EQUÍVOCAS SEÑALES DEL GOBIERNO EN LA ARAUCANÍA.

La autoridad no debe seguir dando pie a confusiones que interfieren el trabajo de los tribunales para esclarecer el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

EN LOS últimos días han quedado en evidencia actuaciones muy contradictorias del gobierno en lo relativo al proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, al ejercer una influencia cuestionable en favor de una de las partes que aparece acusada por la Fiscalía de tener participación en los hechos. Tal proceder ha sido objeto de múltiples reproches, incluso de la propia familia Luchsinger, al punto que motivó a que la oposición aprobara una interpelación en contra del ministro del Interior, la que tendrá lugar a fines de este mes. La instancia parece propicia para que el gobierno dé cuenta sobre los criterios con que ha abordado los casos de violencia en la región, y despeje las dudas que se han levantado en torno a su gestión.

A pesar del tiempo transcurrido, lograr justicia en este caso ha sido particularmente dificultoso. No obstante a que en el fatal ataque participó un grupo numeroso de personas -según se ha podido acreditar en la investigación-, a la fecha hay un solo inculpado. La fiscalía acusó a otras 11 personas -uno de los cuales se dio a la fuga, pero se entregó ayer-, entre las cuales figura la machi Francisca Linconao, quien a fines de diciembre inició una huelga de hambre en protesta por la medida cautelar de prisión preventiva de la que era objeto. El deterioro de su estado de salud motivó la presentación de un recurso de amparo, el que fue fallado a su favor, revocando la prisión y cambiándola por arresto domiciliario total.

Si bien el gobierno -a través de la Intendencia- es parte en la querella que se interpuso por delito de incendio terrorista con resultado de muerte contra todos aquellos que resulten responsables, el Ministerio del Interior instruyó a la Intendencia alegar en favor de la machi en el presente recurso de amparo, lo que provocó resistencias al interior del propio equipo jurídico, situación que fue sorteada con el envío de un abogado desde el propio ministerio, precisamente para apoyar dicho recurso. Días antes, el intendente regional había visitado a la machi para imponerse de su condición de salud, y hacer labores de “acompañamiento”.

Resulta contradictorio que en una misma causa el gobierno aparezca por una parte como querellante, y por la otra aparezca brindando una especie de protección. Las razones humanitarias que pudieran derivarse del deterioro de la condición de salud de la machi son ineludibles, pero dichas acciones debieron canalizarse exclsuivamente por Gendarmería y la propia Defensoría. El gobierno debe abstenerse de seguir dando señales equívocas, y asegurar que la institucionalidad pueda operar libre de presiones. Sin embargo, precipitarse en acciones de respaldo, y no salir al paso de la interferencia del Instituto de Derechos Humanos en este caso, como tampoco de los diputados oficialistas que concurrieron a solidarizar con la machi, genera confusión y parece validar las acciones de presión ante los tribunales, lo que desnaturaliza el estado de derecho.

La interpelación al ministro del Interior será una nueva oportunidad para volver a relevar los temas que afectan a La Araucanía, donde la inseguridad y debilitamiento del estado de derecho aparece como lo más urgente. Cabría esperar que en esta ocasión no se repita la frustrante experiencia que se vivió con la interpelación al exministro Penailillo, también referida a La Araucanía, que derivó en un despliegue retórico sin mayor sustancia.

Editorial La Tercera.