miércoles, agosto 24, 2016

LOS INOCENTES DE PUNTA PEUCO.



El principio de legalidad —nullum crimen, nulla poena sine praevia lege y sus exigencias de lex previa, lex certa, lex scripta y lex stricta— es un principio esencial del derecho penal.
Tanto es así́ que, según lo dispone el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede suspenderse en situación alguna, ni siquiera en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.
Este principio —garantizado por nuestra Constitución Política—es gravemente atropellado en los procesos seguidos contra militares y carabineros
cuando los jueces califican hechos delictivos ocurridos hace cuatro décadas como delitos de lesa humanidad.
Para que un delito pueda ser calificado como “de lesa humanidad” debe ser cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, lo que no fue el caso de la persecución de guerrilleros urbanos o rurales o de determinadas personas que cometían atentados terroristas; personas que no eran “población civil”, sino que combatientes de un ejército revolucionario irregular vestidos de civil —lo que es muy diferente— que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución y que cayeron dentro del marco de la guerra subversiva.
Salvador Saieh.

lunes, agosto 22, 2016

COMISIÓN INVESTIGADORA: VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA.



LA COMISIÓN investigadora de la Cámara de Diputados sobre la situación de violencia en La Araucanía concluyó recientemente su informe, el que logró un alto nivel de consenso entre sus integrantes. El documento, que ahora deberá ser conocido por la Sala, es categórico en cuanto hacer ver que el nivel de violencia e impunidad que se vive en la zona es una situación grave e inaceptable, lo que debe llamar la atención no sólo del gobierno, sino de las policías, el Ministerio Público y también de los propios parlamentarios.
El informe de la comisión no se limita sólo a indagar las causas de la violencia, sino que también formula un conjunto de propuestas para resolver la problemática indígena -entre otras, la urgente modificación de la política de entrega de tierras-, cuyas causas son de larga data, y por lo mismo será necesario un acuerdo político entre las comunidades indígenas y el Estado, materia que demandará un esfuerzo de largo plazo. Pero tal acuerdo se verá frustrado en la medida que el Estado de derecho siga debilitado y no se asuma que la violencia está fuera de control. La comisión habla de que los niveles de violencia “son inéditos”, y se deja en evidencia “la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales”.
En el documento se sostiene que al no perseguirse con firmeza los actos delictivos se generan dudas sobre el correcto funcionamiento de las instituciones, dando cuenta además que las inconsistencias y falencias en la persecución del delito sólo han favorecido la impunidad. Asimismo, plantean que algunos casos calzan con los tipos penales descritos en la Ley Antiterrorista. Estas conclusiones deberían ser un insumo valioso para que el Estado asuma sus debilidades en materia de orden público y el gobierno reoriente su política de seguridad en La Araucanía, que hasta ahora ha sido errática. 
Editorial La Tercera.

viernes, agosto 19, 2016

BACHELET GO.



En 2010, las doncellas ofendidas rasgaron vestiduras porque el entonces Presidente Piñera decidió postergar el proyecto energético de Barrancones, entre otras razones, por la presión ejercida por grupos de interés en redes sociales. De hecho, el mandatario anunció la decisión vía Twitter, con falta de ortografía y todo –era que no– asegurando el cuidado de “Punta Choros, Isla Damas y Gabiota” (sic).
En seis años el retozo entre el ejercicio del poder y la presión de grupos de interés ha superado todos los límites de la realidad. La Presidenta Bachelet, que compuso su programa en base a reformas estructurales fomentadas por sectores concretos de la ya desahuciada Nueva Mayoría, hoy –con el apoyo de solo uno de cada cinco chilenos– ha decidido salir a la calle a capturar oportunidades que se vayan exhibiendo de manera llamativa. La máxima autoridad del país y su moribundo gabinete, intentan capturar pokemones guiados por el peligroso diagnóstico del termómetro callejero.
Un gobierno que, al final de cuentas, no ha logrado concretar íntegramente ni una sola de las grandes reformas anunciadas, ha decidido asomarse a la calle y perseguir de manera desesperada un aumento en su puntaje, a cualquier precio y lanzando pokebolas a diestra y siniestra.
La última criatura atrapada por la Presidenta ha sido la anti AFP, que en pocas horas modificó radicalmente el discurso del Ejecutivo respecto de la necesidad y urgencia de abordar la reforma del sistema de ahorro previsional de los chilenos.
Como si no hubiera suficientes flancos abiertos, la autoridad decide escuchar los descargos emocionales de la calle, crear el enésimo comité de expertos y abrazar una nueva causa gelatinosa que juguetea peligrosamente con el futuro de muchos, si no todos, los chilenos.
Para colmo, se toman con descrédito las sugerencias del artífice del actual sistema de previsión, como si fuera alguien que está improvisando. Es un hecho, reconocido por todos, que el sistema de AFP necesita ajustes –más que mal han pasado tres décadas y el país es otro–, pero, ante semejante cirugía, dejar a un lado del debate a José Piñera –caiga como caiga su arrojo– y ridiculizarlo porque habla de Mercedes Benz y Capillas Sixtinas es volver a caer en la trampa de darle solo protagonismo al que hable con slogans coloridos.
La obsesión por atrapar pokemones traslada al Ejecutivo a una realidad paralela, en la cual quien tiene más seguidores en las redes sociales vale más que el que ha dedicado años a estudiar el asunto; el que grite más fuerte es más atendido que el que piensa más profundo; el que muestre un plumaje más colorido captura la atención más que el que entregue datos fríos e incómodos.
Peligroso juego, este del ¡Bachelet Go!
Alberto López-Hermida.

miércoles, agosto 17, 2016

BURGOS Y EL PAÍS DESCARRILADO.


A dos meses de haber dejado su cargo, el ex ministro del Interior Jorge Burgos ha dado a conocer su diagnóstico sobre la naturaleza y significado de los problemas políticos que aquejan al país. Sus ideas acerca de la gravedad de la situación quedan reflejadas en el empleo de una metáfora ferroviaria. En sus propias palabras: “El país se ha descarrilado y hay que ponerlo otra vez en la vía”. Una crisis de confianza, poco énfasis en el crecimiento económico, dispersión de ideas dentro de la Nueva Mayoría, un fenómeno similar dentro de la Democracia Cristiana, influencia desmedida del Partido Comunista en el Gobierno, son todos factores que a juicio del dirigente han contribuido a crear las condiciones políticas actuales, las que equivalen a tener al país fuera de sus rieles.
El quiebre de las confianzas va más allá del ámbito político, puesto que también abarcaría a los empresarios y a la jerarquía eclesiástica, todos los cuales habrían caído, como los políticos, en actuaciones contradictorias con lo que declaran. Solucionar este aspecto, para ir recuperando la confianza, le parece un paso esencial que debe anteceder a cualquier otro cambio. Sin hacer particular énfasis en ello, en su reflexión se distinguen algunas ideas que guardan diferencias con las que había presentado el ex Presidente Ricardo Lagos, pues afirma que las instituciones están más fortalecidas que antes y se respetan y funcionan. La corrupción en Chile no se ha ocultado, sino que gracias al Gobierno y a la oposición, se ha atacado con fuerza, afirma Burgos. No obstante, pese a las discrepancias en las interpretaciones de los hechos recientes, el ex ministro se pronuncia claramente a favor de Ricardo Lagos como la persona que pudiera aglutinar a los partidos políticos en una visión de país que mire algo más lejos de la contingencia. A su juicio, reunir a las corrientes socialdemócrata y socialcristiana en la creación de un gran acuerdo que aprecie la prudencia y la gradualidad y que cuide el crecimiento económico como el instrumento con el cual se podría combatir la desigualdad sería el mecanismo para impulsar el país. 
Desde su privilegiada posición, tanto de protagonista como de testigo directo del funcionamiento del Gobierno, Jorge Burgos pudo observar el desarrollo de la actividad gubernamental, y sus percepciones tienen indudable valor. Concluye él en forma nítida que el nivel de influencia programática que ha tenido el Partido Comunista en este gobierno ha sido exagerado y negativo. Puede ser un actor válido en la política chilena, afirma, pero es más bien una complicación tenerlo dentro del Gobierno buscando fórmulas para lograr cierto predominio interno. Desde las ideas extemporáneas, como la expropiación de empresas, hasta las diferencias valóricas se revela un abismo entre ambas colectividades.  
Todo indica que la convivencia entre la DC y los comunistas ha llegado a un límite en el que resulta casi imposible sostener una acción política común. Las reacciones a sus palabras de los propios comunistas parecen ratificarlo.
Las opiniones del ex ministro despiertan gran respaldo dentro de un significativo sector de los dirigentes de su partido. En tales circunstancias, el pronóstico de Burgos de que la Nueva Mayoría dejará de existir en las elecciones generales del próximo año es atendible. Si bien él reconoce que en la DC hay dos corrientes, los que creen que debe haber una Nueva Mayoría II y los que piensan que esta tiene un plazo próximo a expirar -y la directiva más bien se inclina por la primera-, él impulsa esta última visión y cuenta con amplios apoyos.
La Democracia Cristiana ha sido en Chile un partido de centro, poco proclive a adoptar posiciones extremas. En las circunstancias actuales, atendida la baja popularidad del Gobierno y de sus reformas, parece inevitable que la salida a la crisis pase por grandes acuerdos moderados que logren reencauzar la actividad política. La propuesta de Burgos de iniciar ese acercamiento entre dos de las corrientes que representan el centro y la izquierda debiera interesar a muchos. Si se logra, otras corrientes, como el Partido Comunista, podrían adherir a él o mantenerse al margen.
Editorial El Mercurio.

lunes, agosto 15, 2016

BACHELET SE RINDE.


La presión pudo más y tocó fondo. Agobiada por las encuestas, las críticas, el fuego amigo y los problemas, esta semana la Presidenta tiró la toalla de la ideología, de la retroexcavadora, de la idea de partir de cero, que han marcado su administración. Es de alguna forma el término de su gobierno, al menos como lo habíamos conocido hasta ahora.
El punto de quiebre es la propuesta que anunció esta semana para el sistema de pensiones. Siguiendo el camino inverso de todas sus reformas anteriores, ahora plantea cambios, pero que aseguran la continuidad del sistema, incluyendo las AFP. Y, lo que es más significativo, habla de provocar un “pacto nacional” para concordar la nueva política. Es decir, reditúa la idea de los grandes acuerdos, que fueron el sello de la Concertación, tan denostada por ella misma.
Se trata de un cambio obligado, y probablemente está traicionando sus convicciones más íntimas. Pero sabe que la cosa no da para más. Que le quedan muchos meses en el poder con un país que hace agua por todas partes y un gobierno que se ahoga en el rechazo ciudadano. No podía seguir así. Por eso, de alguna manera, toma las palabras de Ricardo Lagos, en el sentido de que la grave crisis política obliga a llamar a un gran encuentro nacional. Y toma también las críticas de Burgos, quien dijo que la Nueva Mayoría termina con este gobierno, culpando de aquello a la excesiva influencia de los comunistas.
Bachelet nunca reconocerá esto. A Lagos y Burgos los tiene en la lista negra, qué duda cabe. Pero la política es así y su propuesta sobre el sistema de pensiones tiene todos los elementos que pidieron sus “enemigos”. Toma la idea de Lagos en el sentido de buscar un acuerdo sobre el tema. Acepta la crítica de Burgos y se aleja del PC y otros sectores radicales que piden a gritos el fin de las AFP. En suma, es un quiebre radical a su forma tradicional de actuar.
Esta nueva forma de actuar de la Presidenta la obliga a reconfigurar sus alianzas. El primero en apoyarla es el mismo Lagos, quien dice que se trata de una propuesta positiva y sustancial. El primero en bajarse es el diputado Boric, el que plantea tener una diferencia de fondo con la Presidenta, que no hay cambios estructurales y que el sistema de pensiones no da para más.
Bachelet sabe cuál es el costo. Sabe que el acuerdo que propone no contará con el apoyo de los grupos más radicales, sus regalones hasta ahora. Y les da la espalda por una razón simple. Quiere salvar lo que queda de su gobierno. Probar que no es irresponsable ni populista como dijo también esta semana. Y sabe que si no cambia eso es lo que quedará. En suma, se rinde a la evidencia de que la retroexcavadora fue siempre una mala idea.
Ahora, si quiere dar vuelta las cosas, tendrá que ser firme. Sus amigos la acusarán de traición, de abandonar los ideales, de venderse al sistema.En ese camino, deberá recordar que la verdadera traición fue de esos “amigos” que la empujaron por un camino imposible con tal de imponer sus ideas y que les importa poco o nada que ella pase a la historia como el peor gobierno desde que volvió la democracia.
Andrés Benítez.
Rector Universidad Adolfo Ibañez.

sábado, agosto 13, 2016

DESENTRAÑANDO LOS MITOS EN TORNO A LAS AFP.


En las últimas semanas, la demanda por reformar nuestro sistema de pensiones se instaló con más fuerza que nunca en la discusión ciudadana, obligando a la Presidenta Bachelet a anunciar el pasado martes un paquete de propuestas. Sin embargo, en medio de tan acalorado debate preocupa el nivel de desinformación con el que se discuten estas materias, viéndome en la necesidad de desmitificar algunos puntos, en particular aquellos que dicen relación con que: i) las comisiones cobradas son muy caras; ii) las AFP no compiten entre ellas; iii) los fondos se administran al antojo de los dueños de las administradoras; iv) el sistema no tiene un componente solidario, y v) las pensiones que paga el sistema son malas.
Sobre las comisiones cobradas, hay que aclarar que las AFP cobran una comisión que corresponde a un porcentaje del sueldo imponible de cada cotizante, variando entre 0,41% y 1,54% dependiendo de la administradora. Para establecer que las comisiones no son altas, estas pueden ser comparadas con las cobradas por otros sistemas de pensiones en el mundo. Como todos los sistemas tienen estructuras de comisiones distintas, la forma de hacerlas equivalentes es comparar el monto que reciben las administradoras en relación al promedio de los fondos que estas administran. En Chile, las comisiones cobradas alcanzan 0,67% de los fondos administrados, y se ubican, según un estudio realizado por la Ocde por debajo del promedio de la industria mundial de fondos de pensiones que se sitúa en 0,87%.
Respecto de la competencia entre las administradoras, si bien el número de actores se ha reducido considerablemente en el último tiempo, la industria de AFP no sería altamente concentrada según los estándares de la propia Fiscalía Nacional Económica. En efecto, la industria tiene un índice de concentración de 2.061 y de 2.319 por cotizante y fondos administrados, respectivamente, y el umbral para calificarla de altamente concentrada es de 2.500. Por otra parte, las AFP compiten fuertemente por comisiones, disminuyendo estas su valor a menos de la mitad en los últimos 10 años, lo que se ve reforzado por un importante movimiento de afiliados entre AFP, en el último año 465 mil afiliados se cambiaron.  
En cuanto a que los fondos se administran al antojo de los dueños de las administradoras y los trabajadores no tienen opinión sobre esto, la verdad es que la industria de fondos de pensiones es una de las más reguladas. En efecto, existe una normativa de más de 100 páginas, en la que se establece estricta y específicamente en qué pueden invertir las AFP, por cuanto somos todos los trabajadores chilenos los que a través de nuestros legisladores definimos el destino de la inversión de nuestros fondos de pensiones. Más aún, cada inversión que realicen las AFP debe ser realizada en mercados transparentes y a precios que se puedan justificar, no existiendo inversiones realizadas a precios que no sean de mercado y no verificables. La autoridad audita y revisa minuciosamente que se cumpla la normativa, disponiendo las AFP de reales ejércitos de personas abocadas exclusivamente a la revisión y justificación de los precios a los que se realizan las transacciones.
En relación a que el sistema no tiene un componente solidario, se debe aclarar que desde su concepción se fijó un eje solidario para aquellos trabajadores que alguna vez cotizaron. En efecto, se estableció que si al momento de la jubilación no se alcanzaba una pensión mínima, el Estado supliría la diferencia para que todos los pensionados alcanzaran al menos dicha pensión. El costo de esta sería financiado por los ingresos generales de la nación, y recaería finalmente en todos los contribuyentes.
Por último, respecto de que las pensiones que paga el sistema son malas, hay que señalar que las administradoras no determinan la pensión que se paga, sino que esta depende del fondo que logra acumular cada cotizante al final de su vida laboral. Este fondo tiene dos fuentes principales, el aporte realizado por el trabajador mensualmente y el retorno del fondo administrado por la AFP. Según cifras publicadas por la Ocde, las rentabilidades alcanzadas por las administradoras se encuentran entre las más altas alcanzadas por los sistemas de pensiones en el mundo, por cuanto que las pensiones sean bajas no tiene que ver con que las AFP no hayan hecho bien su trabajo, sino más bien con que existe un grupo de afiliados que termina su vida laboral habiendo cotizado muy pocos años y por ende con un ahorro acumulado muy bajo. De hecho, los estudios muestran que para un trabajador que cotiza 25 años o más, su jubilación alcanzaría a más del 70% de las rentas promedio de los últimos 10 años.
Así, es de esperar que la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones considere todos estos elementos y no se base en mitos ciudadanos que son los que mueven al electorado y por ende a nuestros políticos…
Gonzalo Sanhueza.
Economista.

jueves, agosto 11, 2016

GENDARMERÍA: UN MODELO DE DEMOCRATIZACIÓN PARA LAS FF.AA.


En los últimos meses y tal vez como culminación de los variados procesos de retroexcavación, comenzaron a ser agitados, ahora en forma sistemática, los papers con las propuestas financiadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para democratizar la defensa nacional de Chile. El escenario preferido han sido los “Talleres” con motivo del Libro de la Defensa. La expresión talleres va entre comillas porque en realidad y bajo cualquier canon académico, son monólogos; representaciones; ejercicios de democracia o sesiones de adoctrinamiento a un público cautivo.
No hay duda que el “Representante Residente” del PNUD -suena un poco colonial, pero no se dejen llevar por las apariencias- tiene todo el derecho de hacer propuestas y a exigir el cumplimiento de las reformas que acordó con el actual gobierno y cuya promoción financia; pero tampoco puede haber duda que pese a todo, las experiencias nacionales, obtenidas gracias el trabajo y creatividad de los chilenos deben ser adecuadamente valoradas.
En este orden de cosas, el proceso de reforma (democratización) de Gendarmería a lo largo de varios años y próximo ya a su culminación, debe ser considerado como modelo válido y con profunda raigambre nacional para ajustar a las FFAA a las ideas del PNUD respecto a gobernabilidad. En efecto, en varios aspectos se ha avanzado en forma original y notable:
-DEMOCRATIZACIÓN
Este concepto puede ser asimilado al de “Gobernabilidad Democrática” que dispone el PNUD, que en el caso de la democratización de Gendarmería los creativos nacionales llevaron mucho más allá que el organismo internacional.
Por ejemplo, cuando comenzó el infundado escándalo de las generosas pensiones de algunos de sus ejecutivos, el partido de la presidenta recurrió velozmente a requerir información directamente a los directivos de la Brigada Socialista existente en ese servicio. ¿Para qué perder el tiempo interrogando a las autoridades institucionales si se podía obtener información más amplia y con una adecuada “perspectiva de clase” yendo directamente a los miembros del partido?.
Cuando las preguntas fueron poniéndose complicadas, el interrogatorio se desvió a los responsables institucionales teóricamente a cargo del servicio. Ahí quedó claro el sistema de cuoteo que se estableció en ese servicio. Este reparto de cargos por partidos y dentro de ellos por corrientes y sensibilidades fue hábilmente conjugado con el ranking de parentescos, matrimonios y amistades.
Este sistema permite una participación democrática muy precisa y representativa del peso del poder de cada grupo; no más mandos dispuestos por escalafones y requisitos, todo reemplazado por un proceso de equilibrios naturalmente derivado del ejercicio democrático que reflejen el peso político de cada grupo y el resultado de las negociaciones entre partidos de gobierno.
Este sistema, combinado con los sindicatos y su respectiva correlación de fuerzas ahí representadas produce un nivel de democratización inédito en el mundo. No cabe duda que este sistema democrático aplicado a las FFAA producirá iguales o mejores resultados y eliminará de raíz los anticuados conceptos de profesionalidad, especificidad y carrera profesional.
El Servicio Nacional de Salud por ejemplo también ha alcanzado niveles de cuoteo meritorios, por ejemplo, el Sur y Suroriente de Santiago corresponden a los socialistas, el Oriente y Occidente está reservado para la DC, y el sector Norte está en manos del PPD. En términos militares esto podría hacer coincidir con los Teatros Conjuntos o en subsidio, por Instituciones. Como sea, el sistema es positivo pero no alcanza en profundidad a la democratización de Gendarmería y podría ser insuficiente para controlar efectivamente a las FFAA.
– GESTIÓN
En lo que a personal se refiere, la selección de personal por el sistema de Alta Dirección Pública o por avance regulado por una carrera estructurada está obsoleto y de hecho, eliminado. La selección por recomendación impositiva de las autoridades del gobierno de turno y la correspondiente intervención de los partidos políticos refleja mucho mejor el espíritu democrático eliminando la intermediación de burócratas que apenas si son expertos en alguna técnica pero carecen de representatividad popular.
Pero la mejor parte de este sistema de reclutamiento políticamente controlado es que asegura que todos y cada uno de los funcionarios y autoridades, conocedores y subscriptores de las ideas y preferencias del gobierno y con contactos y relaciones personales en su aparato, podrán interpretar con mucho mayor fidelidad las política gubernamentales. Una gestión democratizada de las FFAA facilitará su control estrecho e intrusivo y la consiguiente eliminación de las personas que no se adapten. En este sentido, las únicas competencias válidas en cuanto a democratización la representarían las FFAA Bolivarianas y en menor grado las de Cuba.
La gestión económica tiene que tener prioridades claras, primero las pensiones, especialmente las más altas, luego los sueldos, bonificaciones y viáticos, incluyendo a los que ganan sueldo sin concurrir con su presencia al lugar de trabajo y luego los gastos del servicio. Arreglar los baños de las cárceles es un lujo que Chile no se puede dar. Malpagar a sus directivos políticos sería una grave vulneración a sus DDHH.
Para mantener estrictamente controlada la igualdad en el malestar y la miseria, no se puede permitir que los mismos presos y sus amigos y parientes contribuyan a su bienestar, como sucede con los prisioneros políticos de Punta Peuco. Ese es un escándalo inaceptable.
El tema de las pensiones millonarias que causó tanto revuelo, es sólo un gran malentendido, como lo explicó tan bien la Diputado Yasna Provoste en su intervención durante la injusta y escandalosa interpelación a la Ministro de Justicia en el Congreso. La pensión de $6.000.000 de pesos mensuales que la ex esposa del Presidente del Senado obtuvo en forma relámpago simplemente no fue debidamente explicada y menos comprendida.
Primero, es la ex esposa del Presidente del Senado. ¿Qué querían?, que jubilara con tres chauchas?.
Y segundo, que esa pensión en realidad constituye un “piloto” que muestra gráficamente como serán las pensiones cuando se elimine el sistema de AFP y se lo reemplace por otro de reparto que, sin duda, facilitará el ejercicio de la democracia ya señalado, puesto que agilizará el correcto y rápido reflejo de la militancia y parentescos de cada cada persona en el monto de su pensión.
La separación de personal uniformado del personal civil, con superioridad de remuneraciones de los primeros por sobre los segundos, en razón de los riesgos propios de ejercicio de la custodia de personas con conductas peligrosas, no tiene lógica y de hecho, la práctica democrática de la gestión ya lo eliminó en Gendarmería por la vía administrativa. El uso de un uniforme no puede significar privilegios. Que su trabajo sea peligroso, es un costo sumergido, ya sabían en lo que se metían cuando ingresaron en el servicio, así que ya no es hora de reclamos.
Este problema ya se encuentra resuelto entre los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa que tiene más que justificados su altos sueldos como retribución a su sacrificio por la República. Por lo demás, el trabajo en un ambiente contaminado como el de la Alameda es muy nocivo.
La gestión de mando. En este sentido, tanto el Ministro de Defensa como la Ministro de Justicia han alcanzado la casi perfección en el arte de la elusión de sus responsabilidades. Sólo se enteran de la existencia de problemas por la prensa, se toman varios días en hacerse cargo del tema y sobre todo, transfieren con la máxima habilidad la responsabilidad y la decisiones de acción a alguien de nivel inferior. Elsummun del arte es, en la misma pasada, eliminar a un par de uniformados y basurear a las autoridades que estuvieron a cargo hasta el día antes a la asunción de su cargo.
Una experiencia nacional obtenida con un alto sacrificio personal de los funcionarios cuoteados y con un altísimo costo al erario nacional no pueden ser dejada de lado al emprender una tarea impostergable como es la democratización de las FFAA de Chile.

Fernando Thauby.