martes, febrero 01, 2022

UNA CONSULTA INCENDIARIA.

 





Justo para el Día del Amor está programado el inicio de un proceso de consulta ciudadana que puede culminar, probablemente, en uno de los gestos de desamor más grande que conozca Chile.

El 14 de febrero comenzará el despliegue de los “facilitadores” en la Región de La Araucanía para informar -más bien, instruir- a las comunidades mapuches sobre la Consulta Indígena, a la cual se les invitará a participar activamente.

Esta Consulta es un antiguo sueño de las comunidades, hoy en manos del terrorismo y del narcotráfico, por ser independientes, soberanas, con territorio y autoridades propias y desvinculadas del Estado chileno.

En el país, de acuerdo al último censo poblacional, hay 1,6 millones de habitantes que se reconocen de origen mapuche, de los cuales no más de mil forman la guerrilla que desde los 90 inició un movimiento de recuperación de tierras ancestrales, el cual rápidamente derivó en un ente político de extrema izquierda, con apoyo externo. Primero, activistas de la desaparecida ETA española y, luego, paramilitares de las FARC y soldados cubanos se sumaron a las operaciones armadas en la zona sur.

En un principio, sus demandas se restringieron a recuperar los campos que les pertenecieron a sus antepasados y que, ellos, atribuyen a un despojo por parte de las empresas forestales, por lo cual exigen, a balazos, su salida desde la Región. Ni la Justicia ni la CONADI conocen de un solo caso de usurpación por parte de industriales de la madera, pero sí consignan cotidianas tomas y “recuperaciones” (ilícitas) de propiedades privadas, ataques incendiarios a las forestales y asesinatos a inocentes trabajadores por el ‘pecado’ de trabajar en ellas.

Al proclamar la independencia de Chile, en 1814, Bernardo O’Higgins decretó que a partir de esa fecha “absolutamente todos quienes habitan este territorio son y tienen la condición de chilenos”.

Al iniciarse el funcionamiento de la Convención Constitucional, a comienzos de 2021, representantes de las etnias, a quienes se les reservó automáticamente escaños, privilegiaron sus pabellones autóctonos, callaron para la interpretación del himno nacional y discursearon en mapudungún. El idioma oficial del país, y de dicha asamblea, es el castellano.

Fue esa misma Convención la que, además de presionar por el indulto a los delincuentes políticos presos por la revuelta de octubre, priorizó la inmediata instalación de una comisión que se abocara exclusivamente a sacar adelante la Consulta Indígena. Y lo hizo.

En uno de sus artículos se lee que "las comunidades y pueblos/naciones preexistentes que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad".

Ésa es la parte relacionada con la recuperación de tierras, materia a la que, por años, se ha abocado, bien, regular o mal, la CONADI.

De este derecho quedan exentos quedan exentos quienes “voluntariamente” vendieron -legal y formalmente- las suyas.

La voluntad de la Convención es pedir devolución de hectáreas al boleo, expropiándoselas a las empresas forestales, las que en su momento pagaron por ellas.

El senador DC Francisco Huenchumilla, pese a su condición de abogado, es partidario de una devolución de tierras “al ojo”, estimando que son 9 millones de hectáreas las que deben ser reintegradas a las comunidades, pero ¿a cuáles de éstas? El Presidente electo se sumó a este proyecto de “recuperación”, al advertirles a los empresarios forestales que “vayan poniendo sus barbas en remojo”.

Lo tremendamente grave y preocupante en cuanto a esta Consulta es lo sustentado por otro artículo elaborado por la Convención Constitucional: "los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a su autonomía política, territorial, funcional, fiscal y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales". Ese mismo texto, además, propone una serie de artículos transitorios para incorporarlos a la nueva Constitución. Uno de ellos establece que se decretará "el fin a las concesiones mineras, ello en defensa de las etnias del norte.

La Consulta tiene una plataforma internacional, que se sustenta en ordenanzas de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en el artículo 6° del Convenio 169: ” consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

En un apéndice detalla que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la Convención tiene en su mandato “velar por la debida implementación de la participación y la Consulta Indígena durante el proceso constituyente”.

La primera chispa de esta Consulta es la activada por la mismísima Convención Constitucional que, a título propio, se hace responsable de la Consulta, de tal modo que intervendrá descaradamente, como es su característica, en el proceso. Luego vendrá el incendio, y de incalculables proporciones, en el evento de que en este proceso de participación logren una mayoría la independencia política y la soberanía territorial de las comunidades, en particular de las terroristas. Sería una catástrofe para la integración territorial de Chile, un crimen a su identidad nacional y, probablemente, el comienzo de su desnaturalización como nación que ha prevalecido desde 1814.
Raúl Pizarro Rivera.

miércoles, enero 26, 2022

EL PARTIDO COMUNISTA, DE REGRESO A LA MONEDA.

 



Pocas expectativas pero casi una obsesiva y morbosa curiosidad originaron la nominación del primer gabinete ministerial del pacto Apruebo/Dignidad que, se supone, dirigirá los nubosos destinos del país por los próximos cuatro años.


Desde la misma noche del 21 de noviembre, la población asumió que si bien en los terrenos de esta nueva izquierda, como se le ha dado en llamar, las cosechas no son generosas -es cosa de ver la guía de convencionales constituyentes-, el Presidente Gabriel Boric, si bien los quería cerca, no iba a abrirle la llave a la izquierda conservadora, odiada -así de simple- por el Frente Amplio y el PC.


Era, y es, precisamente en ese sector, el de la izquierda de caviar, donde se hallan los políticos más experimentados, con más competencias y de mejor ‘muñeca’ para conducir a un equipo ministerial por tierras tan fangosas como las que le esperan al pacto extremista.


Prueba de ello es que habiéndose negado Andrea Repetto, economista de la nueva ola, para asumir en Hacienda, la nueva generación gobernante echó mano a uno muy antiguo de la vieja generación, Mario Marcel (PS), con años metido en los números fiscales y –hasta el 20 de enero- cabeza del Banco Central. Su designación, de inmediato puso en verde las cifras de la Bolsa de Comercio.


A juicio del amplismo y, aunque con reservas, del comunismo, fue esta izquierda añeja, trasnochada y conservadora la que impidió el avance revolucionario que era de toda lógica que se plasmara con posterioridad al régimen militar. Los politiquitos treitones y cuarentones de esta intrépida y renovada izquierda, aspiran a “recuperar el tiempo” y avanzar como un rayo hacía lo que le llaman “transformaciones profundas”, esto es, cambiarlo todo porque todo lo hecho anteriormente hecho, está malo, no sirve. Desde esta perspectiva, el mazo de cartas ministeriales se enfocó en quienes están en “la nueva onda”, por su asimetría de pensamientos y de aires revolucionarios.


De este equipo, el que más aporta es el Frente, pero a excepción de la SEGPRESS, sólo en carteras sectoriales.


De esa izquierda polvorienta, ésa “culpable de 30 años de retraso”, el Presidente y su grupo asesor privilegiaron al partido que más cerca estuvo de incorporarse al pacto Apruebo/Dignidad antes de las primarias: el PS. En su oportunidad, Boric y su competidor interno Daniel Jadue, invitaron a Paula Narvaéz a subirse a su carro, a condición de que se olvidase del PPD y de la DC. Antes de la primera vuelta, la diputada Maya Fernández y sus adherentes notificaron a Boric que votarían por él y no por su candidata (Paula Narvaéz ).


Tanta devoción e hinchismo fueron premiados en la designación del gabinete: Maya Fernández y el todavía senador Carlos Montes, al margen de Marcel.


El Mandatario electo fue más allá de su promesa de que su gabinete sería paritario, ya que el número de hombres (10) es inferior al de las mujeres (14), ello dado su fuerte apego al feminismo. Se decidió, incluso, por una antigua y muy querida polola suya por años, Javiera Toro, nieta del comunista Carlos Toro, quien fuera Director de Investigaciones de Allende.


Le dio una privilegiada representación a su Frente Amplio -Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes-, desde donde provienen emergentes personajes como Giorgio Jackson (SEGPRES) y Antonio Ávila (Educación).


Oficialmente, en el gabinete hay 8 “independientes”, pero lógicamente ninguno de ellos, neutral.


Consciente de su debilidad en el Legislativo, a última hora, y con el pesar del PC, afianzó la extensión de la fidelidad parlamentaria con un ministro para el Frente Regional Verde, otro para el PR, un independiente PPD y hasta uno para el diminuto Partido Liberal. Un granito de maíz para cada uno.


Boric es consciente de sus limitaciones y, por lo mismo, es una persona receptiva, que escucha y acepta consejos, toda una novedad en La Moneda a partir del 11 de marzo. Prueba de ello es que eligió como du jefe de gabinete a un abogado de su generación y asesor suyo como diputado en materias de DD.HH. y pueblo indígenas. Fue él, Matías Meza-Lopeandla, quien le sugirió que modigerara su tono y sus mensajes para la segunda vuelta.


Un rol tan trascendental como determinante jugó para Boric la ex presidenta del COLMED, Izkia Siches, quien diseñó el puerta a puerta para la segunda vuelta, traspasándole su propia y atemorizante imagen de amenaza a su adversario, al cual se le tildó de “hijo activo de la dictadura”. Fue ella quien revivió el comando electoral y ahora maneja el equipo de instalación del Gobierno.


De fuerte personalidad y con ideas claras de cuál debe ser el rumbo del Gobierno, Izkia Siches, la nueva ministra de Interior será la que maneje los hilos, la que imponga los criterios en la Comisión Política y la que se coordine con la retroexcavadora tripulada por los estratégicos Jeanette Jara (Trabajo), Flavio Salazar (Ciencias) y Camila Vallejo (SEGGOB), tres pesos pesados del Comité Central PC.


Siches fue, por años, militante del PC y activa agitadora escolar y universitaria de las JJ.CC-, lo que le da un plus para sintonizar con quienes aspiran a apurar el ritmo, dialogar menos e imponerse sobre el desorden que caracteriza al amplismo.


Entre 1970 y 1073 fue la última vez que el PC fue Gobierno, instalado en La Moneda y con poder, de tal modo que éste se puede considerar un debut después de casi medio siglo. (Marcos Barraza, hoy convencional, fue solitario ministro comunista en el segundo Gobierno de Bachelet). Consciente de la pugna muy pareja que se vine entre Ejecutivo y Legislativo, el PC advirtió que “estaremos con un pie en La Moneda y con el otro en la calle”, sumándose a la primera protesta contra Boric, apedreando su cuartel general en avenida Condell.



Este primer gabinete de Apruebo/Dignidad no hay que observarlo simplemente con curiosidad y casi con un cariño maternal para descubrir a una hilera de desconocidos, sino hay que mirarlo con el recelo propio que origina el hecho que en su interior hay afiebrados portavoces del terrorismo en La Araucanía, que guardan silencio ante la ola de fríos crímenes de inocentes agricultores; que se niegan a firmar cualquier documento que condene la violencia y que respaldan a Corea del Norte, censuran las rebeliones democráticas de los jóvenes hongkoneses, que estimulan con fervor las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y que son devotos defensores de la “democracia” -la única para ellos- de la Cuba castrista.
Raúl Pizarro Rivera.