En medio de la crisis presidencial más severa de los últimos años, la prensa informa que Bachelet prepara un documental sobre su propia gestión. Mientras los índices de popularidad presidencial están estacados bajo el 30%, la gente se entera que el gobierno se auto asignó un presupuesto de 40 millones de pesos para contar su verdad. A primera vista huele a un intento desesperado por reflotar la imagen presidencial alicaída de Bachelet. El problema es que se conduce a través de un proceso oscuro y a destiempo. Vamos desmenuzando.

La popularidad del gobierno se mide en los índices de aprobación. Un gobierno con altos índices refleja un líder aclamado por su pueblo. Naturalmente, esos presidentes no tienen la necesidad, ni el deseo, de hacer propaganda sobre el estado de avance de su gobierno. En contraste, a medida bajan los índices, aumenta la presión por comunicar hasta el logro más pequeño. Pues, a ningún presidente le gusta ser cuestionado. Cuando la aprobación es baja, y los líderes no se sienten debidamente reconocidos, frecuentemente optan por la vía—menos institucional—de la propaganda.

En Chile, los presidentes han optado por ambos extremos. Mientras que algunos han permitido que su legado hable por sí mismo, otros han buscado reconstruir su propia historia. En el primer gobierno de Bachelet, la Presidenta concluyó con más de 80% de aprobación, y por ende no tuvo la necesidad de resumir ni revisar su cuatrienio. Piñera, en cambio, fue menos popular, y tuvo que optar por la via opuesta—invirtió 141 millones en 11 libros. Irónicamente, los libros fueron objetados por la Contraloría por ser catalogados como publicidad.

El documental de Bachelet calza con el segundo caso. Sin embargo, a diferencia de Piñera, lanza la operación a mitad de gobierno y no al final. Al parecer la Presidenta busca dejar una constancia política y no un resumen de su obra. Se entiende que persigue beneficios personales, y no colectivos. Esto es lo que en esencia vuelve el documental un tema controversial. Pues levanta preguntas—que ya han tenido resonancia en dirigentes partidarios, desde la oposición al propio partido de la presidenta; como si corresponde o no financiar este tipo de proyecto con recursos de las arcas fiscales.

Para muchos el problema del documental es que representa una operación política para revertir el daño causado por Caval. Para ellos, la película no es más que un vehículo que busca lavar la imagen presidencial. Pero existen otras criticas, que también son relevantes. Entre ellas está la forma y el momento en que se aprobó el proyecto. Pues no solo se nombró a dedo a la Directora (Tatiana Gaviola) y se dispuso de un presupuesto a discreción, sino que además se reconoció la existencia del proyecto en el único mes donde la clase política está de vacaciones.

No llamar a una licitación es un despropósito. Para un gobierno que ha sido duramente criticado por hechos vinculados al nepotismo, es lo mínimo que se pudo haber hecho. No hay ninguna forma lúcida de justificar el dedazo de Bachelet a Gaviola. Lo último que tiene que hacer un gobierno cuestionado por no actuar a tiempo en escándalos políticos es conducir procesos oscuros y a destiempo. Es inevitable no preguntarse por qué la Presidenta no anunció un concurso transparente, donde todos los interesados pudiesen competir en igualdad de condiciones.

Otra cosa que llama la atención, y que el gobierno no ha logrado resolver, es el rol inoportuno que juega el director administrativo de la Presidencia en el tema. Luego de ser cuestionado por su cercanía a SQM y sus nexos con Caval, Cristián Riquelme es la última persona que debiese estar involucrado en un escándalo público. Irrelevante de la posición de La Moneda sobre el documental (si realmente le parece necesario o no) tener a Riquelme involucrado en el proceso de designación y financiamiento es abrir es un nuevo flanco de vulnerabilidad.

Si algo simboliza la mala decisión de hacer un documental a mitad de cuatrienio, es que el gobierno está desesperado por revertir su crisis. Ven en el proyecto una oportunidad de oro para reconectar a la Presidenta con la gente. Más allá de eso, la manera en que se procedió sugiere que el gobierno no ha aprendido de sus errores. Saltarse la licitación correspondiente, anunciar la decisión en el mes de vacaciones de las figuras políticas de contrapeso, y vincular a Riquelme en la operación, es sencillamente no entender por qué la gente no aprueba.

Editorial La Tercera.