DD.HH EN TODA SU EXTENSIÓN.

Ahora que está en marcha la Institución Nacional de Derechos Humanos cuya dirección fue integrada hace algunas semanas por el Parlamento, convendría que se abocara a restablecer el equilibrio con relación a los casos de damnificados en los años cruciales de nuestra historia reciente. "No hay dolores de primera ni de segunda, como tampoco hay muertos de primera y de segunda", dijo el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con motivo del discutido homenaje a los cuatro soldados asesinados a sangre fría en 1972 por los tupamaros.

Al referirse a ellos de esa forma, el ministro, un antiguo jefe tupamaro, reconoció una verdad que no todos aceptan: que quienes se levantaron en armas cuatro décadas atrás contra la democracia uruguaya, conculcaron los derechos humanos y dejaron a su paso un reguero de víctimas que también merecen el reconocimiento y la reparación por parte de esa novel Institución. Su muerte y el dolor de sus deudos merecen tanto respeto como el de las víctimas de la dictadura.

De acuerdo a la ley 18.466, la Institución tiene competencia para investigar violaciones de los derechos humanos a petición de parte o de oficio, y proponer a las autoridades la adopción de medidas reparatorias para los afectados. Una buena utilización de tan amplias prerrogativas sería ocuparse de todos aquellos que fueron tratados hasta ahora como si fueran "de segunda", al decir de Fernández Huidobro. Sería de justicia.

Tomemos por ejemplo a los familiares de los cuatro soldados masacrados en 1972, es decir antes del golpe de Estado, por un comando tupamaro. ¿Se les otorgó alguna reparación a sus familiares como se hizo en los casos de víctimas de la dictadura? Otra acción que corresponde sería atender la inquietud recientemente expresada por Daniel Burgueño, hijo del parroquiano de un café de Pando que en octubre de 1969, también en democracia, fue muerto durante el tiroteo provocado por los tupamaros que intentaron copar aquella ciudad.

"Crecí siendo el pobre niño que nació el día antes que mataran a su padre", relató Burgueño al anunciar que presentaría una demanda ante la justicia y un pedido de reparación económica porque "nuestra familia y la de otras víctimas nunca hizo nada, pero en este gobierno se dieron permanentes reclamos y se busca mostrar una versión tendenciosa de la historia". Agregó que "muchos delitos quedaron impunes y si vamos a revolver el pasado vamos a hacerlo completamente", concluyó.

Hay otras situaciones similares. Baste recordar a los familiares de aquella limpiadora del bowling de Carrasco que pereció cuando los tupamaros lo incendiaron o del peón rural Pascasio Báez ultimado a sangre fría porque tuvo la desgracia de descubrir un reducto clandestino. Ni que hablar de los policías asesinados por resistirse a entregar sus armas a los insurrectos que, a mediados de los años sesenta, obedecían a la consigna tupamara pintada en los muros montevideanos: "Ármate y espera".

Lo mismo podría decirse de los que sufrieron hurtos, copamientos, extorsiones y amenazas de parte de los tupamaros así como las personas secuestradas en las ignominiosas "cárceles del pueblo" que pagaron su injusta privación de libertad con enfermedades y secuelas de todo tipo para ellos y sus familiares. En la lista también podrían incluirse quienes fueron aprehendidos y torturados por comandos integrados por militares y tupamaros actuando de consuno, como lo reveló un libro con testimonios de los actores de tales tropelías.

Que no se hayan movilizado colectivamente, como anota Burgueño, no es razón para ignorar su condición de víctimas ni para mantenerlos en el olvido. Sobre todo ahora que echa a andar un organismo completamente autónomo cuyos cometidos son defender, promover y proteger "en toda su extensión" los derechos humanos. Una Institución que se supone despolitizada y con la posibilidad de usar procedimientos distintos de los que emplea la justicia ordinaria.

Sus cinco directores tienen ahora la oportunidad de equilibrar la balanza en materia de violaciones de los derechos humanos perpetradas por quienes, en distintos momentos y con diferentes orientaciones, se enfrentaron y atentaron contra las normas que rigen la convivencia democrática. A su paso dejaron una estela de dolores cuya reparación debería completar, de la manera más ecuánime posible, esta Institución Nacional de Derechos Humanos.

ELPAIS.COM.UY

DESPIERTACHILE.CL