SOLANGE HUERTA: DESAFORTUNADA DESIGNACIÓN EN EL SENAME.

La actual directora exhibió magros resultados en la persecución de delitos de abuso sexual contra menores mientras fue fiscal regional.

UNA INVESTIGACIÓN de este medio dio cuenta de las actuaciones de la recién designada directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) mientras tuvo a su cargo la Fiscalía Metropolitana Occidente, específicamente en la forma como resolvió aquellos casos relacionados con menores víctimas de delitos sexuales. Según se pudo constatar, sólo en el año 2015 optó por enviar a archivo o decretar decisión de no perseverar en 1.000 casos, lo que corresponde al 73% de las causas de esta naturaleza que indagó ese año. Y si se considera el universo total de delitos, esta fiscalía también figura entre las que registra los menores índices de condenas a nivel país, con apenas 10% el año pasado.

De las cifras se desprende que mientras la actual directora del Sename ejerció como fiscal, no mostró especial dedicación por la defensa de los menores vulnerados, lo que ha sido catalogado por algunos parlamentarios del oficialismo como inaceptable. No podría desconocerse que los delitos sexuales en infantes son complejos de investigar; la exfiscal, de hecho, ha justificado su actuar escudándose en estas complejidades; por ejemplo, que numerosos casos deben archivarse producto de la ausencia de imputado conocido, o las dificultades para obtener testimonios fidedignos. Pero la circunstancia de que en distintos índices muestre rendimientos inferiores al promedio nacional, abren una duda razonable sobre la real importancia que esta fiscalía dio a delitos que afectaron a menores de edad.

Llama la atención que estos antecedentes no hayan sido aquilatados por el gobierno cuando nombró a la exfiscal en el cargo de directora del Sename. La institución atraviesa por una profunda crisis, una de cuyas aristas es precisamente el fallecimiento de decenas de menores que dependían de hogares vinculados a este organismo estatal, sin que hasta la fecha exista claridad del número exacto de decesos ni mayor precisión en sus causales. La anterior directora se vio forzada a renunciar a su cargo, y la ministra de Justicia -cartera de la cual depende el Sename- enfrenta una acusación constitucional por el abandono en que ha caído esta institución. Era evidente que quien asumiera la dirección tendría que cumplir con un perfil que asegurara altos estándares en materia de gestión y auténtico compromiso con la defensa de los menores vulnerados. Ninguno de esos presupuestos parecen cumplirse a cabalidad con la nominación de la exfiscal, lo que hace suponer que en su designación prevalecieron criterios de afinidad política antes que propiamente técnicos.

Esa errónea forma de llenar los cargos públicos -algo que no es privativo de este gobierno en particular- ha contribuido al grave deterioro de una institución del Estado como el Sename, al punto que el cuidado de los menores vulnerados perdió total relevancia en las prioridades de políticas públicas. Con esta designación el gobierno no hace más que reiterar estos equivocados criterios, dañando, además, la independencia del Ministerio Público respecto del poder político, al generar expectativas entre los fiscales de que pueden saltar a cargos de gobierno sin mayor dificultad y a pesar de los obvios conflictos de interés que podrían provocarse.

Editorial La Tercera.