viernes, febrero 23, 2018

NO HABRÁ SOBERANÍA MARÍTIMA PARA EVO.



Cada día es mas claro que el juicio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia fue un gusto que se dio Morales, -estimulado por el español Remiro Bretons – en función de sus ambiciones chavistas de ser el presidente eterno de Bolivia.
No resolverá nada, la Corte ya se pronunció (Párrafos 32 y 33 del fallo) respecto a que cualquiera sea la forma en que falle, no está en condiciones de tratar de obligar a Chile a conceder un acceso soberano al mar a Bolivia.
Textualmente dicen:
32. … “La Corte considera que si bien puede asumirse que el acceso soberano al Océano Pacífico es, al final, el objetivo de Bolivia, debe hacerse una distinción entre ese objetivo y lo que es la disputa misma, relacionada pero separada de ese objetivo, presentada por la Solicitud, esto es, si Chile tiene una obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar y, de existir dicha obligación, si Chile la ha incumplido. La Solicitud no pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano”.
Este párrafo es claro: Si el fallo eventualmente fuera favorable a las aspiraciones bolivianas, diría que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. No que declare que Bolivia tiene algún derecho a lo que pide.
33. …“En cuanto a la afirmación de Chile de que la Solicitud presenta una construcción artificiosa del asunto objeto de la disputa, porque la pretensión buscada por Bolivia llevaría a negociaciones con un resultado judicialmente predeterminado y a la modificación del Tratado de Paz de 1904, la Corte recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904. Más aún, si este caso continúa al examen de los méritos, la demanda de Bolivia pondría frente a la Corte las respectivas posiciones de las Partes sobre la existencia, naturaleza y contenido de la supuesta obligación de negociar acceso soberano. Incluso asumiendo arguendo que la Corte decidiera que existe esa obligación, no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación”.
También es claro: El Tratado de 1904 sigue teniendo toda su vigencia y valor y la Corte se abstendrá de indicar algún resultado respecto a las eventuales negociaciones y la Corte no tiene nada que decir respecto al resultado de ellas.
Como Chile a declarado con claridad y reiteradamente que no habrán concesiones de soberanía a Bolivia, territoriales ni de ninguna especie, ahí murió la demanda.
Carlos Mesa periodista y cabeza de la campaña mediática de Bolivia tiene su interpretación de lo anterior:
“La administración de Evo Morales demandó a Chile ante la CIJ con el objetivo de que cumpla sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico”. “Quiero negociar contigo, me comprometo a negociar contigo. Y el compromiso de negociar contigo lo hago con un objetivo, para otorgarte a ti un acceso soberano al Océano Pacífico. Esos dos elementos nos hacen pensar que tendremos un fallo favorable”.
Si eventualmente el fallo fuera positivo para sus aspiraciones, sigue siendo privativo de Chile el llegar o no a acuerdo, y ya sabemos que la respuesta es no. Mas aun, para Chile y para la Corte, el Tratado de 1904 sigue vigente en su totalidad y Chile nunca renunciará a él.
Eduardo Rodriguez Veltzé agente de Bolivia en su demanda, también plantea su idea:
“Una vez se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima, la diplomacia complementará el trabajo orientado a “contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”, “Creo que la diplomacia corresponderá y complementará las actuaciones judiciales y sobre todo destacar que en pleno siglo XXI son este tipo de soluciones diplomáticas, judiciales y ante todo pacíficas las que deben contribuir a reencontrar a dos pueblos vecinos y hermanos”. A juego perdido vuelve la tonada de la vecindad y la hermandad que Morales lleva desconociendo por años y a nivel mundial.
– Otro diplomático boliviano que no quiso dar su nombre, explicó: “Bolivia ha pedido a la corte que se establezca que existe una obligación de negociar y que Chile cumpla esa obligación de negociar sobre el tema del acceso soberano al mar. Lo que no ha dicho es cómo debe ser ese acceso, eso es obvio, pues el mecanismo debe ser el resultado de la negociación”.
Según el boliviano, el asunto no es SI Chile le dará o no acceso soberano, lo da por hecho, sino CÓMO será ese acceso. Pero no hay tal acceso soberano, Chile no lo dará, es decir, volvemos a lo mismo del último siglo.
– “Según la misma ex autoridad paceña, los énfasis de los alegatos bolivianos estarán puestos en el alcance de la obligación, el tema de la buena fe y en los plazos para que esta negociación se lleve a cabo.
El trabajo de los ex cancilleres Javier Murillo y Gustavo Fernández ha sido fundamental para reforzar los esfuerzos que desde el año pasado realizan el agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el abogado español Antonio Ramiro Bretón, para convencer al Presidente Evo Morales de que no siga insultando a Chile y su gobierno”.
El español Bretons señala que “Hoy está en manos de los políticos y la diplomacia abrir una oportunidad que permitirá tender puentes y volver a sentarnos, mirarnos y buscar soluciones posibles con afecto, amplitud y generosidad, incluyendo las preocupaciones de todas las partes, incluso las del vecino Perú”.
Es una pretensión fuera de lugar, extemporánea, antojadiza y sobre todo a contrapelo de lo que significó la demanda misma. Recordemos que el ambiente de generosidad y buena voluntad del gobierno de Chile y de buena parte de sus ciudadanos antes de la demanda fue aventado y dilapidado por Evo Morales, en beneficio de su populismo chavista.
Según la prensa boliviana, “los abogados extranjeros encabezados por Bretóns, el agente Rodríguez Veltzé y algunos ex cancilleres, como Fernández, son partidarios de retomar el diálogo con Chile a partir de propuestas pragmáticas, graduales, de mutua conveniencia para ambos países, alejadas de las posiciones maximalistas que ha planteado el gobierno de Morales de exigir soberanía a Chile”.
Esas eran las intenciones de Chile antes del portazo de Evo. Esa oportunidad pasó y quedó atrás. Es hora de pagar el precio de tanto comportamiento ofensivo e incivil.
La inconsecuencia final. Según la misma prensa: “Este es un proceso largo, que va a tomar tiempo, y en el que hay que evitar los reduccionismos que terminen por bloquear las negociaciones”. “No se trata de blancos y negros, hay que buscar aproximar, se pueden encontrar soluciones a medio camino, señalan varios de ellos”.
Dado que las únicas expectativas medianamente cuerdas de lograr sus aspiraciones son buscar la buena voluntad de Chile para que les de lo que piden, el camino recorrido ha sido un fiasco y Bolivia se encuentra mas lejos que nunca del mar, todo gracias a Evo Morales.
Es decir, aquí no ha pasado nada.
Morales no puede pedir “buena fe”, su comportamiento hacia sus propios ciudadanos, hacia la oposición a su gobierno y hacia Chile; lleno de mentiras, tergiversaciones, volteretas y maniobras antidemocráticas e ilegales, lo sindica como el epítome de la “mala fé”, por lo demás, su ciudadanía ya le negó su pretensión de poder ser re re re elegido.

Marcelo Thauby.

miércoles, febrero 21, 2018

BACHELET Y LA IMPORTACIÓN DE HAITIANOS POBRES (VIDEO).


“Si llegamos acá es porque así lo estableció Bachelet cuando fue para el terremoto. Para entrar y tener visa con contrato de trabajo es necesario unos 3.500 dólares, ir a la oficina y te lo dan, así llegamos todos”

Esta es la confesión de inmigrante haitiano al diario Austral de Temuco.

www.https://tinyurl.com/y8ed5xon

Si esto es así, y por lo visto lo es, estamos frente a un acto provocado por el Estado de Chile, lo que se llama una política pública. Estamos importando pobres ¿A quiénes les conviene? Pues ya lo sabemos, a los políticos populistas, especialmente de izquierda, a los siniestros jesuitas que encabezan la promoción de esta invasión y la defensa de unos supuestos derechos de los recién llegados, a los empresarios de ciertos sectores donde ya no es posible encontrar mano de obra nacional, y por supuesto, a los fanáticos de los Súper 8, que ahora pueden encontrar en casi cada esquina de la ciudad, incluyendo semáforos y autopistas.

Es una operación orquestada de transgresión a las leyes chilenas. Ningún organismo público encargado de este tema se pronuncia. La orden viene desde muy arriba, qué duda cabe.

En este video también se analiza esta locura:


MÁXIMO.

lunes, febrero 05, 2018

LA ARAUCANÍA: IMPUNIDAD Y DESAMPARO.



La pugna que enfrenta a Carabineros y el Ministerio Público a partir de la denominada “Operación Huracán” no ha hecho más que agudizar la sensación de desamparo con la que conviven a diario las víctimas de la violencia terrorista en La Araucanía.
El episodio debilita de sobremanera la ya frágil institucionalidad que existe para enfrentar este problema en una región altamente vulnerable en términos de seguridad pública y desarrollo social. Desamparo al que se suma como cruel acompañante la impunidad, porque los actos violentos continúan ocurriendo sin que los responsables sean sometidos a los tribunales de justicia. De hecho, en días recientes ha habido varios ataques donde los afectados constataron una escasa coordinación y efectividad en el trabajo de las policías y la fiscalía.
Tratándose de un problema de larga data, debiese haber avances sustantivos en este tema sobre la base de la experiencia y las lecciones que se han podido extraer de los errores cometidos. Pero, al contrario, lo que se observa en la práctica es un severo retroceso tanto en los resultados alcanzados para lograr la paz y un mayor bienestar social en La Araucanía, como en la confianza de sus habitantes en los organismos responsables de enfrentar esta compleja situación.
Lo más grave de todo es que el principio de libertad se desvanece amenazado por la coerción a la que están sometidas un número importante de personas de la región atemorizadas por los altos niveles de violencia a los que están expuestas. Estos chilenos no sólo son víctimas de los grupos terroristas que operan en esa zona, sino que también del Estado, que con su ineficacia ha sido incapaz hasta ahora de brindarles la seguridad que les garantiza la Constitución.
La falta de respuesta oportuna para abordar esta problemática convierte cualquier medida que se implementa en un mero recurso paliativo que en nada alivia el drama instalado en esa región. El recelo incubado entre las dos principales instituciones destinadas a investigar los delitos cometidos en esa zona no será fácil de superar, con los perjudiciales efectos que ello supone en los intentos por acabar con la violencia en La Araucanía.
Como el actual gobierno va de salida, es evidente que a esta altura no tiene la capacidad ni la voluntad para hacer frente a la crisis que se está registrando, por lo que será responsabilidad de la administración del próximo Presidente encarar este problema de manera decidida, teniendo como primer desafío restituir la confianza perdida de los ciudadanos en la labor que realiza el Estado en la región (autoridades, policías y sistema judicial).
No se puede perder de vista que el problema en La Araucanía es multicausal, y por lo mismo, muy complejo de manejar, con dos dimensiones centrales que se deben abordar de manera conjunta y mediante una política de Estado que sea continua, y que se proyecte más allá de los gobiernos de turno. Porque es claro que sin paz social no podrá haber desarrollo social en esa zona; y de igual forma, sin avances en lo social resultará más difícil desactivar la violencia.
El gran desafío que tenemos como sociedad en este tema es llegar a confluir en una mirada común sobre cómo debemos abordar y resolver los problemas de La Araucanía, restituyendo en primer lugar el Estado de derecho, y ofreciendo a la vez mayor desarrollo y mejor calidad de vida a sus habitantes. En esto no podemos seguir fallando como país.

Pablo Terrazas, secretario general UDI.

lunes, enero 29, 2018

EL HURACÁN DE LA ARAUCANÍA. (FISCALÍA VS. DIPOLCAR)



Carta enviada al Diario Austral de Temuco.

Señor Director: En los últimos días, la opinión pública nacional, ha sido ampliamente informada del fuerte "huracán" que está afectando a dos determinanes instituciones del Estado de nuestro país, Poder Judicial, en lo que respecta a la Fiscalía Regional y Carabineros de Chile, Dirección de Inteligencia. Sobre ello, casi nadie ha dejado de ofrecer su opinión y, en forma ampliada, no si tan objetiva, a través de los diversos medios de comunicación nacional. En esta razón, que me lleva a exponer algunos puntos de vista, que el apasionamiento partidista, muy probablemente no nos ha permitido apreciarlo con la objetividad que este relevante tema se merece.

Primero, que mientras no se confirme algunas de las aseveraciones que hasta hoy se han ventilado.

Segundo, nadie ha destacado que todo este huracanado caso, se destapa justamente, sólo después de que Carabineros, a través de un documento con categoría de secreto, informa a la Fiscalía Nacional, que el fiscal Luis Arroyo de habría inhibido de adoptar medidas en contra de la abogada Mónica Palma Martínez, investigada por las filtraciones desde la Fiscalía y la Agencia de Inteligencia (ANI) a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) DEBIDO A QUE AMBOS MANTENDRÍAN UNA RELACIÓN SENTIMENTAL, de la condición que ella sea, situación que es aún objeto de una investigación por el Fiscal Aysén.

Tercero, que la diligencia de allanamiento practicado por la Fiscalía a dependencias de la Dirección General de Inteligencia de Carabineros, obviamente debía ser inicialmente impedida, de conformidad a lo que establece el Art. 209 del Código Procesal Penal, el que indica que los allanamientos en lugares especiales como "lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares", se deberá avisar con 48 horas de anticipación. ¿Esto lo ignoraba el fiscal, o sólo pretendió intencionalmente agregarle más leña al fuego?

Cuarto, no deja de llamar profundamente la atención, la celeridad con la cual la Fiscalía presenta su intención de no perseverar en la Causa que motiva este delicado problema, lo que será resuelto este miércoles por el Juzgado de Garantía de Temuco. Y, en lo que debería ser la parte más importante de todo, ¿qué pasa con las víctimas del hecho terrorista investigado? Buena pregunta, pero de ello, a nadie le importa.
Atentamente
ALEJANDRO CARRASCO ARÉVALO.
Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Cautín 1991-1992.

domingo, enero 21, 2018

PONTÍFICE FRANCISCO Y SUS PRUEBAS PAPALES.



Francisco decidió poner término a su visita al país con una señal política sin precedentes: informó a Chile que, según su convicción, los testimonios de las víctimas que apuntan al encubrimiento del obispo Barros de los abusos cometidos por el padre Fernando Karadima son simplemente “calumnias”.
En los hechos, es la primera vez que un Santo Padre cuestiona la idoneidad ética de los testimonios entregados por víctimas directas de abusos, acusando no solo un posible error o falsedad, sino la intención deliberada de mentir buscando con ello dañar a un inocente. Para el Papa, entonces, el padre Barros sería en este caso la víctima y los denunciantes, los victimarios de una imputación sin base o carente de “pruebas”.
El Pontífice ha sentado así un nuevo precedente: el testimonio de las víctimas de abusos ha perdido toda validez en sí mismo; para Francisco, ahora se requiere que dichos testimonios, por numerosos y verosímiles que parezcan, vayan acompañados de pruebas materiales difíciles de imaginar, salvo en los casos en que las víctimas hayan podido registrar el abuso a través de un medio de audio o visual, o hayan dejado alguna constancia de daño físico directo, el cual tampoco es fácil atribuir a un autor en particular.
En síntesis, los testimonios de las víctimas o de los testigos no tienen para el Papa ningún valor probatorio en este tipo de casos. Las víctimas pueden mentir y calumniar, aún cuando, como ocurrió en la investigación judicial sobre los delitos cometidos por Karadima, la jueza llegara a la convicción de que los testimonios entregados eran verosímiles y consistentes; testimonios que incluyeron descripciones nítidas sobre el rol de cómplice o al menos encubridor del actual obispo Barros.
La exigencia de “pruebas” efectuada por el Papa resulta al final doblemente insólita: por un lado, ya que instala por primera vez un manto de duda explícito sobre el testimonio de las víctimas; también, porque en casos donde las pruebas han sido categóricas y se han aplicado incluso sanciones judiciales o eclesiásticas, igual la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido conductas de defensa y solidaridad con los victimarios. Sin ir más lejos, el recién fallecido ex Arzobispo de Boston, Bernard Law, debió presentar su renuncia al cargo debido a que las evidencias respecto a su sistemático encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de su arquidiócesis eran abrumadoras.
Pero en ese caso las “pruebas” tampoco fueron suficientes: el ex Arzobispo Law fue acogido por las murallas del Vaticano; se lo mantuvo luego de su forzada dimisión como integrante del Colegio Cardenalicio y de la Congregación para los Obispos. Y finalmente, su funeral fue realizado en la basílica de San Pedro con todos los honores y la presencia del propio Papa Francisco. En síntesis, el problema aquí nunca ha sido la falta de pruebas. Es más bien la enorme complicidad institucional, el silencio, el sistemático encubrimiento realizado por una estructura de poder, con clara conciencia de que lo todavía escondido bajo sus sotanas, es muchísimo mayor a lo que hasta ahora ha sido obligada a reconocer.

Max Colodro.

jueves, enero 18, 2018

BACHELET: ODIANDO HASTA EL ÚLTIMO DÍA.



La presidenta Bachelet está aprovechando tanto la venida del Papa como el reconocido atributo chileno de no entender lo que se lee para hace un último aporte de odio en su mandato. Bajo el titular de “El Mercurio” de hoy “Presidenta firma proyecto para otorgar beneficio de arresto domiciliario en causas de lesa humanidad a reos enfermos terminales” (pág. C 8), propone normas para todo lo contrario: dificultar o impedir que los Presos Políticos Militares (PPM), por enfermos o enajenados que estén, puedan  dejar el penal.

          El Papa en su visita ha hecho caso omiso de ése, el mayor escándalo de atropello a los derechos de las personas que tiene lugar en nuestro país, aprovechando que no hay nadie que tenga el coraje de hacer manifestaciones públicas ni levantar pancartas en favor de los PPM.
         
          En esto hay una tácita complicidad izquierdista entre la Presidenta y el Pontífice, que tienen otros puntos de vista en común, entre ellos su condena del dinero, como destacara Michelle Bachelet cuando se anunció la visita del Santo Padre. Pero el columnista de “El Líbero”, Alfonso Ríos Larraín, entonces citó, a ese efecto, el siguiente trozo del libro más influyente en los Estados Unidos, aparte de la Biblia, “La Rebelión de Atlas”, de esa rusa de origen y genio contemporánea, Ayn Rand:

"La persona que vendería su alma por una moneda es la que proclama su odio al dinero. Y tiene buenas razones para odiarlo. Voy a darte una pista. La persona que maldice el dinero lo hace porque lo ha obtenido de forma deshonrosa; la persona que lo respeta, lo ha ganado honradamente. Aléjate de quien te diga que el dinero es malvado: tienes cerca un saqueador. En el comercio humano, el único sustituto para el dinero es una pistola. Y entonces la sociedad se deshace, envuelta en ruinas y carnicerías".

Como última gota de odio de su gestión, ahora la Presidenta quiere dificultar la posibilidad de que los PPM ejerzan su derecho a un indulto o a los beneficios carcelarios. Por eso su proyecto declara improcedente el indulto particular para ellos. Además, priva del carácter de “derecho” la obtención de beneficios carcelarios como permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena, de los cuales ya, pero hasta ahora ilegalmente, se les ha privado. Por añadidura, añade requisitos adicionales e imposibles de cumplir para los PPM que postulen, como los de que “aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales de la misma naturaleza (“crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”) y que demuestren su arrepentimiento”, a sabiendas de que la mayoría de ellos han sido condenados por meras presunciones arbitrarias y a veces sin haber visto en su vida a sus supuestas víctimas. En otras palabras, no pueden aportar antecedentes que no tienen ni arrepentirse de hechos en que no han participado, lo que es una forma de negarles los derechos carcelarios.

          Y en un clímax de cinismo, el mensaje del proyecto dice que es “una forma de seguir avanzando en la creación de las condiciones indispensables para alcanzar la verdad, una efectiva paz y reconciliación nacional”, en circunstancias que es la izquierda que ella personifica la que se opone a toda reconciliación, manteniendo la persecución ilícita contra quienes fueron convocados por los políticos democráticos en 1973 a enfrentar al extremismo que pretendía tomar el poder por las armas, este último hoy no sólo perdonado, sino tampoco perseguido y, peor aún, generosamente indemnizado con no menos de 400 millones de dólares anuales en beneficios, pensiones e indemnizaciones que pagamos los contribuyentes.

          Yo he declarado mi “vergüenza de ser chileno” por la inmoral e ilegal persecución a los PPM, en un blog anterior del 5 de enero, al cual los lectores, silenciosamente, le han triplicado el número habitual de lecturas. Es que existe una poderosa pero subterránea conciencia de que un odio inmoral se ha impuesto en nuestra sociedad, del cual la Presidenta quiere exprimir y derramar hasta la última gota en lo que le queda de su mandato, sabiendo que para ello goza de impunidad y complicidad garantizada de sus oponentes políticos, del resto de la sociedad y, ahora, también del visitante Papa.


Hermógenes Pérez de Arce.

lunes, enero 15, 2018

LA FRIALDAD PAPAL CON SEBASTIÁN PIÑERA.



Entre tanta agitación relacionada con la visita del Papa Francisco a Chile, ha pasado a un segundo plano la inexistencia de una reunión privada con el presidente electo, Sebastián Piñera. Si bien van a poder encontrarse en el marco de una reunión de Su Santidad con académicos e intelectuales en la Universidad Católica, no reviste el grado que debiera tener el encuentro entre un jefe de Estado como el Vaticano y una autoridad electa.
Desde el punto de vista protocolar, es un desaire claro que ha puesto muy incómoda a la derecha. Cuando se planificó la visita del Papa, era evidente que Chile tendría en ese momento dos presidentes, pues habría concluido la segunda vuelta. La oportunidad pareció incluso un buen momento, para así poder construir relaciones con el gobierno que viene. Pero en la planificación, las cosas fueron distintas. Junto con la ausencia de una reunión con víctimas de abuso por parte del clero, se suma el ninguneo a la derecha. Más aún, si como ha trascendido en la prensa, en la visita que le hizo la Conferencia Episcopal al presidente electo éste le manifestó el interés de juntarse en privado con el Papa, recibiendo una respuesta negativa, con la evidente incomodidad del momento.
Una primera hipótesis para tal distancia es el conocido desagrado que tiene el Papa con la derecha latinoamericana. Su propio discurso es hostil al liberalismo económico, hasta niveles exagerados. Probablemente uno de sus más conocidos bergoglismos -como conoce la prensa a sus excentricidades verbales- es cuando calificó al dinero como el “excremento del diablo”. Si en Chile hay un político que representa el dinero es, sin duda, Sebastián Piñera. La amistad que éste tiene con Macri, para las narices de Bergoglio, implica más hediondez proveniente de las letrinas demoníacas.
Una segunda hipótesis es que el gobierno saliente presionó a los organizadores para que no ocurriera tal encuentro. Con ello podría asegurarse que se cumpla la hipótesis planteada en una columna firmada por la Presidenta, respecto a que Su Santidad viene a bendecir este nuevo país, más solidario y alejado de la lógica neoliberal del pasado, que por cierto incluye a la ahora maldita Concertación. Muchos en la derecha querrán ver esa operación, pero es poco plausible, pues no tiene La Moneda tal capacidad de operar, ni necesita estimular mucho a Francisco para que hable contra el lucro.
Esta distancia con la derecha tendrá consecuencias políticas. La instalación del mensaje que el lucro es malévolo servirá de consignas para opositores a Piñera y con ello complicará sus acciones políticas de los primeros días de su gobierno. Veremos a entusiastas antirreligiosos usar consignas y homilías papales como frases para hacer oposición a la derecha. Stalin solía preguntarse cuántas divisiones tenía el Papa para ningunear su poder, pero en Chile, al calor de sus palabras, podría armarse una armada antiliberal entre izquierdistas furibundos y místicos religiosos.
El Papa tiene un documento contra el neoliberalismo, dedicado a atacar el lucro y calificar de desequilibrio al poder de los mercados y de la especulación financiera. En ese mismo escrito, coloca a Dios y a la Iglesia del lado contrario del capitalismo. Curiosamente, es más cercano su planteamiento al del Frente Amplio que la doctrina de la católica Chile Vamos que pretende volver a estimular la iniciativa privada. Si además Francisco, como suele hacer, se manda una cuña contra el dinero, más se le enredará la madeja a Piñera.
Carlos Correa.