TRESCIENTOS CASOS DE TERRORISMO "AISLADO".

El Gobierno afirma que en Chile “no hay espacio para el terrorismo” sin embargo el propio ministro del Interior, reconoce la colocación de tres centenares de artefactos explosivos en los últimos diez años.

Sin duda tal recapitulación es un recurso político efectista. Toda vez que se trata de atacar -una vez más-, la administración Piñera, a la cual, la propia Concertación hoy gobernante, negó sus votos para aprobar la llamada Ley Hinzpeter.

De cualquier forma el inventario admite 300 bombas en una década; récord que se inicia bajo el mandato de Lagos, comprendiendo todo el primer período de Bachelet, y alcanza a ésta última en su segundo gobierno, en términos tales que en el curso de apenas un semestre, ya registra sobre 30 atentados explosivos: y éste, con resultado fatal.

Poco importa si Sergio Langskron Silva manipulaba, portaba o colocó el extintor con pólvora negra que detonó la madrugada de este jueves (25) en el barrio Concha y Toro: es la segunda víctima fatal. Le antecedió el anarquista Mauricio Morales, quien en mayo de 2009, perdió la vida cuando el artefacto que transportaba, para ser depositado en la Escuela de Gendarmería, le explotó anticipadamente. Mientras Luciano Pitronello -otro NO terrorista según los jueces-perdió en una circunstancia similar su mano derecha y tres dedos de la izquierda.

Curiosamente Michelle Bachellet que regresó este mismo jueves de USA, declaró en Iquique que “son actos terroristas pero aislados” en otra señal incomprensible, dada la situación. Sin embargo, no es la primera actitud equívoca frente al tal fenómeno.

En marzo al inicio de las actividades del actual gobierno, se dijo que la Ley Antiterrorista (LAT) no sería aplicable a los mapuches en La Araucanía, porque a juicio del Ejecutivo, los actos cometidos por los elementos subversivos en dicha región del país, responderían a lo que se denominó “conflicto social”; luego y frente al crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay, La Moneda procedió al retiro de la LAT. Lo mismo ocurrió frente a la querella presentada por la Intendencia Metropolitana frente al atentado explosivo contra el retén de Carabineros de Las Vizcachas (el abogado que insistió en invocarla, fue destituido), desistiendo Palacio de su aplicación, también en dicho caso.

La impropia sentencia de los jueces ultragarantistas, los que derrumbaron el llamado “Caso Bombas”, donde las pruebas no solo fueron desacreditadas, sino que además ridiculizadas; donde se asesinó mediáticamente al ex Fiscal Peña, y la posterior compensación millonaria acordada en favor de los imputados, concluyó, de forma bochornosa para la justicia nacional, al momento que dos de aquellos implicados (Francisco del Solar y Mónica Caballero) resultaron detenidos en España ¡por colocación de artefactos explosivos!

Todo esto alentó a los grupos y elementos antisistema, a los subversivos y a los terroristas, para seguir adelante, mientras el ciudadano quedó desamparado. El gobierno no tiene más remedio que admitir que hay ataques terroristas pero -aún-, rechaza que exista un movimiento de tales características. Parece ser necesario que alguna entidad declare notarialmente que su propósito es ejercer el terror. En este detalle insignificante, La Moneda nos “emborracha la perdiz”

Y en definitiva, se refugia en que se trata de “actos aislados” como si eso pudiera tranquilizar al país. Se ha llegado a lo increíble: invitar a los salones de Palacio a la directiva de TODOS los partidos políticos para “dialogar” sobre el terrorismo, convite que incluyó a Guillermo Teillier o “Comandante Sebastián Larraín” jefe militar del Partido Comunista, LA organización terrorista por definición, la misma que con cinismo declara tener guardadas sus armas “por si las moscas” ¿no es sintomático?

Ahora, acerca de los detenidos por el caso de la bomba en el Sub Centro Comercial del Metro Estación Escuela Militar (Juan Flores y su pareja Nataly Casanova, en prisión preventiva durante 10 meses), de acuerdo al manejo que han hecho los medios de prensa y la enorme exposición existente -tan interesados ellos en que se conozca “la verdad”-, es probable que, finalmente, las pruebas en su contra resulten desacreditadas, tanto por el festival de filtraciones como por la indisimulable ansiedad de figuración pública que exhiben los actores.

Sea desde los dichos del vocero Elizalde (“en Chile no hay espacio para el terrorismo”) hasta Aleuy (“no podemos tener 17 millones de policías”) o los “casos aislados” de Bachelet, semejantes apreciaciones, dan cuenta de la frivolidad con la cual se encara en nuestro país la amenaza terrorista. Ocurrirá lo mismo que sucedió con el narcotráfico, caso en el cual pasamos de “país de paso” a perder barrios completos, dominados hoy por bandas de sicarios. Para allá vamos ¡qué duda existe!. DCh.