IMPUNIDAD DE BACHELET.

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó la suspensión condicional del juicio oral por el caso Tsunami. Los acusados, Carmen Fernández ex directora de la Onemi y Patricio Rosende. ex subsecretario del Interior (junto a cuatro funcionarios menores) deberán pagar la suma de $ 235.000.000 (en tres cuotas) a los familiares de los muertos y desaparecidos el 27/F.

A cada uno le correspondería poco más de dos millones de pesos. Aunque, por otra parte, el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, condenó al Fisco a pagar un mil ochocientos millones de pesos a 74 familiares de 21 víctimas fallecidas el día del terremoto y maremoto. Se trata de montos fluctuantes y favorecen a familiares de fallecidos y a lesionados, seis años atrás, por el desastre de 2010.

Es el mismo lapso en el que se prolongó el caso Tsunami a cargo inicialmente de la Fiscal Solange Huerta, cercana al PS, quien se ocupó primordialmente de exculpar a Michelle Bachelet alejándola de cualquier posibilidad de ser enjuiciada en este caso.

No obstante que ella era la máxima autoridad constituída aquella madrugada en la Onemi, y a que, en al menos dos ocasiones, llamó a la población a no alarmarse por el movimiento sísmico 8,8 grados Richter señalando que no había peligro de maremoto, justo en el momento de la salida de las aguas, Huerta, solo la requirió como testigo y ella apenas respondió dos cuestionarios. 

El abogado Raúl Meza anunció un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero tal camino es inconducente. Pero lo que aquí quedó en evidencia, es la denegación de justicia y el blindaje judicial de la máxima autoridad de la República. No es extraño, en consecuencia, que el Poder Judicial y particularmente el Ministerio Público reciban la reprobación ciudadana. 

Se trata de la captura socialista del sistema. Ya la operación Peñailillo en contra de la UDI por el caso Penta, es la única que ha seguido firme su recorrido en tribunales. Lo mismo es válido para el caso Soquimich y  para decenas de empresas y potentados que financiaron ilegalmente campañas políticas -como las de la propia Michelle Bachelet, caso Martelli-, sin discriminar si los peticionarios eran personeros de derecha o de izquierda.

Aunque éstos últimos (está a la vista), resultan francamente mayoritarios. Sin embargo, los únicos enjuiciados son los representantes del gremialismo, no así los DC, PS o PPDés, donde el Servicio de Impuestos Internos hace la vista gorda y presta oídos sordos, dejando de manifiesto que su actuar es odiosamente unilateral: todo contra la derecha, nada contra la izquierda. Carlos Ominami, uno de los escasos dirigentes socialistas llevados a la justicia, recibió la emblemática gracia de la prescripción. Beneficio estrictamente legal pero que otros, en sus mismas condiciones, no reciben.

Este viernes  29 de abril quedará en la memoria de la impunidad. Se cierra un capítulo de seis años con un final conocido o "cocinado" (como diría Andrés Zaldívar). Un juicio que persiguió a Bachelet durante seis años. Pero, claro, el caso Caval, la "atormenta" hace dos años, deteriorando al límite su credibilidad y su aprobación ciudadana. No obstante, huelga señalar, que el SII aún no presenta querella alguna en contra de la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon por tráfico de influencias y de información privilegiada.

Así lo enfatiza The Washington Post, medio que incluyó a Bachelet por el caso Caval en la lista negra de los gobernantes implicados en polémicas por casos de corrupción. Y figura poco decorosamente, junto a Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. "La nuera de la presidente ha sido acusada de fraude fiscal (donde el SII no actúa), por un lucrativo acuerdo por un bien raíz que, posiblemente, también incluyó información privilegiada" lo cual es una vergüenza para nuestro país.

DespiertaChile.