PRESOS POLÍTICOS EN CHILE: UNA VERDAD INCUESTIONABLE.

En Chile, en pleno ejercicio de una "democracia representativa" y aunque nadie lo quiera reconocer, tenemos PRESOS POLÍTICOS. Independientemente de los reclamos del sector de la sociedad afectado por ello, esta afirmación se sustenta en el análisis de la definición internacionalmente aceptada para ello, la que establece –en primer lugar− que un preso político es “cualquiera al que se mantenga en la cárcel porque sus ideas supongan un desafío o amenaza para el estado”. Continúa la definición: “Los gobiernos suelen negar que tengan presos políticos. En muchos casos, se usan trucos para ocultar que alguien es un preso político: se inventan cargos criminales o se les niega una reducción de condena, un permiso o una amnistía de la que sí se benefician otros presos en situación semejante”

Como parte de la vorágine propagandístico-ideológica desatada como cobertura estratégica para permitir la reorganización de las desorientadas fuerzas de la izquierda universal, después de la derrota alcanzada al término de la Guerra Fría, nos hemos ido acostumbrando a escuchar voces que denuncian en forma permanente la represión de los agentes del estado y la violación de los derechos humanos de quienes “luchan por sus ideales”, o “por el libre ejercicio de sus derechos”, etc., confundiendo a la opinión pública acerca de quiénes son los buenos y quienes los malos, en especial, acerca de aquella lejana época en que –mientras las grandes potencias se disputaban el dominio mundial− los países en vías al desarrollo apenas luchaban por sobrevivir, tratando de mantener su identidad nacional lo más intacta posible.

Nos hemos acostumbrado así a escuchar que los militantes de izquierda fueron cruelmente perseguidos “nada mas que por tener ideas distintas” y que los gobiernos de esa época (occidentales, por supuesto) hicieron de su eliminación una “política de estado”, llegando a acusar a algunos regímenes de “genocidio” y de ”sostener una política sistemática de violaciones a los derechos humanos”. Muy pocas voces, obviamente, han sido capaces de salir a rebatir dicha idea-fuerza, denunciando lo que ocurría entretanto en los países de la órbita soviética y en sus principales países  satélites. A pesar de los años transcurridos y de la evidente decadencia del poder político de la izquierda mundial, producida por la descomposición del bloque soviético, los marxistas han conseguido imponer su griterío comunicacional para sustentar su supervivencia política y recuperar rápidamente la libertad de acción.

A raíz de ello, hemos sido testigos de cómo un mundo que supuestamente ganó la Guerra Fría, hoy es manipulado en sus cimientos por los mismos supuestamente derrotados, renacidos de entre las cenizas del reino de la utopía comunista, para conseguir ponernos una vez más ante la amenaza de su locura totalitaria, yendo desde la máscara de un euro-comunismo –prácticamente desaparecido− hasta un chavismo sin destino que comienza a ser contenido por el espíritu libertario de los pueblos de América. En medio de todo esto, seguimos alimentando con la estupidez de los malos políticos la manifestación más clara de la violencia ideológica marxista: la estrategia de aplicar las penas del infierno a sus enemigos reales o potenciales, aquellos que detentan el poder de las armas, a fin de aislarlos del pueblo, acorralarlos en la cárcel del oprobio, para posteriormente destruir en ellos toda voluntad de lucha que pueda oponerse a sus planes de dominio totalitario.

Aquí es donde entra a jugar un papel de la mayor importancia la extorsión al mundo militar, a través del encarcelamiento masivo y sistemático de sus integrantes que ayer cumplieron su deber de defensa de la Patria y de obediencia debida a sus superiores, evitando con ello la instauración del modelo revolucionario. Queda en evidencia la hábil gestión desarrollada por la izquierda latinoamericana para concretar la estrategia definida en el Foro de Sao Paulo, destinada a la recuperación del poder, coordinándose perfectamente entre los diferentes partidos comunistas, socialistas y movimientos subversivos de nuestro subcontinente. 

La esencia para ello, radica en la neutralización prioritaria y total de sus enemigos naturales, aquellos que ponen su vida de lado ante la obligación de defender la integridad de su estado-nación. Buscaron así, deteriorar la imagen de las Fuerzas Armadas, acusándolas de genocidio y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de “pobres e inocentes ciudadanos”, en ningún caso de reconocidos terroristas o criminales ideologizados. Nada más falso y manipulador que aquello, tan falso como sería negar a rajatabla la existencia de algunos hechos impresentables que fueron cometidos en medio del fragor de un combate donde el enemigo ocultaba su rostro, escondido entre la población civil, para atacar en forma artera y cobarde, sin dejar espacio para nobleza o consideración alguna.

Recuperados de su fracaso histórico, los marxistas consiguieron volver a acceder al poder, desatando la mayor campaña de violación de los derechos humanos jamás realizada en períodos de plena democracia, con una persecución implacable en contra de los militares e intentando por cualquier medio poner una cuña entre éstos y su pueblo. Para ello, comenzaron con inocentes comisiones de reparación, las que acogieron denuncias de miles de personas supuestamente víctimas de las violaciones a los derechos humanos, tantas que habrían faltado militares para cometer todos los delitos allí registrados. Los medios de comunicación prestaron descarado y obsecuente servicio a la estrategia de demolición de las FF.AA., como también respetadas instituciones religiosas y filosóficas, quienes callaron su voz para evitar ser parte de un conflicto en que la superioridad comunicacional de los agresores era tan grande como su deseo de venganza. 

Se complementó lo anterior, con la conformación de un grupo de jueces que entró de lleno a poner en ejecución la campaña orquestada por la izquierda. No es posible pensar que ellos no estén conscientes de que violan la Ley en beneficio de objetivos políticos de la clase gobernante, como tampoco es descartable que con ello crean que saldan la deuda que se enrostra a sus predecesores, por su condescendencia con el Gobierno Militar. Tampoco es muy errado pensar que sus humanos intereses se vean afectados por el rol que le cabe al poder político de turno en su promoción profesional a niveles superiores. Ello explicaría la creación de delitos donde no existen, la preeminencia de interpretaciones y sentimientos personales por sobre la justa aplicación de la Ley, el tratamiento de las responsabilidades judiciales en forma colectiva y la nula consideración y respeto a la presunción de inocencia, aquí abiertamente reemplazada por la presunción de culpabilidad.

A la aplicación de una justicia diferente a la de los demás ciudadanos se suma el abusivo tratamiento de los beneficios a que todos tienen derecho, comenzando por la negación de la prescripción y de la Ley de Amnistía para los militares, de la cual se beneficiaron ampliamente cientos de delincuentes terroristas, por hechos ocurridos en la misma época en la que se inculpa a los ex uniformados. Si a ello agregamos la negación de beneficios carcelarios de los que la Ley y reglamentos garantizan a cualquier ciudadano, podemos concluir que en Chile SÍ HAY PRESOS POLÍTICOS, en este caso viejos militares que sirvieron lealmente a su Patria, lo que constituye una vergüenza para las generaciones futuras, las que seguramente cobrarán la cuenta histórica a los responsables de ello.

Patricio Quilhot Palma.