JUSTICIA PARA NUESTROS MILITARES.

En Chile se hizo la “Reforma Procesal Penal” porque el sistema inquisitorio antes vigente no respetaba el debido proceso, un derecho humano básico, al entregar a una sola persona los roles de investigador, acusador y juez. Pero el país del doble estándar lo mantiene para un segmento de la población: los militares. Ellos son los únicos que continúan ligados sin fin al sistema antiguo.

En los casos de “derechos humanos” se siguen iniciando procesos conforme el antiguo régimen, no obstante que hace casi 10 años dejó de aplicarse en todo Chile, y además designando para sustanciarlos a ministros de corte de apelaciones, aunque la Constitución prohíbe los tribunales ad-hoc (“comisiones especiales”), ya que desconocen el derecho humano al juez natural; y todos ellos son debidamente “coordinados” por un ministro de la Corte Suprema, medida que contradice la independencia de los jueces y que no está en ninguna ley.

Pero no es la única excepción al debido proceso que afecta a los militares. Es cosa de ver la causa por el accidente del avión Casa 212 en Juan Fernández, que es competencia de la justicia militar, pero que en realidad funciona como la antigua jurisdicción criminal civil: un ministro de corte de apelaciones en visita, que es investigador, acusador y juez. La Justicia Militar sin duda hay que  reformarla, pero en un aspecto superaba desde siempre a la justicia civil: hay separación de funciones; la de investigar y acusar la asume un fiscal, y la de fallar el jefe militar del lugar. Se critica la relación jerárquica entre el juez y el fiscal, pero es peor que sean una misma persona. Sin embargo eso cambió, ya que hace unos años se establecieron por ley los ministros civiles en visita de la Corte Marcial (jueces ad-hoc), que investigan, acusan y fallan. Una involución desconcertante en materia de debido proceso.

El ministro a cargo del caso resolvió lo que cualquier aficionado a la aviación suponía: que al rehusar el aterrizaje los pilotos dieron una vuelta muy corta para repetir la maniobra, a baja altura y poca velocidad en un lugar ventoso, lo que provocó la pérdida de sustentación y el desplome catastrófico del avión. Pero el Chile de hoy exige que los ‘poderosos’ tengan la culpa. La Corte Suprema, acogiendo el clamor popular, ordenó que se investigara -algo que no podría hacer con un fiscal- por otro ministro en visita el delito de ‘incumplimiento de deberes militares’ de oficiales de mayor rango, con lo cual la condena ya está casi dictada”.

Además, esa figura delictual no satisface el requisito constitucional de describir expresamente la conducta sancionada: ¿qué es incumplir deberes militares? Cualquier cosa, desde llegar tarde a la formación a no controlar el peso de despegue de un avión, aunque no se esté ahí. Es totalmente discrecional, y se usa cada vez que se quiere encarcelar a un militar y no hay un delito objetivo que respalde la pretensión.

¿Qué opina de todo esto el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque aquí y ahora se están violando los derechos humanos de militares; ¿o eso no interesa?

Axel Buchheister.

Abogado.