LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL SENAME.

Las FFAA de Chile han sido sometidas a un escrutinio extremadamente severo en cuanto al irrespeto a los Derechos Humanos de personas durante el Gobierno Militar. Los investigadores y persecutores han provenido de iglesias; la masonería; el Poder Ejecutivo a través de organismos creados ad-hoc para ello; del Poder Legislativo que ha creado leyes, procedimientos y disposiciones también ad-hoc; el Poder Judicial que abiertamente ha hecho suya y ha tomado partido a favor de la causa de los afectados; organizaciones sociales de diversos tipos y ONGs de los mas diversos orígenes y propósitos.

El punto y los métodos mediante los que ha sido llevada esta inquisición es discutible y, legítimamente, hay posiciones diversas.

La implacable aplicación de la política de “Ni Perdón ni Olvido” aplicada por el Partido Comunista y sus simpatizantes ha significado la creación de situaciones humanitarias que han merecido el reparo de miembros del Poder Legislativo y de la Iglesia Católica, además, obviamente de los simpatizantes del Gobierno Militar y de personas que respetan y apoyan a las FFAA.

El núcleo de esta situación es la existencia de 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. De estas 2010 personas,  60 eran extranjeros y 54 eran menores de edad.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno fue el suscitado entre la Oposición al Gobierno de Allende y éste con su Unidad Popular, que intentaron apoderarse del total del poder político, económico y social para imponer un gobierno revolucionario y el posterior intento del Partido Comunista para revertir la derrota, con abundante apoyo internacional.

No cabe duda que la desaparición -hace ya casi medio siglo- de estas personas, en un lapso de 17 años de lucha armada en que ambos sectores sufrieron bajas -obviamente y como sucede siempre, los derrotados las tuvieron en mayor número- constituye una desgracia muy difícil de sobrellevar por los deudos y un daño irreparable para los que sufrieron la pérdida de su vida y muchas veces malos tratos crueles e innecesarios.

Hoy enfrentamos una situación parecida y, si es posible, aun mas atroz.

Investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también de Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años, de 1336 personas entre menores de edad (243 en residencias de protección, 406 en organismos colaboradores, 206 en centros de protección ambulatorios y 33 por justicia juvenil) y mayores de 18 años (215 en residencias, 21 en ambulatorios y 212 por justicia juvenil).

A estas muertes se suman serias sospechas de que muchas de ellas fueron víctimas de violaciones, adopciones ilegales y ventas de órganos¡. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervigilancia del Ejecutivo.

Ninguno de los niños del SENAME tuvo jamás un arma en sus manos ni la mas leve intención de matar u oprimir a nadie. No tuvieron ninguna oportunidad de escapar ni evitar su martirio. Eran verdaderamente inocentes.

El diputado independiente René Saffirio calificó el informe (presentado por Solange Huerta que actualmente encabeza el SENAME) como demoledor: Es una violación sistemática de los derechos humanos de niños y adolescentes, declaró que “quien pudo ocultar 1.336 muertes durante 10 años, perfectamente pudo ocultar donaciones de órganos sin respetar los protocolos y venta de niños al extranjero bajo la forma de una adopción internacional”

El diputado Ramón Farías (PPD) calificó la cifra de fallecidos en el SENAME como “escalofriante” y como una muestra de que “el sistema se está cayendo a pedazos”. A continuación extendió una capa de bálsamo: “Si hallamos responsabilidad penal en la comisión investigadora la vamos a tener que poner en conocimiento del Ministerio Público”. Nada muy drástico para tamaña brutalidad.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, expresó su “tristeza y malestar” por las muertes en el SENAME y anticipó que mañana anunciará medidas concretas para abordar la crisis del organismo, aunque sin ofrecer detalles de las acciones que emprenderá el Gobierno.

Volviendo al caso de las violaciones a los DDHH cometidos durante el Gobierno Militar, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado "Menores de edad "detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

El balance numérico es desfavorable a los Gobiernos Democráticos; la reacción del mismo sector político ante las violaciones a los DDHH de los afectados es completamente diferente, y la "indignación moral" nacional y mundial es de una devastadora asimetría.

¿Por qué será?.

Fernando Thauby.