin es -nos dijo- que “los compatriotas tengan verdaderamente la oportunidad de decir lo que piensan y sean tomados en cuenta”.
Un proceso que aparenta ser la expresión misma de la democracia: todos participarán y se expresarán. Pero en realidad no es así, sino que se trata de un mecanismo que cada día que pasa evidencia un carácter menos transparente. El sólo hecho de que la máxima autoridad haga uso de una cadena “voluntaria” de televisión, para hacer un anuncio que contempla una sola opción decidida de antemano, como es cambiar la Constitución, ya es un indicio. Porque no se ha llamado a un proceso para decidir si se cambia la Constitución. La opción contraria no existe y en esta definición no se pidió la participación de nadie. Además, hay un diseño para hacer la sustitución que implica obrar al margen de la institucionalidad, puesto que no está previsto en la Constitución y que persigue un solo objetivo: presentar al Congreso una hipótesis que no pueda rechazar. Se le conculca así el derecho esencial que se le reconocería en cualquier democracia: deliberar y votar soberanamente.
Pero además, no sólo se ha caracterizado por una permanente improvisación, sino por sesgos y manejos destinados a controlarlo. Primero, existe un “Consejo de Observadores Ciudadanos”, que nunca se ha definido exactamente lo que hace. Ha tratado de labrarse su propio rol forcejeando con el gobierno y evitar ser reducido al carácter de comparsa. Ahí están los spots publicitarios, la campaña televisiva y el “docureality”, de los que el Consejo se enteró por la prensa.
Después, la selección de los “facilitadores”. Si bien hubo alguna participación del Consejo en los lineamientos, intervino la ADP y se recurrió a reclutadores externos, los nombres los escogió el gobierno. Y existen relatos de personas que postularon y que se sintieron excluidas porque se manifestaron en contra del aborto o expresaron una tendencia no afecta al oficialismo. En cambio, se dice que un tercio de los nominados tienen vínculos con este o anteriores gobiernos de la Concertación; y eso que todavía no se ha podido revisar la lista completa.
Pero sobre todo, la voceada participación ciudadana es un mito. Como ha dicho el abogado Jorge Correa -que no es de oposición-, los cabildos no van ser representativos y no pueden serlo: cifró la participación en las reuniones incidentes en un 0,02% de la población, entre otras cosas por las limitaciones de espacio de los lugares factibles de realizarlos. José Miguel Insulza -prohombre del oficialismo- opinó que ese debate no va a llegar demasiado lejos, que no expresa consenso y que no se hace esperanza de mucha participación. La vuelta de carnero que se dio después, es otra evidencia de cómo se están manejando las cosas.
Un proceso constituyente que simula ser democrático y participativo, que utiliza y desconoce las instituciones, y que va a desembocar en un final predeterminado tiene un solo apellido: chavista.

Axel Buchheister.

lunes, abril 25, 2016

EL LEGADO NEFASTO DE PATRICIO AYLWIN.


Cuando tomé una micro y escuché los comentarios por las radios sobre el ex presidente demócrata cristiano y primer gobernante de la Concertación, Patricio Aylwin, quien falleció el el martes 19 de abril, me provocó indignación. Lo alaban de estadista, humanista cristiano, que se preocupó de los pobres o tuvo intereses social y que se enfrentó al mundo militar. Creo que Allamand decía que teníamos una democracia imperfecta en 1990. Y de la derecha añoraban la democracia de los acuerdos.
El “Estadista” presentó un proyecto de ley que fue fatal en la Reforma Agraria. Dio su voto en la elección de 1970 para que el presidente marxista llegará al poder, pues había coincidencia entre el programa de la DC y la UP. Luego se opuso a ésta última con el Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, llamando a los militares, que derrocaron a Allende: “El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista". El sector de la DC que él lideraba esperaba que la Junta Militar les devolviese el poder a ellos, y como no quisieron, entonces, se volvieron opositores al Gobierno Militar o cívico militar, oponiéndose a la Constitución de 1980 que nos rige y al modelo económico liberal. El programa original del primer gobierno de la Concertación era volver a 1970 y subir los aranceles a las importaciones. Si hasta la diputada comunista, Camila Vallejo se benefició al adquirir un auto Subaru. Tendiendo en cuento lo dicho, ¿Puede considerarse estadista a Aylwin?
  Para el demócrata cristiano que está recibiendo un funeral de Estado por haber sido el primero entre los pares, le vienen las palabras del monólogo de Hamlet: “El paciente mérito que recibo hombre indigno”. Aylwin es responsable de la situación y persecución de los militares de Punta Peuco. Pues, la Izquierda ha usado el famoso Informe Rettig para querellarse contra ellos. Dicho sea de paso, el Informe se llamó ‘Verdad y Reconciliación’. Y la verdad, que sido mentira e irreconciliación. Gracias él a los militares de su generación no se les ha respetado la Ley de Amnistía de 1978 y la igualdad ante ley. La misma ley que benefició al grupo terrorista Mir y los indultos a los terroristas del FPMR, que cometieron crímenes desde 1979 hasta 1990. A los terroristas les conmutó la pena de vacaciones permanente en Europa. ¡Tienen que ser difícil cumplir lo que dice la ley! Además, indultó a personas que habían sido condenadas a cadena perpetua. Pidió a la Corte Suprema reinterpretar la Ley de Amnistía.
 Cuando un periodista de La Segunda , que luego fue vocero de prensa del general Pinochet en el senado, le preguntó si había indultado a personas con delitos de sangre, él se enojo. Desde luego que lo hizo y con consentimiento de la Derecha por la paz del país. 
  Una frase célebre que refleja su ignorancia sobre el funcionamiento de la sociedad y de la civilización fue y que a los enemigos de la libertad les gusta: “El mercado es cruel”. 
 También se ha hablado que él tuvo que volver a relacionar el mundo civil y el mundo militar. Más bien, a los políticos con las Fuerzas Armadas, pues no hay olvidar que gran parte de la civilidad apoyó al Gobierno Cívico Militar de las Fuerzas Armadas. Se vio en el respaldo que obtuvo el general Pinochet en el plebiscito, un 46% y luego su funeral, que los medios intentaron minimizar la larga fila. En la última entrevista, que reproduce la revista Que Pasa, a cargo del académico Abe Lowenthal y su ex ministro, Sergio Bitar, quienes publicaron el libro Transiciones democráticas: conversaciones con líderes mundiales, dice lo mismo. Los académicos de la Izquierda crearon la imagen de las Fuerzas Armadas estaba fuera la sociedad, como si fuera un compartimento estanco. De ahí todas las reuniones con los altos mandos de las respectivas ramas armadas. Incluso una que dio en España, pasando por Mesa Diálogo que de diálogo no tenía nada, hasta llegar al papel lastimoso del general Cheyre. El problema en el gobierno de Patricio Aylwin no eran los militares, sino los terroristas. 
 El siempre dijo en sus entrevistas que el general Pinochet jugó un rol importante en la llamada ‘transición a la democracia’. Después de su mandato dijo en una entrevista: “Tal vez la permanencia de Pinochet (durante mi gobierno) ha ayudado a la estabilidad del proceso". Después de 10 años de primer gobierno de la Concertación seguían diciendo que la transición no había terminado: “Más allá de mis diferencias políticas con el general Pinochet, en cuanto gobernante creo que su presencia contribuyó a que no tuviéramos ningún episodio de esa naturaleza en la transición chilena (…) creo que el general Pinochet cumplió bien con su función”. En su última entrevista lo volvió a reiterar, para en esos años no saliese un coronel al estilo del argentino, Aldo Rico. 
  Un hecho clave de su gobierno fue la elaboración del sesgado Informe Rettig de “Verdad y Reconciliación” para investigar los supuestos crímenes ocurridos en ese gobierno de los militares, olvidándose de los crímenes que realizó el grupo terrorista Mir entre 1968 o 1967 hasta 11 de septiembre de 1973 y meses siguientes, que afectó a los comunes de la derecha y de la democracia cristiana. En dicho Informe acuñaron la expresión ‘violencia política’ para exculpar a la Izquierda que optó por la vía armada, instalar una dictadura comunista, como si un grupo de personas estuviesen poseídas, por lo cual no son responsables de sus actos. He dicho, es como decir un virus al estilo de la película Los Usurpadores de Cuerpos se posesiona de las personas de Izquierda. 
¿Cuál es el origen del Informe Rettig? En la última entrevista que le hicieron al ex presidente a señala que a él se le ocurrió: ”La comisión de Verdad y Reconciliación fue formada para investigar los crímenes de la dictadura. La convoqué al principio de mi periodo. Fue fundamentalmente mi iniciativa”. Nótese que esa afirmación, en realidad, es prejuicio hacia los militares como ha sido la tónica desde 1990. Se los pre-juzga por la prensa o por las opiniones que dan los políticos con la etiqueta de ‘violadores de los derechos humanos'. 
  Sin embargo, no es así. Aylwin mintió al país. La realidad es otra. En efecto, cuando fue la huelga de hambre que hicieron los mapuches terroristas que emboscaron al fiscal Elgueta para cambiar la Ley Anti Terrorista , lo cual lo consiguieron, gracias a Sebastián Piñera, el parlamentario de la UDI, Hernán Larraín dijo: “No sé si fue mi impresión, mas las palabras del político oficialista dejan entrever otra cosa. El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas”. Esa es la verdad. Al leer las palabras del parlamentario de la ex derecha sospeche que el peligro en la ‘transición a la democracia’ no fue el Ejército ni las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino los terroristas. Finalmente, mi sospecha salió confirmada con las palabras del diputado socialista Marcelo Schilling en ese período, que nos revela el origen del famoso Informe Rettig: “Alguna experiencia tengo en esto de enfrentar la violencia política de los grupos armados, y quiero decir que si en su oportunidad no se hubiesen tomado medidas como llevar adelante el Informe Rettig, hacer las leyes de reparación y levantar las limitaciones que imponía la ley de Amnistía, todo eso se habría convertido en bandera de lucha de los grupos violentista”. He allí el origen de nuestros infortunios, de las millonarias reparaciones a familiares de las ‘víctimas’ y de la falta de piedad hacia los militares de Punta Peuco. No fue paz, sino que los chilenos y el Presidente de la República fueron extorsionados. Les temió a los terroristas. Ese fue el origen oscuro del Informe Rettig, donde colaboraron de la derecha el filósofo Cristóbal Orrego y el historiador Gonzalo Vial Corra. Según Aylwin, le pidió a Francisco Bulnes, más éste se negó. Encerrar a los militares fue la moneda de cambio de la transición y de la paz social, o sea, extorsionar. Hemos tenido una tregua, hasta que llegó la Nueva Mayoría que desea arrasar todo. No escribo ‘paz’ a secas, porque no es así. En cambio, la expresión ‘paz social’ que tanto le gusta a Bachelet supone amenazar. Desde 1990 la política se ha basado en amenazas, si no se suben los impuestos o si no se hacen las reformas constitucionales, entre otras cosas, se acaba la cohesión social y otras cosas por el estilo.
  Igual vale la preguntarse: ¿Quién está mintiendo: Patricio Aylwin o el diputado socialista? No sé si le pasó por la mente la solución de la Guerra Civil de 1891. Sólo sé basándome en las declaraciones de Larraín y Schilling que la clase política que fueron cobardes. 
   Desde entonces, comenzó la persecución a los militares y la agenda de los derechos humanos desde distintos frentes: el CDE, la oficina del Ministerio del Interior, el INDH y, por último, la subsecretaria de derechos humanos. Las instituciones mencionadas jamás se van a querellar contra los terrorista indultados y amnistiados. 
   Aylwin dejo fuera de la Concertación al Partido Comunista, con todo, se dejó extorsionar por grupos terroristas. Por eso, tanta prisa en indultarlos o cambiarles las penas y que continuaron los gobiernos de esa coalición hasta el socialista, Ricardo Lagos, mientras crearon junto la derecha jueces especiales para investigar y condenar a los militares. 
  Una frase célebre suya: “Justicia en la medida de lo posible”. A decir verdad, injusticia en la medida de los posible.
  Durante su gobierno se subieron los impuestos, como si los pobres no pagaran el IVA. Típico de los demagogos, como si solamente lo pagaran las empresas y los ricos: “por las impostergables necesidades en materia de salud, vivienda y educación, me he visto en la obligación moral de subir los impuestos de primera categoría desde un 10% a un 15% y el IVA desde un 16% a un 18% por un período de cuatro años y por una sola y única vez”. Ese fue su lado social y humanista cristiano del cual tanto ufanan los progresistas. 
  En una entrevista, menciono en forma despectiva a Krassnoff, si gracias a éste sus familiares tienen sus bienes, entre otras cosas.
  El ex presidente Patricio Aylwin fue el responsable del conflicto de La Araucanía. De hecho es conflicto artificial. José Aylwin Oyarzún y el historiador José Bengoa fueron los asesores de la comisión para los asuntos indígenas “Comisión Histórica y Nuevo Trato”. En esa ocasión fue refutada por el historiador Sergio Villalobos. Julio Bazán Álvarez, autor del libro “¿Es mapuche el Conflicto?’ señala el ministro José Antonio Viera-Gallo asumió un “Compromiso de Estado” de entregarle tierras a los mapuches en base al derecho de tierras. Según Bazán Álvarez, no existe tal derecho. En vista de que no había oferta, ya que los propietarios tienen vigente su propiedad inscrita, “el gobierno se ha movilizado presionando a pequeños agricultores para generar un poder vendedor” desde 1990. Asimismo, señala el autor del mencionado libro que la ley 19.253 que creó la Concertación abundan conceptos vagos que no tienen asidero en la realidad: “tierras ancestrales” y “pueblo mapuche”. Con esa desafortunada ley, cualquiera persona de descendencia mapuche o cualquiera con la acreditación de indígena concedida por la Conadi puede solicitar tierras.
   Bazán concluye que el problema en esa región son de dos cosas: “El problema en La Araucanía es un problema de soberanía no de orden público” y “Se han transgredido las normas del estado de derecho”.
    El presidente demócrata cristiano es el responsable del terrorismo y la violencia, pues “la ley generó expectativas de tierras que no se podían tener porque todas estaban con títulos de dominio vigentes. La ley creó aspiraciones imposibles de cumplir. Generó una base, un fundamento, para la activación de los movimientos extremistas, y ese es el núcleo, el origen de la violencia en el sur”.
   Este el legado de Aylwin. Primero, un país dividido en base a la mentira y la venganza. Ni Reconciliación ni Verdad. Segundo, la violencia que hay en la región de La Araucanía.

Javier Bazán Aguirre.
http://simposiolibertario.blogspot.cl/

sábado, abril 23, 2016

LA ARAUCANÍA: NO HAY QUE GENERALIZAR.


Esto algo que he repetido en más de una ocasión: gran parte de los mapuches es contrario a la violencia y rechaza su uso. Hay un dato que es revelador en este sentido: en una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales en La Araucanía, publicada el mes pasado, el 71% de los mapuches señaló que nunca es justificable la violencia. Y este dato merece ser considerado y hay que prestarle atención.
Cuando se cometen los actos de violencia no se debe generalizar en que son los mapuches, porque los involucra a todos de forma injusta. Es oportuno hacer hincapié en que quienes realizan atentados y ataques incendiarios son grupos minoritarios -pero crecientes-, algunos de ellos enquistados en unas pocas comunidades indígenas, y bajo ningún punto de vista se puede culpar a todos los mapuches. Cierto es que los radicalizados son una minoría, organizada y peligrosa, y es por tal motivo que hay que aprender a distinguir entre unos y otros. Es importante remarcar que los violentistas usan y abusan del concepto “causa mapuche” para justificarse, para hacerle creer a la opinión pública que ellos representan a todos los mapuches, cuando eso es un gran engaño: los grupos radicalizados se representan a sí mismos, a nadie más, a sus intereses particulares y para beneficio propio. El mayor daño a la imagen de los mapuches lo hacen estos mismos grupos con su actuar. Basta recordar que Celestino Córdova, un machi, fue condenado a 18 años de cárcel por el macabro crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Ésta debe ser una de las peores deshonras a los mapuches y provino de alguien que se presenta como una autoridad espiritual dentro de los suyos.
Lo anterior no es lo único, porque son muchos los casos de parceleros mapuches que son amenazados y atacados por los violentistas, familias que son dueñas de unas pocas hectáreas que son constantemente hostigadas y amedrentadas por comunidades vecinas que buscan quedarse con sus tierras. La consigna de los grupos radicalizados siempre ha sido “luchamos contra las forestales y la oligarquía terrateniente”, cuando eso es solamente un eslogan falso que repiten para ganar adhesión ciudadana, ya que en el fondo atacan a gente humilde y acomodada por igual.
Otro dato interesante que revela la encuesta es que el 43% de los mapuches apoya a los camioneros y un 60% a los agricultores, quizá los más afectados con los actos terroristas. Hoy se han sumado las iglesias como blanco de la insensatez, cuando la realidad nos dice que dentro de los feligreses que se han visto afectados con la destrucción de capillas hay muchas personas mapuches. Y esto también demuestra que los grupos radicalizados efectivamente mienten con sus consignas, porque con sus ataques buscan convencer que su pueblo rechaza a la iglesia católica cuando en realidad los mapuches son mayoritariamente cercanos a ésta.
Otro punto que debe ser considerado es que hay distintos tipos de violencia ejercida por estos grupos. Existe la violencia ideológica, que es aquélla que atenta contra todo lo que representa el alma del Estado chileno, y que trasunta en escuelas y casas quemadas y actividades productivas atacadas con la finalidad de producir despoblamiento e instalar lo que llaman autonomía. Por otro lado, está la violencia que busca obtener réditos económicos a través del robo de madera, extorsión y abigeato (y que en ciertas zonas está fuera de control). Finalmente, y aquí encontramos lo más paradojal de todo, es que además existe un tipo de violencia incentivada por el propio Estado que premia con compra de tierras a quienes ejecutan y promueven esa misma violencia. La Conadi, en ese sentido, es un organismo que favorece el clientelismo y prácticas poco transparentes, con un presupuesto de 90 mil millones de pesos al año, los cuales son recursos de todos los chilenos que se distribuyen pésimamente en desmedro de comunidades pacíficas y en general postergando a toda la población de nuestras regiones.
En todo lo anteriormente expuesto reside la importancia de diferenciar a los grupos radicalizados de esa gran mayoría de mapuches que está en contra de la violencia. Todos quienes rechazamos los ataques incendiarios, todos quienes queremos la paz en el sur de Chile, todos quienes creemos que sí es terrorismo lo que nos aqueja, debemos hacer el esfuerzo de hacer la distinción entre unos y otros, para de ese modo evitar la generalización que afecta a quienes ninguna culpa tienen de lo que unos pocos irracionales cometen. No caigamos en el juego de los violentistas que buscan aparecer como víctimas utilizando al mundo mapuche para seguir justificando los atentados.

Alejandro Martini Iriarte, Movimiento Paz en La Araucanía.

jueves, abril 21, 2016

PROCESO CONSTITUYENTE "POR LAS MALAS".


Hace justo dos años, Fernando Atria señalaba  que aquello que él llamaba “el problema constitucional” tendría que “resolverse por las buenas o por las malas”. Esa frase tuvo costos importantes en el protagonismo que venía teniendo el abogado respecto de esta empresa voluntarista de diseñar una nueva Constitución. Lo cierto es que aquello que en su momento pareció un exabrupto y fue transversalmente criticado, hoy aparece como una especie de déjà vu. Y es que si lo que Atria intentaba era sacar adelante una nueva carta fundamental -aún pasando por alto las vías institucionales- a través de mecanismos que justifiquen estéticamente la utopía de una elite, entonces, aquello se está cumpliendo.
Claro pues, en el fondo, la presidenta y todo el andamiaje burocrático que ha levantado para impulsar el llamado “proceso constituyente” se ha llenado de vicios, críticas transversales (incluyendo aquellas que vienen desde la Nueva Mayoría), pero además carece de apoyo popular.
Estamos ante un gobierno que pretende convocar masivamente a la sociedad civil a un proyecto medular de toda democracia, como es hacer una Constitución que se pretenda legítima (esa es la crítica fundamental de hecho a la Constitución actual). Pero lo hace a partir de una serie de déficit que obstaculizan su objetivo. Entre ellos, se adjudica un cierto liderazgo de cual carece; la presidenta lleva sistemáticamente casi dos años contando con una amplia desaprobación a su gestión y a sus reformas. Así también, ha maquillado este proceso revistiéndolo de ciertos principios liberales con la intención de legitimar la nueva Constitución comprometida, pero en el fondo no ha logrado convocar a la ciudadanía, no ha logrado encantar a su conglomerado, y sobre todo, el proceso se ha llenado de vicios. Todo esto ha convertido este proyecto–más allá de si se aprueba o no la nueva carta- en un proceso invadido por la fragmentación del escepticismo y la deslegitimación, justo aquello que  siempre evitó.
El “proceso constituyente” -con todas sus deficiencias arbitrarias-  denota un modus operandi típico de los populismos que buscan bypasear la institucionalidad para dar un giro a la hegemonía que se busca derrotar. Sin embargo, hay una particularidad en la forma populista en que este gobierno ha iniciado este proceso, la cual puede hacer fracasar el objetivo final, en la medida que se entiende que el procedimiento es la herramienta clave para validar y  alcanzar dicha meta.
Y es que lo que la presidenta finalmente está haciendo es impulsar un “populismo sin el pueblo”. Es decir, pretende hacer descansar la legitimidad de un proceso que ya es “bien especial” en una supuesta soberanía popular insuficiente que no se pronuncia, o que derechamente se opone al gobierno. En rigor, los agentes sociales que deben canalizar y legitimar un proceso de esta envergadura no existen.
El error del gobierno es pretender centrar en un liderazgo agotado en su capital carismático un proceso que requiere algo más, a saber, un liderazgo articulador, junto con una conexión y complicidad con la ciudadanía, ciudadanía que hoy no tiene en su horizonte de demanda una nueva Constitución, ni se identifica participativamente con este proceso. Nuestra historia reciente debiese servir de ejemplo de cómo terminan empresas políticas que no gozan de más apoyo que el voluntarismo.
Las minorías que veremos en los cabildos no justifican toda esta puesta en escena. En ese sentido, el oficialismo funge una retórica de integración que no es tal, aún cuando haya concentrado grandes esfuerzos en mimar al PC para que le sirviese de aggiorno a su proyecto asambleísta (sus bases dirigenciales serán parte importante de las asambleas). Pues, lejos de ayudar al gobierno, las piochas que el PC le entrega a la Nueva Mayoría le quitan la heterogeneidad necesaria que requiere el proceso constituyente para legitimarse.
En rigor, el gobierno ha tratado de convencernos de que –tal como señalaba Atria- es posible emancipar la política de las trabas constitucionales a partir de una reactivación de la ciudadanía. Aquello, sin embargo, implica necesariamente restituir de investidura a la política, dotarla de un sentido afable para la ciudadanía que hoy no tiene y que la presidenta no transmite. El horno no está para esos bollos, porque precisamente el andamiaje representacional de este gobierno no interpela  a la ciudadanía. Esa era la utopía de Atria, y ese es el error que está cometiendo este gobierno.
Claudio Arqueros.
La Tercera.

lunes, abril 18, 2016

LA CAUSA ANTIMAPUCHE.


Está demostrado que los ataques incendiarios en La Araucanía, el Bío-Bío y Los Ríos no son actos delictivos comunes o “violencia rural”, como dicen eufemísticamente algunos funcionarios. La mayor parte son ataques ejecutados por grupos que responden a un plan político y disponen de dinero y armas.
Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco-Malleco, lo explica en el sitio web Weftun: “Nuestra estrategia es la lucha por la liberación nacional, a través de un proceso complejo y dinámico de la acción directa del control territorial para lograr la recuperación de los territorios y la autonomía”.El sitio luce la foto de un camión quemado y describe el papel de los ORT (órganos de resistencia territorial) y las redes de apoyo. Proclama, además, una consigna transparente: “La resistencia no es terrorismo”.
Lo que Llaitul llama la liberación nacional es ni más ni menos que el separatismo, o sea, borrar la historia de mestizaje e integración de Chile para proclamar una especie de nación racial y culturalmente pura. Dice, además, que el objetivo es derrotar al capitalismo. ¿Y luego, qué? ¿Retroceder a las formas de producción premodernas? ¿Y establecer quizás un régimen predemocrático? Se trata de una mezcla de arcaísmo y utopismo revolucionario. ¿Qué se puede esperar de eso? Calamidades parecidas a las de las experiencias guerrilleras que promovió Fidel Castro en el siglo pasado en varios países de la región, con un inmenso costo humano.
Un ejemplo estremecedor de la “resistencia” fue el crimen de los esposos Luchsinger-MacKay, cometido en enero de 2013. Pues bien, Marta Matamala, presidenta de los estudiantes de la Usach, contó que ha realizado “visitas solidarias a los detenidos por el caso Luchsinger” (La Segunda, 8/04). ¡Visitas solidarias! A ese punto llega el extravío de ciertos jóvenes que se declaran de izquierda.
Queda mucho por hacer para mejorar la condición del pueblo mapuche, pero nadie puede negar los avances logrados en las últimas décadas, de lo cual es una muestra la Beca Indígena que reciben miles de estudiantes mapuches y de otras etnias. Sin embargo, eso no les interesa a los jefes insurgentes. Su afán es echarle leña al fuego y demostrar en Europa que acá hay un Estado policial y que ellos necesitan más plata.
La violencia actual se inició al comenzar la transición democrática, cuando algunos miembros de los grupos armados que actuaron contra la dictadura reemplazaron la revolución socialista por la reivindicación étnica. El paso del rodriguismo al indigenismo fue casi directo. Un rol tortuoso han jugado los académicos encargados de aportar “insumos ideológicos” al fuego purificador (sin arriesgar el pellejo, por supuesto).
Los violentistas dañan en los hechos al pueblo que dicen querer liberar. Creen ciegamente que el fin justifica los medios, como lo demuestra la quema de iglesias. Su poder se basa en la agresión y el amedrentamiento. ¡No representan al pueblo mapuche!
En este cuadro, el Estado tiene el deber de proteger eficazmente al conjunto de la población y asegurar la paz y el derecho en todo el territorio.
Sergio Muñoz.
Analista Político.

sábado, abril 16, 2016

#CAVAL: EL DAÑO NO ESTABA TODO HECHO.


Justo cuando La Moneda había diseñado un segundo plan de reflote de la Presidenta, y para lo cual se le sugirió que partiese ella misma por mejorar su ánimo y semblante  —cosa que hizo–,  le llega quizás uno de los peores coletazos del caso Caval.
En la medida en que este proceso judicial fue avanzando, tanto políticos de la Nueva Mayoría, diríase los más cercanos a ella, y el mismísimo experto en encuestas Roberto Méndez, aseguraron que era imposible que la Presidenta bajase aún más en la percepción popular “porque el daño que le originó Caval ya está hecho”.
No obstante, al conocer los últimos antecedentes que obtuvo el nuevo fiscal del caso, Sergio Moya, el futuro de Natalia Compagnon  –nuera de la Presidenta– se puso judicialmente muy negro y las consecuencias que se avecinan pueden ciertamente volver a tocar a la Mandataria en lo anímico.
Tras un exhaustivo interrogatorio a Mauricio Valero, socio de Compagnon y que está con arresto domiciliario total, herido por el abandono y por el incumplimiento de un pago por parte de su partner, no se guardó nada en una nueva comparecencia ante el fiscal. Su testimonio hizo posible lo que el anterior persecutor Luis Toledo no pudo conseguir y, así, no arriesgar su ascenso a una jefatura en el Ministerio Público.
Cuando a Toledo, aún fiscal regional de O´Higgins, se le consultó por las razones de que uno de los socios, Valero, quedase con arresto domiciliario total y la otra, Compagnon, sólo con arraigo y firma mensual, respondió que “dicha medida cautelar para ella corresponde a lo que se pudo averiguar en la investigación”…
Lo que a todas luces resultaba un contrasentido, lo comprobó poco más de un mes después el nuevo fiscal a cargo de la investigación, Sergio Moya. Con los nuevos antecedentes concluyó que la nuera de la Presidenta “cometió dolo” y la confesión de Mauricio Valero echó abajo su estrategia en cuanto a ella que desconocía las operaciones de la empresa.
Caval emitió facturas por cerca de $170 millones a la sociedad Lo Beltrán y con eso abultó sus egresos, con lo que logró rebajar su base imponible durante los 2013, 2014 y 2015. Esto causó un perjuicio fiscal de $118 millones.
El fiscal Moya comprobó que Compagnon no es sólo representante legal y socia de Caval, sino tenía pleno conocimiento de todas las operaciones, por lo tanto, pudo establecer que actuó “con dolo” al tener conocimiento estas operaciones desde sus orígenes.
Según Moya, “faltó a la verdad, ya que no sólo se reservó información, sino que su versión se vio absolutamente refutada por la de su socio”. Recordó que ella aseguró a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos que “desconocía absolutamente” los trabajos con Lo Beltrán y que no recibió ningún dinero de Saydex, empresa también investigada por sospechosas licitaciones para vender insumos en la salud pública.
Para Moya, ese hecho  —recibir dineros de Sayex–  no constituyó novedad “porque lo sabíamos gracias a los antecedentes incautados”, otro factor que también llama la atención, pues al descubrirse esa nueva arista correspondía un nuevo interrogatorio a Compagnon, lo que no ha ocurrido.
Es presumible que así de sesgada como está la Justicia hoy, la nuera de Bachelet no sea afectada por un mayor rigor de los tribunales. El mayor castigo de estos nuevos coletazos de Caval no los sufrirá ella, sino su suegra, y justo en momentos en que estaba recuperando su look original. Por culpa de “Valerito”  —como lo llamaba cariñosamente Compagnon— la Presidenta ha vuelto a ser castigada en lo más íntimo y, muy probablemente también, por el escrutinio popular.
El daño no estaba hecho del todo.
Voxpress.