INSEGURIDAD EN LA ARAUCANÍA.

En entrevista radial, el intendente de La Araucanía manifestó que “en materia de delincuencia general, porque aquí hay que preocuparse de toda la región -porque parece que existiera una región chiquitita y no existiera toda la región-, quiero decirle que en materia de delincuencia es la tercera región más segura de Chile”.

Sus declaraciones resultan desafortunadas, porque el grave problema de seguridad que vive la región no tiene que ver propiamente con la delincuencia tradicional -donde la región efectivamente se ubica dentro del promedio nacional, conforme la última encuesta de victimización, lo que tampoco ha de verse como un triunfo-, sino que con formas de violencia propias del terrorismo o de células bien organizadas que buscan la desestabilización política o el amedrentamiento. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que La Araucanía es por lejos la zona más insegura del país, fenómeno que lamentablemente no ha logrado constituir una prioridad política, y que se ve refrendado por el desconcertante análisis que se hace desde la propia intendencia.

La pérdida del estado de derecho en esa región es un fenómeno de especial gravedad, que producto de la impunidad hasta ahora reinante ha alimentado actos cada vez más violentos, como la indiscriminada quema de templos religiosos o ataques incendiarios a escuelas, pequeños agricultores y empresas forestales. Ese cuadro ameritaría una intervención policial y del Ministerio Público muy distinta al combate de la delincuencia común, donde cabría esperar que el propio gobierno regional liderara los esfuerzos para denunciar la grave inseguridad que se vive en la zona.

El conflicto que se vive en La Araucanía no debería reducirse a una cuestión puramente policial, pues la solución pasa por un esfuerzo político a gran escala, que sigue siendo una materia pendiente en el país. Pero ello no puede llevar a perder de vista que el control de los grupos subversivos es también una condición indispensable para avanzar en cualquier solución, porque sus actuaciones son del todo ajenas a las reivindicaciones pacíficas del pueblo mapuche; de allí que no cabe ver el fenómeno como mera “delincuencia”.

Editorial La Tercera.