UNA CONSULTA INCENDIARIA.
Justo para el Día del Amor está programado el inicio de un proceso de consulta ciudadana que puede culminar, probablemente, en uno de los gestos de desamor más grande que conozca Chile.
El 14 de febrero comenzará el despliegue de los “facilitadores” en la Región de La Araucanía para informar -más bien, instruir- a las comunidades mapuches sobre la Consulta Indígena, a la cual se les invitará a participar activamente.
Esta Consulta es un antiguo sueño de las comunidades, hoy en manos del terrorismo y del narcotráfico, por ser independientes, soberanas, con territorio y autoridades propias y desvinculadas del Estado chileno.
En el país, de acuerdo al último censo poblacional, hay 1,6 millones de habitantes que se reconocen de origen mapuche, de los cuales no más de mil forman la guerrilla que desde los 90 inició un movimiento de recuperación de tierras ancestrales, el cual rápidamente derivó en un ente político de extrema izquierda, con apoyo externo. Primero, activistas de la desaparecida ETA española y, luego, paramilitares de las FARC y soldados cubanos se sumaron a las operaciones armadas en la zona sur.
En un principio, sus demandas se restringieron a recuperar los campos que les pertenecieron a sus antepasados y que, ellos, atribuyen a un despojo por parte de las empresas forestales, por lo cual exigen, a balazos, su salida desde la Región. Ni la Justicia ni la CONADI conocen de un solo caso de usurpación por parte de industriales de la madera, pero sí consignan cotidianas tomas y “recuperaciones” (ilícitas) de propiedades privadas, ataques incendiarios a las forestales y asesinatos a inocentes trabajadores por el ‘pecado’ de trabajar en ellas.
Al proclamar la independencia de Chile, en 1814, Bernardo O’Higgins decretó que a partir de esa fecha “absolutamente todos quienes habitan este territorio son y tienen la condición de chilenos”.
Al iniciarse el funcionamiento de la Convención Constitucional, a comienzos de 2021, representantes de las etnias, a quienes se les reservó automáticamente escaños, privilegiaron sus pabellones autóctonos, callaron para la interpretación del himno nacional y discursearon en mapudungún. El idioma oficial del país, y de dicha asamblea, es el castellano.
Fue esa misma Convención la que, además de presionar por el indulto a los delincuentes políticos presos por la revuelta de octubre, priorizó la inmediata instalación de una comisión que se abocara exclusivamente a sacar adelante la Consulta Indígena. Y lo hizo.
En uno de sus artículos se lee que "las comunidades y pueblos/naciones preexistentes que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad".
Ésa es la parte relacionada con la recuperación de tierras, materia a la que, por años, se ha abocado, bien, regular o mal, la CONADI.
De este derecho quedan exentos quedan exentos quienes “voluntariamente” vendieron -legal y formalmente- las suyas.
La voluntad de la Convención es pedir devolución de hectáreas al boleo, expropiándoselas a las empresas forestales, las que en su momento pagaron por ellas.
El senador DC Francisco Huenchumilla, pese a su condición de abogado, es partidario de una devolución de tierras “al ojo”, estimando que son 9 millones de hectáreas las que deben ser reintegradas a las comunidades, pero ¿a cuáles de éstas? El Presidente electo se sumó a este proyecto de “recuperación”, al advertirles a los empresarios forestales que “vayan poniendo sus barbas en remojo”.
Lo tremendamente grave y preocupante en cuanto a esta Consulta es lo sustentado por otro artículo elaborado por la Convención Constitucional: "los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a su autonomía política, territorial, funcional, fiscal y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales". Ese mismo texto, además, propone una serie de artículos transitorios para incorporarlos a la nueva Constitución. Uno de ellos establece que se decretará "el fin a las concesiones mineras, ello en defensa de las etnias del norte.
La Consulta tiene una plataforma internacional, que se sustenta en ordenanzas de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en el artículo 6° del Convenio 169: ” consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En un apéndice detalla que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la Convención tiene en su mandato “velar por la debida implementación de la participación y la Consulta Indígena durante el proceso constituyente”.
La primera chispa de esta Consulta es la activada por la mismísima Convención Constitucional que, a título propio, se hace responsable de la Consulta, de tal modo que intervendrá descaradamente, como es su característica, en el proceso. Luego vendrá el incendio, y de incalculables proporciones, en el evento de que en este proceso de participación logren una mayoría la independencia política y la soberanía territorial de las comunidades, en particular de las terroristas. Sería una catástrofe para la integración territorial de Chile, un crimen a su identidad nacional y, probablemente, el comienzo de su desnaturalización como nación que ha prevalecido desde 1814.
Raúl Pizarro Rivera.
