domingo, junio 12, 2016

DIAGNÓSTICO SOBRE EL PUEBLO MAPUCHE.

Es un llamado de alerta que la mayoría perciba más violencia en La Araucanía, lo que contrasta con la sensatez de sus principales peticiones.


EL CENTRO DE Estudios Públicos (CEP) dio a conocer su estudio “Los mapuche rurales y urbanos hoy”, el cual entrega una serie de antecedentes que permiten poner en perspectiva el llamado “conflicto indígena”, al dimensionar cuáles son las aspiraciones del pueblo mapuche y los problemas que hoy lo afectan, especialmente en lo que dice relación con la violencia, fenómeno que a juicio de los propios indígenas ha aumentado de manera abrumadora.

Las conclusiones del estudio permiten una mirada más serena de esta problemática, y revelan que la mayoría del pueblo mapuche no se siente representado por las visiones más ideologizadas que intentan instrumentalizar esta problemática. Así, cuando se pregunta cómo debería el Estado reparar al pueblo mapuche, el 49% de quienes se identifican con este pueblo opina que mediante la restitución de tierras, mientras que el 16% se inclina por el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, y el 11% pide acceso a una educación de mayor calidad. Se trata de visiones sensatas, que guardan perfecta relación con las políticas que hoy están  en marcha o que se podrían evaluar a futuro. Otras opciones, como la autonomía, el perdón por los abusos  y las compensaciones en dinero despiertan muy poco entusiasmo, lo que muestra una desconexión con aquellos movimientos indigenistas que buscan arrogarse su representación, y que promueven  enclaves autonomistas o transmitir la idea de que el pueblo mapuche vive una sofocación.

Esta visión general de relativa normalidad, sin embargo, no debe llevar a perder de vista la existencia de un conflicto no resuelto, que ya no sólo afecta a los habitantes no mapuches, sino a los miembros de la propia etnia. Así, es llamativo que el 62% de los mapuche rurales piense que la situación en La Araucanía es menos pacífica que hace 10 años, proporción que aumenta al 71% en el caso de los mapuche rurales. Esta visión es consistente con el cuadro de aumento de atentados incendiarios en La Araucanía y también en regiones aledañas, situación que ha sido incontrolable y en general ha logrado expandirse en total impunidad, lo que supone un manifiesto retroceso del estado de derecho.

En el total de la muestra mapuche, el 58% opina que no se justifica la fuerza para reclamar tierras, mientras que el 29% la considera en algunas circunstancias, en tanto sólo el 5% opina que “siempre”. En relación al estudio que se hizo en 2006, resulta alentador que el porcentaje de mapuche que rechaza el uso de la fuerza haya aumentado; las razones que inciden en aquellos que la siguen viendo como una alternativa ocasional pueden ser muy diversas, lo que requeriría un análisis más pormenorizado, ya que el concepto “fuerza” puede que se interprete de maneras diversas.

Es evidente que la solución del conflicto pasa por un acuerdo político a gran escala, que restituya las tierras -o una compensación equivalente- en aquellos casos que se acrediten pertinentes, y se explore la alternativa de algún tipo de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. El actual mecanismo de entrega de tierras debe ser modificado, porque ha demostrado ser muy oneroso -en una década se han gastado más de $ 240 mil millones para estos efectos- e incapaz de traer soluciones efectivas. Ello debe ir a la par de neutralizar a los grupos violentistas como condición indispensable para avanzar en cualquier tipo de acuerdo político.
Editorial La Tercera.

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