DELINCUENTES VERSUS DELINCUENTES.

"No cometa delitos, ¡combátalos!" debería ser la consigna de todos quienes están encargados de la seguridad pública y de la paz de la población. Debe ser una de las contradicciones más asombrosas el que actúen como delincuentes quienes tienen que perseguir a los delincuentes.

Carabineros manchó para siempre su prestigio a causa del millonario desfalco interno y del discrecional uso de los gastos reservados que, entre muchas otras irregularidades, llevó de vacaciones a China al defenestrado (ex) Director General Bruno Villalobos.  Pero el Gobierno socialista le tenía reservada otra dura sorpresa al país con un modelo similar: la Contraloría General de la República detectó que, al 2017, se extraviaron -robaron, más exactamente- $123   millones…¡en la Subsecretaria de Prevención del Delito! Dichos dineros no están por ninguna parte, pero uno de los dos ex jefes que estuvieron a cargo de ese servicio durante la administración de Michelle Bachelet, dio pistas: "se trató de pagos por favores políticos".  

Entre los destinatarios de ese millonario monto, supuestamente para combatir el delito, hubo enfermeras, ingenieros forestales, técnicos hoteleros, profesores, contadores y muchas otras personas sin oficio conocido que recibían pagos mensuales de $2, 3 o más millones. Sólo en el último mes de la Nueva Mayoría en el poder, la Subsecretaría  contrató a 122 'funcionarios' sin ninguna experiencia en el trabajo contra el delito y que ni siquiera alcanzaron a pisar las oficinas del organismo.

Simultáneo a ello,  escaseaban los recursos para adquirir medios eficaces para la lucha contra la delincuencia.

Al asumir en 2014, Bachelet anunció su  Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia, llamado "Seguridad para Todos", a cargo de la Subsecretaría de  Prevención del Delito.

Naturalmente, este descubrimiento de la Contraloría no está consignado en legado alguno de la ex Presidenta y  calló por un rato a su entorno que la sigue entusiasmando para que vuelva a ser candidata presidencial.

Cuando lanzó el plan, Bachelet proclamó que “sabemos que mejores resultados en seguridad pública también significan más libertad, mejor calidad de vida y un país menos desigual”. Conclusión: al terminar su presidencia, la victimización aumentó a un 60% en vez de disminuir en un 10%, como lo prometió. Y eso que aumentó el presupuesto de la Subsecretaría de $10 mil a $40 mil millones.

Sin un atisbo de rubor, el Subsecretario de Prevención del Delito que más duró en el pasado Gobierno (2014/2016), Antonio Frey, confesó que "los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal; yo no puedo hacerme responsable por un sistema político que distribuye los cargos". Su sucesor Óscar Carrasco (2016/2018) prefirió no abrir la boca.

El informe de la Contraloría explica los obstáculos con los que se enfrentó para no dar con el destino del dinero:  ausencia de un instrumento que permita medir el grado de cumplimiento de cada meta y carencia de documentación que diera cuenta del estado de avance detallado del plan. Apenas, una planilla Excel.

O sea, frente al desenfrenado avance de la delincuencia pública, la Subsecretaría oponía inacción. De las 27 metas fijadas, 16 tuvieron impacto cero, no se cumplieron. "No podía saberlo porque carecía de instrumentos de medición" respondió el ex subsecretario Frey.

Si no fuese tan impactante el desmadre delictual para la ciudadanía, estos $123 millones 'perdidos' tendrían que sumarse al tremendo forado fiscal que dejó como legado la administración de Bachelet, y punto Pero lo gravísimo de esta malversación es que se produjo específicamente en la entidad responsable de hacerle frente al principal problema que la población urge que se le solucione.

En cuanta encuesta se hace, y del origen que sea, los ciudadanos ubican en el primer lugar de sus inquietudes su propia inseguridad, por encima de temas históricamente prioritarios, como la salud, la educación y el empleo.

Como nadie del Gobierno socialista ha tenido el coraje de dar la cara ante la comisión de deshonestidades como éstas, habrá que concluir que ellas están en su ADN. De ahí que resulte insólito que sean estos mismos 'manilargas' los que hoy exigen al Gobierno que endurezca  las medidas anti-corrupción.

Parece chiste: el ladrón detrás del juez.

Voxpress.cl