ESPERANDO JUSTICIA EN LA ARAUCANÍA.

A muchos nos preocupa lo que está sucediendo con el caso Luchsinger Mackay. En momentos en que todos debiesen exigir, con más fuerza que nunca, que los responsables sean condenados y reciban las sentencias que corresponden a tan espantoso crimen, la atención se centra —deliberadamente, por parte de quienes pretenden lo contrario— en una huelga de hambre de la machi Linconao. Peor aún, la justicia y las autoridades parecieran estar dejándose presionar o fraternizando con los promotores de la violencia que afecta al sur de Chile. Esa, al menos, es la impresión que nos dejan las señales poco auspiciosas que se han dado durante el desarrollo de este juicio.

Las primeras malas señales las dio un diputado comunista, quien sin miramientos insistió en entrometerse en la labor de otro Poder del Estado —el Judicial— tratando de presentar a Francisca Linconao como víctima de una persecución. Luego vinieron otras situaciones completamente anormales: un fiscal que acusa de discriminación al fiscal del caso Luchsinger; peticiones de distintos sectores (algunos que ninguna relación tienen con el tema) para remover a este mismo fiscal; parte de los imputados del crimen intentan agredir a los fiscales en plena audiencia; una jueza se inhabilita por sentir hostilidad de parte de los abogados defensores de estos mismos acusados; una de las integrantes de la Defensoría Penal Mapuche (en un hecho inaudito, inaceptable y poco ético) participa en un video cuestionando en duros términos al fiscal, etc…

En resumen, todo lo anterior fue hecho con evidente y sospechosa premeditación, además de una dosis inusual de agresividad, cuando se supone que defensores y adherentes de los imputados debiesen tratar de demostrar todo lo contrario.

Pero las señales negativas no terminaron ahí, sobre todo en las últimas semanas. Continuaron con la visita de Miguel Hernández, nuevo intendente de La Araucanía, a la machi Linconao, quien iniciaba una huelga de hambre. Luego hace lo mismo el Instituto  Nacional de Derechos Humanos. En ambos casos, para justificar la visita se repite algo parecido: Francisca Linconao es una “autoridad espiritual” y merece un trato distinto. ¿Acaso ser machi, por esa sola condición, convierte a esa persona en inocente, o le confiere una supremacía moral, o quizá le otorga privilegios que el resto no merecemos? Por supuesto que no. Tan sólo basta recordar que Celestino Córdoba, el único condenado por el crimen de los Luchsinger Mackay, es también un machi y hasta ahora no ha hecho el más mínimo gesto de arrepentimiento.

Como era de esperar, la huelga de hambre de Linconao logró el efecto pretendido: la justicia cedió a sus exigencias. Esto no sorprendió a nadie, porque dejarse presionar y que a las autoridades les tuerzan la mano, cuando se trata de casos de connotación indígena, es de una normalidad impactante. Una especie de trato preferencial o legalidad diferente que es una burla para las verdaderas víctimas, ésas que han sufrido con los ataques de los grupos radicalizados que siguen operando impunemente en el sur. La guinda de la torta fue cortesía del Gobierno, que siendo querellante en esta causa no se opuso a que se modificara la medida cautelar que pesaba sobre la machi. Así las cosas: ¿se puede tener siquiera una mínima esperanza de que todos quienes asesinaron a los Luchsinger Mackay serán algún día  declarados culpables?

Lo anterior me hace recordar cómo fue que algunos de los autores de atentados y crímenes relacionados a la temática mapuche han sido condenados o frenados en su actuar. El ya aludido machi Celestino Córdova fue detenido porque Werner Luchsinger logró herirlo. El comunero Guido Carihuentro fue capturado porque un cuidador le disparó mientras huía tras quemar unos camiones en Freire. Fabián Tralcal fue abatido durante un asalto en donde asesinaron brutalmente al hijo del dueño del restaurant que fue atacado por encapuchados pertenecientes a uno de estos grupos radicales (y que luego se adjudicaron el hecho).

Me preocupa que la autodefensa, en los tres casos expuestos, haya permitido detener o frenar a parte de los violentistas involucrados. Sin esa autodefensa, los tres individuos antes mencionados estarían libres y quizá perpetrando otros ataques. Si de pésimas señales se trata, la peor de todas sería que, ante la indiferencia de un Estado que es incapaz de brindar seguridad, los ciudadanos asumieran que tal vez ellos mismos deben usar las armas para protegerse, entendiendo que no les queda otra alternativa. Nuestra timorata y a veces abanderizada justicia, sumada a la desidia y la majadería del Gobierno de no enfrentar el problema tal cual es —terrorismo—, están empujando, irresponsablemente, a que más temprano que tarde La Araucanía se transforme en un campo de batalla.

Es un mal pronóstico, un vaticinio angustiante, pero es la consecuencia de mirar el problema con cobardía, con testarudez y, en algunos casos, con la calculadora electoral en mano.

La justicia tiene la última la palabra en el caso Luchsinger Mackay. Y de esa decisión, tal vez la más importante en muchos años, dependerá el futuro de la convivencia pacífica en las regiones que siguen siendo afectadas por los violentistas. Tras este fallo sabremos si estamos solos o si aún podemos confiar en que la desoladora situación actual será revertida en algún momento.

Alejandro Martini I., ex director ejecutivo Multigremial de La Araucanía.