A 25 AÑOS DEL ASESINATO DE UN SENADOR DE LA REPÚBLICA.

No resulta aceptable que a pesar del tiempo transcurrido, los responsables del crimen de Jaime Guzmán continúen eludiendo la acción de la justicia.

HOY SE conmemoran 25 años desde que el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, fuera asesinado por un comando del Frente Manuel Rodríguez (FPMR), en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica. El trágico acontecimiento marcó un hecho sin precedente en nuestra historia, como es el asesinato de un parlamentario mediante una acción de carácter terrorista; sin embargo, a pesar de su gravedad y significancia, es un crimen cuya investigación judicial y sanción se han visto inexplicablemente obstaculizadas. Tal circunstancia constituye un hecho especialmente grave, que no deja espacio para la conformidad y que exige agotar las instancias para que la verdad y sus responsables finalmente sean llevados ante la justicia.

El crimen de Jaime Guzmán fue el resultado de una cuidada planificación por parte de la dirección superior del Frente, que tras el regreso de la democracia había decidido “ajusticiar” a ciertas personalidades, entre las que se encontraba el exsenador. No fue, por lo tanto, un hecho circunstancial, sino una acción de odio e intolerancia cuidadosamente planificada. Guzmán no sólo era un parlamentario; también fue un destacado líder de la política chilena, y por ello el haberlo signado como blanco de la “justicia popular” -según las expresiones de los propios frentistas- implicó que con su muerte también se buscó desestabilizar a la propia democracia.

A pesar de que el caso lleva 25 años investigándose, sorprende que la mayor parte de sus responsables ha logrado evadir la acción de la justicia. Desde sus etapas más tempranas el proceso ha estado rodeado de opacas circunstancias, como la disolución de la llamada “Oficina”, procesamientos por obstrucción a la justicia y constantes sobreseimientos del caso y reaperturas. Ciertamente el episodio más ominoso fue la fuga de cuatro miembros del FPMR desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 -mediante el uso de un helicóptero-, dos de los cuales eran los autores materiales del crimen. Hasta la fecha siguen prófugos, y la circunstancia de cómo fue posible llevar a cabo este escape nunca ha logrado ser aclarada suficientemente. La impunidad ha llegado a tal nivel que uno de los fugados y asesino de Guzmán incluso se ha permitido publicar un par de libros desde la clandestinidad.

A nivel internacional tampoco se ha encontrado toda la cooperación que cabría haber esperado. Por ejemplo, la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, la “Comandante Ana”, si bien ha sido procesada por la justicia chilena, ha logrado esquivar su acción, incluso en jurisdicciones como la alemana, que negó un reciente pedido de extradición. Tampoco ha sido posible que el frentista Galvarino Apablaza declare ante los tribunales, por gozar del estatus de “refugiado político” en Argentina, lo que ha impedido su extradición. Y no podría descartarse que el propio régimen cubano haya brindado protección a algunos de los fugados, tema que La Habana se resiste a abordar.

El país no debe resignarse ante la impunidad. Nuestra historia reciente demuestra que el Estado debe recurrir a todas las instancias posibles para evitar que la violencia y los atentados a la vida humana se conviertan en una herramienta política, independiente del sector donde provengan o de las supuestas ideas que se busquen instalar.

Editorial La Tercera.