BOCHORNOSO DESAGUISADO CON PADRÓN ELECTORAL.

Las diferencias entre el Registro Civil y el Servel son una nueva muestra de la preocupante incapacidad del Estado para ejecutar sus tareas.

RESTAN APENAS seis días para las elecciones municipales, y el país asiste a la bochornosa situación de que el padrón electoral presenta gruesos errores que podrían enlodar los resultados. Hay casi medio millón de electores que fueron cambiados de domicilio electoral sin su consentimiento, y de tal desaguisado se culpan mutuamente el Registro Civil y el Servicio Electoral (Servel), lo que ha motivado que tanto la Contraloría como el Ministerio Público hayan comenzado a investigar los hechos, ya sea para determinar eventuales faltas administrativas o para pesquisar posibles delitos.

Se están improvisando soluciones de emergencia -por de pronto la tramitación de una “ley express”, que dé a los afectados la posibilidad de votar indistintamente ya sea en su antiguo o en el nuevo domicilio electoral-, pero ninguna de ellas será enteramente satisfactoria, no solo porque hay un evidente riesgo de que la elección en aquellas comunas con mayor alteración del padrón se vea enturbiada, sino también porque se profundiza la desconfianza y el desinterés por participar en la vida cívica.

Se trata de otra falla ominosa por parte del Estado, que está dando reiteradas muestras de una preocupante incapacidad para gestionar apropiadamente aquellos servicios y tareas que le son propios, con el agravante de que ninguna autoridad parece estar dispuesta a asumir la responsabilidad de tales desaguisados. Así ha ocurrido con la tragedia de cientos de menores fallecidos en dependencias del Sename -entidad que depende del Ministerio de Justicia, al igual que el Registro Civil-; con las desprolijidades en la tramitación de la reforma educacional y la gratuidad; con las inadvertidas pensiones millonarias cursadas en servicios como Gendarmería; con la crisis en los servicios de salud y los hospitales inconclusos; con la reforma tributaria, que hubo de ser modificada y que aún no termina de clarificarse; en fin, el listado es extenso y el patrón de incompetencia de la gestión estatal es manifiesto.

Es insólito que dos servicios del Estado se culpen por lo sucedido con el padrón electoral, pero a la vez resulta inexcusable que el Servicio Electoral, habiendo recibido reiteradas señales de que se estaba produciendo esta anomalía, tuvo un actuar poco enérgico y no parece haber mostrado mayor dedicación para asegurar la impecabilidad del padrón electoral. Tras la consagración del voto voluntario, fue evidente que en su nueva confección este contenía fallas -como por ejemplo personas fallecidas o de muy avanzada edad-, las que no fueron corregidas, agravadas ahora por este inesperado cambio de domicilio. Es lamentable que una entidad que goza de autonomía constitucional, dotada de un consejo directivo plural y de mayor capacidad presupuestaria y logística que el antiguo Servel, aún no logre confeccionar un padrón plenamente depurado.

Es evidente que las autoridades de gobierno y del Servel se tomaron inicialmente con ligereza el cambio de domicilio electoral, y contra el tiempo se busca ahora tramitar una ley que corrija transitoriamente la situación, no sin riesgo de que pueda haber duplicación de votos u otras anomalías. Las responsabilidades del caso habrán de hacerse efectivas, porque de lo contrario el Estado no asumirá las consecuencias de sus propios errores, y le cabe al gobierno y al Servel dar garantías de que para la elección de 2017 no habrá nuevas fallas.

Editorial La Tercera.