JUSTICIA A MILITARES: IMPACTANTE CARTA A RELATORA DE LA ONU.

Impactante carta a relatora de la ONU deja en evidencia la triste situación de los presos militares

Oficial de Ejército chileno envió denuncia por violaciones a los Derechos Humanos, que afectan a oficiales en retiro que se encuentran presos por procesos políticos muchas veces prescritos o dentro de la ley de amnistía que no se aplica en Chile.

A continuación, replicamos la carta enviada a Naciones Unidas.

SEÑORA ROSA KORNFELD MATTE

Relatora independiente de los DD.HH. de las Personas Mayores ante la ONU

Presente:

 Estimada Señora Rosa:

Me enteré de su nueva designación por una carta dirigida a usted, por el señor Coronel de Ejército don Fernando Gómez Segovia, e investigando sobre su gran labor desarrollada en las áreas de geriatría y gerontología, con más de veinte años en el programa del adulto mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del cual fue directora y fundadora, como así mismo, la relevancia que tiene para el país contar con una “Experta Independiente” para el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas mayores, no puedo más que felicitar este alentador nombramiento y expresar mis sentimientos de felicidad y optimismo.

 Su nuevo cargo, nos abre una luz de esperanza en vergonzosas situaciones cometidas hacia ancianos enfermos, donde se han violado todos sus derechos y que hasta ahora nadie quiere asumir, algunos de los cuales expondré para su conocimiento, esperando la posibilidad de que sean informados ante Naciones Unidas.

Antes de exponer algunos casos, y consciente que no es de su competencia ver aspectos judiciales, es necesario complementar la información para entender graves irregularidades, que se confabularon para condenar a uniformados adultos mayores, después de 41 años de producidos los hechos.

Todos ellos están procesados o condenados por delitos de “Lesa Humanidad”, por casos ocurridos en su mayoría entre los años 1973 y 1974.

Existe una ley de amnistía “vigente” que cubre desde los años 1973 a 1978, que faculta a los Jueces a investigar los casos, pero que impide a éstos dictar algún tipo de sentencia. Esa Ley sirvió de base para que en los tres primeros gobiernos de la Concertación, se indultara a más de 900 personas condenadas por delitos terroristas, de los cuales una gran mayoría reincidió en hechos delictuales de sangre. Hoy se argumenta que la ley de amnistía no se aplica para delitos de “Lesa Humanidad”, pero el decreto que tipifica estos crímenes, se publica en Chile en el Diario Oficial del 26 de Mayo de 2009 (Ley N° 20.352), por ende rige desde entonces y no antes.

En efecto, Chile ratificara su adhesión al Estatuto de Roma el 29 de junio de 2009, el cual en su Artículo 24 expresa claramente “que sus normas no pueden aplicarse a hechos anteriores a su vigencia”. Además nuestra Carta Fundamental garantiza que “ningún delito se castigará con otra pena que la señalada, por una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”. Lo anterior no ha sido respetado en ningún caso donde está involucrado un Uniformado, pero sí en todos los casos de crímenes de tipo subversivo, terrorista o extremista.

 No es necesario tener amplios conocimientos jurídicos, para determinar que los Jueces que han visto las causas de DD.HH., han actuado al margen de la Legalidad y de la propia Constitución, porque independiente de negarse a aplicar la Ley de amnistía, todos los casos están prescritos (en nuestro país el delito más horrible prescribe a los 10 años de ocurrido).

Muchos de los condenados están en esta condición, por tener secuestrada a una persona hace 40 o 41 años, situación legalmente absurda y cuya figura jurídica no existe.

Quisiera hacerle entrega en forma personal, de un libro escrito por el Abogado don Adolfo Paúl Latorre, titulado “Procesos sobre violación de derechos humanos, Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades”, donde se abordan detalladamente cada caso.

Entrando al tema específico que concierne a usted, como relatora independiente ante la ONU, partiré con un caso emblemático que en particular a mí me desconcertó, por la maldad y crueldad demostrada. Se trata del Capitán de Carabineros don Guillermo Cofré Silva, condenado el 8 de Septiembre de 2009 a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del “secuestro” calificado de María Edith Vásquez Fredes, delito cometido supuestamente el 23 de octubre de 1973 y que de acuerdo al fallo, ella seguiría secuestrada por el condenado hasta el día de hoy.

Al gobierno anterior se le solicitó reiteradamente el indulto humanitario del Capitán Cofré, debido a que el cáncer que lo aqueja, se encuentra en su fase terminal, argumentándose además que él por estar postrado en cama, no constituye un peligro para nadie, pero siempre fue negada la absolución.

Pido perdón a él y su familia por exponer esta humillante foto ante usted, pero de que otra forma puedo ejemplificar mejor, lo que en mi país se considera un “PELIGRO PARA LA SOCIEDAD”. Este año habiendo cumplido su sentencia, le dieron el beneficio de reclusión domiciliaria, con firma semanal. No me imagino siquiera, como cumplirá lo de la firma semanal en su deplorable estado, pero percibo que la justicia de esta forma, protege a la sociedad de este “peligroso ser humano”.

Además del caso descrito, le presento en esta otra fotografía al Capitán de Carabineros don Marcelo Castro Mendoza, que se encuentra sentenciado a Cinco años y un día, padece de diabetes avanzada, ceguera total de un ojo, sordera bilateral profunda (no dispone de audífono), fue amputado de un pie a consecuencia de la diabetes y se dializa cada dos días. Él también es considerado en Chile un “PELIGRO PARA LA SOCIEDAD”, por lo tanto debe cumplir su condena sin ningún tipo de beneficios.

El General don Manuel Contreras Sepúlveda, tiene 85 años de edad y padece de leucemia (transfusiones de sangre permanentes), colostomía, daño irreparable del Hígado (diálisis tres veces a la semana), poca capacidad motora, hernia en la columna que se agrava en cada traslado desde el penal de Punta Peuco hacia el Hospital Militar, y otras propias de su avanzada edad y mala salud.

 Son innumerables los casos de uniformados condenados o procesados con enfermedades graves, y la edad de ellos varía entre los 70 y más de 90 años.Como expresa el Coronel Gómez en su carta, todos están sentenciados encubiertamente a la Pena de Muerte. Por enfermedades graves ya han muerto a la fecha más de 10 hombres de edad muy avanzada, en condición de “prisioneros”, otros tantos más han fallecido por enfermedades en condición de “Procesados”, y se han quitado la vida aproximadamente 15.

 Los suicidios no han sido motivados por algún cargo de conciencia, sino por haber sido condenados a morir indignamente, condenados a la humillación pública, condenados a torturas diarias, y de eso no cabe duda alguna.

Puedo dar ejemplos obscenos e inmorales, que ratifican la falta de prolijidad en los procesos.

El Coronel de la FACH don Mario Jahn Barrera (Q.E.P.D.), fue condenado a 15 años de cárcel y ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, un año después de su deceso.

 El General de Carabineros don Osvaldo Muñoz Sanhueza (Q.E.P.D.), es procesado por el Juez Carroza el mismo día de su funeral, por tener a una persona secuestrada desde el año 1973.

 El General de Carabineros don Osvaldo Arriagada Pazmiño, es condenado y solo se percatan de su estado de salud agónico, junto a una severa demencia senil producto de sus 87 años de edad, cuando personal de la PDI, lo va a buscar al hospital para cumplir su sentencia.

¿Qué quiero graficar con estos ejemplos?

Que los jueces condenan o procesan a personas que no conocen, pues jamás les tomaron una declaración.

Al Brigadier don Miguel Krassnoff Martchenco, a quien conozco desde niño, le ocurrió lo mismo al ser condenado reiteradamente por el ex Juez Alejandro Solis, sin que éste lo apersonara a declarar.

¿Habrá otro país en el mundo, donde el Estado de Derecho se ejerza de esta forma?

Insistentemente en casos de DD.HH. contra uniformados, Jueces dictaminan una sentencia sin que el acusado pueda entregar su testimonio o alegar su irresponsabilidad, suplantando la “presunción de inocencia”, por una obsesionada y forzada “culpabilidad”, y ante eso no se justifica hablar con el imputado, ni conocer su edad y estado de salud.

Para connotados juristas internacionales que nos han visitado, lo que ocurre en nuestro país en los procesos a uniformados, es aberrante y no tienen solución dentro del Estado de Derecho chileno, por lo que sugieren acudir a Cortes Internacionales.

¿Vergonzoso?

Cuando una confabulación de venganza se introduce a la fuerza en el alma nacional, porque durante 24 años se ha escuchado una sola voz, sin ninguna posibilidad de réplica; cuando la prensa en general se hace cómplice de la venganza y no quiera mostrar la otra cara de la moneda; cuando los Poderes del Estado, sin excepción, aúnan fuerzas para concretar la venganza, entonces tenemos como resultado que a nadie le importa el incumplimiento de las Leyes y la Constitución, y los jueces pueden cometer estos abusos a su antojo.

En una carta que envié a la Presidenta de la República, en el sitio Web oficial del Gobierno de Chile, sobre la petición de cierre del penal de Punta Peuco y situaciones de adultos mayores en este y otros penales, dentro de algunos ejemplos le expuse la situación del Colono alemán don Gerd Seewald, quien falleció en condición de preso a los 93 años, preguntando a su excelencia si tener a alguien de esa edad en la cárcel, no constituía una violación a los derechos humanos más fundamentales.

Las personas de Colonia Dignidad son vinculadas al Gobierno Militar, razón por la cual tienen el mismo trato denigrante e injusto que los uniformados. En la misma condición del Sr. Seewald, se encuentra otro anciano y compañero de celda de él, que con 85 años de edad, espera su muerte en la cárcel de Cauquenes.

Como era de esperar, no obtuve respuesta alguna.

En Punta Peuco, muchos están impedidos de realizar funciones básicas, y deben ser ayudados en todo por sus compañeros de módulos, incluyendo casos severos de demencia senil, como el de un Prefecto de Investigaciones, ingresado en Marzo de este año, y que no sabe ni su nombre.

¿Cómo lo condenaron?

Probablemente nunca fue interrogado, porque su condición mental lo inhabilita para dar un testimonio.

¿Le importa esto a alguien?

Tengo la esperanza y convicción, de que a usted sí.

Chile se jacta de ser respetuoso con los “Derechos Humanos” de sus ciudadanos, pero no es verdad.

Cuando asesinan a un Carabinero o a una pareja de adultos mayores, como el caso Luchsinger Mackay, ningún organismo de DD.HH. se hace presente o alza la voz, pero sí lo hacen en masa para amparar al victimario.

Lo mismo ocurre con el trato infame y siniestro hacia ancianos que vistieron con orgullo el uniforme de su Institución Armada. Hombres que tuvieron una carrera brillante, que escalaron a los más altos grados jerárquicos por condiciones profesionales y de honorabilidad a toda prueba. Que mandaron Regimientos, Cuarteles Generales, Divisiones, que tuvieron bajo su mando miles de soldados, armamento y equipo, que en su vida militar y civil nunca hicieron algo reñido con la moral y siempre cumplieron con la normativa legal del país, pero que después de 40 años, los fueron a buscar a su casa y los encerraron en una fría celda, por ser un “PELIGRO PARA LA SOCIEDAD”.

En el lado contrario de la moneda, están los que han gozado los privilegios de la injusticia. Esos que nunca cumplieron las normas, reglas, leyes, ni nada. Como un connotado ex Senador de la República que comandó un grupo extremista que dinamitó el puente Queronque de Limache, donde asesinaron a más de 63 civiles inocentes que viajaban en tren. O ese otro señor Diputado que confesó el asesinato de los escoltas del Presidente Pinochet, y que internó miles de toneladas de armamento de guerra, para provocar el peor holocausto del país.

Ahora ellos mismos nos indican que el único terrorismo que existe, es el que proviene del Estado. Que el asesinato de un Senador, de un Intendente, de cientos uniformados, de un matrimonio de ancianos, o las quemas de cosechas, casas, galpones, maquinarias, etc., nada de eso constituye un ACTO TERRORISTA.

Y la justicia y el resto de los poderes del estado lo avalan, con acciones como las que vemos a diario, como por ejemplo el “caso Bombas”, donde los responsables serán premiados con quinientos millones de pesos (a excepción de dos de ellos, que en España no consideraron sus actos tan democráticos), o el caso de un cabo de Carabineros que deberá pagar los costos del juicio, de un joven que intentó volar su retén, etc., etc.

En una querella criminal reciente, presentada por las familias de los escoltas presidenciales asesinados el 07 de Septiembre de 1986 (27 años atrás), en contra del Diputado Teillier, el mismo ministro que ha procesado a cientos de uniformados por casos de 1973, sobreseyó el caso por estar prescrito ante la Ley.

¿Ley pareja?

Nuestros viejos están solos en este odioso e irracional acto de venganza, por lo que acudimos a usted, clamando por justicia y humanidad.

Voy a cumplir 51 años de edad, y para el 11 de Septiembre de 1973 tenía 10 años. Muchas de las personas que se encuentran procesadas o condenadas hoy, en esa época tenían mi edad actual. Han pasado 41 años y no existe ningún ánimo de reconciliación, y que ésta infame persecución termine, por el contrario, cada día se vuelve más agresiva y más represiva.

El odio ha sobrepasado todo límite.

No basta con tenerlos en la cárcel viejos y enfermos de por vida, ahora aprueban en la Cámara de Diputados, el cierre del Penal Punta Peuco, con el argumento de que es un hotel 5 estrellas, sin conocer siquiera el Penal.

Ya cerraron el Penal cordillera, cuyo único objetivo era proteger la vida de prisioneros en malas condiciones de salud, por su cercanía al Hospital.

Pero la venganza no podría estar completa sin aprobar la degradación y quitarles el sueldo, porque de esa forma también destrozan a sus familias. Lo anterior pese a que el Presidente de la Corte Suprema, les hiciera ver que era una medida ilegal.

Señora Rosa, si requiere de mayores antecedentes sobre la situación médica y avanzada edad de cada uniformado prisionero político, se la haremos llegar a la brevedad, aunque es una tarea bastante difícil ya que en condición de condenados y procesados, existen más de 1.200 adultos mayores.

Desconozco si dentro de sus atribuciones, está el poder pedir una auditoría. Lo anterior podría ratificar o desmentir en forma seria y oficial, las denuncias planteadas.

Solicito nos conceda una audiencia junto al Señor Fernando Martínez Collins, para plantear lo expresado en esta síntesis y otros casos más, además de poder hacer entrega del Libro escrito por el Abogado Adolfo Paúl Latorre.

Saluda atentamente a Usted

JORGE TEJOS RODRIGUEZ 

Oficial de Ejército (R).