TEILLIER AVALA EL PASADO SANGRIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA.

El diputado y presidente del PC criollo, Guillermo Teillier, hizo una distinción entre crimen político y terrorismo. Manifestó que para definir a éste hay que remitirse a lo que Naciones Unidas entiende como tal en el derecho internacional: terrorismo de Estado.

Todo lo demás, colocar bombas, organizarse para formar grupos subversivos, internar armamento ilegalmente y concertarse para asesinar a un senador, para él no constituye terrorismo.

El debate se abrió en Chile a raíz de la orden perentoria del Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA de dejar sin efecto fallos ya ejecutoriados de la justicia chilena en contra de comuneros subversivos mapuches acusados de terrorismo.

(Días después, la justicia chilena condenó a cinco años de libertad vigilada a uno de los “frentistas” –Enrique Villanueva– que participó en el crimen del senador Jaime Guzmán).

Respecto al concepto de Teillier sobre terrorismo de Estado, hacía mucho tiempo que la sociedad chilena y la comunidad mundial esperaban una revelación de este tipo, pues al reducirlo a política oficial de un país, reconoce que la totalidad de sus camaradas de ayer y varios de los actuales, lo practicaron y lo practican.

Ocurrió en la Unión Soviética de Josef Stalin  –con 60 millones de víctimas–, la China de Mao Tse Tung, Vietnam del Norte con Ho Chi Minh, Camboya  con Pol Pot y el Khmer Rojo y Alemania Oriental de Erich Honecker, y sigue ocurriendo ahora con Corea del Norte de Kim Jong-il y la Cuba de los hermanos Fidel y Raúl Castro.

Siendo tolerante con el diputado Teillier en cuanto a su diferencia entre crimen político —“como el del senador Jaime Guzmán” reconoció— y terrorismo, hay que agradecer que, por fin, un marxista relevante de Latinoamérica haya reconocido que éste responde a una “política de Estado”, la cual fue ejecutada como método de exterminio por una larga lista de naciones dirigidas por comunistas.

La ONU, y en buena parte la OEA, son financiadas con aportes de países no al servicio del socialismo, pero sus funcionarios más importantes son de izquierda, y categorizan sus decisiones de acuerdo a sus intereses ideológicos. Hoy, medio mundo tiene atroces y cruentos conflictos, pero –singularmente— estas instituciones priorizan los derechos humanos de grupos extremistas y subversivos  en Chile…Es fácil de entender, pero no de aceptar.

Chile jamás ha tenido una política de Estado en contra de los opositores políticos por el sólo hecho de ser opositores, y prueba de ello es que desde 1990 en adelante se han paseado por funciones claves del poder reconocidos personajes de la izquierda dura, y hoy disfrutan de los beneficios económicos del Parlamento varios comunistas que se mueven a sus anchas en una democracia que jamás conocieron.

Lo que ha hecho el Estado chileno es reprimir a grupos subversivos y violentistas cuyo único objetivo era, es y será desestabilizar la institucionalidad y, por consecuencia, la democracia.

La norma que obliga al Ministerio del Interior y a las policías a mantener el orden y la paz en la ciudadanía no es una política de Estado sino tan sólo una orden consignada en la Carta Fundamental. Es así de claro, como también es muy claro que quien acosa a la comunidad, la amenaza y le origina temor y hasta pánico por sus continuos atentados y actos vandálicos, se merece con creces ser definido como terrorista. No es un delincuente común.

Las cotidianas acciones de los comuneros extremistas mapuches no son episodios aislados comparables con simples delitos. Se trata de una conducta coordinada proveniente de una orden superior internacional con fines exclusivamente ideológicos, es decir, el mismo concepto a escala menor de las políticas de Estado impuestas desde siempre por los regímenes comunistas.

Justo Pastor Suárez.