MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SIN RUMBO.

Las últimas semanas se ha observado una evidente radicalización del movimiento estudiantil, tanto en el ámbito de los secundarios como en la educación superior. La marcha convocada la semana pasada por la Confech terminó en graves desmames -que incluso derivó en la bochornosa profanación y saqueo de la iglesia Gratitud Nacional-, en tanto una serie de federaciones de universidades privadas han decidido tomarse sus respectivos planteles, en lo que el movimiento ostenta como “un segundo aire”, en reminiscencia a las movilizaciones de 2011.

Las organizaciones que coordinan a los estudiantes secundarios también han emprendido tomas de liceos y colegios; además de llevar a cabo una marcha que no contó con la autorización de la Intendencia, algunos de sus dirigentes se han permitido desafiar a la autoridad con amenazas de que “no se dejará gobernar”. Ayer hubo una nueva muestra del sinsentido que embarga a parte de los estudiantes. Así, fue posible apreciar el saqueo y destrozo del que fue objeto la biblioteca y mobiliario del Instituto Nacional Barros Arana durante el tiempo que estuvo tomado. La  alcaldesa de Santiago manifestó su repudio e hizo ver el grave daño que este vandalismo provoca en la educación pública; llama la atención, sin embargo, que el desalojo se haya dilatado, cuando la propia municipalidad había denunciado hace varios días que había indicios de daños.

Los estudiantes justifican estas movilizaciones porque estiman que la reforma educacional que impulsa el gobierno no recoge las principales demandas del “movimiento social”. La Confech, de hecho, manifestó su rechazo al borrador que el Ministerio de Educación les presentó sobre la reforma a la educación superior, e hizo un llamado a mantener y aumentar las movilizaciones, aunque pide que sean “creativas y responsables”. No hay ánimo de diálogo y entendimiento por parte de la dirigencia estudiantil, sino un llamado a radicalizar las posturas e imponer una visión unilateral mediante métodos de presión que se alejan por completo del sano debate democrático, y que se reducen al “todo o nada”.

Las demandas que sostiene el movimiento en el plano educacional -y que no estarían siendo recogidas en el proyecto, según denuncia la Confech- se refieren al fin del lucro, la condonación efectiva de las deudas, la democratización de los planteles educativos  y la construcción de una educación pluricultural. Resulta evidente que un petitorio tan absolutista y ambiguo como este hace perder credibilidad al movimiento estudiantil, porque se trata de demandas incompatibles con un sistema universitario que tenga por objetivo la calidad y que preserve la autonomía de los proyectos académicos. Son planteamientos que únicamente encuentran respaldo en los sectores más radicalizados del espectro político, y que por lo demás hace tiempo han dejado de sintonizar con la ciudadanía. Así, la última encuesta Cadem indica que el 63% de la población rechaza la reforma educacional, una tendencia que ya empezó a ser evidente desde fines de 2014. Según el mismo sondeo, incluso durante 2015 llegó a presentar 70% de rechazo, coincidiendo con un período de marchas estudiantiles.

Es lamentable que la discusión razonada en el movimiento estudiantil se esté debilitando peligrosamente, para dar paso a violencia y viejas consignas ideológicas, cuyo objetivo ya no parece ser otro que imponerlas por la vía de la coacción. 

Editorial La Tercera.