ARAUCANÍA: ATRAPADA ENTRE EL CONFLICTO Y LA SOLUCIÓN.

Durante la madrugada del pasado martes, nuevamente se llevaron a cabo ataques incendiarios en La Araucanía. Zona conflictiva, por decir lo menos, y enardecida por la escalada de hechos violentos que siguen amedrentando la paz social y coartando la libertad de sus habitantes.

Un día después, el CEP dio a conocer la encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy”, entregando valiosa información sobre cómo se conforma y cuáles son las características sociales del mundo mapuche, el cual es una importante realidad cultural asociada a nuestra identidad histórica.

Dentro de sus resultados se constata que un 58% de mapuches no justifica la violencia para reclamar territorios; un 66% afirma que la situación política en la región es mala o muy mala y un 69% cree que la convivencia es violenta. Tras 16 años de debate público, la “cuestión indígena” sigue siendo un tema que produce escozor, complejos sociales y sentimientos de culpa, porque se ha fracasado en consensuar alternativas concretas que provoquen un justo equilibrio para solventar los requerimientos de una etnia cuya mayoría desea el debido reconocimiento de sus costumbres, valores y tradiciones.

A pesar de algunos avances, seguimos en una especie de punto muerto, ya que la situación claramente en vez de mejorar, empeora. Es así como se ha impuesto un discurso beligerante por algunos quienes dicen representar la causa mapuche, pero cuya principal consecuencia ha sido no sólo atropellar derechos civiles, sino también inmovilizar a nuestras autoridades.

Es inadmisible seguir ignorando la estrategia que se ha utilizado para descalificar aquellas opiniones discordantes a los planteamientos de un supuesto grupo y que lo único que ha conseguido es alterar las relaciones pacíficas en la zona; además de incrementar los prejuicios, distorsiones y generalizaciones inadecuadas sobre el pueblo mapuche. Sin embargo, ésta ha alcanzado resultados, ya que son cada vez menos los que hoy se atreven a condenar, de manera enérgica, la tónica de las últimas persecuciones sobre la propiedad privada y cuyas transgresiones han logrado, incluso, atentar contra vidas humanas. Es así como el miedo ha ido favoreciendo para que se imponga el silencio.

En estos momentos de alta tensión, se requiere sincerar posturas para que la convivencia social no sólo se resuelva en función de intereses políticos y de poder. Transferir culpas, apuntando con el dedo hacia ciertos grupos u organizaciones, no esclarece el problema, más bien lo incrementa, y facilita el fortalecimiento de una ideología que no sólo elude el juicio moral sobre sus actos sino que, además, dispone arbitrariamente sobre la vida de un segmento de nuestra población que sólo desea convivir en paz.

Para la ciudadanía, en general, esta situación es preocupante y provoca frustración, porque Chile es un país que privilegia valores democráticos que no justifican en nada la insurrección de una minoría que, a través de métodos antidemocráticos, desea atribuirle legitimidad a un supuesto derecho de autodeterminación.

Los resultados de la encuesta CEP, sobre este tema, ofrecen la oportunidad no sólo de informarse sobre qué piensan los involucrados en este conflicto, sino también de tomar real conciencia de que los acontecimientos en La Araucanía plantean un gran desafío nacional, cuyas implicancias intervienen sobre el desarrollo y futuro de un patrimonio cultural e histórico que merece de toda nuestra atención.

Paula Schmidt.

Periodista e historiadora Fundación Voces Católicas.