PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS: ¿ESTAMOS PREPARADOS?

Nuevamente la naturaleza ha azotado violentamente a nuestro país, esta vez en forma de intensas lluvias que generaron un aluvión que a la fecha ha dejado lamentablemente un número indeterminado de compatriotas fallecidos (18 según las últimas cifras oficiales) y enormes daños materiales en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Pero también ha dejado nuevamente la gran duda sobre la capacidad que tienen nuestras instituciones para anticiparse a estas emergencias y actuar en forma eficaz ante desastres naturales como los que el país ha vivido en los últimos años.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera partió con una contingencia que no estaba en el programa de gobierno: un terremoto y tsunami de desastrosas consecuencias que golpearon la costa del país pocos días antes de asumir, en la madrugada del 27 de febrero de 2010. En cuatro años el país logró ponerse de pie como lo ha hecho cada vez que hemos debido enfrentar estas tragedias. Pero uno de los esfuerzos más importantes que pusieron las autoridades de la época fue dotar a las instituciones responsables de la protección civil no sólo de más recursos (por ejemplo, se pasó de 7 mil a 16 mil millones el presupuesto de la ONEMI) sino que mayores capacidades y atribuciones para hacer frente a futuros desastres.

Sin embargo, con el cambio de gobierno ha habido una especie de congelamiento de la agenda de protección y prevención de emergencias. Hagamos un poco de historia. En 2010, el Ministerio del Interior llevó adelante una exhaustiva revisión de la institucionalidad a cargo de la emergencia y de la prevención de desastres. El diagnóstico al que se llegó mostraba que los organismos a cargo de las emergencias actuaban descoordinados en distintos niveles del Estado, desde la Oficina Nacional de Emergencias, con una institucionalidad precaria, hasta los Municipios, que no disponían de los recursos e incentivos para actuar de manera preventiva en la materia. Esto sumado a una falta de definición del rol de las Fuerzas Armadas en la respuesta a la emergencia y una confusa regulación de los estados de excepción constitucional.

Ante este diagnóstico, el gobierno separó el estudio de la materia entre los cambios institucionales necesarios para la prevención de las emergencias, lo que en realidad es reducción del riesgo de desastres, y la respuesta ante los mismos. Para lo primero, se consideraron el Marco de Acción de Hyogo de las Naciones Unidas y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres; y se contrató a la consultora McKinsey, para conocer las mejores prácticas internacionales en la materia. Por otra parte, respecto a la reacción ante la emergencia, se utilizaron las lecciones aprendidas del Comité de Emergencia, las conclusiones de la Comisión Fuenzalida y múltiples entrevistas y consultas con los actores de operaciones anteriores como la erupción del volcán Chaitén y el terremoto de Tocopilla.

La prioridad entonces fue dotar a la ONEMI de mayores recursos materiales y humanos para que se pudiera desempeñar de manera adecuada ante situaciones de emergencia. Así se adquirieron nuevos equipos móviles y comunicacionales, se fortaleció su personal, se adaptó la infraestructura y se le dotó de un nuevo edificio institucional que permitiera operar en caso de emergencias.

En términos del marco normativo existente este adolecía de serias falencias, además de ser vago en muchos aspectos, por lo que se envió un proyecto de ley que creaba una nueva institucionalidad para la protección civil y reducción de riesgos de desastres y determinaba claramente los roles de las distintas instituciones en las diversas fases de la emergencia, fortaleciendo el rol de la ONEMI, particularmente en la prevención.

Este proyecto de ley fue ingresado en marzo de 2011. La administración del Presidente Piñera lo promovió de manera decida en el Congreso hasta el 11 de marzo de 2014, poniéndole urgencia en más de 50 ocasiones. Lamentablemente, al asumir la actual administración, al proyecto se le quitó la prioridad y urgencia y se encuentra sin ningún movimiento desde marzo del año pasado.

Volvemos al presente. La Presidenta Bachelet, a propósito de la débil respuesta de la ONEMI ante el aluvión del norte ocurrido la semana pasada, ha señalado que el gobierno se encuentra trabajando desde fines de 2014 en el nuevo Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. De este modo, en vez de tomar todo el aprendizaje y trabajo posterior al 27F, el gobierno ha congelado en un año cualquier avance en esta materia y ahora parece que quisiera comenzar desde cero.

La entonces oposición, ¿Podía no estar de acuerdo con el tenor del proyecto ingresado por la administración anterior? Sí. Podía. Sin embargo, lo que parece inaceptable es que no asumamos el desafío país de ponernos al día en esta materia y que en un año no hayan existido avances, considerando que la naturaleza ha manifestado de distintas maneras su fuerza destructiva. Lamentablemente los recientes acontecimientos nos muestran que Chile sigue institucionalmente sin estar preparado para prevenir y hacer frente a emergencias más allá de las mejoras incorporadas en el Gobierno anterior. Se requiere un marco institucional moderno y las actuales autoridades no le han dado la urgencia requerida: ¿Cuántas tragedias deberán ocurrir y cuántas vidas se deberán perder para que volvamos a poner la prioridad en la reducción del riesgo de desastres?

Carlos Ríos Canales.

Área Económico y Social de Fundación Avanza Chile