CASO PENTA O HIPOCRESÍA CHILENSIS.

Frente al caso Penta ‒me refiero específicamente al financiamiento de campañas políticas‒ los medios de comunicación y la ciudadanía en general han reaccionado, en mi opinión, de forma desproporcionada, como suele ocurrir cuando la gente realiza juicios morales sin considerar las circunstancias.

El financiamiento de las campañas políticas puede ser tanto público como privado y está regulado por la ley n°19.884 Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Respecto al financiamiento privado, la ley establece dos límites: un tope al gasto total del candidato y un tope al aporte que una misma persona puede hacer a un candidato, que en ambos casos varía según el cargo al cual se postula.

El problema se genera porque el nivel de gastos que demanda una campaña hace que los candidatos se tienten con obtener aportes que sobrepasan los límites legales, sobre todo si creen que sus competidores ya lo están haciendo (lo que muchas veces es efectivo). Para ello emiten una boleta por el monto de la donación. Ésta es emitida correctamente en la forma pero no hay un servicio que la justifique; este desajuste se llama “falsedad ideológica” y es un delito, además de constituir una infracción a la ley de gasto electoral y una ventaja ilegítima frente a los candidatos que respetan los límites.

Por el lado de las empresas, la ley n° 19.885 permite deducir los aportes a campañas políticas hasta el 1% de la renta líquida imponible; más allá de este tope la única forma de hacerlo es mediante una boleta, la cual necesariamente va a ser ideológicamente falsa. ¿Por qué un empresario quiere correr ese riesgo? Por ejemplo, porque está comprometido con la causa del candidato, como ocurrió en el Caso Penta. ¿Y por qué no lo hace como personal natural? Porque tendría que retirar el dinero de la empresa, con lo que el retiro quedaría gravado con impuesto global complementario, casi con seguridad en el tramo del 40%, por lo que el aporte al candidato se vería rebajado en este porcentaje. Este problema se reduce con la boleta, que obliga a una retención sólo del 10%, especialmente si la boleta es emitida por una persona distinta del candidato y cuyo ingreso personal corresponde a los tramos más bajos del global complementario.

El uso de la boleta permite al empresario resolver también otras dos situaciones: ocultar que ha sobrepasado el límite legal de aporte a un mismo candidato y ocultar el aporte si éste excede los límites legales para que se pueda considerar anónimo o reservado.

Las restricciones legales confluyen en un problema práctico. En cada elección la fila de peticionarios de una empresa grande como Penta es larga y resulta feo decirles a unos que sí y a otros que no, como ocurriría si se respetara la ley. Con la emisión de boletas se evita el problema.

Imaginemos ahora al candidato (del partido que sea) solicitando (a la empresa que sea) un aporte para su campaña y al empresario diciéndole: “Tenemos X millones para ti pero nos tienes que dar una boleta”. ¿Qué hace el candidato, estimado lector, si sabe que en la mayoría de las empresas se va a encontrar con idéntico problema? Adivinó: emite la boleta, total, no hay perjuicio para nadie salvo para el competidor, que muy probablemente esté haciendo lo mismo. Es cierto que la ley sanciona esta conducta por perjudicar al fisco, pero estrictamente no existe tal perjuicio porque el aporte recibido se usa para los gastos de campaña generando IVA e impuesto a la renta. Se configura entonces una situación curiosa en que se infringe la ley pero nadie sale perjudicado.

No se me malentienda: no estoy justificando al candidato que entra en el  juego, sólo estoy haciendo ver que las circunstancias incentivan la trampa. ¿Por qué lo hago? Porque, en mi opinión, los candidatos que han emitido boletas a cambio de aportes de Penta, SQM o cualquier otra empresa, no han incurrido en un acto de corrupción del nivel que los medios de comunicación han hecho creer a la ciudadanía.

¿Por qué, entonces, el escándalo? Porque muchos de los profesionales que trabajan en los medios de comunicación son de izquierda y han querido afectar al partido más a la derecha a la vez que venden la noticia excitando el morbo de la gente con una historia de poder político y económico. El público en su gran mayoría no entiende lo que pasa pero por ignorancia o mala intención asume rápidamente que los políticos estaban robando en cantidades enormes.

Pero hay otra explicación que quiero destacar: un rasgo dominante de la idiosincrasia chilena, ese que está descrito en el Evangelio con la frase “fijarse en la paja en el ojo ajeno y no reparar en la viga que hay en el propio”. “Hipocresía” y “doble estándar”, creo que le llaman.

Veamos. El gobierno y la izquierda no tardaron en poner cara de espanto y han llegado incluso a pedir la renuncia de los parlamentarios involucrados. Sin embargo, no se ha pedido la renuncia al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien también recibió un aporte de la empresa cuestionada “Es distinto, porque se trató de una compra de un estudio sobre urbanismo que realizó la fundación del ministro”, dicen. Claro, porque los políticos de ese lado son más astutos que los del otro, y varios de ellos han creado fundaciones cuyo objeto declarado es un asunto de interés público o “políticamente correcto” pero en realidad las usan para recibir aportes a sus campañas. Es una maniobra correcta desde el punto de vista legal, pero todos sabemos que se trató de un aporte a la campaña del ministro. Además la práctica de la boleta es realizada también por políticos de izquierda como va quedando demostrado con el desarrollo de la investigación. Y no olvidemos en la campaña de la Presidenta se pagaron dos boletas por 240 millones de pesos emitidas por una persona que casi con seguridad no realizó el servicio que las originó.

Pero la hipocresía de la izquierda resulta mayor aún si se recuerda la cantidad de las triquiñuelas que han realizado desde el aparato público: desmalezamiento de la RPC, compra de aulas tecnológicas con sobreprecio de varios millones de dólares, financiamiento de sus partidos políticos con platas del Estado (según lo declaró el ex presidente del PPD Jorge Schaulson), indemnizaciones millonarias hacia el final del gobierno del Presidente Frei, sobresueldos sin declarar y triangulación de platas en el caso MOP-GATE, etc., etc., etc.

Mención aparte merece el caso de falsos exonerados políticos, quienes, en su mayoría militantes PS y PC, recibieron al menos 30 mil millones pesos sin cumplir los requisitos legales, situación verificada por la Contraloría. Es del fraude al fisco más grande en la historia de Chile. Recordemos que para acceder al beneficio cada postulante necesitaba un certificado emitido por un parlamentario. Uno de los parlamentarios que más certificados falsos emitió fue Isabel Allende, la actual presidenta del Senado. Sin embargo, ello no impidió que fuera elegida para ocupar el cargo.

La hipocresía también ha aparecido por el lado opuesto. Días atrás oí a un señor decir: “Soy de derecha, pero este asunto me da asco”. Sin embargo, no tuvo asco en votar por Sebastián Piñera para Presidente en la elección de 2009, a pesar de que en 2007 fuera sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros por una operación de compra de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A. por un monto de $9.840 millones (superior al valor de la venta del predio de Machalí por parte de la sociedad de la nuera de la Presidenta). Todos sabemos que el historial del ex Presidente es generoso en actuaciones reñidas con la moral y la decencia, tanto en política como en el ámbito empresarial.

Y qué decir de la ciudadanía en general. Por ejemplo, conozco a un buen hombre de edad madura y votante de izquierda, a quien guardo gran aprecio. Sus hijos, criados en un hogar de izquierda y hoy prósperos profesionales capitalistas, son expertos en maniobras para ocultar sus ganancias y pagar menos impuestos. Para esto requieren del concurso de alguien de su entera confianza y… ¿sabe a quién recurren, estimado lector? ¡Adivinó de nuevo! Pero no sólo eso, un empresario amigo dejó estipulado antes de morir que de su empresa saliera todos los meses una determinada cantidad de dinero para él y, obviamente, la empresa respalda esos desembolsos con boletas. Pero cuando estalló el caso Penta, este buen señor no tardó en manifestar su horror.

Se puede señalar muchos ejemplos de la inventiva de los chilenos: trabajadores que piden se les contrate por el sueldo mínimo para pagar menos imposiciones –afectando de paso el financiamiento de FONASA−; maestros de especialidades varias que no emiten boletas por sus servicios a pesar de que por sus ingresos reales debieran hacerlo; comerciantes que no emiten boleta salvo que el cliente lo exija; ejecutivos de altos ingresos que reciben parte de su sueldos en cuentas de una caja de compensación para que no queden gravados con el impuesto de segunda categoría; empresarios pequeños y grandes que “compran” IVA mediante la adquisición de facturas que corresponden a compras realizadas por otras empresas, o que pasan los gastos personales por éstas. En fin, veo a los chilenos en masa condenando a sus políticos por una actuación incorrecta pero menos condenable que aquellas que ellos realizan a diario y que estoy seguro también habrían realizado de hallarse en las mismas circunstancias.

Ojalá el escándalo por el financiamiento irregular de campañas electorales nos haga tomar conciencia de cómo nuestras propias pillerías cotidianas afectan el bien común. Ya que hemos entrado al costoso juego de desacreditar a nuestros políticos, que sirva para algo positivo.  

Gastón Escudero Poblete.