DOCUMENTALISTA REGALONA DE LA PRESIDENTA.

La polémica surgida por el documental Memorias de una Gestión Presidencial, encargado a la realizadora Tatiana Gaviola para elaborar un producto audiovisual con los principales hitos del segundo periodo de Michelle Bachelet, no sólo ha provocado una crispación en el mundo político sino también en el artístico, por el posible usufructo de una situación de privilegio.

En el medio audiovisual, en donde obtener fondos públicos para algunos realizadores se convierte, a veces, en una tarea titánica, se cuestionan las coincidencias que llevaron a que, en menos de un año, Gaviola haya obtenido un contrato de honorarios de más de $3 millones mensuales como asesora presidencial, recibido una asignación directa para el documental de Bachelet de $40 millones y, simultáneamente, ganó el Fondart para un largometraje de ficción basado en la tragedia de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, por el que se adjudicó casi $140 millones.

Más allá de si el documental de Bachelet sea o no una estrategia de propaganda y marketing político, o si, por el contrario, responda al derecho de archivo que tienen los Gobiernos para documentar su gestión, la designación sucesiva de Gaviola para fondos públicos no ha dejado de ser un foco de críticas, desde que en diciembre del año pasado el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, comunicara que entre los ganadores de Fondo de Fomento Audiovisual 2016 estaba ella, quien se adjudicó $139.406.973 para su proyecto La mirada incendiada.

Desde entonces, el cuestionamiento nunca ha estado orientado a la calidad del proyecto de largometraje de Gaviola –que narra desde la ficción los pormenores del atentado que afectó a Quintana y Rojas en 1986 y que logró imponerse sobre otras interesantes propuestas, como Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández (Matar a un hombre), basada en la impunidad del caso de Martín Larraín, o Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano (Caluga o menta), que recreaba el mundo popular previo a la grandes protestas de 1984.

El punto del conflicto estriba en el posible aprovechamiento de una situación de privilegio –directa o directamente– debido a su amistad con la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y a que, al momento de adjudicarse el fondo, Gaviola llevaba seis meses trabajando en La Moneda como asesora audiovisual de la Presidencia.

Fuentes oficiales del Ministerio de la Cultura –en aquel momento– salieron rápidamente a defender la neutralidad del jurado del Fondart y a aclarar que no existían causales de inhabilidad que la afectasen, ya que en las bases sólo se le prohíbe postular a funcionarios activos del Consejo o a sus familiares, pero nada dice de otros funcionarios de Gobierno, aunque trabajen en la misma área.

Los recursos asignados, ahora, para el documental sobre Bachelet, vuelven a generar polémica, ya que slo unos días después que el Fondart diera a conocer a los ganadores, el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, firmaba la orden de compra, vía trato directo, por $ 40  millones en favor de Tatiana Gaviola para realizar una “memoria audiovisual que testimoniara la gestión presidencial”.

Fuentes audiovisuales cuestionan la coincidencia en la adjudicación de fondos de ambos proyectos. “Cuando se presentaron los antecedentes al Fondo Audiovisual, Gaviola ya llevaba al menos seis trabajando en el documental de la Presidenta. Cuesta creer que ello no haya incidido en la valoración de los jueces del Fondart, al menos de manera indirecta.

Será un documental de una hora de duración, el que estará organizado en seis áreas temáticas: visión estratégica del país de la Presidenta de la República, principales reformas y el programa de gobierno, forma de liderazgo, forma de gobierno, relación con la ciudadanía y desarrollo del país.

Como se trata de una asignación de fondos para la primera parte del documental, en lo sucesivo La Moneda tendrá que destinar recursos adicionales para cubrir los costos de diseño gráfico, música original, montaje y pos-producción.

Héctor Cossio.

El Mostrador.