GOBIERNO Y TERRORISMO: ESQUIZOFRENIA FINGIDA.

La invocación inmediata de la Ley Antiterrorista para investigar el repudiable atentado que hace poco afectó al presidente del directorio de Codelco, se contrapone con una reticencia irracional del Gobierno para recurrir a esta misma ley a fin de investigar un sinnúmero de atentados que se vienen perpetrando desde el Bío Bío al sur, con pérdida de vidas humanas, heridos y un altísimo costo económico en recursos e inversión.

Es curioso que, muy de refilón, el subsecretario del Interior se desmarque de todo el discurso oficial y reconozca que, en relación a este caso, los grupos que usan la violencia sí son terroristas. Parece haber entonces, más que un doble estándar, dos realidades simultáneas para el Gobierno.

En segundo lugar, es el propio Ejecutivo el que en el marco de la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, y la mediática huelga de hambre de Francisca Linconao, sorprende a todo el mundo alegando junto a la propia defensa para rebajar la medida cautelar de la imputada, en circunstancias que el Gobierno es parte querellante en esta causa.

Rápidamente, la vocera de La Moneda sale a explicar esta maniobra: lo que se hizo fue desarrollar una acción jurídica para que la imputada (en este caso, por un crimen de carácter terrorista) depusiera su huelga de hambre. Así, la intervención de un poder del Estado en otro se hace ver como lo más normal del mundo. Pura confusión.

Como en una “comedia de errores”, la plana mayor del Instituto Nacional de Derechos Humanos desarrolla una coordinada estrategia respecto del mismo caso y, en la práctica, sale a comandar el cambio de la cautelar de la imputada. Visto así, y dado el estado de abandono en que se hallan las víctimas de los atentados y el creciente terror de los habitantes del mundo rural, el concepto de derechos humanos se vuelve, en manos del INDH, peligrosamente mezquino y arbitrario.

A renglón seguido, la misma ministra Narváez tiene la desfachatez de decir que el Gobierno seguirá adelante como parte querellante del caso, pues lo considera de la “máxima seriedad y gravedad”.

Creo que bajo esta aparente esquizofrenia del Ejecutivo se esconde un potente lobby que sus operadores políticos están desplegando, fuera y dentro del país, para que en el caso Luchsinger Mackay se valide, como fallo extrajudicial anticipado, la absolución de quienes hoy se encuentran imputados.

A estas alturas, ningún movimiento me parece casual. Porque de la escalada terrorista que va de este 2017 —con decenas de trabajadores heridos, maquinarias destruidas y una población rural con el alma en un hilo—, de eso, que es lo que en verdad preocupa, ni una sola palabra.

Marcelo Zirotti Kehr, presidente Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.