IRREGULARIDADES EN ELECCIONES DE LA CUT.

Las elecciones que llevó a cabo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el pasado 25 de agosto, para renovar su directiva nacional, se han transformado en un bochornoso episodio, al punto que a pesar del tiempo transcurrido, todavía no es posible proclamar un ganador definitivo. La lista de la actual presidenta, Bárbara Figueroa (PC), que salió segunda en número de consejeros, acusa de irregularidades en la conformación del padrón electoral, y pide repetir las eleccione; a su vez, Arturo Martínez (PS), expresidente de la multigremial y actual secretario general, se autoproclamó vencedor, al haber liderado en número de consejeros. Representantes de otras listas también han exigido repetir las elecciones -incluso han amenazado con llevar el tema a tribunales-, sobre la base de un nuevo padrón.

Llama la atención que en varias de las elecciones generales que ha celebrado la CUT las acusaciones de fraude y manipulación sean la tónica. La votación de 2012, por ejemplo, fue duramente cuestionada por la Confusam -al considerarla “no transparente y antidemocrática”, críticas que ha vuelto a reiterar-, y en el pasado las mismas tensiones han llevado a escisiones de la organización, tal como ocurrió en 1996 y 2004. El actual intríngulis, si bien no ha escalado hasta el nivel de otras crisis que ha sufrido la multigremial, sin duda ya se erige como uno de los episodios más complejos, que enloda irremediablemente el proceso.

Es evidente que uno de los principales problemas que afecta a la CUT es la falta de transparencia en la conformación de su padrón electoral, el cual se basa en un sistema de elección indirecta, donde no votan los propios trabajadores sino los principales dirigentes de los sindicatos afiliados, cuyo número de integrantes suele ser impreciso. No hay una buena explicación de por qué a pesar del tiempo transcurrido, este esquema -que es una constante fuente de opacidad- no es reemplazado por otro que dé mayores garantías de ecuanimidad y transparencia.

A pesar de que los principales dirigentes de la CUT han enarbolado las banderas del discurso antiempresarial, denunciando abusos e injerencias indebidas de los “poderosos” en desmedro de los trabajadores, no parece existir voluntad para hacerse cargo de los graves problemas de falta de transparencia en sus propios procesos electorales, como tampoco para desactivar las poderosas maquinarias de poder allí instaladas. Si la CUT pretende seguir como una contraparte legítima debe despejar cuanto antes las irregularidades que se han denunciado.

Producto de los escándalos que el país ha conocido en relación al financiamiento de la política, se han dictado leyes que restringen los aportes empresariales a la política, obligando a los partidos a cumplir con estándares de transparencia más exigentes para acceder a fondos públicos. No es desconocido que la carrera de numerosos dirigentes políticos se ha visto truncada al aparecer relacionados en algunos de estos casos, donde muchas veces la mera imputación por parte del Ministerio Público ha bastado para poner en entredicho la reputación personal.

No hay razón para estos estándares de mayor transparencia no se apliquen también a la CUT, y en tanto estos episodios no sean prontamente aclarados, los fondos que el gobierno provee al organismo -por la vía de financiar “capacitaciones previsionales”, entre otros- deberían ser suspendidos.

Editorial La Tercera.