AUTORIDAD MORAL DE BACHELET.

Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la Fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.

Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.

Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.

El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.

Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.

Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina.  Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.

Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.

Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.

Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.

Patricio Navia, Foro Líbero.