QUERELLA POLITIZADA.

La Sofofa sacó una declaración expresando su preocupación por la falta de imperio del estado de derecho en La Araucanía. El gobierno reaccionó indignado: el subsecretario de Interior, acusando una irresponsabilidad en tal planteamiento, llamó a “no basarse en datos de la realidad sino que también en la realidad social, judicial y cultural”.

¿A qué se referirá cuando dice que no hay que basarse en los datos de la realidad? ¿Qué acaso los porfiados hechos no importan? Porque es evidente que en La Araucanía reina hoy la violencia, la inseguridad y la impunidad. Casi todos los días aparecen noticias sobre la quema de maquinaria o iglesias, asaltos y acciones de amedrentamiento a personas para que vendan sus predios o simplemente los abandonen. La abrumadora mayoría de estos hechos, que son un dato de la realidad, no han sido aclarados.

Pero la “realidad judicial” también es evidencia del menoscabo del estado de derecho. El caso de la machi Francisca Linconao es paradigmático. Ahí, los mismos jueces han hecho una contribución a debilitarlo. En tres o cuatro oportunidades un juez de garantía ha otorgado la libertad provisional a la machi, acusada de un grave crimen, decisiones que han sido revocadas otras tantas por la Corte de Apelaciones. Debemos ser el único país de la “OCDE” en que una corte superior fija un criterio (en este caso que la imputada es un peligro para la sociedad) y que casi de inmediato un juez inferior contradice lo resuelto. Para no ser menos, ahora la propia corte contradijo su propio criterio, al acoger un recurso de amparo improcedente, y mandó a la machi para su casa. La estabilidad de los precedentes y de lo resuelto, son inherentes a un estado de derecho. Si los jueces se dan vueltas y revueltas en un caso por actuaciones poco claras, simplemente no hay la certeza jurídica que reclama la juridicidad.

Pero también el gobierno ha hecho su aporte a debilitar el imperio del derecho. Es querellante en la causa y como tal ha sostenido la necesidad que se mantenga a la machi en prisión preventiva. Pero bastó que ella iniciara una huelga de hambre, para que se diera vuelta y alegara en favor de su liberación, lo que implica una politización de su actuar en el juicio.

En ningún país serio en que se ha contemplado la existencia de un órgano de investigación penal autónomo, como el Ministerio Público, se permite que la autoridad política ejerza paralelamente la acción penal. No solo porque importa una duplicación de gastos con fondos públicos, sino porque constituye un abuso e injusticia que el Estado ataque al imputado desde varios flancos. Pero también y sobre todo, porque se presta para la politización de la persecución penal, algo que para el estado de derecho es inadmisible, y debilitar la acción de dicho órgano autónomo, cuando la autoridad política sostiene tesis que lo contradigan.

En Chile los gobiernos han ejercido a destajo la acción penal. La motivación nunca ha sido el celo por la justicia, sino que siempre ha existido una motivación política, pues los gobiernos actúan políticamente. Y eso puede incluir -como ahora hemos visto- favorecer la impunidad.

Axel Buchheister.