LA ARAUCANÍA: CONDENAS EJEMPLIFICADORAS Y SIN NINGUNA CLASE DE INDULGENCIAS.

Durante la madrugada del último miércoles se detuvo a 11 personas que se encontrarían directamente relacionadas con el crimen de los Luchsinger Mackay, ocurrido en enero del 2013 en La Araucanía. Tras tres años de investigaciones, la PDI efectuó este operativo en un sector rural de Padre Las Casas, lugar relativamente próximo al campo donde el matrimonio fue asesinado.

Consideramos que estas detenciones son un avance, pero aún se está muy lejos de cerrar el caso. En las últimas horas y días hemos visto cómo las defensas de los imputados han desplegado la habitual estrategia de la victimización con que suelen desviar la atención cuando acusados de perpetrar actos de violencia son puestos a disposición de la justicia, tratando de convencer a la opinión pública que esto es “una persecución contra el pueblo mapuche”, cuando aquello no es verídico, porque lo único que aquí se exige es que los culpables del crimen sean condenados como corresponde a tan horroroso caso en que dos adultos mayores fueron quemados vivos.

Hemos repetido, en innumerables ocasiones, que el pueblo mapuche merece nuestro respeto y que es mayoritariamente pacífico, y que justamente desenmascarar a esos grupos radicalizados, minoritarios pero peligrosos -y que usan y abusan del nombre de su propio pueblo para seguir delinquiendo-, es absolutamente necesario y urgente para erradicar la violencia, de una buena vez, en el sur de Chile. Un dato que es significativo, a propósito de lo anterior, lo aporta una reciente encuesta de la UDP realizada en La Araucanía, la cual arroja el siguiente dato: el 71% de los mapuche no apoya el uso de la violencia, ni tampoco cree que sea justificable bajo ningún punto de vista. Esta cifra demuestra que gran parte del pueblo mapuche no se siente ni remotamente representado por los grupos radicalizados, y es oportuno remarcarlo para, desde ya, empezar a destapar la farsa de la “causa indígena”, que no es más que una burda consigna que solamente busca justificar los atentados y ataques incendiarios.

Hemos escuchado también que uno de los defensores de los detenidos ha dicho que la investigación ya llevaba tres años, y que se habían gastado muchos millones y utilizado excesivos recursos, insinuando cierto despilfarro, lo cual es, a lo menos, una aseveración vergonzosa e inaceptable, porque lo que aquí se ha buscado es hacer justicia por un crimen macabro, donde el odio, el desprecio por la vida, llegó a niveles inauditos. Por lo tanto, un caso como éste, el delito más grave que recuerde el conflicto en La Araucanía, amerita todos los esfuerzos y recursos disponibles para encontrar a los asesinos y condenarlos.

Es bueno recordar, asimismo, que en el año 2010 las autoridades colombianas revelaron que al menos seis comuneros y dirigentes mapuche, entre ellos algunos del grupo extremista  Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ingresaron a ese país en diferentes fechas para recibir entrenamiento militar por parte de los guerrilleros de las FARC. Lo significativo de lo anterior es que, coincidentemente, uno de los 11 detenidos por el crimen de los Luchsinger Mackay registra un viaje a Colombia y aparece en la lista que en ese entonces difundió la Unidad Contra el Terrorismo de la Fiscalía General con sede en Bogotá. Y lo vergonzoso de esto es que la justicia chilena nunca consideró, con la importancia que correspondía, esta relevante información sobre los pasos de estos sujetos.

Luego de la detención de estas 11 personas, han ocurrido en La Araucanía cinco nuevos atentados, todos en menos de 24 horas y en donde se han encontrado panfletos y lienzos alusivos a la detención de estos individuos. Incluso una de estas pancartas recuerda al machi Celestino Córdova -el hasta hoy único condenado por el caso del matrimonio asesinado-, al que consideran un “preso político mapuche”. Nos parece oportuno recordar que este sujeto no es y nunca ha sido un preso político, sino lisa y llanamente un criminal al que la justicia condenó a 18 años de cárcel.

Esperamos que la justicia cumpla su labor como lo hizo en el caso anterior, sin que le tirite la mano y sin dejarse influenciar por activistas y organizaciones de derechos humanos que suelen salir en defensa y apoyo de estos individuos (ya el INDH, en declaración de su directora, Lorena Fries, deslizó una solapada defensa a favor de ellos, lo cual demuestra, una vez más, que su labor pareciera ser defender a imputados y olvidarse de los afectados por actos criminales). Aquí las únicas víctimas son el matrimonio Luchsinger Mackay, quienes merecen que sus asesinos sean declarados culpables y paguen como corresponde: con penas efectivas de cárcel y sin ningún tipo de privilegios, como ya ha ocurrido con otros comuneros sentenciados y que terminaron en escándalo, como lo fue la fuga de uno de ellos por aceptar trasladarlo a un recinto penitenciario semi-abierto. La peligrosidad de estos individuos, la brutalidad de sus delitos y su nulo arrepentimiento, ameritan condenas ejemplificadoras y sin ninguna clase de indulgencias.

Alejandro Martini Iriarte, Movimiento Paz en La Araucanía.