miércoles, febrero 22, 2017

VERGONZOSA PROHIBICIÓN DEL GOBIERNO CUBANO.



Al haber impedido el ingreso de Mariana Aylwin a la isla, se confirma que el régimen castrista continúa hostigando gravemente a la disidencia.


EL GOBIERNO cubano prohibió abruptamente la entrada al país de la exministra y dirigente política de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin, quien se aprontaba a recibir un reconocimiento en memoria del expresidente Patricio Aylwin, otorgado por una organización ligada a Rosa María Payá, conocida disidente cubana. Esta agraviante medida fue objeto de un trasversal rechazo político en nuestro país; acertadamente la Cancillería chilena también lamentó profundamente esta situación, haciendo ver que el ejercicio de este derecho no debería ser impedido, y por lo mismo se hará presente a las autoridades cubanas el malestar por esta acción; también se resolvió llamar a informar al embajador chileno en La Habana.
Es positivo que a nivel oficial se haya dado una respuesta contundente a esta acción de amedrentamiento por parte de la dictadura cubana, porque ello permite poner de relieve que las prácticas de hostigamiento hacia las fuerzas opositoras siguen plenamente vigentes, lo que exige su denuncia no solo por los canales diplomáticos sino también en los distintos foros internacionales. La ceremonia a la que estaba invitada la exministra contempla la visita de varias otras personalidades -entre ellas el secretario general de la OEA, quien también sería homenajeado-, lo que no hace sino ratificar que es una política dirigida selectivamente hacia personas que incomodan al régimen.
La medida adoptada por el gobierno cubano es plenamente consistente con lo que han denunciado distintas organizaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos alrededor del mundo, entre ellas Human Rights Watch (HRW), la cual ha denunciado que “el gobierno cubano continúa con la represión a disidentes”. Si bien el régimen recurre menos a las penas de cárcel como amedrentamiento, HRW hace ver que “las medidas arbitrarias de corto plazo como arresto de defensores de DDHH, periodistas independientes y otros se han incrementado dramáticamente en los últimos años”.
La excesiva consideración de varios de los gobernantes de América Latina hacia la dictadura de los hermanos Castro ha permitido que hasta ahora el régimen continúe impunemente con estas prácticas, y los esfuerzos por lograr la apertura comercial del país -principalmente llevados a cabo durante la administración de Barack Obama- no han rendido fruto alguno en materia de libertades civiles. Por el contrario, pareciera que el régimen ha encontrado una zona de comodidad que le permite disfrutar de los beneficios de una mayor integración comercial sin ceder ni flexibilizar los rígidos controles políticos. Es evidente que ello también ha sido favorecido por la inacción de los principales organismos regionales, que simplemente han preferido ignorar lo escandaloso que implica la perpetuación de una dictadura por más de 50 años.
Estos acontecimientos inevitablemente tendrán repercusión al interior de la Nueva Mayoría, abriendo un nuevo foco de fricción entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista; uno de los dirigentes de esta última colectividad, de hecho, tildó como una “provocación” el viaje de la exministra. La defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles debería ser un factor que concitara la unidad en cualquier coalición; por ello es anómalo que convivan visiones tan disímiles al respecto.

Editorial La Tercera.

lunes, febrero 20, 2017

EL PARTIDO COMUNISTA Y TVN.




El presidente del Partido Comunista (PC), de visita en Suecia, manifestó su abierta molestia por el hecho de que el gobierno no pueda usar a TVN para dar a conocer sus realizaciones e hizo ver la necesidad de una reforma constitucional que permita al gobierno contar con esas atribuciones, además de relevar la importancia de que el Estado pueda tener medios de comunicación propios.
Sus dichos generaron inmediatas reacciones de rechazo en el ambiente político, pero sorprende que una instancia como el Colegio de Periodistas -el cual está llamado a defender el trabajo periodístico autónomo y libre de presiones por parte de la autoridad- no haya manifestado su repudio frente a la pretensión de manipular un medio de comunicación del Estado. Es evidente que el solo hecho de sugerir un intervencionismo de esta naturaleza debería ser motivo para poner en alerta a todas las instancias que deben velar por la libertad de expresión, y para estos efectos también sería clarificador que la Secretaría General de Gobierno entregara su visión respecto al planteamiento de uno de los principales partidos de la Nueva Mayoría.
Los riesgos de permitir que los gobiernos se valgan de medios de comunicación en su propio beneficio o para denostar opositores han sido ampliamente documentados en la Venezuela chavista o durante la era Kirchner en Argentina, constituyendo un grave atentado a la libertad de expresión. Por ello es llamativo el silencio del Colegio de Periodistas frente a lo que ha planteado el presidente del Partido Comunista chileno, en lo que quizás pudiera incidir la afinidad de la presidenta del Colegio y algunos miembros de la mesa directiva con el PC, lo que en tal caso supondría una inconveniente confusión de roles.
Editorial La Tercera.

sábado, febrero 18, 2017

BACHELET Y LA "CONEXIÓN BRASIL".


A fines de febrero de 2016, en un vuelo relámpago de sólo horas, se apareció en Santiago la entonces Presidenta de Brasil, la posteriormente destituida Dilma Rousseff. La versión oficial de La Moneda fue que se trató de una visita oficial, pero fue tan expresa que no hubo ceremonias ni cena de gala, apenas una entrevista con Michelle Bachelet.
Más tarde, Rousseff revelaría que fue un viaje privado invitada a dar una conferencia a la CEPAL por su secretaria general, la comunista mexicana Alicia Barcena. Nunca se supo de invitaciones a escuchar su charla.
Llamó la atención que Rousseff abandonase su país aunque fuese por pocas horas en medio de la efervescencia popular y política originada por las acusaciones de corrupción en su contra y que, posteriormente, le significaron su destitución por parte del Congreso.
Rousseff y Bachelet conversaron a puertas cerradas y no hubo versión oficial de lo tratado. Tanto misterio se explica porque en ese momento, el Gobierno de Chile –a través del MOP– le estaba exigiendo a la gigante constructora brasileña OAS el pago de una millonaria indemnización por el abandono de los trabajos en el puente sobre el canal Chacao.
Por contrato, OAS y la coreana Hyundai se aliaron para levantar el puente entre el continente y Chiloé. Todo el trabajo de prospección y cálculos corrió por cuenta de la gigante asiática y cuando llegó el turno de iniciar las obras, la brasileña argumentó estar en quiebra, retirándose del proyecto (2015). El MOP procedió a hacer efectiva las multas e indemnización.
OAS se quejó de este trato a Rousseff y ésta viajó a Santiago para solicitarle a Bachelet “solidaridad socialista” con el mayor financista de las campañas del PT en Brasil y, ahora se sabe, también aportante a la carrera presidencial de la ahora Mandataria.
La revista Veja, que no le ha dejado pasar una sola a los corruptos de la izquierda brasileña, reveló la confesión judicial de involucrados en el financiamiento de las campañas del PT y en la cual se mencionó como beneficiada a la Presidenta de Chile.
En su edición del 1 de febrero, Veja publicó un extenso reportaje titulado “Revelaciones de los publicistas” en el que -los otrora publicistas del Partido de los Trabajadores (PT), José Cavalcanti ‘Duda’ Mendonça y João Santana, revelan que la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet recibió financiamiento de la constructora OAS, investigada por corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas. El publicista Mendonca, que se hizo conocido en Chile por asesorar la última campaña presidencial de Marco Enriquez-Ominami, decidió colaborar con la Justicia de su país bajo la figura de delación compensada.
Reveló, entre otras cosas, cómo las mayores empresas del país interferían clandestinamente en las elecciones de países como Chile y Colombia. La publicación dedica un apartado para describir la relación de ‘Duda’ Mendonça con la política chilena bajo el título “La interferencia clandestina en la elección chilena”.
El artículo de Veja también hace alusión al viaje a Chile que realizó en noviembre de 2013 el ex Presidente brasileño, Lula da Silva, en el que aprovechó de reunirse con la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet.
“En noviembre del 2013, Lula viajó a Santiago en un jet dispuesto por OAS, dio una charla pagada por OAS y se encontró con Michelle Bachelet. En el mes siguiente, un consorcio integrado por la empresa ganó una licitación en el país” (Puente Chacao).
Hasta la fecha, Bachelet había logrado contener, y silenciar, todo lo concerniente al financiamiento irrregular de su campaña, motivo por el cual fue formalizado su ex recaudador Giorgio Martelli. Sin embargo, sus tentáculos alcanzan sólo hasta la justicia chilena, probadamente sesgada y subjetiva en sus percepciones sobre delitos de la izquierda y la derecha, pero, ya sin amigos en el poder en Brasil, estas revelaciones provenientes de dicho país no van a poder ser controladas por ella y su séquito.
De momento sólo se ha limitado a decir que “eso es falso” y que todas sus cuentas de campaña están claras según el SERVEL. Si fuese así, las investigaciones en contra de Martelli y de su ex amigo Rodrigo Peñailillo ya se hubieran  cerrado. Y en cuestión de credibilidad, bien se sabe cuál es la sensación que tienen los chilenos sobre su Presidenta…
VOXPRESS.CL

jueves, febrero 16, 2017

¿Y LA FAMILIA MILITAR?


Cuando se habla de la “familia militar” algunos dicen que son quinientas mil personas y otros las hacen llegar a ochocientas mil, entre personal en actividad y pasivo, con sus respectivos familiares. Pero cualquiera fuere la cifra, el hecho concreto es que no se ha podido conseguir que siquiera uno de cada diez miembros de ella vayan a una notaría a hacer el breve y gratuito trámite de patrocinar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, el único postulante que defiende el legado del Gobierno encabezado por miembros de dicha respetable familia, que salvó a Chile del comunismo, lo sanó de la violencia extremista, lo sacó de la hiperinflación y de la escasez y lo trasladó, de la retaguardia de los subdesarrollados en que se hallaba, a la vanguardia, como el país con mayor ingreso por habitante de América Latina.

          Sabemos que “la familia militar” no pudo impedir la venganza extremista y cada vez más de sus miembros han ido y van a parar a la cárcel, condenados por la prevaricación de la justicia roja, que desconoce los fundamentos básicos de un estado de derecho. Digamos las cosas como son: ha dejado abandonados a sus “caídos tras las líneas enemigas”, que ya saturan el penal de Punta Peuco. Hoy “Chile Informa” nos pone al tanto de que el ministro sumariante rojo del sur, Álvaro Mesa, ha mandado al presidio de Punta Peuco a otros cuatro carabineros (a dos por diez años y un día y a dos por 541 días) porque en octubre de 1973 dieron muerte a un sujeto que huyó cuando lo conminaron a detenerse, en la época del pleno combate contra la guerrilla de izquierda. ¿Prescripción, amnistía, cosa juzgada? No, estamos en Chile, país donde terroristas autores de crímenes sangrientos están libres, son indemnizados y declarados “víctimas”; y los uniformados que los enfrentaron van presos, aunque la ley diga lo contrario. ¿Y la familia militar?

          Hace años, cuando comenzó la prevaricación judicial izquierdista, nos convocaban a manifestarnos a la Plaza Inés de Suárez, un lugar de Providencia donde no era probable que llegaran los comunistas a golpearnos. La primera vez me pidieron que preparara un discurso. Lo hice y lo pronuncié, pero llegó tan poca gente a la manifestación que los bancos de la plaza alcanzaron para que todos estuvieran sentados. Era un sábado después de almuerzo y el 99 por ciento de los miembros de la “familia militar”, y también de la “familia civil” que alguna vez le estuvo tan agradecida, prefirió quedarse de sobremesa en su casa o en la de algún familiar o amigo.

          Pues la “familia civil”, esa que en el ‘73 brindaba con champagne en la calles en homenaje a los soldados que nos habían salvado del comunismo, digamos de nuevo las cosas como son, es peor que la “familia militar”. La vertiente DC de ella (representada por Frei Montalva en persona) ya en 1976 estaba pactando con los comunistas acerca de cómo echar a los militares, porque éstos no les habían dado en bandeja el poder a ellos después de hacer “el trabajo sucio” de eliminar la guerrilla marxista, justamente a raíz del cual ahora aquellos van presos. La vertiente de derecha de la “familia civil” no tiene nada que envidiarle a la DC: llegó al extremo de llevar a la Presidencia de la República a un “kerensky” que pasó a ser coautor activo de la prevaricación de los jueces de izquierda, Sebastián Piñera. Éste triplicó el número de querellas contra uniformados, trasladó a los que había en un penal pasable (Cordillera) a uno peor y hacinado (Punta Peuco) y a través de su Ministerio del Interior interpuso recursos ante la Corte Suprema para agravar las penas de militares ya ilegalmente condenados, transformando condenas de 541 días de presidio remitido en otras de presidio efectivo a cinco años y un día.

Y las últimas encuestas (GDF Adimark) dicen que la derecha, esa “familia militar y civil” que en 1973 brindaba por los militares ahora, en un 68 % votaría por la reelección del segundo peor verdugo de ésta, después de Aylwin, Sebastián Piñera.
          Entonces, ante la falta de veinte mil firmas todavía para José Antonio Kast, a quienes preguntan “¿y dónde está la familia militar?”, bien se les puede contestar: “junto a la 'familia civil' y no va a ir a firmar, porque hay un 68 % de ambas que prefiere votar por el segundo peor verdugo de los militares”.

Hermógenes Pérez de Arce.

martes, febrero 14, 2017

EL FRACASO DEL GOBIERNO.


"Los bomberos se han sacado la cresta, no puedo tener voluntarios trabajando las 24 horas, no doy abasto. Estamos en una guerra. Este es un desastre nunca visto. En Pumanque se ha quemado el 80% de las tierras ¿qué más estamos esperando más bomberos y brigadistas muertos; más campos y casas arrasadas? ¿Dónde está el Estado, la voluntad y la actitud de emergencia? Esto no es una película ¿cómo podemos ser tan light? ¡Mientras nuestra televisión pasa desde esta tragedia al horóscopo!  (Declaración del Comandante de Bomberos de Pumanque,  Cristián López).

Así de categórico fue el juicio del voluntario frente a la tardía reacción del gobierno frente a los 54 focos de fuego, que manos criminales iniciaron en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador, el Maule y el Biobío.

Mientras bomberos y brigadistas de CONAF, junto a Carabineros y el Ejército, más voluntarios civiles (los propios vecinos, agricultores y propietarios cuyos predios, bienes, medios de subsistencia y viviendas era consumidas por las llamas), en La Moneda, Michelle Bachelet sostenía una reunión con el MOVILH a propósito del matrimonio homosexual. Así de erradas las prioridades y así de equivocada la conducta del Ejecutivo, que prefiere la comodidad de la sede del Ejecutivo a hacerse presente en los numerosos sitios amagados por la anunciada "tormenta de fuego".

El nivel central demoró más de 48 horas en decretar el Estado de Excepción, Zona y Estado de Catástrofe, para finalmente concluir en una confesión pasmosa: la ONEMI reconoció su limitación, la falta de medios apropiados y la incapacidad del país para enfrentar el desastre y pidió ayuda y colaboración internacional.

Algunos sostienen que el incendio de Pumanque es el más grande de la historia nacional: en realidad lo fue el de Aysén en 1930: con tres millones de hectáreas consumidas por el "roce" para clarear bosques milenarios.. Pero como sea, aquí naufragó toda la precaria política de emergencias y urge que el Estado, de una vez por todas, asuma la necesidad de planificar políticas de largo plazo ante los desastres que azotan Chile.

Es intolerable que todo, en la actualidad, esté reducido a la ONEMI; una oficina del Ministerio del Interior que carece de los medios adecuados, sin competencia para elaborar presupuestos, sin poder real para unificar todos los órganos que concurren usualmente a estas tareas, sin expertos en número ni atribuciones para establecer una dirección eficiente y eficaz.

Olvidemos a Bachelet quien el 27/F en Chaitén, en Copiapó, Valparaíso y tantos otros lugares de nuestro territorio, destruidos, exhibe una notable incompetencia y distanciamiento de la realidad. Ella no tiene voluntad. 

Esto debiera constituir una política de Estado, basada en completos estudios, planificación y proyectos, basados en nuestra propia experiencia y la de países que cuentan con servicios para tales efectos. 

¡Basta de improvisar! ¡Hasta cuándo! ¿qué candidato se hará cargo de este problema? ¿Cuándo abandonaremos aquel estado de cosas (light omo lo denominó el Comandante de Bomberos) donde lo ideológico aplasta las necesidades reales de miles de chilenos que sufren el rigor de la naturaleza y el daño y la muerte que provocan los criminales de siempre.

DespiertaChile.

domingo, febrero 12, 2017

LA IZQUIERDA A LA DERIVA.



Pareciera que la izquierda chilena todavía no se hace cargo del lastimoso estado en que se encuentra  después de tres años de gobierno de la Presidenta Bachelet. Sus principales banderas de lucha -la desigualdad y la falta de legitimidad de las instituciones- están desgastadas. Carece de liderazgos claros. Está desanimada, aparte de dividida. El gran temor de La Moneda, en orden a que surgiera otra izquierda a la zurda de la Nueva Mayoría, ya es un hecho. Tampoco el sector tiene un diagnóstico certero de su fracaso. No solo eso: ni siquiera ha tomado nota del portazo que recibió de la ciudadanía en la última elección municipal.
Sin embargo, cuando uno escucha a sus dirigentes y precandidatos -el Presidente Lagos, el ex ministro Insulza, el senador Alejandro Guillier- pareciera que la izquierda sigue creyendo que el actual escenario político es el mismo del 2013, cuando el país venía creciendo a tasas superiores al 4% anual, cuando la economía había creado un millón de nuevos empleos, cuando el Fisco aún tenía holguras y cuando Chile estaba dando pasos importante en todos los indicadores de desarrollo e integración social.
Pasaron solo tres años y el actual panorama parece ser el de otro país. La reforma tributaria cumplió con el propósito de proveer mayores recursos al Estado, pero frenó completamente la inversión. Lo que se dijo que no iba a pasar ocurrió: la economía está paralizada. Está claro que la reforma laboral que se aprobó no va a facilitar la expansión de la fuerza de trabajo ni tampoco va a dejar a la estructura productiva en mejores condiciones para responder a los desafíos de productividad e innovación que el país tiene pendientes. La reforma educacional del ministro Eyzaguirre y Revolución Democrática se tradujo en un inmenso operativo inmobiliario y contable que, tras haber consumido gran cantidad de recursos, dejó a los colegios subvencionados donde mismo y a los públicos en una posición todavía más desmedrada y menos competitiva que antes. A pesar del gasto, la educación sigue siendo mala. El país está embarcado en un costoso programa de gratuidad para la educación superior que seguirá consumiendo muchos recursos por varios años antes de estabilizarse, y eso significa que el país tendrá que seguir postergando a los que más apoyo necesitan -los niños que no tienen educación preescolar o que van a malas escuelas- en favor de quienes tuvieron la suerte de llegar más lejos y no siempre pertenecen a los estratos más vulnerables.
Si a lo anterior se agregan las incógnitas que plantea el proceso constituyente abierto por el gobierno -cumplidas ya dos etapas, con bajísima convocatoria, de la hoja de ruta establecida-, lo que se obtiene es un cuadro que ya era malo, y ahora podría volverse incluso más deprimente.
En este contexto, la izquierda, que debería estar dando explicaciones, sigue tratando de dar con las huidizas causas del malestar que observa en la sociedad chilena. Es su obsesión y salta de una hipótesis a otra con destreza de trapecista. Da por descontado que fenómenos tales como la abstención electoral, el desprestigio de los partidos políticos, el aumento de la conflictividad social o el cuestionamiento de las elites dirigentes son parte de una misma cadena tóxica que hay que romper y presume que no bien el país apruebe esta o aquella reforma, o se dé una nueva Constitución -no importa lo que diga-, el malestar se va a transformar en bienestar como por arte magia. Obviamente, es un despropósito. En el voluntarismo envuelto en estas percepciones no sólo hay candor, sino también pertinacia. Lo que la izquierda no toma en cuenta es que todos los procesos modernizadores conllevan de suyo decepciones y desacomodos, conflictos y malestares. Nada es simple, lineal y ecuménicamente exitoso cuando las sociedades crecen. El desarrollo deja con frecuencia heridos en el camino, y lo que corresponde hacer no es detener la modernización -tampoco refundar el país desde cero, como lo quiso hacer esta administración-, sino operar en los márgenes para acompañar y aliviar las tensiones o cargas que las nuevas circunstancias van imponiendo a los grupos más débiles o más afectados. La desafección, el malestar, la sensación de soledad y ruptura -debiéramos haberlo aprendido- es parte del paisaje contemporáneo. Eso no significa que sean manifestaciones irrelevantes o que haya que desatender; significa solo que es completamente ilusorio pretender disiparlas a punta de reformas o de una nueva Constitución.
Héctor Soto. (Periodista).

viernes, febrero 10, 2017

DE FIANZAS Y MENTIRAS.



En esta época de comunicaciones casi instantáneas gracias a internet y a las aplicaciones móviles, el flujo de información que recibimos nos permite enterarnos de cosas que muchas veces los involucrados y el Gobierno no quieren que sepamos o preferirían mantener en las sombras, al menos hasta manejar ciertos “detalles” y “formas” que les permitan acomodar los datos recibidos para que el impacto sea menor, o bien para darles un sentido opuesto al real.
Entre las informaciones que circulan por RRSS en estos últimos meses hay una que ha pasado bastante desapercibida, pero que es impactante: el monto de las fianzas pagadas en los últimos seis meses por los acusados en el caso Luchsinger-McKay para cambiar las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial a la espera del juicio (¡que esperamos se produzca algún día!), es de $70.000.000. Si, leyó bien: setenta millones de pesos. Sabiendo que los acusados están lejos de ser millonarios, cabe preguntarse: ¿De dónde salió esa plata? ¿Quién fue el benefactor? Porque si la persona o institución benefactora de los acusados por el horrendo asesinato de hace cuatro años no puede comprobar la legalidad de ese dinero, estaría incurriendo en una mentira o engaño que constituye un delito.
Y ya que hablamos de mentiras o engaños vuelvo a asombrarme, esta vez ante el doble estándar de los partidarios del Gobierno de la Nueva Mayoría. La cantidad de falsedades a que nos someten a diario es impresionante, tanto que ya ni nos damos cuenta: que el fuego “no se apaga con agua” y que el SuperTanker no pueden maniobrar en nuestra geografía; que la educación pública es la mejor, pero tengo a mis hijos en colegios privados; que la nuera de la Presidenta no usó influencias para hacerse rica; que los incendios no comprometen mayormente la agricultura (ministro del ramo, aunque suene de Ripley); que no hay falsos exonerados; que reniego de Pinochet, pero busco financiamiento político en la empresa de su ex yerno; que la economía es sólida y estamos creciendo.
Y así podemos seguir hasta el infinito y más allá. A pesar de su mitomanía, este Gobierno tiene el desparpajo de acusar de mentirosas y llevar a la Fiscalía a personas que, a través de medios de comunicación o RRSS, se atreven a decir verdades dolorosas e incómodas. ¿Existe el terrorismo en Chile? Sí, incluso el ministro de Interior lo ha reconocido. ¿Fueron provocados algunos de los incendios de fines de enero? Sí, se encontraron pruebas de ello. ¿Puede tener relación el terrorismo que hay en el sur del país con los incendios? Puede: hay que investigarlo.
Citar a declarar a un ex senador de la República y a un dirigente gremial por decir verdades que el Gobierno preferiría ocultar es un símbolo de tiranía que no se condice con el espíritu democrático que esta administración y sus partidarios se ufanan de tener. ¿O será otra mentira?

María Gloria Naveillan Arriagada, secretaria ejecutiva Asociación Gremial de Agricultores Victoria-Malleco.