FISCAL EXCLUSIVO PARA ATAQUES INCENDIARIOS.

La reiteración y gravedad de los atentados en La Araucanía, Biobío y Los Ríos desbordan el marco delictual, lo que exige reorientar la investigación.  

LA SERIE de ataques incendiarios que se han registrado en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos motivaron una solicitud formal por parte del Ministerio del Interior para que se designe a un fiscal con dedicación exclusiva, para que investigue todos los ataques que se produzcan en la zona sur. Se trata de una petición que si bien puede resultar tardía a la luz del historial de violencia que afecta la zona, es una medida que va en la dirección correcta, por lo que cabría esperar que el Ministerio Público acceda prontamente a dicha petición.

En lo que va de 2016 se han multiplicado los atentados en dichas regiones, con quemas de numerosa maquinaria agrícola, camiones y minibuses de empresas forestales, en varios de los cuales se han registrado violentas emboscadas. En uno de dichos incidentes incluso resultaron heridos a bala dos carabineros. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) ha reivindicado algunos de estos ataques, y ha hecho ver que está decidida a dar “continuidad” a sus “líneas de acción y resistencia”. Son antecedentes que reafirman el grave cuadro de violencia terrorista que aqueja a estas zonas, las que son presa de grupos radicalizados que valiéndose del conflicto indígena han desplegado su accionar en medio de una ominosa impunidad.

En el último tiempo, sin embargo, se han observado algunas señales positivas de la autoridad. Este año se han presentado dos querellas invocando la Ley Antiterrorista, una herramienta legal que originalmente fue  cuestionada desde el propio Gobierno -incluso se desestimó aplicarla en el caso de La Araucanía-; asimismo, se han acompañado querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, y la Subsecretaría del Interior presentó durante enero 24 querellas por ataques en estas tres regiones, una cantidad que en sí misma resulta llamativa y que da cuenta de la peligrosidad que ha ido adquiriendo el conflicto.

Esta favorable disposición contrasta, sin embargo, con actuaciones equívocas de la propia Subsecretaría del Interior, la cual insiste en asociar varios de estos hechos vandálicos a la acción de bandas dedicadas al robo de madera, dándole así un carácter meramente “delictual” a hechos que vistos en su conjunto inequívocamente responden a la acción de grupos concertados que buscan amedrentar a la población. Por ello cabría esperar que este enfoque simplista sea desechado y no se busque bajar el perfil a lo que allí ocurre. En ese sentido, la designación de un fiscal exclusivo sería un primer paso para que los hechos se indaguen en una dimensión global y como parte de un mismo fenómeno, liderando la investigación y orientándola a objetivos concretos.

Estos esfuerzos serán, sin embargo, inútiles si no hay un respaldo político decidido desde el propio Gobierno, no solo destinando los recursos y personal policial para apoyar la investigación y mejorar el trabajo de inteligencia, sino también relevando la gravedad de lo que ocurre en estas regiones y reconociendo que el estado de derecho ha sido vulnerado. Los fiscales y las policías de hecho llevan largo tiempo investigando estos hechos, hasta ahora sin resultados positivos. Es un indicio de que algo no ha funcionado bien, y el que sea necesario nombrar un fiscal especial refuerza esta noción. De allí la importancia de que el Gobierno brinde su respaldo  y se produzca un cambio de orientación.

Editorial La Tercera.