PODER JUDICIAL DE CHILE: ¿PRESIONES?

La Corte Interamericana de DD.HH de la OEA cita al Estado de Chile por presuntas "presiones" del Gobierno a los jueces.

La presentación fue formulada por Daniel Urrutia de la Comisión de DD.HH de la Asociación Nacional de Magistrados. Y no por la corporación, cuyo presidente Rodrigo Cerda, señaló estar sorprendido, ya que él no tenía conocimiento de tal recurso y menos haberlo encargado. El gobierno, dijo que esta situación obviamente tiene una "intencionalidad política". Se explicaría por el cruce de declaraciones entre el primer mandatario y el juez Sergio Muñóz de la Suprema, a propósito de las críticas del Ejecutivo a recientes fallos, como el  del caso "Bombas" o el de Celestino Córdova.

La Corte de DD.HH de la OEA, prontamente citó al Estado de Chile, para el 27 de marzo, a fin de que comparezca y entregue explicaciones, en una sesión especial (una agilidad desconcertante, visto el caso de Venezuela).

Al respecto Olga Feliú, presidente del Colegio de Abogados, consideró este recurso, completamente fuera de lugar y que lleva "a una situación de duda ante la opinión internacional altamente inconveniente" agregando que no corresponde "salir fuera de las fronteras a plantear esto  en circunstancias que no existe ninguna violación al derecho de alguna persona a ocurrir ante los tribunales"

En realidad se trata de un capítulo más, en esa prolongada operación de descrédito contra la administración de Piñera, quien está a una semana de traspasar el poder.

Uno de sus fracasos radica precisamente en materia de seguridad pública. Es cierto que la oposición resultó inmisericorde. Y negó sus votos para fortalecer determinadas leyes, en particular aquellas destinadas a encarar la acción de los violentistas encapuchados. Pero también el gobierno de Sebastián Piñera, no logró siquiera presentar a trámite legislativo, la reforma a la reforma procesal penal. Y, por su parte, los jueces ultragarantistas, derrumbaron, con las más diversos argumentos, la casi totalidad de los casos que conocía cuando se invocó la Ley Antiterrorista. El de Celestino Córdova, solo fue uno más de esa larga lista. Los propios jueces de La Araucanía, afirmaron que "no es nuestra responsabilidad solucionar el conflicto mapuche" 

Y aunque claramente, al menos debieran cumplir, impartiendo justicia - cosa que no ocurre según se puede comprobar -, el tema no se agota en tribunales. Porque todas las iniciativas tomadas por La Moneda al respecto, quedaron en nada: las mesas de diálogo o las Áreas de Desarrollo Indígena. 

Pero en definitiva, la debilidad política de esta administración, pasó la cuenta. Y los extremistas, aumentaron la presión. Ya no sorprende la noticia de efectivos de Carabineros baleados en la zona, mientras un coro de periodistas, ONGes, organismos y los más diversos actores políticos, solidarizan con los llamados comuneros o declaran su admiración ilimitada por los weichafes (combatientes).

Desde luego, este conflicto ingresa el 11 de marzo, a una fase distinta. Francisco Huenchumilla designado Intendente de la IX Región ha declarado que la Ley Antiterrorista, no sería aplicable para solucionar "demandas sociales" o petitorios de los "movimientos sociales"; de lo cual esos "movimientos sociales" han tomado debida nota.

Ahora, el Estado de Chile, deberá invertir tiempo y recursos para defenderse de una acusación absurda y prepararse a recibir las usuales "recomendaciones", admonición de estilo en estos casos. Todo lo cual nada importa ni a los carabineros heridos en los enfrentamientos con los extremistas, menos a la familia del asesinado matrimonio Luchsinger-MacKay y aún menos al país real. 

DespiertaChile.