jueves, junio 13, 2019

¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LAS SIGUIENTES SENTENCIAS?



¿Fusilamientos?, ….Si, fusilamos y continuaremos fusilando mientras lo consideremos necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”.
¿Augusto Pinochet?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara en discurso ante la ONU en 1964.
“El negro indolente y soñador gasta su dinero en cualquier frivolidad o diversión, mientras que el europeo tiene una tradición de trabajo y economía que lo sigue hasta estos lugares de América y lo lleva a progresar”.
¿Donald Trump?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara en Diario de Motocicleta – Notas de Viaje por América Latina”, Che Guevara.
“Mis amigos sólo son amigos si piensan ideológicamente como yo”.
¿Francisco Franco Bahamonde?”
¡No!
Ernesto “Che” Guevara, en “Mi hijo el Che”, Ernesto Guevara Lynch.
“El odio, como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tiene que ser así”.
¿Adolf Hitler?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara en Mensaje del Che a la “Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América latina”, en abril de 1967.
“Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego … atacarlo dondequiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar por donde transite”.
¿Reinhard Heydrich?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara en “Mensaje del Che a los pueblos del mundo”, 1967.
“Les aseguro que si Cristo se cruzara en mi camino haría lo mismo que Nietzsche: no dudaría en aplastarlo como un gusano”.
¿Osama Bin Laden?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara. “Che, el argentino que quiso cambiar el mundo” de Pacho O’Donnel.
“Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar en masa. Es criminal pensar como individuos”.
¿Tomás de Torquemada?
¡No!
Ernesto “Che” Guevara, en “Diario de la Sierra Maestra”.
«Papá, en ese momento descubrí que realmente me gusta matar»
Ernesto “Che” Guevara, en carta pública a su padre(Por 
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viernes, junio 07, 2019

TRIBUNALES SIN VERGÜENZA.



¿Cómo puede el Comandante en Jefe del Ejército expresar "su plena confianza en la justicia", que persigue a un compañero de armas suyo y general en actividad, cuando la prevaricación de los jueces tiene a más de doscientos de sus camaradas en condición de retiro presos en contravención a numerosas leyes?

Los tribunales chilenos no son confiables y los juicios contra militares constituyen una vergüenza nacional. Todo se resume en que el principal activista de izquierda en la tarea de convencer a sus colegas ministros de corte en el sentido de no aplicar las leyes y así  meter presos a militares, Haroldo Brito, haya llegado finalmente a la presidencia de la Corte Suprema y se luzca como uno de los pilares de la institucionalidad en la gala anual de "El Mercurio". 

La propia designación de Brito en la Suprema fue un fraude, porque la izquierda y la DC se habían comprometido con la Alianza, antecesora de Chile Vamos, en un "pacto de caballeros", a que se nombrara primero a Brito, izquierdista reconocido e impulsor de la venganza judicial contra militares, para después designar a Pfeiffer, un juez que respetaba las leyes. Se iban a "parear", uno iba a prevaricar y el otro no. Pero cuando, aprobado Brito con votos de derecha, se presentó el nombre de Pfeiffer, fue rechazado por la izquierda. ¡Cómo se les ocurrió hacer un "pacto de caballeros" con quienes no lo han sido jamás! Así se fue estructurando la mayoría de izquierda en la Corte Suprema, coautora, junto a los querellantes múltiples Piñera-Ubilla, de centenares de condenas de militares contra toda legalidad.

La desvergüenza de la mayoría izquierdista de jueces chilenos es manifiesta. Hasta quedó confesa en el informe 33-2015 ("la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados a esa realidad"), en que reconocían no aplicar las leyes. Hace unos años me tocó enfrentarme en la TV, cuando Piñera todavía no había vetado mi presencia en los medios (pues periódicamente recuerdo su prontuario), con el juez Alejandro Solís, que había impuesto centenares de años de presidio sin fundamento de hecho ni legal al único soldado chileno condecorado con la medalla Al Valor del Ejército después de la Guerra del Pacífico, Miguel Krassnoff, por haber enfrentado en combate y eliminado al principal terrorista chileno, Miguel Enríquez, en 1974.

Fue en el programa "El Informante", de TVN, cuando le enrostré a Solís esa prevaricación, y él dijo textualmente que "Miguel Krassnoff salió con las manos llenas de sangre después de asesinar a Diana Arón, diciendo que era 'terrorista y más encima judía'", lo cual horrorizó a la teleaudiencia. Era un "soplo" que le había dado un extremista desertor, el "guatón" Romo. 

Pero después fui donde Krassnoff y me acreditó, primero, que cuando cayó en combate la dirigenta mirista Diana Arón él se encontraba fuera del país; que, en todo caso, él no pertenecía a la unidad que la enfrentó en ese combate; que ante las calumnias de Solís envió un detallado relato de la verdad a las autoridades de la comunidad judía residente, no obstante lo cual las mismas rechazaron agriamente sus descargos y, más aún, uno de sus representantes, el abogado UDI Miguel Zaliasnik, aparece en Wikipedia declarando lo mismo que el dúo Romo-Solís, es decir, una mentira infamante respecto de su participación en la muerte de Diana Arón.

Si hay algo peor en Chile que los juicios ante tribunales en lo penal, con el procedimiento antiguo aplicado a los militares, son los "juicios por los diarios", también monitoreados por la izquierda. Pero el único condenado en el mayor "juicio por los diarios" reciente, el "caso Cascadas", (pues todos los demás puestos en el banquillo por la prensa, hasta ahora, han sido finalmente absueltos), el ex gerente Aldo Motta, recién ha visto anulada su sentencia por la Corte Suprema y un nuevo juicio debe recomenzar desde cero ¡cuando los diarios ya lo habían condenado!

El escándalo de los ministros de la Corte de Rancagua es sólo la punta del iceberg. Los 6.200 millones de dólares que, hasta 2017, según reconoció la subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, el fisco ha debido pagar a la extrema izquierda para indemnizarla porque los militares le impidieron tomarse el poder por las armas, son parte del resto del iceberg. Han constituido un gigantesco lucro ilegal, al costo de atropellar la Constitución y las leyes, entre ellas las de amnistía, prescripción, cosa jugada, el principio constitucional de legalidad, el principio constitucional pro reo, la presunción de inocencia y demás bases del debido proceso que garantiza a los chilenos la Carta Fundamental, pero no se reconocen a los ex uniformados.

Como, por lo demás, la opinión pública acredita en las encuestas, el Poder Judicial es el más desprestigiado del país después del Poder Político. La gente no es tonta y se da cuenta de quiénes le hacen trampa. Y por eso deja constancia de ello en los sondeos. La prevaricación cuesta a los contribuyentes una fortuna que sólo puede aumentar, pues los jueces están recién comenzando a condenar militares por supuestas "torturas", basados en el escandaloso Informe Valech. Treinta mil sospechosos de terrorismo que fueron interrogados alguna vez, como no podían menos de serlo, y los cuales, ahora sedientos de dinero, se aprestan a cobrar indemnizaciones al amparo de tribunales que han sentado, a través de la burla del derecho, la nueva jurisprudencia del atropello a la legalidad.

Hermógenes Pérez de Arce.

lunes, junio 03, 2019

VIDEO: DELINCUENTES CON COTONA, AMOS DE LOS LICEOS.



El debate acerca de la revisión preventiva de las mochilas de los escolares parece haber tocado fondo: lo ocurrido en un colegio de Puerto Montt, donde un menor ingresó y disparó hacia el interior de una sala de clases repleta de alumnos, tendrá  -por fin- que poner término a la ideologizada negativa de los políticos extremistas que se oponen a cualquiera revisión por constituir una violación a sus derechos humanos.

No resulta comprensible que individuos que se dicen racionales incentiven el empoderamiento de escolares sin su desarrollo completo, inmaduros, descontrolados y adoctrinados que actúan como si fuesen los dueños de los colegios en los cuales dicen "estudiar".

Son cada vez más, y más graves, los disturbios en los liceos municipalizados, emblemáticos o no, de excelencia o no, en los cuales la total y absoluta autoridad dentro del recinto la ejercen los alumnos. Son ellos quienes, por intimidación o matonaje, determinan acaso hay clases, si dedican las horas pedagógicas a "la reflexión" (?), si es tiempo de 'tomarse' las instalaciones y preparar sin disimulo las bombas que lanzarán a la policía que llegará a desalojarlos.

Semanas atrás, a través de una votación públicamente informada, los apoderados y profesores del Instituto Nacional aprobaron que el liceo siguiese siendo masculino, pero de atrás, sin debate mi consultas, sus alumnos resolvieron que  fuese unisex.

Este escenario de total anarquía intraescolar -su violencia callejera, hoy va de yapa- no puede continuar, y ello en respeto a una inmensa mayoría de padres y apoderados que anhelan que el colegio les entregue a sus hijos las herramientas para que, a futuro, sean un aporte a la sociedad, y no una carga ni menos un costo diario para el erario nacional por haber caído a la cárcel.

Sectores de la ultraizquierda -el PC, el PS y el FA- son enemigos de que a los alumnos, "por seguridad", se les revisen sus mochilas al ingresar al establecimiento. Para hacerlo posible, hasta se propuso que tal chequeo fuera voluntario, pero igual el extremismo se opone en defensa de estos precoces delincuentes con cotona o, algunos, con overoles blancos.

Días atrás, en mochilas de alumnos del Instituto Nacional se hallaron mecheros, aceleradores de fuego y combustible en botellas. Dirigentes políticos y parlamentarios que están a su favor ¿tendrán la osadía de calificar dicho material como de uso escolar?

La acción criminal del alumno del Patagonia College de Puerto Montt agravó más el escenario de violencia interna en los colegios, porque la suya no fue una conducta guiada por un aleccionamiento político, sino fue inspirada en una cruenta serie televisiva española. Puede ser éste el preámbulo de la transfusión de violencia desde internet a los colegios, lo que agudiza el problema.

Hay quienes, en su permanente afán obstructivo ironizan que la revisión de las mochilas es un parche estéril para la gran solución que requiere el problema. La violencia escolar y el porte de armas es una grave enfermedad social que, quizás, a estas alturas ya ni siquiera tiene arreglo. Por ello, al menos urge detener la hemorragia
Acceden a la escolaridad menores carentes de una formación familiar, a causa de carencias como hogares destruidos, ausencia de modelos, malos ejemplos paternos o, simplemente, un estado de soledad que les permite hacer lo que se les viene en gana sin control alguno.

Sin excepción, políticos y parlamentarios que viajan se someten sin chistar a los controles de equipaje. Tampoco se quejan de que sus valijas sean sometidas a rayos X y husmeadas por perros detectores de drogas. Muchos de ellos, nos imaginamos, concurren a espectáculos masivos, donde, previo al ingreso, se les revisan los contenidos de bolsos que portan. En todas, absolutamente en todas, partes del mundo existen medidas de prevención, precisamente para evitar lo que se está haciendo frecuente al interior de los establecimientos escolares chilenos.
Nadie, que sepamos, se queja de que se le violan sus derechos humanos.

Un buen número de quienes se oponen a la revisión de mochilas, tienen idéntica finalidad que millones de  apoderados: que su hijos se instruyan en un ambiente de armonía y tranquilidad. ¿Cuál sería su reacción si aquéllos fuesen las víctimas de los bombazos de compañeros y, ahora, más reciente, hasta de las balas?
La Real Academia Española de la Lengua define apoderado como una "persona que tiene poderes o los recibe de otra para que la represente". Llegó la hora en que los Centros de Padres y Apoderados hagan uso de ese derecho y pasen a la ofensiva, ocupen el lugar que les corresponde, y no limitarse a las lamentaciones o, peor aún, a la complicidad.

Según las estadísticas de los propios establecimientos, que llevan un seguimiento en detalles de cada alumno, los delincuentes con cotona no llegan al 30% en Santiago y al 8% en Regiones, y resulta insólito que esa minoría imponga el terror y su voluntarismo, avasallando a sus compañeros, profesores y a los padres y apoderados.
Es tiempo de quienes han construido hogares acogedores y formados a hijos con cariño, hagan oír potente su voz y le hagan sentir su repulsa a los parlamentarios que, por su extremismo ideológico, fomentan esta incontrolable ola violentista intraescolar, que acaba de dejar a un alumno con una bala en el cuello.

Mañana puede ser muy tarde para actuar.

Raúl Pizarro Rivera.

lunes, mayo 27, 2019

BÁRBARA FIGUEROA: UNA CAUDILLA FRAUDULENTA.



Todavía en plena investigación varios episodios de irregularidades y de corrupción en instituciones del Estado, se agrega la gran noticia de que la multisindical más antigua del país ha funcionado ilegalmente durante los dos últimos años.

Para agravar más la situación, el responsable de dicha anomalía es el Tribunal Electoral, dependiente del SERVEL, el que se tomó casi ese mismo tiempo en investigar y fallar sobre la elección fraudulenta que mantuvo como presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, a la comunista Bárbara Figueroa.

Durante el 2016 y el 2017 se produjeron dos actos eleccionarios en la CUT, ambos viciados. Figueroa terminó reconociendo el fraude en el primer proceso, pero igual encabezó una mesa interina, secundada por su vicepresidente Norberto Díaz (DC). Al repetirse los comicios, dos grandes confederaciones de trabajadores se habían desafiliado de la Central, el Colegio de Profesores y la CONFUSAM, ambos, de algún modo, irritados por la alianza de la dirigente comunista con la lista DC, pero básicamente a raíz del fraude electoral.

Fue el Tribunal Electoral del SERVEL el que, apoyándose en los antecedentes de una comisión investigadora de la Cámara, ordenó la repetición el 2017 de la irregular elección del 2016.
Lo ocurrido motivó el éxodo del emblemático Arturo Martínez (PS), quien con fracciones de su partido, formó otro referente, pero sin mayor relevancia.

Fue esa elección fraudulenta la que terminó por atomizar definitivamente a la CUT, dejándola poco menos que  reducida a una representación parcial de la administración pública, generando el nacimiento de una entidad gremial de batalla, impulsada por el Frente Amplio y que debutó violentamente el pasado 1 de Mayo: la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores (CCTT).

En su momento, fue la mismísima Dirección del Trabajo la que denunció ante el Ministerio Público el uso de documentos falsos por parte de sindicatos afines a Bárbara Figueroa. En su resolución anulatoria de la elección del 2016, el Tribunal Electoral consignó que "se declara nula la elección, debiendo dicha organización sindical proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables”.

En la repetición del proceso, el 2017, un 62% votó por la lista “Unidad, Amplitud y Lucha” encabezada por Bárbara Figueroa, proclamándose presidenta reelecta. Pero…dirigentes de la CONFUSAM, del Colegio de Profesores y de la ANEF denunciaron graves vicios de nulidad en la elección de los 45 consejeros nacionales de la CUT.

A nadie puede llamar la atención la tardanza en remediar un fraude, pues el Tribunal Electoral del SERVEL, un servicio público que, bajo el mando del presidente designado por Michelle Bachelet, Patricio Santa María (DC) originó una confusión descomunal en los padrones para las primarias de julio de 2017. Por falta de una adecuada fiscalización en el proceso de refichaje obligatorio de los partidos, hizo posible que personas que adhirieron, en la calle,  a algún tipo de campaña ambiental o animalista, apareciesen como "militantes" y, por lo mismo, estuvieron impedidos de votar en aquella instancia.

Como si lo detallado no fuese lo suficientemente grave, a esta tardía anulación de las elecciones 2017 de la CUT,  permitió que dicha entidad incidiera en innumerables decisiones políticas y laborales resueltas por el Congreso, y fuese permanente interlocutora "oficial" con el Ministerio del Trabajo, con la Dirección del Trabajo y con los empresarios.

Resulta inaudito que esta instancia responsables de las elecciones de entidades públicas no haya reaccionado en el momento en que las innumerables agrupaciones de trabajadores se desafiliaran de la CUT, denunciando, formalmente y con testimonios y pruebas, las anomalías de una un acto  manejado a dedo por la sindicalista comunista. Ésta ni siquiera se inmutó cuando su propio Colegio del cual es miembro, el de Profesores, le diera vuelta la espalda, acusándola de fraude. Es comunista…

Constituye éste un hecho sin precedentes en la ruta sindical del país: la que se suponía la mayor Central multisindical, representó viciadamente a los trabajadores. Los engañó.

El debate que sigue a la sentencia del Tribunal Electoral tiene vínculo directo, primero, con esta instancia del SERVEL, y después habrá que revisar todos los acuerdos públicos y privados, de cualquiera índole, en que intervino y puso su sello esta CUT corrupta de la comunista Figueroa.

Raúl Pizarro Rivera.

jueves, mayo 23, 2019

¡GOOD MORNING, PUNTA PEUCO!: ¡¡¡CASTIGEMOS A LOS MENTIROSOS!!!.



¡¡CASTIGUEMOS A LOS MENTIROSOS!!
¡¡YA ESTA BUENO!!
Ya nos engañaron en el Gobierno anterior del Sr. Piñera, con ofertas de término de los procesos contra los militares y policías en retiro.  Luego, en noviembre de 2017, nuevamente nos prometieron que en un máximo de 100 días solucionaban todas las acciones contra los mismos, partiendo con lo único que se logró, el no cierre de Punta Peuco, pero que en todo lo demás nos engañaron totalmente, por segunda vez, ahora directamente en conversaciones supuestamente serias dirigidas por el actual Ministro del Interior Andrés Chadwick, que, entonces era el Jefe de Campaña y la participación de otros políticos que tienen altos cargos en el gobierno.  Estaban desesperados por salir elegidos, sin embargo, una vez electos olvidaron todo y se esconden detrás del hecho de ser minoría en el Congreso.
¿Qué debemos hacer? ¡Castigarlos! ¿Y cómo hacerlo?
Tenemos una solución y esta está personificada en José Antonio Kast, que si bien no tiene un compromiso cierto de apoyarnos (en esto cambió de opinión), sin embargo, ha demostrado que sus pensamientos y principios son muy similares a nuestra formación al defender lo más altos conceptos que pueden tener los chilenos y chilenas: Dios, Patria y Familia.
Si seguimos estos conceptos, defendemos a Chile y con estos fundamentos y herramientas volverán a sacar a nuestro país adelante.
Escuchemos a José Antonio y, si presenta o apoya a un número determinado de candidatos, votemos por ellos y despreciemos a aquellos candidatos que no nos representan y, sobre todo, nos atacan de todos los bandos.
Ya no estamos para escuchar “cantos de sirenas” de Chile Vamos, nos han mentido y nos vilipendian como quieren.
Ya se aprobó, presentada por el Gobierno y con la poderosa participación del Partido Comunista y la izquierda, la Democracia Cristiana incluida, la Ley de Libertades Condicionales que resultó absolutamente discriminatoria, demostrando que la Justicia no existe para los militares y policías en retiro, solo para la venganza brutal, luego, el Proyecto Ley Humanitaria, que de su nombre no tiene nada, y de partida fija la edad de los adultos mayores para los beneficios (antes eran derechos) a partir de los 75 años, cuando la edad oficial y legal en Chile es de 65 años.  Con estas leyes, lo que iba teóricamente a favorecer, se ha transformado en una CONDENA A MUERTE para los presos políticos, violando, además, todos los Tratados Internacionales, aprobados por el Congreso, por lo tanto, vigentes en la legalidad nacional.
¡No más! Se ha perdido la credibilidad en el Gobierno y en Chile Vamos, sus ambiciones de poder los lleva a mentir y aprovecharse de la inocencia de la Familia Militar y de los chilenos de buen corazón que, aun, agradecen el esfuerzo de pacificación y de democratización de nuestra Patria.
Apoyemos a J.A.Kast y a su gente, parecen ser más honestos de pensamiento y, por último, tienen sus posiciones claras y precisas, están con sus principios valóricos muy claros, defienden la familia y el matrimonio, no aceptan el abuso ni la prepotencia de las minorías sexuales enfermas, defienden la vida y a las personas normales, promueven la honradez política, combaten el “pituteo” y, es de esperar, que si alguna vez llegan al poder no se corrompan en sus conceptos y moral, como le ha sucedido a la mayoría de los políticos que gobiernan y legislan en Chile.
Finalmente ¿Usted sabía que desde el inicio del Gobierno de Sebastián Piñera van 13 fallecidos por enfermedades terminales en los recintos penitenciarios, transformados en mausoleos?  Con estos 13 fallecidos, van en total 36 víctimas de la prevaricación.
Toribio (DespiertaCile.cl)

lunes, abril 29, 2019

BRITO, ABBOTT Y EL "DESASTRE DE RANCAGÜA".



"El silencio otorga" es un refrán que define acertadamente la actitud de la izquierda ante este descomunal atentado a la fe pública que significa la corrupción descubierta en la Corte de Apelaciones de Rancagua. La razón es simple, y la de siempre: su solidaridad política con los protagonistas por ser de los suyos.

Los involucrados y salpicados en el más grande escándalo que se conoce en el Poder Judicial, tienen sensibilidad ideológica o alguna afinidad con la izquierda: el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, si no militante, es adherente al extremismo progresista; Jorge Abbott, Fiscal Nacional, fue designado en dicho cargo gracias al lobby de un senador del PPD; el hasta ahora único ministro imputado, Emilio Elgueta, es simpatizante socialista, el mismo partido del cual es miembro activo el senador Juan Pablo Letelier, operador político de la red corrupta en dicho tribunal regional.

No hace falta un esfuerzo de la memoria para recordar los frecuentes alaridos de la izquierda ante episodios en los cuales  han estado comprometidos personas, personajes o personajillos que no son de sus filas. Está fresca la histérica reacción opositora, tras la muerte del comunero extremista Camilo Catrillanca a manos de un carabinero 'pasado de revoluciones': pidió a gritos que "dada su responsabilidad" debía saltar de su cargo el ministro del Interior. Por la  malversación en el Ejército a raíz  del mal uso de pasajes aéreos y viajes, exigió que "por su responsabilidad del mando" tenía que presentar su renuncia el Comandante en Jefe, Ricardo Martínez.

No deja de ser sospechoso  y contradictorio que, tras la punta del iceberg que salió a flote en la Corte rancagüina, la izquierda no haya hecho escuchar su voz para demandar la responsabilidad del mando. Independiente de que éste es sólo el comienzo de lo que se sabe por décadas acerca de   la descomposición ética y moral del Poder Judicial, este hallazgo en la Corte Regional de O'Higgins es más que suficiente para que, por pudor y por negligencia, tanto Haroldo Brito como Jorge Abbott hagan abandono de sus cargos.

Lo descubierto en la Corte de Apelaciones de Rancagua es un delito de tráfico de influencias y coimas, éstas casi en su nivel más ordinario: fallos y designaciones de tres ministros tenían tarifas. No obstante ello, además del acto delictual en sí, lo obrado tiene un componente político: la simetría ideológica en la adjudicación de cargos y en la orientación de algunas sentencias  favorables a gente de izquierda y, 'en la medida de lo posible', cercanos al  senador socialista Juan Pablo Letelier.

¿Quién izquierdizó al Poder Judicial? En revancha -como lo asegura el Libro Negro de la Justicia Chilena- a la parcialidad de los jueces en ejercicio durante el régimen militar, la izquierda decidió formar magistrados afines a su sensibilidad, y lo hizo desde la Academia de Formación, donde impartía clases Haroldo Brito, reforzando esa misión proselitista desde la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), de la cual fue presidente y un activo gremialista.

Brito considera "suficiente control institucional" el que los ministros visitadores fiscalicen el comportamiento profesional, ético y administrativo de los jueces. A su vez, los magistrados de las Cortes -como la de Rancagua- son evaluados por  la Suprema, que los califican anualmente.

Una ex ministra de la Suprema reveló que, "con suerte", Emilio Elgueta era periódicamente calificado con un 4.0, y comentó que, "no en pocas ocasiones", recomendó su marginación. Sin embargo, continuó en su puesto, apuntalado por un padrino de la masonería en  el máximo tribunal y, básicamente, por su condición de hombre de confianza del senador Letelier.

A solicitud de cuatro magistrados  -a quienes hay que recordar por su integridad-, Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Carlos Aránguiz y Arturo Prado, un Pleno Extraordinario de la Corte Suprema debió pronunciarse sobre la expulsión inmediata de los tres magistrados coimeros, Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Por 9 votos contra 8, se rechazó la petición. Estuvo ausente quien lleva la indagación in situ en Rancagua, Rosa María Maggi.

Antes de esa instancia extraordinaria, el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, intervino públicamente para advertir que "un fallo adverso a los ministros puede afectar el debido proceso"…, un proceso que a esas alturas ya consignaba probadamente la existencia de fallos arbitrarios, tráfico de influencia, cobros en dinero, reuniones privadas con un senador, el retiro de especies comprometedoras desde el tribunal, transferencias bancarias a cambio de nombramientos, retribuciones económicas por parte de abogados de la plaza, todo ello sin contar que la ministra indagadora, en el acto,  anuló sus sentencias, resoluciones pendientes, audiencias y designaciones de jueces y notarios.

Este sólo cúmulo de antecedentes irregulares era más que suficiente para excluirlos de inmediato  del Poder Judicial. Pero con el pretexto del "debido proceso" funcionó  la  solidaridad política, porque, ya a esas alturas, la masonería los había  expulsado.

De habérseles expulsado, lo que correspondía, se hubiera evitado el tremendo absurdo de lo ocurrido en la formalización a Elgueta, a cargo de una jueza de garantía, de rango inferior. Tuvo que imputar a un superior jerárquico, porque, aunque destituido del cargo, continúa siendo ministro y miembro del Poder Judicial.

Así como la Iglesia Católica no tiene porqué solicitar a sus sacerdotes que respeten el celibato, la Corte Suprema no tiene para qué recordar a sus jueces su neutralidad, como lo hizo Brito apenas reventó el escándalo. Tanto la castidad para los curas como la imparcialidad para los magistrados constituyen algo intrínseco  e inviolable. Si el jefe les recomienda "la necesidad de ser imparciales" significa que está consciente de que en su institución se viola su base piramidal.

Brito ha sido inconmovible por esta catástrofe que ha afectado al Poder Judicial  y se desentiende de su responsabilidad, al igual que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en cuya designación jugó un rol clave el senador Guido Girardi (PPD). Gracias a una petición de éste,   recién asumido anunció que "mi misión prioritaria será terminar en breve con los juicios por financiamiento irregular de la política", precisamente en momentos en que arreciaban las amenazas por este motivo en contra de políticos de la Nueva Mayoría.

Reñida con la ética y la moral fue su conducta cuando cambió al fiscal que investigaba a los ministros  corruptos por expresa petición del senador Letelier.
Parte importante de su rol es el funcionamiento normal del Ministerio Público, y resulta que son frecuentes, e innumerables, los casos de enfrentamientos entre sus fiscales, e incluso uno de ellos, Emiliano Arias, lo denunció ante la Corte Suprema, desde donde -coincidentemente- salió indemne.

La ley establece que los jefes, en este caso Brito y Abbott, "deben responder por aquellos hechos y actos cuando causan perjuicio a terceros". Aún más, la norma legal consigna que "son responsables" de las conductas de los trabajadores de su institución. Ambos  han sido indiferentes ante este impresionante atropello a la fe pública, pero ello no es fruto de su respeto al debido proceso, sino un evidente compromiso con una ideología política.

La población quedó perpleja por presenciar a un ministro de Corte sentado en la silla de los acusados, pero la izquierda pareció no inmutarse por tan desoladora imagen. La jueza que debió dejar, a lo menos, con medidas cautelares a Elgueta (viernes 26) no se animó a hacerlo "a la espera de otros interrogatorios", dilatando una decisión por el temor a una futura pasada de cuenta de su jefe máximo, cuando aspire a  ascender.

¡Hasta por un atropello se deja a un ciudadano con medida cautelar! Pero el ministro Elgueta no es un ciudadano cualquiera.

Como si todo ello no fuese suficiente, el más patético reflejo de la complicidad progresista en este atentado a la institucionalidad, fue lo expresado por la diputada comunista Karol  Cariola. Dijo que "mucho más preocupante para el país que lo sucedido en la Corte de Rancagua son los WhatsApp entre Andrés Chadwick y el alcalde de Rancagua"…
Ambos, militantes de la UDI, se comunicaron cuando Chadwick ni siquiera era ministro, para que el edil rancagüino prestara colaboración al fiscal Alejandro Arias, quien no tiene nexos      con la izquierda. "Es injustificable que él aún no haya renunciado al Gabinete por su responsabilidad" manifestó la parlamentaria.

VoxPress.cl

lunes, abril 22, 2019

EL PATRÓN DEL MAL.



Un natural y explicable revuelo originó en el Partido Socialista (PS) el involucramiento de su senador (por O'Higgins), Juan Pablo Letelier Morel, en el escandaloso comportamiento de tres (ex) ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz fueron destituidos de sus funciones y son investigados por tráfico de influencias y cobros indebidos (coimas).
En un Pleno citado extraordinariamente, la Corte Suprema se negó a expulsarlos de inmediato por 9 contra 8 votos…

El senador, alertado por los jueces de que estaban bajo la mira del Fiscal Regional, Alejandro Arias, acudió donde el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para solicitarle que se pusiera fin "a la persecución" a sus amigos. A las pocas horas, la máxima autoridad del Ministerio Público designó a otro persecutor…, Sergio Moya. Poco después se hizo pública una foto donde aparecen compartiendo un almuerzo Letelier y el trío corrupto.

La defensa del senador frente a esa imagen fue exquisitamente estúpida: "qué de malo tiene una cita a vista de todos. ¿Acaso Piñera no tiene fotos almorzando con los Penta?"..

Mostrándose sorprendido por la veloz evolución de los acontecimientos, Letelier argumentó que "se trata de una persecución política en mi contra", lo que fue reforzado, más tarde, por el presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien le dio su total respaldo. Ambos pertenecen a la corriente ·Tercerista" del partido.

Pero ninguno de los dos contaba con que un ex concejal de Rengo (PS), conocedor de las yayitas de Letelier en la Región, le pasaría la cuenta: Sergio Roldán pidió la suspensión de la militancia del senador mientras dure la investigación en la Corte rancagüina, solicitud de la cual se hizo cargo el Tribunal Supremo del partido.
El remezón al interior del PS fue gigantesco, pues puede alterar en lo inmediato el escenario de las candidaturas para la elección de directiva del 26 de mayo. Letelier es "tercerista" al igual que Elizalde, quien está al borde de la cornisa,  empujado por una granítica alianza de las cuatro sensibilidades disidentes para impedirle que continúe a la cabeza de la colectividad. Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y ex titular de la Cámara, es la candidata opositora.

Varios diputados disidentes calificaron duramente el comportamiento del senador, entre ellos Marcelo Díaz, Jaime Naranjo ("estamos pésimamente evaluados por la ciudadanía por este tipo de conductas") y Osvaldo Andrade ("es inaceptable lo que hizo"). Aún más, la UDI pidió una Comisión Investigadora para determinar su responsabilidad.
En el PS dolió doblemente el involucramiento de Juan Pablo Letelier en la defensa de tres jueces corruptos, dado que es hijo de uno de los emblemas del socialismo criollo, Orlando Letelier Solar, ex canciller de Salvador Allende, muerto por una bomba activada por Michael Townley en Washington.

En los 30 años que lleva como parlamentario -diputado y senador-, nunca Juan Pablo Letelier ha sido portador del áurea que distingue a su padre fallecido. Conocido en todo O'Higgins como el "Patrón de la Región", todas las decisiones políticas de los Gobiernos afines, Concertación y Nueva Mayoría, pasaron por su visto bueno. No había cargo por pago de favores en El Teniente que no tuviesen su visto bueno, y molesto porque la (ex) Presidenta Bachelet no lo consultó por su designación, demoró sólo meses en sacar del puesto al Intendente Juan Ramón Godoy, a quien se encargó personalmente de impedirle colocar a seremis de su confianza.

Reconocido, y alabado, por su impresionante red de contactos, debe ser uno de los parlamentarios que más y mejor trabaja en terreno, y por ello que fue designado jefe territorial de la campaña de Alejandro Guillier.
Siendo diputado, 13 días estuvo detenido en el incendiado anexo cárcel Capuchinos -en 2003-  por orden del ministro en visita Carlos Aránguiz, hoy en la Corte Suprema, quien investigó el caso Coimas. Fue condenado por "cohecho y negociación incompatible" en la investigación a la Escuela de Conductores Siglo XXI de Rancagua, empresa denunciada por  fraude tributario y por haberle aportado a Letelier $18 millones para el financiamiento irregular de su campaña. Como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados hizo gestiones para impedir que dicha empresa fuera sancionada por la Subsecretaría del ramo. 

La repatriación de capitales se transformó en uno de sus principales objetivos, y ello para favorecer a su "gran amigo" Carlos Cardoen, con millones de dólares inmovilizados en el extranjero, debido a la venta de bombas de racimo a Sadam Hussein. Incluso, viajó a Washington para hacer lobby a favor del empresario santacruceño impedido de salir de Chile por una orden de captura global de INTERPOL.

Cardoen también lo ayudó con importantes aportes a sus campañas electorales.
El senador también fue salpicado por el caso Caval (2015), tras ser mencionado en un e-mail del arquitecto chileno radicado en México, Álvaro Covacevic, quien manifestó su intención de participar en el negocio inmobiliario de Machalí. Letelier influyó para el cambio de uso de suelo del sector.

Él  nunca quiso acudir a la Comisión Investigadora  de la Cámara, encargada del caso.
La última movida que se le conoce es haber hecho lobby para que Dobra Lusic fuese designada por el Senado como ministra de la Corte Suprema.

Transversalmente, a nadie cabe dudas de que el senador Juan Pablo Letelier es un gran operador político, pero su historial deja en evidencia que su habilidad no la emplea en favor de la Región a la que representa, sino en beneficio personal, de sus intereses y de sus amigos, sean ellos los más feroces corruptos.

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