TERRORISTAS IMPUNES.

El GOPE desactivó un artefacto explosivo en el centro de la capital. Una mochila cargada con un cilindro de gas propano y un sistema de relojería fue instalada por elementos terroristas, en la cercanía ¡de dos jardines infantiles! en el sector de calle Almirante Latorre.

Algunas horas antes, alrededor de las cero horas de este martes 22, detonó una bomba incendiaria en la Iglesia Santa Ana, de la misma comuna de Santiago Centro. En ese lugar, la policía encontró panfletos apoyando a los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero, ambos presos en España por colocación de artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, Zaragoza. 

Solar y Caballero fueron absueltos en Chile tras la controversial sentencia de un tribunal de Garantía, en el llamado "caso bombas", donde los imputados en lugar de recibir una condena, fueron compensados con millonarias sumas de dinero.

Esta ofensiva extremista se intensificó luego de la condena de los lautaristas Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, en octubre de 2007, tras el asalto a una sucursal del banco Security.

Esto mientras el gobierno estudia modificar la Ley Anti Terrorista, LAT, la cual según el ministro del Interior, torcidamente, atribuye al gobierno del Presidente Augusto Pinochet. Sin embargo, esa normativa -Ley 18.314- fue ampliamente modificada en varias ocasiones: la última enmienda data de 2005. 

Esta entiende por terrorismo, los delitos de homicidio, secuestro, lesiones "envío de efectos explosivos" incendios y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento. Condicionándola a las siguientes circunstancias:

- Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de este tipo de delitos.

- Que se cometa mediante artificios explosivos o incendiarios ...

El actual Gobierno, luego de una vacilación inicial decidió invocar la LAT para que la norma se aplicase a los autores del atentado explosivo contra el Metro Estación Los Dominicos (13 de julio).

Sin embargo, no ha procedido de igual forma con los numerosos atentados que a diario ocurren en La Araucanía y el Biobío. Ataques con artefactos incendiarios en contra de maquinaria agrícola y forestal de los privados (también del MOP), incendio de galpones, casas, escuelas y el asesinato atroz del matrimonio Luchsinger-MacKay, no han merecido idéntica atención de parte de la administración Bachelet. Por el contrario. Se insiste que los atentados en la zona sur serían delitos comunes y como tales se les persigue (o se hace como que les persiguen), para terminar en nada. Asi se comprueba en el caso del sargento de Carabineros Hugo Albornoz: los homicidas siguen libres.

El Gobierno niega que estemos frente una acción terrorista y a lo sumo se trataría de "demandas sociales" o algo por estilo. La ley existe pero no se aplica. En consecuencia, una ley en desuso es prácticamente inexistente o se está en presencia de una denegación de servicio por parte del Estado de Chile. Porque el Estado de Derecho, por ahora, solo estaría vigente en el perímetro (acaso eso) de los grandes poblados o ciudades. Las pequeñas concentraciones urbanas y el sector rural se encuentran a merced de los terroristas.

Pero el Fiscal Nacional, el señor Sabas Chahuán, pretende que se entreguen más y

mejores herramientas al Ministerio Público  para investigar la colocación de estos artefactos explosivos, como extender las facultades de la Ley 20.000 (antidrogas) para estos casos. Esto es simplemente desorientación, si creemos en la buena fe de los personeros. Porque lo que está ausente, no es un diseño legal, sino la voluntad política para proceder con energía ante la violencia terrorista. ¿Porque qué duda podría caber que una bomba en los vagones del Metro o ante un jardín infantil no es un acto terrorista? Lo mismo vale para el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay.

Supuestamente, la Cámara citaría a representantes de las FF.AA para analizar esta situación pero nada se sabe de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, organismo cuya labor primordial es la reunir la información recabada por la comunidad de inteligencia.  En justicia, durante el gobierno de Piñera, la ANI no mostró síntomas de actividad. En realidad cuando fue requerida (Caso Bombas), se negó a entregar antecedentes como los solicitados sobre los grupos subversivos. En tales condiciones ¿es posible creer que la ANI aportará algo hoy en día?

El ministro Peñailillo declaró, a propósito de los atentados de este mates 22, que el Gobierno los condena y considera tales actos como "inaceptables" y que analizará si se invoca la LAT. El mismo indicó que dicha ley "se debe usar solo en algunos casos y se debe cumplir con varios requisitos. De 111 personas procesadas por esta ley, solo diez fueron condenadas" afirmó. Entonces nada sucederá.

DespiertaChile.