LA VÍA DE ESCAPE QUE INCOMODA A LOS FISCALES.

Mientras el Ministerio Público buscaba incautar toda la contabilidad de SQM, el SII dio una señal de poder y abrió una puerta para que la arista política del caso Penta se encauce lejos de tribunales. La decisión fue bien recibida por todo el espectro político, partiendo por La Moneda.

El fiscal Carlos Gajardo habló fuerte la tarde del miércoles 4 de marzo. Le tocaba exponer los antecedentes que justificaban, según el Ministerio Público, la medida cautelar de prisión preventiva para los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Hablaba de las 102 operaciones forwards que firmó Empresas Penta con sociedades del grupo Cruzat. “Es labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) investigar los forwards”, disparó el persecutor, para luego agregar que “esto aún no ha sido denunciado por ellos”. Los antecedentes que mencionaba el investigador los había remitido su fiscal adjunto, Pablo Norambuena, por correo electrónico algunas semanas antes, el 12 de febrero.

Los abogados representantes del Fisco, Benjamín Ríos y Andrés Vío, acusaron el golpe. Al día siguiente, apenas les tocó hacer uso de la palabra, decidieron responderle a Gajardo. “Si estamos acá es porque hay tres denuncias y tres querellas del servicio”, manifestó Ríos, quien apuntó a que los datos entregados debían analizarse con tiempo y responsabilidad. Solamente una vez contestado el emplazamiento público de la fiscalía, los litigantes del SII iniciaron la presentación para justificar las medidas cautelares para los 10 formalizados.

Este episodio no fue un incidente aislado. La relación entre el equipo investigador antiguamente liderado por Gajardo -que ahora depende directamente del fiscal nacional, Sabas Chahuán- y el ente recaudador se había ido deteriorando con el paso de los meses. En el SII resentían las continuas presiones del Ministerio Público para presentar acciones legales que les permitieran avanzar en las pesquisas y se omitiera el hecho de que se había cumplido con el objetivo principal: recuperar algo más de cuatro mil millones de pesos para las arcas del Estado entre impuestos adeudados y multas por parte de los controladores de Penta y el ex gerente Hugo Bravo. Esta nueva provocación no hizo más que profundizar la grieta entre ambas instituciones.

El Fisco tuvo una oportunidad de acercarse al Ministerio Público esta semana. El fallido acuerdo entre los investigadores y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014 llevó a que los persecutores buscaran apoyo en Impuestos Internos. El miércoles 11, la comunicación entre ambas partes se hizo más intensa, cuando el gerente general de SQM, Patricio Contesse, presentó a través de su abogado, Samuel Donoso, una cautela de garantía para impedir una eventual incautación de sus libros contables. El equipo de fiscales, integrado por Chahuán, Gajardo, Norambuena y Emiliano Arias, se reunió de urgencia para determinar los pasos siguientes. Mientras se evaluaban cursos de acción, los fiscales pidieron a sus enlaces en la subdirección jurídica del SII que el servicio no los “dejara botados”. A esas alturas, esta nueva medida de presión no podía tener ningún efecto. Michel Jorratt, director del SII, y la subdirección jurídica, encabezada por Cristián Vargas, ya tenían una decisión tomada. Harían una demostración de poder que sería recibida con alivio desde el mundo político y que, de paso, acotaría el campo de maniobra a Chahuán y su equipo.

Asuntos internos

Tres libros diarios y otros tres libros mayores de julio de 2009; los libros de compras y de retenciones del mismo mes; la cartola bancaria N° 150 del Banco de Crédito e Inversiones que da cuenta de la existencia del cheque serie 32622, por la suma de $ 7.500.001 a María Carolina de la Cerda, y un pendrive marca Imation con copia digital de todos los antecedentes. Todo eso se llevaron los fiscales Norambuena y José Villalobos el mediodía del 16 de enero desde las oficinas de SQM en Los Militares, en una diligencia que marcó el inicio de las indagaciones en esta nueva arista.

El allanamiento había sido solicitado expresamente por la querella que el SII había presentado contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, justo una semana antes, el 9 de enero. En ese documento se había pedido requisar toda la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. Sin embargo, el SII rectificó el 12 de enero y acotó la búsqueda sólo a julio de 2009, el mes en el cual fue emitida la boleta de la cuñada de Wagner a SQM. La restricción chocó con las intenciones del Ministerio Público, que tenía pistas de prácticas similares a las de Penta en la sociedad minera por el destino que habían tenido los dineros pagados a De la Cerda, que terminaron siendo triangulados a la campaña senatorial de Joaquín Lavín.

Las sospechas de la fiscalía se afirmaron rápidamente al encontrar boletas de 19 contribuyentes, entre las cuales se hallaron familiares y colaboradores de diversos políticos: Mariela Molina, ex jefa de gabinete del senador PS Fulvio Rossi; Roberto León, hijo del diputado homónimo de la DC; Michelle Reymond y Daniel Rozas Reymond, esposa e hijo del ex embajador en la República Checa, Marcelo Rozas; Alejandro Urra, antiguo asesor de la Municipalidad de Colina, y Carolina Palacios, cuñada de una cercana colaboradora del ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira. En el Ministerio Público creían tener indicios para pensar que la contabilidad completa de SQM escondía un “monstruo”. Para poder encontrarlo, no obstante, necesitaban la hasta entonces esquiva colaboración del SII.

Con el apoyo de la unidad especializada en delitos económicos de la Fiscalía Nacional, Chahuán y los persecutores del Ministerio Público buscaban fórmulas legales para actuar de oficio. El miércoles, cerca del mediodía, cuando aún no se conocía la decisión del juez de garantía sobre la medida cautelar presentada por el abogado del gerente general de SQM para bloquear la entrega de los documentos contables solicitados por la fiscalía, Chahuán y su equipo ya habían decidido proceder al allanamiento de las oficinas de la minera. El plazo: antes de dos semanas.

En el SII estaban al tanto de la jugada de la fiscalía y optaron por anticiparse. El jueves, a las 12.15 horas, el director del SII, Michel Jorratt, junto a la plana mayor del organismo, anunció la puesta en marcha de la segunda fase del “plan especial de auditorías por figuras de evasión similares a los del caso Penta”. La medida, que el organismo venía estudiando desde hace tres meses, consistiría en citar a 1.735 contribuyentes con inconsistencias en sus declaraciones, para que demuestren la veracidad de las mismas y exhiban todos los documentos de respaldo. De esa cifra, 200 contribuyentes, entre los que figuraban SQM y personas que estaban en la mira de la fiscalía por el desvío de dineros para campañas políticas.

Jorratt también instó a que todos los demás contribuyentes que sospechen tener problemas se acerquen a las oficinas. “Es importante señalar que la autodenuncia puede ser considerada como un antecedente importante a la hora en que el servicio decide si ejerce o no la acción penal (...). Todos los que puedan presentar brechas de cumplimiento tributario deben acercarse voluntariamente a la institución para regularizar la situación y pagar los impuestos correspondientes”, indicó.

Dependiendo de sus explicaciones y de la gravedad de la faltas, el servicio podrá optar por una acción pecuniaria, es decir, una multa, o la persecución penal a través de una denuncia o querella. De acuerdo a datos del SII, sólo el 5% de las irregularidades termina en tribunales. “No es misión del servicio fiscalizar el cumplimiento de la ley de campañas políticas”, recalcó Jorratt.

Con esta jugada, el SII buscó dar dos fuertes señales. La primera, destinada al Ministerio Público: quien fiscaliza los delitos tributarios es el SII, tal como lo establece la ley. La segunda era mucho más amplia y ambiciosa: el organismo quería hacer valer la salida administrativa, por sobre la judicial, para enfrentar los casos de boletas ideológicamente falsas. “Es gasto rechazado, no un delito criminal”, dicen fuentes de la entidad.

Desde que la administración de Jorratt se instaló en las oficinas del Fisco, se intentó fortalecer la fiscalización. A juicio del director y de su círculo más estrecho de colaboradores, el servicio se había deteriorado en esta área durante los gobiernos anteriores, incluyendo el primer mandato de Michelle Bachelet. El foco se había puesto en el servicio al contribuyente y eso debía cambiar. Según indican desde el SII, al plan de respuesta se le llamó “fiscalización inteligente”. Consistía en detectar áreas de riesgo y abordarlas de forma específica. El diagnóstico indicó que el retiro de grandes fondos al extranjero, la evasión por boletas ideológicamente falsas y el uso irregular de pérdidas para obtener devoluciones improcedentes eran prioritarias. Las primeras denuncias realizadas dentro del caso Penta se enmarcan dentro de esta nueva línea de acción.

La aparición de los aportes irregulares a campañas políticas, temieron en el SII, podría poner en riesgo los esfuerzos que estaba haciendo la nueva administración del organismo. Se trata de casos con alta exposición pública, pero en términos estrictamente tributarios, los montos involucrados no tienen la relevancia de otras investigaciones que llevan adelante. Para el SII, estas platas entregadas soterradamente a campañas políticas constituían infracciones tributarias y la falta de atribuciones del Servel no era su problema. La ausencia de una denuncia o querella en contra de los facilitadores de boletas o de los propios políticos que reconocieron los aportes -ingresos no declarados- era demostración de este punto.

Salida institucional

El anuncio de Jorratt fue un duro golpe para el Ministerio Público, pero fue bien evaluado en La Moneda y en especial en el equipo político que está trabajando en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional que afecta a los partidos y al sistema político chileno.

La decisión del SII, asegura una autoridad de La Moneda, fue autónoma y no medió presión alguna del gobierno. Lo que no quita que el comité político manifestara su respaldo a la propuesta del organismo fiscal, sobre todo porque desde hace ya varias semanas venía manifestando su preocupación por los alcances que estaba adquiriendo la investigación en manos de la fiscalía.

El lunes, en la reunión del comité político en La Moneda, uno de los asistentes comentó que le parecían exageradas las medidas cautelares dictadas en el caso Penta, mientras otros reaccionaron con desagrado frente a la difusión que tuvo en las redes sociales la fotografía del fiscal Carlos Gajardo junto al vocalista de Los Tres, Alvaro Henríquez. Más aún, se quejaban de que hubiera trascendido que fue el cantante quien se acercó al persecutor para pedirle la foto, lo que reflejaba el alto perfil mediático que ha alcanzado el abogado. Ninguno era partidario de que este caso tuviera más resonancia del que ha tenido con el desfile de parlamentarios y dirigentes políticos en la fiscalía.

La medida administrativa del SII, que se dio a conocer justo en momentos en que el gobierno instalaba el consejo asesor que deberá entregar propuestas para regular la relación entre dinero y política, también fue recibida con beneplácito en sectores del oficialismo. Algunos de sus personeros hace tiempo venían preguntándose por qué el SII no planteaba una salida de este tipo, cuando estaba dentro de sus atribuciones.

Las expectativas de los partidos se basaban en el hecho de que algunos ministros del comité político habían transmitido en enero que los cálculos apuntaban a que el caso Penta comenzaría a decantar en su impacto público a contar de marzo. Si bien el escándalo provocado por el caso Caval en febrero no estaba en esas estimaciones, contribuyó para que tanto el oficialismo como la oposición pudieran alcanzar un consenso respecto de que la crisis requería de una aproximación más amplia, pues los problemas no sólo estaban en la UDI.

Algunos gestos de parte de la derecha durante el caso Caval dieron cuenta de esta situación: la “revaluación” del cuestionario que la bancada UDI planeaba enviarle a la Primera Mandataria y la modificación de la querella que RN presentó esta semana por negociación incompatible y violación de secreto.

De acuerdo a fuentes de RN, la acción legal fue “suavizada” luego de una conversación con un importante personero de La Moneda. En la práctica, esto significó retirar los nombres de las cuatro personas contra quienes iba dirigida la acción legal: los funcionarios de la Municipalidad de Machalí Cintia Ross y Jorge Silva, el seremi de Vivienda Wilfredo Valdés y el ex director sociocultural de La Moneda Sebastián Dávalos Bachelet. La omisión de los nombres significó que en primera instancia el escrito fuera rechazado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, por lo que posteriormente tuvieron que ser reintegrados.

Con todo, el alivio que generó en la clase política la vía abierta por el SII para evitar una “sobrejudicialización” de los aportes irregulares no asegura que el mecanismo de la autodenuncia será empleado en forma masiva. Desde el anuncio hecho por Jorratt, algunos políticos han llamado al Ministerio de Haciendo planteando sus inquietudes. “Es una oportunidad, pero aquellos que no transparenten y aclaren su situación, o aquellos que cometieron delitos graves y reiterados, van a terminar de todos modos en tribunales”, señala un miembro del gabinete de Bachelet.

La Tercera.