"ELLA" BAILA SOLA.

Había reaccionado bien, expresando su legítima indignación frente a un diálogo que le imputaba hechos muy poco creíbles. Complementó además su molestia informando al país que había aportado a la investigación del caso Caval, declarando voluntariamente como testigo. Pero terminó dinamitándolo todo al presentar una acción criminal en contra del medio de comunicación que, bien o mal, tomó la decisión de publicar el contenido de esa conversación inverosímil, incluida sin embargo en la carpeta investigativa por el fiscal que instruye la causa.

Michelle Bachelet abrió así un abismo con la prensa y los periodistas en el peor momento de su imagen pública, optando por un camino que la ubica en la vereda contraria a la libertad de expresión. En paralelo, la ofensiva de la Mandataria repuso la atención en un caso judicial que sólo ha traído costos para su credibilidad, reforzando paradójicamente las asociaciones implícitas que en apariencia esta querella buscaba desacreditar.

Desde el primer minuto, la decisión de la presidenta hizo visible una desprolijidad asombrosa, una trama de desaciertos que sólo puede explicarse por la ausencia de un análisis político básico respecto a sus riesgos y costos inevitables. En efecto, la pretensión de separar a la ‘ciudadana Bachelet’ del cargo de presidenta es de una ingenuidad preescolar, un objetivo inocuo que además fue de inmediato saboteado por la decisión de anunciar la querella a través del ministro vocero del gobierno y de poner a La Moneda como domicilio del querellante. A ello se sumó además que los gestores de esta iniciativa no tuvieron ni siquiera la deferencia de informar a los testigos que serían agregados al requerimiento; exponentes forzados entre los cuales la ‘ciudadana’ Bachelet decidió incluir nada menos que a un ministro del comité político y a la jefa de gabinete de la Presidencia.  

En rigor, no resulta fácil entender cómo en un caso de estas implicaciones no existió el más mínimo control de daños y de riesgos por parte del gobierno. Un síntoma sin duda innegable de las debilidades que hoy cruzan al entorno presidencial y al propio gabinete, que al final no fueron capaces de evitar una decisión que no tendrá ningún rendimiento político sustantivo. Sin ir más lejos, para una Mandataria que ha hecho de su condición de víctima de la dictadura un aspecto central de su posicionamiento público, ya resulta un costo muy alto que su acción judicial esté siendo cuestionada por la Sociedad Interamericana de la Prensa, Human Rights Watch y la directora del Instituto Nacional de DD.HH., entre otros.

En síntesis, más allá de cualquier otra consideración, lo que este caso volvió a dejar al descubierto es la preocupante soledad de la presidenta, la enorme carencia de componentes que ayuden a evaluar y a contrastar las consecuencias de sus decisiones. En este incidente, lo que brilló por su ausencia fueron los imprescindibles elementos de contención que todo equipo de gobierno debe tener; la efectiva capacidad de sus ministros y asesores para, en un incidente donde se mezclan hasta lo indecible las dimensiones humanas y políticas, conseguir que la presidenta de la República no termine bailando sola.

Max Colodro.