LA ARAUCANÍA: UNA COMPENSACIÓN LEGÍTIMA.

El estado debe reparar económicamente a las víctimas, porque por años ha faltado a uno de los derechos esenciales de la Constitución chilena, que es la paz.

LA ASOCIACION de Víctimas de Violencia Rural nace para entregar una ayuda a las personas que sufren todos los días con los ataques terroristas que no brindan las condiciones mínimas para vivir en paz. Bajo esa premisa, buscamos ser un nexo para hablar con las autoridades pertinentes que pueden restituir el Estado de derecho y buscar que el Estado compense económicamente a las víctimas de esta violencia. 

Se habla mucho desde el punto de vista mapuche y que ellos son los únicos que deben recibir una compensación por parte del Estado; sin embargo, ellos son una parte de este problema que se arrastra por años. Las víctimas de violencia rural que compraron de manera honesta sus campos para desarrollar la agricultura, les dan trabajo a personas y hoy en día sufren por la falta de seguridad de sus familias y las de sus trabajadores. 

Nuestro planteamiento es que el Estado debe reparar y compensar económicamente a las víctimas, porque por muchos años ha faltado a uno de los derechos esenciales de la Constitución chilena, que es la paz; además de no brindar seguridad y hacer respetar la ley, que exige a las autoridades tomar cartas en el asunto para garantizar esto.

No obstante, en los últimos cuatro meses, desde que comenzó el actual gobierno, esto último se ha visto vulnerado y se vive un clima de impunidad para los victimarios que generan la violencia. Y el intendente Huenchumilla, en este caso, no hace el trabajo que estipula la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, que es garantizar la seguridad a sus connacionales, en este caso a las personas de la región, presentando las querellas cuando existan hechos de violencia como los ocurridos en La Araucanía.

Durante el 2013 hubo 136 atentados violentos en esta región, y en los primeros seis meses del 2014 ya son 142 las veces que han ocurrido hechos violentos en la zona, donde se han visto afectados agricultores, pequeños parceleros y transportistas. Pese a que el número asusta, parece no intimidar en nada a las autoridades, que siguen manteniendo que existe un Estado de derecho en esta región y que buscan la restitución de la paz. 

Sin embargo, no se presentan las querellas, se dejó de invocar la Ley Antiterrorista como una forma válida para eliminar la violencia, y la máxima autoridad de la región se encarga de continuar culpando a los agricultores del problema de la violencia, diciendo que éstos deben devolver las tierras que fueron usurpadas, frases que sólo consiguen generar más tensión en una región que necesita todo lo contrario. 

Además, el gobierno actual engloba a las víctimas en una palabra que parece despectiva y demuestra un total desconocimiento de la realidad de La Araucanía, además de poca coordinación entre los ministros al momento de hablar de la región. Hace unas semanas, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, trató de “colonos” a los que buscan esta reparación económica, cuando las víctimas de la violencia son mucho más que eso; son transportistas, pequeños parceleros, agricultores y algunos descendientes de familias que llegaron a esta región buscando un futuro mejor. 

Por todo lo antes descrito es que consideramos que el Estado no sólo debe compensar económicamente a las víctimas de violencia en la región, sino que debe crear una política de reparación efectiva para los que sufren todos los días con esto, y dar una solución a las personas que por años no han recibido una ayuda real. 

Hoy las víctimas desean vivir en paz. 

Alejo Apraiz.