SEBASTIÁN PIÑERA: DERECHO A NACER VS. DERECHO A ABORTAR.
Sebastián Piñera : "Por eso debemos proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural, y, por lo mismo, oponernos a la eutanasia y a la pena de muerte... "
En Chile se está desarrollando un debate que ha cruzado al mundo entero y que confronta el derecho del niño a nacer (pro vida) con el derecho de la madre a abortar (pro elección).
A veces este debate se confunde con situaciones sensibles y extremas, como embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre, embarazos producto de violaciones o inviabilidad del feto.
Antes de analizar estos casos extremos es necesario dilucidar el tema de fondo: ¿tiene derecho el niño a nacer?, o ¿tiene derecho la madre a abortar? Por razones de diversa naturaleza, creemos que debe prevalecer el derecho a la vida por sobre el derecho al aborto.
La primera es de naturaleza moral, y dice relación con la esencia y dignidad de la vida humana. No se trata de una decisión que competa solamente a la madre o a los padres del niño que está por nacer. Desde el momento de la concepción, está involucrada también la vida de un ser nuevo, único, irrepetible y distinto a sus padres que debe ser defendida con mayor fuerza precisamente por su condición de plena inocencia e indefensión.
La segunda razón es de naturaleza jurídica. Nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han fallado invariablemente que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el niño por nacer (nasciturus) es también una persona, cuya vida debe ser protegida. De hecho, la propia Constitución le encarga al legislador la adopción de las medidas necesarias para "proteger la vida del que está por nacer".
La tercera razón es de naturaleza práctica. En la duda siempre es mejor optar por la vida. Porque aun si no tuviéramos certeza respecto del tratamiento jurídico que ha de darse a una vida humana en gestación, lo correcto y sabio es asumir una posición humilde, y optar por aquella que sea más favorable a la protección y desarrollo de esa vida.
Sin perjuicio de la necesaria separación entre las iglesias y el Estado, dada la tradición y mayoría de cristianos en la sociedad chilena, es importante considerar la concepción predominante sobre el origen de la vida. Para los cristianos, los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. La vida es un don de Dios. Solo Él tiene el poder de darla y el derecho a quitarla. Por eso debemos proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural, y, por lo mismo, oponernos a la eutanasia y a la pena de muerte.
El 21 de mayo recién pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto para despenalizar el aborto en tres casos específicos, especialmente sensibles y dolorosos: peligro de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Analicemos:
1. Peligro de vida de la madre: creemos que no solo es legítimo, sino también legal, que a una mujer embarazada cuya vida corre peligro se le apliquen los tratamientos médicos necesarios para intentar salvar su vida, aún cuando, como resultado no deseado, esos tratamientos pongan en riesgo la vida del niño que está por nacer. En estos casos, a diferencia del aborto, el objetivo del tratamiento es salvar la vida de la madre, y no terminar con la vida del feto. Estos tratamientos terapéuticos son de común aplicación hoy en Chile, tienen protocolos de aplicación tanto en la salud pública como en la privada, y por no constituir ningún ilícito, no deben ni están penalizados en nuestro país.
2. Violación e inviabilidad del feto. Sin duda, en estos casos la mujer embarazada requiere de un apoyo y protección muy especial. Pero el crimen de la violación no se compensa, sino que se agrava con la muerte de la criatura inocente e indefensa que ha sido concebida. Adicionalmente, estas propuestas supondrían atribuirles a algunos el derecho a decidir qué niño tiene derecho a nacer y qué niño debe morir.
Pero no basta simplemente con oponerse al aborto, aunque sea con buenas razones. No sabemos con certeza cuántos abortos provocados se realizan cada año en Chile, entre otras razones, porque se trata de una conducta ilícita, por lo que la inmensa mayoría se hacen de manera clandestina y en precarias condiciones sanitarias. Sí sabemos que su número se contaría en decenas de miles cada año. Es decir, estamos frente a una situación dramática no solo para esos miles de niños que nunca llegarán a nacer, sino también para sus madres, que muchas veces producto de esos abortos clandestinos arriesgan sus vidas, sus familias y la sociedad toda.
En consecuencia, debemos intentar desentrañar sus causas profundas, comprender mejor sus consecuencias e implementar mejores políticas para prevenir los embarazos no deseados y los abortos. Este fue un compromiso central de nuestro gobierno, a través de múltiples políticas públicas en defensa de la vida, la niñez y la familia, entre las cuales cabe destacar la ampliación del posnatal de tres a seis meses, el incremento de su cobertura de una de cada tres a la totalidad de las mujeres trabajadoras en edad fértil y la sala cuna universal, beneficiando así a más de dos y medio millones de mujeres trabajadoras chilenas, de forma que la maternidad no sea un obstáculo para acceder a un trabajo ni el trabajo un obstáculo para ser madre.
También a través de programas del Sernam, como el de Maternidad Vulnerable, que presta atenciones a mujeres con problemas relacionados con el embarazo o la maternidad, tales como acceso al pre y posnatal, depresión pre y posparto, embarazos no deseados, duelo por pérdida de un hijo, problemas de pensión de alimentos, tuiciones, etc., y el orientado a las madres adolescentes, que atiende a miles de mujeres en materia de reinserción educacional y laboral, cuidado de niños y prevención de nuevos embarazos no deseados, entre otros.
Ninguna madre recurre al aborto sin experimentar un profundo desgarro interior, y la mayoría de las veces impulsada por un sentimiento de angustia y abandono. La sociedad puede y debe ayudar, acompañar y apoyar con mayor cercanía, oportunidad y eficacia a estas madres.
Algunos esgrimen que Chile sería un país menos moderno y civilizado por no imitar lo que han hecho otras naciones supuestamente más desarrolladas, donde el aborto no solo es legal, sino ampliamente aceptado. Pero están equivocados. Olvidan que Chile tiene una tradición más que centenaria de protección de derechos fundamentales. Que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer la libertad de vientres y prohibir la esclavitud. Y que precisamente la forma como una sociedad trata a sus miembros más débiles -los adultos mayores, los enfermos, los más pobres, los que sufren alguna discapacidad y los niños que están por nacer- habla con mayor elocuencia sobre su verdadero grado de modernidad y civilización.
A veces este debate se confunde con situaciones sensibles y extremas, como embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre, embarazos producto de violaciones o inviabilidad del feto.
Antes de analizar estos casos extremos es necesario dilucidar el tema de fondo: ¿tiene derecho el niño a nacer?, o ¿tiene derecho la madre a abortar? Por razones de diversa naturaleza, creemos que debe prevalecer el derecho a la vida por sobre el derecho al aborto.
La primera es de naturaleza moral, y dice relación con la esencia y dignidad de la vida humana. No se trata de una decisión que competa solamente a la madre o a los padres del niño que está por nacer. Desde el momento de la concepción, está involucrada también la vida de un ser nuevo, único, irrepetible y distinto a sus padres que debe ser defendida con mayor fuerza precisamente por su condición de plena inocencia e indefensión.
La segunda razón es de naturaleza jurídica. Nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han fallado invariablemente que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el niño por nacer (nasciturus) es también una persona, cuya vida debe ser protegida. De hecho, la propia Constitución le encarga al legislador la adopción de las medidas necesarias para "proteger la vida del que está por nacer".
La tercera razón es de naturaleza práctica. En la duda siempre es mejor optar por la vida. Porque aun si no tuviéramos certeza respecto del tratamiento jurídico que ha de darse a una vida humana en gestación, lo correcto y sabio es asumir una posición humilde, y optar por aquella que sea más favorable a la protección y desarrollo de esa vida.
Sin perjuicio de la necesaria separación entre las iglesias y el Estado, dada la tradición y mayoría de cristianos en la sociedad chilena, es importante considerar la concepción predominante sobre el origen de la vida. Para los cristianos, los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. La vida es un don de Dios. Solo Él tiene el poder de darla y el derecho a quitarla. Por eso debemos proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural, y, por lo mismo, oponernos a la eutanasia y a la pena de muerte.
El 21 de mayo recién pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto para despenalizar el aborto en tres casos específicos, especialmente sensibles y dolorosos: peligro de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Analicemos:
1. Peligro de vida de la madre: creemos que no solo es legítimo, sino también legal, que a una mujer embarazada cuya vida corre peligro se le apliquen los tratamientos médicos necesarios para intentar salvar su vida, aún cuando, como resultado no deseado, esos tratamientos pongan en riesgo la vida del niño que está por nacer. En estos casos, a diferencia del aborto, el objetivo del tratamiento es salvar la vida de la madre, y no terminar con la vida del feto. Estos tratamientos terapéuticos son de común aplicación hoy en Chile, tienen protocolos de aplicación tanto en la salud pública como en la privada, y por no constituir ningún ilícito, no deben ni están penalizados en nuestro país.
2. Violación e inviabilidad del feto. Sin duda, en estos casos la mujer embarazada requiere de un apoyo y protección muy especial. Pero el crimen de la violación no se compensa, sino que se agrava con la muerte de la criatura inocente e indefensa que ha sido concebida. Adicionalmente, estas propuestas supondrían atribuirles a algunos el derecho a decidir qué niño tiene derecho a nacer y qué niño debe morir.
Pero no basta simplemente con oponerse al aborto, aunque sea con buenas razones. No sabemos con certeza cuántos abortos provocados se realizan cada año en Chile, entre otras razones, porque se trata de una conducta ilícita, por lo que la inmensa mayoría se hacen de manera clandestina y en precarias condiciones sanitarias. Sí sabemos que su número se contaría en decenas de miles cada año. Es decir, estamos frente a una situación dramática no solo para esos miles de niños que nunca llegarán a nacer, sino también para sus madres, que muchas veces producto de esos abortos clandestinos arriesgan sus vidas, sus familias y la sociedad toda.
En consecuencia, debemos intentar desentrañar sus causas profundas, comprender mejor sus consecuencias e implementar mejores políticas para prevenir los embarazos no deseados y los abortos. Este fue un compromiso central de nuestro gobierno, a través de múltiples políticas públicas en defensa de la vida, la niñez y la familia, entre las cuales cabe destacar la ampliación del posnatal de tres a seis meses, el incremento de su cobertura de una de cada tres a la totalidad de las mujeres trabajadoras en edad fértil y la sala cuna universal, beneficiando así a más de dos y medio millones de mujeres trabajadoras chilenas, de forma que la maternidad no sea un obstáculo para acceder a un trabajo ni el trabajo un obstáculo para ser madre.
También a través de programas del Sernam, como el de Maternidad Vulnerable, que presta atenciones a mujeres con problemas relacionados con el embarazo o la maternidad, tales como acceso al pre y posnatal, depresión pre y posparto, embarazos no deseados, duelo por pérdida de un hijo, problemas de pensión de alimentos, tuiciones, etc., y el orientado a las madres adolescentes, que atiende a miles de mujeres en materia de reinserción educacional y laboral, cuidado de niños y prevención de nuevos embarazos no deseados, entre otros.
Ninguna madre recurre al aborto sin experimentar un profundo desgarro interior, y la mayoría de las veces impulsada por un sentimiento de angustia y abandono. La sociedad puede y debe ayudar, acompañar y apoyar con mayor cercanía, oportunidad y eficacia a estas madres.
Algunos esgrimen que Chile sería un país menos moderno y civilizado por no imitar lo que han hecho otras naciones supuestamente más desarrolladas, donde el aborto no solo es legal, sino ampliamente aceptado. Pero están equivocados. Olvidan que Chile tiene una tradición más que centenaria de protección de derechos fundamentales. Que fuimos uno de los primeros países del mundo en establecer la libertad de vientres y prohibir la esclavitud. Y que precisamente la forma como una sociedad trata a sus miembros más débiles -los adultos mayores, los enfermos, los más pobres, los que sufren alguna discapacidad y los niños que están por nacer- habla con mayor elocuencia sobre su verdadero grado de modernidad y civilización.
Sebastián Piñera Echenique
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