LAS RAZONES DE SOQUIMICH.

Todavía resonaban los ecos de los aplausos por la prisión preventiva impuesta a los controladores de Penta –como momento histórico se llegó a calificar-, cuando se han conocido las diversas maniobras del Servicio de Impuestos Internos que, de hecho, están obstaculizando la investigación del Ministerio Público en SQM. Argumentos más o menos, lo cierto es que el tratamiento que está recibiendo la minera no es el mismo que el de Penta y por motivos que están lejos de parecer justos.

Se podía contar con que SQM no quisiera entregar información, y se valiera de cuanto medio esté a su alcance para evitarlo. Las razones entregadas por el S.I.I., sin embargo, para no  focalizar la investigación en la minera sino extenderla a un largo listado de grandes contribuyentes y, a la vez, otorgar tiempo para facilitar la auto denuncia, aunque admisibles quizás en el plano teórico, parecen insuficientes y muy  discutibles considerado el contexto, más cuando pueden colaborar a que se “evaporen” pruebas en el intertanto.  La tensión que se vive en el Congreso a raíz de este caso –reconocida por un diputado de la Democracia Cristiana-, el silencio elocuente de oficialismo y oposición –en cualquier otro caso el Director del Servicio ya estaría citado a una comisión investigadora- la prescindencia adoptada por el Gobierno –a excepción de la Ministra de Minería que se arrancó con los tarros solicitando la entrega de información-, y el propio empeño de Impuestos Internos en orden a dilatar la investigación,  introducen elementos que impiden descartar –por más que los involucrados lo hayan desmentido-  que la pauta del Servicio provenga de Palacio. Las “razones de Estado” expresadas en salvaguardar el sistema político, estarían poniendo la imaginación por delante para evitar que la sangre de SQM (y de varios más) llegue al río.

Al estallar el caso Penta, el Gobierno fue enfático –y la oposición también- en señalar que cualquier gran acuerdo que se tomara no afectaría las investigaciones en curso. Quería evitarse el rechazo de la ciudadanía a todo lo que pudiera oler a arreglo. Es por eso que lo que se está haciendo con SQM no es tolerable. No se puede  permitir que una investigación marche viento en popa –audiencias televisadas en vivo y formalizados presos inclusive- y a la vez dejar hacer –si es que no se le ha dado órdenes- al Servicio de Impuestos Internos para que se pueda echar tierra o dar tiempo a que los jerarcas de SQM para que no lleguen a ser objeto de la misma investigación. Es difícil compatibilizar la existencia de un estado democrático fundado en la igualdad ente la ley, con admitir que por hechos de la misma naturaleza, algunos sean investigados y objeto de escarnio público, y otros reciban tiempos de gracia o derechamente posibilidad de no ser investigados. El doble estándar es evidente, y el cuadro objetivo de protección a SQM a lo menos plausible.

Que el financiamiento de empresas a parlamentarios mediante facturas o boletas falsas haya sido práctica transversal puede ser fundamento para buscar un acuerdo de efectos universales. Pero dichos acuerdos, si pretenden retroactividad, deberán expresarse en leyes promulgadas y de aplicación general, y no en acuerdos tácitos en que la institucionalidad parece funcionar manca, dejándose caer a unos para salvar a otros. Si este último será el salvavidas del sistema político, es probable que sea de plomo.

Jorge Baraona Correa.