UN CAMBIO DE GABINETE DESCONCERTANTE.

El gobierno transmite una confusa señal al dar la impresión de que está renunciando a hacer efectivas las responsabilidades y ordenar su agenda.

EN UNA escueta ceremonia en La Moneda, la Presidenta de la República anunció ayer su tercer cambio de gabinete, el que provocó un evidente desconcierto -incluso dentro de la propia Nueva Mayoría- por su escaso alcance y profundidad. La salida de la exministra de Justicia era un hecho esperable -tanto por los escándalos en el Sename como por el bochorno ocurrido en torno al padrón electoral-, si bien no deja de ser llamativo que haya sido la figura de Ricardo Lagos la que aceleró este cambio, al haber reclutado al exministro de Energía Máximo Pacheco para su equipo programático. El que La Moneda se haya visto en la necesidad de alterar sus planes ante la irrupción del expresidente es un hecho político en sí mismo, quien empieza a ocupar un lugar protagónico dentro del oficialismo.
Es un hecho que el factor detonante de este cambio de gabinete fue la presión insostenible que se había generado en el gobierno a raíz del escandaloso cambio de domicilio electoral que afecta a medio millón de ciudadanos, un hecho que pone en entredicho la confiabilidad del padrón electoral y que puede empañar gravemente los resultados de las elecciones municipales de este domingo. Un bochorno de esta naturaleza hacía imperioso cursar las responsabilidades administrativas y políticas del caso, que no se limitan solo al Ministerio de Justicia, si bien a esta repartición le cabía una cuota ineludible porque bajo su dependencia está el Registro Civil, donde tuvo su origen el cambio de domicilio electoral.
Era obvio para cualquier observador que la ministra de Justicia había perdido ya todo su capital político para el cargo, pero es también claro que la responsabilidad por el desaguisado se había ramificado al propio equipo político de La Moneda, el cual dio aquí renovadas muestras de su impericia. Solo así se explica su tardía reacción para salir al paso del escándalo electoral, presentando para estos efectos una “ley exprés” que carecía de votos suficientes y que más bien pretendía diluir su propia responsabilidad política en estos hechos. Aun cuando cabe valorar que la Presidenta de la República haya hecho finalmente efectiva una responsabilidad removiendo a la exministra, la magnitud del problema hacía también inevitable que se pagaran costos a un mayor nivel político, lo que inexplicablemente no ocurrió. En particular, para numerosos representantes de la Nueva Mayoría resultó una sorpresa que el ministro Secretario General de la Presidencia no haya sido removido, a quien culpan del desgaste que se ha producido en la relación del gobierno con los partidos del oficialismo y de la errática tramitación de proyectos de ley relevantes.
Es una señal lamentable que la responsabilidad haya terminado acotándose únicamente en la cartera de Justicia, porque con ello se da la impresión de que La Moneda no ha terminado de calibrar el daño que le provoca al país el desprestigio y pérdida de confianza hacia las instituciones del Estado. No cabe entonces asumir este cambio ministerial como un reconocimiento del profundo error en que se ha incurrido -es apenas un mínimo-, y es inevitable preguntarse por qué el gobierno no aprovechó esta instancia para haber activado cambios más profundos, habida cuenta del sinnúmero de tropiezos de su equipo político. Una administración que aparentemente decide renunciar a su obligación de sancionar errores y ordenar su propia gestión parece sugerir que ha optado por replegarse, lo que transmite confusión y desconcierto.

Editorial La Tercera.