¿QUÉ PASA, MICHELLE?

Partamos por la razón fundamental del amplio rechazo que ha generado la querella presidencial contra los periodistas de la revista Qué Pasa. Toda acción legal de un Presidente de la República contra un medio o sus periodistas se propone dar una señal que podríamos calificar como disuasiva, si usted prefiere el lenguaje amable, o inhibidora, si no le gustan los eufemismos (tres años de cárcel y siete millones de pesos no son cosa poca).

En el diccionario político, la acción penal contra un medio es sinónimo de amenaza, un reto a guardar silencio y a levantar un cerco que impida el escrutinio público al que están sometidas las autoridades (por algo es la primera que interpone en Chile un mandatario contra un medio desde 1990).

Decisiones muy similares tomaron en su momento los Presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Cristina Fernández: la persecución penal y legislativa en Ecuador, la cancelación de las licencias de transmisión y el cierre de medios en Venezuela y una ley de medios restrictiva en Argentina (ley de medios que, ojo con olvidarlo, también se propone en el programa de la Presidenta Bachelet).

La segunda razón de la indignación colectiva es la forma que ha elegido la Mandataria para anunciar la querella: invocando su condición de “ciudadana” y “persona natural”. Nadie, salvo ella y sus abogados, cree que sea posible separar la condición de Presidenta de la República de una acción legal de esta naturaleza.

Fíjese usted: quien nos pone al tanto es el vocero de Gobierno y el domicilio que fija en la querella es “Palacio de La Moneda”. Se adjuntan como testigos a un ministro y a su jefa de gabinete; y la Presidenta utiliza un punto de prensa en París, mientras participa en un consejo de la OCDE (como Mandataria y ante los periodistas que viajaron a Francia en el avión presidencial), para precisar los alcances de su decisión. Y, el broche de platino y brillantes: el abogado funda la querella señalando que “en virtud del cargo que actualmente detenta mi representada, racionalmente hacen que merezcan la calificación de injurias graves”.

En tercer lugar, el doble estándar frente a las filtraciones: legítimas fuentes de información cuando afectan a líderes de la UDI e ilegítimas e injuriosas cuando la afectan a ella. Un giro muy parecido ha tomado el debate sobre el financiamiento irregular de la política: recién cuando le tocó al PPD se transformó en un problema “sistémico”.

Finalmente, a varios indigna la urgencia con la que la Presidenta Bachelet reaccionó: primero convocando a un punto de prensa 20 minutos después de publicada la nota en la web, en el aeropuerto, antes de emprender una gira al sur; y concretando en solo tres días la acción legal contra los periodistas de Qué Pasa, acompañada, por cierto, de uno de los mejores abogados de la plaza.

Es probable que los chilenos, quienes a su juicio no comprendemos su rol histórico y el legado en el que se convertirá su plan de reformas, evaluaríamos mejor a su gobierno si la Presidenta en estos años hubiera destinado la mitad de la preocupación que ha dedicado a la filtración a liderar la acción para enfrentar los problemas que aquejan severamente al país: delincuencia, más allá de las generalidades, al menos empatizando con la sensación de inseguridad permanente que tenemos los ciudadanos; el deterioro progresivo del empleo y la economía, una salud pública que tocó fondo bajo su mandato, etc., etc., etc.

Diría que cada semana, por distintas razones, nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué Pasa Michelle?

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.