VENEZUELA: EL CARTEL DEL SIGLO XXI.

Hace pocos días, con aparente retraso, el mandamás de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, hizo que un tribunal  de su país emitiese una resolución judicial aplicando medidas cautelares draconianas contra 22 periodistas y ejecutivos de los medios de comunicación independientes que quedan allí. Entre otros, los directores de El Nacional, Tal Cual y La Patilla fueron objeto de una orden de arraigo relacionada con una demanda interpuesta por Cabello, que los acusa de difamarlo al haber reproducido una información del diario español ABC sobre las investigaciones que se le siguen al jefe de la Asamblea Nacional venezolana por narcotráfico en la Fiscalía de Nueva York.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentado jurisprudencia respecto del derecho que asiste a un medio a reproducir noticias de interés provenientes de otros medios, la instrumental judicatura venezolana actuó sin titubear. No se entendía bien la oportunidad de esta resolución. Habían pasado más de tres meses desde la publicación del diario ABC, que recogía el testimonio de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello y hoy colaborador de la fiscalía norteamericana, sobre los nexos de su antiguo jefe con el narcotráfico.

Ahora, está todo mucho más claro. Lo que en realidad Diosdado Cabello estaba haciendo no era un acto punitivo sino preventivo, pues se adelantaba a una nueva publicación que estaba por ver la luz, esta más demoledora por venir directamente de Estados Unidos y estar basada en varios testimonios del interior del gobierno y de la fiscalía. Se trata del largo reportaje investigativo aparecido en el Wall Street Journal el martes pasado en el que se confirma que el sistema de justicia tiene muy avanzadas las pesquisas sobre el nexo que ata al chavismo con el tráfico de estupefacientes.

La magnitud del caso y lo detallado de la información redujeron a manotazo de ahogado las medidas cautelares contra los medios de comunicación: resultó imposible para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello impedir que el golpe político hiciera blanco en Venezuela. La mejor prueba es la reacción del gobierno, que de inmediato movilizó una gran campaña de solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional. Mientras que Cabello se declaraba “irreductible” y denunciaba un ataque “contra la patria” por parte de Estados Unidos, Maduro sentenciaba: “Diosdado somos todos”. Para él, todo es culpa del “eje Bogotá-Madrid-Miami” que conspira contra la revolución chavista.

Una lectura más sosegada de los hechos sugiere que, independientemente del partido político que el chavismo le pretenda sacar a este “ataque” imperialista, el proceso investigativo ha alcanzado ya dimensiones muy importantes que tendrán consecuencias. Lo detallada que es la información que incrimina al régimen venezolano y su alta jerarquía, lo profusos que son los testimonios y lo abarcador que es el radio de investigación implican que vendrán imputaciones graves y amplias, y que ellas tenderán un cerco internacional  para quienes mandan hoy en Venezuela. Ese cerco implica, entre otras cosas, elevarle exponencialmente el costo a cualquier gobierno latinoamericano que desatienda las decisiones y solicitudes que emita la judicatura estadounidense en relación con funcionarios a los que solíamos ver hasta hace poco paseando por la región entre aplausos impunes. También por cierto se lo eleva a la OEA, de deplorable actuación en el caso venezolano.     

Una buena medida de lo grave que es todo esto lo dan los precedentes cubanos. Cuando empezó a conocerse en el exterior la conexión entre los militares castristas y el narcotráfico a finales de los años 80, la dictadura cubana, que en aquel momento era mucho más sólida de lo que es hoy la venezolana, se vio en peligro. Para protegerse, ejecutó, al estilo estalinista, una purga política que llevó hasta las últimas conse- cuencias, procesando a militares que habían sido héroes de las intervenciones del castrismo en Etiopía y Angola y fusilándolos. Así fue como en 1989 acabaron fusilados el general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia, que hasta hacía poco operaban en estrecha colaboración con el ministerio que controlaba un hombre del círculo de Fidel Castro.  Era la forma en que el castrismo se curaba en salud ante las consecuencias de que fuera conocido el modus operandi de la colaboración entre la Revolución y el Cartel de Medellín, mediante la cual Cuba obtenía dólares muy necesarios.

Otro precedente es Manuel Antonio Noruega, el sátrapa panameño que terminó preso en Miami (décadas después fue trasladado a su país, donde sigue recluido). Ex colaborador de la CIA, Noriega se desplazó ideológicamente hacia la izquierda y asumió la bandera antiimperialista a medida que hizo del narcotráfico su negocio personal desde el poder. En ese caso la consecuencia de su vinculación con el tráfico de drogas fue extrema, pues George Bush padre ordenó una invasión de Panamá y su captura. Ocurrió a finales de 1989, el mismo año del fusilamiento de Ochoa, De la Guardia y compañía en Cuba.

No existe la menor posibilidad de que Barack Obama o su sucesor(a) invada Venezuela. Tampoco está claro si la justicia estadounidense va a hacer públicas las imputaciones contra Cabello y los demás funcionarios y militares de alto nivel o si, como ha ocurrido muchas veces en procesos de este tipo, las mantendrá selladas hasta lograr las capturas de las personas involucradas. Tampoco es seguro que Obama quiera desde la Casa Blanca acompañar con una acción política de alto perfil el accionar de la judicatura de su país, que opera al margen de las decisiones de política exterior. Pero aun si Obama quiere evitar un enfrentamiento tan gordo con Maduro y Cabello y se desentiende del proceso judicial en la esfera política, el sistema de justicia norteamericano seguirá procediendo como lo haría en cualquier otro caso. Esa dinámica está por completa fuera del alcance de la Casa Blanca.

Hay una consideración adicional: el proceso electoral estadounidense, que ya está en marcha, obliga a todos los actores a actuar en función de los votantes. Ningún político, demócrata o republicano, podrá actuar con contemplación alguna de cara a Venezuela con imputaciones y órdenes de captura de por medio en perjuicio de la alta jerarquía venezolana. Para no hablar de que el Congreso lo controlan los republicanos, duros críticos del chavismo, y de que el próximo presidente podría ser un republicano o una Hillary Clinton que ha tenido siempre expresiones implacables contra Caracas.

La conclusión a la que han llegado las fuentes oficiales que hablaron con el Wall Street Journal es contundente: el gobierno “ha convertido a Venezuela en un hub para el tráfico de cocaína y el lavado de dinero”. Las investigaciones de la DEA y las fiscalías de Nueva York y Miami incluyen testimonios de narcotraficantes colombianos y venezolanos, ex funcionarios y ex militares del propio chavismo, e informaciones surgidas de otros procesos que por casualidad dieron abundantes pistas sobre lo que sucedía en Venezuela. Es el caso del proceso contra la organización de Luis Frank Tello, por ejemplo: investigándolo, los fiscales de Brooklyn se toparon con informaciones que no esperaban sobre envíos de droga colombiana desde puertos venezolanos, especialmente el de Maracaibo, con la connivencia de autoridades de Venezuela.

Aunque la espectacularidad de las informaciones sobre Cabello y el llamado “Cartel de los Soles”, nombre con el que se conoce a los militares que se dedican al narcotráfico en Venezuela, es reciente, los indicios vienen de muy atrás. La primera vez que se habla públicamente de “Los Soles” (referencia a las insignias que se colocan estos oficiales) es en la primera mitad de los años 90. En Colombia, donde había mucha indignación por la colaboración del chavismo con la narcoguerrilla terrorista de las Farc, surgieron las primeras pruebas. Precisamente porque la DEA obtuvo entre finales de los 80 y comienzos de los 90 nuevas informaciones que confirmaban el vínculo, Hugo Chávez expulsó a esta entidad estadounidense en 2005. Apenas tres años más tarde el Departamento del Tesoro congeló los activos de funcionarios del chavismo en Estados Unidos a los que vinculaba con el narcotráfico o el lavado de dinero. Entre ellos, Hugo Carvajal, el ex jefe de Inteligencia, y Henry Rangel, que sería nombrado ministro de Defensa por Chávez. Se trata, por cierto, del mismo Carvajal que fue arrestado en Aruba el año pasado en cumplimiento de una orden de arresto proveniente de Estados Unidos pero al que las autoridades holandesas decidieron, bajo amenaza de represalias de Caracas, devolver a Venezuela en lugar de extraditarlo.

En lo inmediato, Maduro y Cabello, que se necesitan, actuarán con espíritu de cuerpo y tratarán de hacerse fuertes internamente utilizando argumentos antiimperialistas. Pero este proceso no ha hecho sino comenzar y a mediano plazo las consecuencias internacionales serán demasiado serias para no tener un efecto interno de algún tipo. El hecho de que, a medida que la crisis económica ha reducido las oportunidades para la corrupción, al menos entre funcionarios de segundo nivel, haya aumentado el número de desertores y personas dispuestas a colaborar con las investigaciones estadounidenses es un indicador de la descomposición creciente. Esta descomposición podría agravarse a medida que esa crisis se profundice y que el cerco internacional se estreche. A los venezolanos no se les escapa, además, el hecho de que mientras su gobierno está acusado de narcotráfico Cuba, su principal aliado, vive un idilio con Washington.

La oposición no puede en lo inmediato hacer mucho pero sabe que el tiempo juega a su favor. Acaba de celebrar elecciones primarias de cara a las elecciones parlamentarias de fin de año. Es una buena ocasión para que los reflectores alumbren la farsesca puesta en escena que es allí todo proceso electoral desde hace algún tiempo. Incumpliendo su obligación, el gobierno se ha negado durante meses a fijar la fecha exacta, jugando incluso con la opción de no convocar los comicios.  Además, ha anunciado modificaciones para asegurarse de que, aun estando en minoría en el voto popular, pueda seguir controlando la Asamblea Nacional, exactamente como sucedió en 2010, cuando la oposición obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias pero acabó con una minoría de escaños.

Sin embargo, en un escenario de tanta orfandad internacional, será cada vez más costoso para Maduro burlar la voluntad popular, especialmente en un grado tan extremo como el que será necesario esta vez. Es algo que también tendrá un alto costo de cara a una población crecientemente indignada y consciente de que su gobierno está hoy acusado de ser una mafia dedicada al tráfico de drogas.

Alvaro Vargas Llosa.