EL DOBLE ESTÁNDAR INACEPTABLE DEL GOBIERNO.

EL GOBIERNO tiene un doble estándar inaceptable respecto de los hechos de violencia que ocurren en La Araucanía, en el Bío Bío y en Los Ríos. A ellos se suma una negligencia inexcusable para enfrentarlos y un abandono imperdonable de los habitantes, especialmente de La Araucanía.

Respecto de lo primero, el doble estándar queda de manifiesto cuando se querella por delito terrorista -que por cierto lo es- a raíz del cobarde atentado que sufrió Óscar Landerretche y no lo hace en numerosos y reiterados casos que ocurren en las regiones del sur de Chile, a los que califica de hechos “aislados” y “simples delitos comunes”.

El delito terrorista se configura cuando la finalidad perseguida es “producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas”.

Esto es exactamente lo que ocurre en asesinatos como el caso del matrimonio Luchsinger Mackay y cientos de incendios intencionales de casas, bodegas, fábricas, camiones, maquinaria agrícola y bosques, entre otros. No se trata de delitos comunes en que la finalidad es robar, asaltar o para vengarse de una persona. En todos ellos se dejan panfletos, amedrentando a las víctimas y a quienes viven en el sector de ser objeto de similares delitos y, además, son reivindicados por grupos extremistas que con toda desfachatez reconocen su autoría en estos actos criminales.

Por ejemplo, el gobierno califica de delito común y no terrorista el brutal asesinato en que murió quemado vivo el trabajador José Retamal Medina, en la comuna de Cañete, en donde se dejó un panfleto que decía “si no fue a la buena será por las malas, entreguen nuestras tierras, nos pertenecen”. Lo mismo hace el gobierno con casos como el de la pequeña empresaria, de origen mapuche, Cecilia Jara Llancavil, a quien le quemaron toda su maquinaria de trabajo y también le dejaron amenazas exigiendo la entrega de tierras. Otro caso similar es el de Marcos Baratta que le quemaron su fábrica y toda su maquinaria, también dejando panfletos amenazando a quienes viven en el sector de ser víctimas de los mismos crímenes.

Son cientos los casos de características similares que han ocurrido en La Araucanía, en el Bío Bío y en Los Ríos. Qué razón hay para que el gobierno no los califique de terroristas, en circunstancias que la finalidad de estos delitos es amedrentar, aterrorizar, intimidar a sus víctimas y a quienes viven en la zona, para que abandonen sus tierras, no siembren, no circulen por los caminos y no trabajen en estas regiones. La respuesta es ninguna. Esto es un doble estándar inaceptable, que castiga injustamente a los vecinos de las regiones mencionadas y que constituye una flagrante violación a la obligación del gobierno de garantizar la seguridad de las personas.

La negligencia inexcusable del gobierno queda de manifiesto cuando, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, nada hace para contar con un estatuto de protección de víctimas y testigos, modernizar la ley de inteligencia, terminar con los resquicios que permiten demorar los juicios por años y avanzar en una solución integral al conflicto que se arrastra por décadas, para lo cual cuenta con nuestra propuesta por la paz social en La Araucanía, entregada hace más de dos años.

El abandono queda en evidencia cuando sumadas todas sus visitas a La Araucanía la Presidenta Bachelet solo ha estado 24 horas en más de mil días de gobierno, sin que en ninguna de ellas haya anunciado medidas que tiendan a revertir la dura y dramática realidad que se vive en La Araucanía.

Senador Alberto Espina.