ANARQUISTAS: LA "GUERRA SOCIAL".

En un comunicado la célula anarquista "Felipe Orsini" se adjudicó el atentado incendiario contra la Iglesia Santa Ana. Asimismo se atribuyó la quema de vehículos particulares en San Miguel, Ñuñoa y Lo Valledor en Santiago y de una camioneta en Viña del Mar.

Agregaron "honestamente, nos importa un bledo el rango de precios de los vehículos incinerados" porque (según ellos) "lo que buscamos (...) es dar un pequeño golpe a la sociedad tecnócrata capitalista y no solo al ligero concepto 'rico o burgués' ".  En los panfletos encontrados junto al pórtico del lugar de culto, señalaron además que las acciones terroristas, pretendían solidarizar con Francisco Solar y Mónica Caballero -ambos liberados en Chile del "caso bombas"-, y presos en España por colocación de artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, Zaragoza.

El texto consignó además que "Vuestras condenas y amenazas a través de la prensa no amainan el violento avance de la Guerra Social"

El ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, a quien algunos ya postulan como "presidenciable" para 2017, negó que el Gobierno estuviese "sobrepasado" por la ofensiva de los elementos antisistema. Pero NO invocó la Ley Antiterrorista (LAT), como si lo hizo en el atentado explosivo contra el Metro, Estación Los Dominicos, aunque todo el mundo sabe que dicha querella no prosperará sino que será archivada al no darse, como es usual, con el paradero los responsables del ataque ni se podrá acreditar su participación en el delito.

Peñailillo se niega a aplicar la LAT en La Araucanía, zona en la cual a diario se registran "eventos" o "situaciones" de tipo terrorista. Lo mismo ocurre en la provincia de Arauco y alrededores. Pero a juicio del ministro, esto se trataría de "demandas sociales" el mismo criterio o justificación que utiliza el Intendente de la IX Región Francisco Huenchumilla. ¡Demandas sociales! 

Peñailillo fue interpelado en la Cámara por el diputado José Manuel Edwards quien concluyó que éste "vino a hablar de cualquier cosa sin ninguna relación con la pregunta que se le hacía" y se declaró profundamente frustrado por lo ocurrido. Sin embargo, esta sensación en realidad debió traducirse en una legítima indignación; pero no contra el personero de gobierno, sino hacia su colega y senador del partido Alberto Espina, quien el mismo día de la interpelación, apareció en la prensa radial declarando que era necesario "apoyar al Intendente Huenchumilla" lo cual derrumbó el trámite.

El ministro informó que el Ejecutivo se propone reformar o simplemente cambiar la Ley Antiterrorista, mientras el Comité de DD.HH de la ONU pidió formalmente NO aplicar dicha normativa a los mapuches. Increíble. Los activistas del socialismo internacional - la izquierda caviar- pautean al Estado de Chile. Sin que esta administración muestre reacción alguna frente a esta inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país, cosa de antigua data. Con la diferencia que en los buenos tiempos, cuando había dignidad, esto era rechazado en forma terminante por nuestras autoridades. Eso durante el Régimen Militar. Después ... nada.

Estamos en presencia de la "Guerra Social" desencadenada por los anarquistas y otros elementos y grupos radicales; el Gobierno no se inmuta.

El diario La Segunda consultó a dos especialistas en esta materia: Aldo Mascareño, académico de la U. Adolfo Ibáñez, asegura que "respecto a algunas décadas pasadas, ha aumentado la complejidad de  las formas (...) cada evento particular siempre se asocia a una red de eventos que, en general, no se ven, porque solo vemos el acto final (...) y en ese sentido hay coordinación para producir estos efectos"

En tanto Mladen Yopo de la ANEPE los ve "desprovistos de argumentos políticos (pero) 26 bombas en el año es sugerente (aunque) ahora no vemos objetivos estratégicos (...) no hay una lógica política más allá de generar caos (...) y por eso hay luz amarilla: como no hay convicciones profundas  sino elementos de sensación política, pueden actuar en situaciones que generen daño a la vida humana"

En consecuencia, es asunto de tiempo para que tan dramática perspectiva se transforme en una realidad acá en Santiago; y como La Moneda se niega a ver ... pero es lo que ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo en La Araucanía. Allí están los deudos del matrimonio Luchsinger-MacKay, tan cruel y atrozmente asesinado por los terroristas; la viuda e hijos del sargento de Carabineros Hugo Albornoz y la familia en fuga del parcelero Héctor Gallardo Aillapán para atestiguarlo. Todos esperan justicia. Pero ello no será así, puesto que el criterio del Gobierno es el de que no se puede aplicar la Ley Antiterrorista a "demandas sociales"; de modo tal que la olla, desprovista de una válvula de escape aumentará más y más la presión. Y así la "guerra social" seguirá adelante. 

DespiertaChile.