LA DEMOCRACIA SEGÚN LA IZQUIERDA.

 Para entender el presente, hay que tener conocimiento del pasado. Desde la asonada comunista apoyada por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, Venezuela y Cuba, yo no he escuchado a ningún político de oposición pidiendo volver a la situación de normalidad que existió hasta el día jueves 17 de octubre. Al contrario, ve que se muestran complacientes. Derraman de vez en cuando lágrimas de cocodrilo ante violencia desatada por el lumpen, los anarquistas y los agitadores sociales del Partido Comunista y el Frente Amplio. 

   La prensa coludida con la extrema izquierda sigue hablando o usando la expresión ‘estadillo social’, luego de saberse de las declaraciones en Venezuela de la actriz y ex agregada cultural en Cuba, Florencia Lagos, quien dijo que había miles de organizaciones de su sector en la calle. Nada fue espontáneo. Fue un plan siniestro y un acto de guerra organizado por dos países. En el país hay varios traidores.

   Tampoco he escuchado del algún líder de ese sector que proponga una comisión en el parlamento para investigar los responsables del atentado primero a las estaciones del Metro de Santiago y luego los incendios provocados en los supermercados el sábado 18, o bien, pedir a la justicia que investigue o a la fiscalía. Ahora sabemos que el político socialista José Miguel Inzulsa participó en el Grupo de Pueblo, cuyo objetivo era desestabilizar la región. Recuérdese que mientras fue secretario general de la OEA apoyo el régimen chavista. Por tanto, es cómplice los muertos que hay en Venezuela como de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese país. Habría que juzgarlo por traidor, pues conspiró contra el país.

   Los hospitales se están blindando. Una turba de manifestantes “pacíficos” intento entrar a un condominio en Las Condes. 

    Además, los líderes de la oposición condenaron los actos vandálicos y saqueos, luego de quedarse callado por un mes. La violencia se justificada, según ellos, por el estallido social, la rabia, entre otras cosas. No hay tal cosa. El atentado al Metro como a los supermercados fueron actos terroristas. La excusa del alza del valor del pasaje no justifica el daño millonario por la destrucción, porque en el último gobierno de Bachelet el alza fue de ochenta pesos y nadie dijo nada. 

   El ex presidente socialista, Ricardo Lagos condeno los saqueos y vandalismo. Criticó que un sector de la izquierda se ha mostrado complaciente con los hechos delictuales, porque los apoya. Lo que significa para Lagos, que se sector no cree en la democracia. Sin embargo, no ha pedido represión a los violentistas, pues él la agresión que ha sufrido Carabineros con bombas molotov no es una violación a los derechos humanos.

    La democracia chilena actual murió en los días 17 y 18 de octubre, cuando atacaron primero el Metro y al día siguiente los supermercados. Se usó la violencia para conseguir un objetiva, a saber, una nueva constitución. El proyecto de una nueva carta magna formaba parte del programa de gobierno de Bachelet. Y por tanto, formaban parte de la hoja de ruta tanto del candidato, Guille como de Beatriz Sánchez. Luego que los militares abandonan las calles, la gente salió a la calle manifestarse por el efecto de las políticas de estos treinta años, mayoritariamente, por las malas políticas de la izquierda. Fueron conocidas como las demandas de la clase media. Sin embargo, las peticiones justas pasaron a segundo plano, porque la calle se la tomo los anarquistas, el vandalismo y sector al Partido Comunista y Frente Amplio.

    Los así llamados ‘actores sociales’, que son a fin de cuentas los diversos gremios tomadas por la extrema izquierda. El resultado final fue que Piñera abdicó y se sumó a la nueva constitución. A los partidarios de las demandas de la clase media no les interesaba otra carta magna, pues todos los problemas que aquejan a los sectores medios y bajos no requieren de una constitución. La izquierda llamó al mes pasado ‘Octubre Rojo’.

   En el Chile actual no manda el voto, sino la violencia y el temor. Chile está en estado de guerra y los únicos que no quieren reconocerlos son los políticos. Ellos saben cuál es la solución para acabar con la violencia callejera. Con todo, no quieren usar los instrumentos legales porque quedarían como violadores a los derechos humanos. Ayer importaba más el derecho humano del terrorista o guerrillero y hoy día el derecho humano del narco, del anarquista, del encapuchado y del vándalo. La clase política en general le niega a los civiles, carabineros y fuerzas armadas el derecho a la autodefensa o el derecho usar la fuerza. Boris Guerrero, presidente del sindicato de la empresa Subus que opera en las avenidas Vicuña Mackenna, Santa Rosa, Gran Avenida y los sectores norte y sur de Santiago dijo: “Después de las 20.00 es muy difícil circular por las calles. Y no porque la empresa tomara esa decisión, sino porque los mismos trabajadores nos autoimpusimos horarios para resguardar nuestra integridad (…). La inseguridad nos tiene más que superados”. Algo parecido dice una trabajadora de una empresa cerca de Plaza Italia: “Con todo lo que ha pasado, ahora da un poco de miedo salir en la noche. Es mucho más seguro juntarse con los amigos en una casa que en un local. Antes íbamos seguido al barrio Bellavista o Providencia, pero con las marchas y saqueos, dejamos de ir”. 

   Si las marchas fuesen pacíficas y autorizadas, las personas no tendría temor. Cuando empezó la insurrección, comentamos en otro blog, que los restoranes y vida nocturna de las ciudades iban salir perjudicadas. 

    La violencia que ha aparecido en el país, volvió a poner en el tapete una discusión que supuestamente se había zanjado, cuando los militares entregaron el poder a los civiles hace veinte y nueve años. En la portada de El Mercurio de Santiago, apareció una entrevista al señor y abogado Claudio Grossman, quien encabeza el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos: “En los 90 se avanzó en condenar la violencia sin importar quién la efectuara; hoy hay un deterioro en eso”. Esa es la narrativa de la izquierda, pues ese señor fue partidario de la Unidad Popular. Los únicos que han pagado el costo de la violencia que desató la izquierda hace más cuarenta años y luego con la subversión son los militares presos, a los cuales todavía les persigue. Esa afirmación del experto supone que las personas no tienen derecho a la autodefensa. Y que las personas que se defienden o usan la fuerza están al mismo nivel del terrorista, guerrilleros o vándalos, anarquistas y lumpen. Son dos cosas totalmente distintas la violencia que la fuerza. Sin embargo, para el experto en derechos humanos son iguales. 

   Él sabe que el Partido Socialista junto con el grupo terrorismo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir) desecharon la democracia liberal y optaron por la vía armada. La izquierda del cual él formó parte destruyó la democracia. Cuando los militares tomaron el poder, hace tiempo el régimen político había muerto. Luego agrega: “la grave insuficiencia en la defensa de la democracia y los derechos humanos, a favor de narrativas que buscan el quiebre de la democracia”. Por sus palabras se desprende que él no está dispuesto a ocupar la fuerza legal para acabar con los saqueos. Y por tanto, los violentistas tiene más derechos humanos que las personas decentes. Asimismo, para él es normal que las personas hayan sido sacadas su normalidad. He visto varios comentarios por Youtube de personas que piden la intervención de las fuerzas armadas, puesto que los políticos quieren continuar con las marchas no autorizadas y con el desorden. 

   Que el país esté en manos de matones al señor Claudio Grossman parece no importarle. Desde luego, que los miles de pequeños empresarios que fueron saqueados eso no constituye una violación a los derechos humanos. Por cierto, el escritor peruano Jaime Bayly es el único que ha calificado de matón a la extrema izquierda (Frente Amplio y Partido Comunista) y naturalmente a los que marchan, han saqueado, puesto barricadas en las carreteras y avenida. Dudo que un periodista progresista chileno se atreva a calificarlos así. 

   Yo compadezco a las personas que viven en las calles aledañas a La Alameda de Santiago.

    Como vemos la democracia como la plantea la izquierda supone vivir en un estado de anormalidad: miedo, temor, inseguridad. En cambio, las personas decentes desean volver a la normalidad que existió hasta el 16 de octubre. Y esto me lleva a la Unidad Popular.

  Durante el nefasto gobierno de Salvador Allende, hubo dos políticas que enfurecieron a los chilenos. Una fue la Escuela Nacional Unificada, que era simplemente adoctrinar a los estudiantes. Y otra política fueron las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), que estaba presidida por el padre Michelle Bachelet, el general de la Fuerza Aérea, Bachelet. Lo secundaba el actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Antes los chilenos podían comprar lo que quisieran y vender lo que ellos quisieran. Con la UP no se podía hacer lo uno ni lo otro. Si vendías, te convertías en especulador. Sólo se podía comprar los productos que el Estado ofrecía a través de su tarjeta. La democracia que defiende los políticos e intelectuales de izquierda, basta recordar el Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973: “5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario”. Supongo que sabrán que significa totalitario la periodista Mónica González, el escritor Manuel Gumucio, entre otros. 

   El artículo 6° afirma: “Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;”. Ahora tenemos los cabildos todos manejados por el Partido Comunista. Una suerte de soviet. 

   El articulo número 10 relacionado con las garantías y derechos fundamentales garantizados por la Constitución afirma: El punto a) establece que “Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos”.

  La democracia que defiende la izquierda hasta el 11 de septiembre de 1973, el gobierno clausuraba radios y diarios ilegalmente, no respetaba el poder judicial y la Controlaría de la República, violaba la autonomía universitaria, impedía el derecho a reunión y “ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población”; se violaba sistemáticamente el derecho de propiedad al permitir ‘tomas ilegales’; se hacían detenciones ilegales contra periodistas a cuales se le torturaba y flagelaba; el gobierno no permitía salir del país; el gobierno permitía organismo sediciosos que no estaban contemplados en la Constitución como los Comandos Populares, los Consejos de Campesinos, los Comité de Vigilancia, las mencionadas JAP con el objetivo de crear ‘Poder Popular’; “12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno”. ¡Qué gran diferencia entre los políticos de oposición a la UP y los actuales! Tenemos el grupo “Unidad Social” equivalente al “Poder Popular”. Los Carabineros no pueden ejercer sus funciones porque los delincuentes y terroristas son amparados por los políticos. 

   Las palabras de Johannes Kaiser antes de volver a Austria dan cuenta del nuevo Chile, que nos quieren acostumbrar los políticos de izquierda y también el gobierno.

Javier Bazán Aguirre.