BRITO, ABBOTT Y EL "DESASTRE DE RANCAGÜA".

"El silencio otorga" es un refrán que define acertadamente la actitud de la izquierda ante este descomunal atentado a la fe pública que significa la corrupción descubierta en la Corte de Apelaciones de Rancagua. La razón es simple, y la de siempre: su solidaridad política con los protagonistas por ser de los suyos.

Los involucrados y salpicados en el más grande escándalo que se conoce en el Poder Judicial, tienen sensibilidad ideológica o alguna afinidad con la izquierda: el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, si no militante, es adherente al extremismo progresista; Jorge Abbott, Fiscal Nacional, fue designado en dicho cargo gracias al lobby de un senador del PPD; el hasta ahora único ministro imputado, Emilio Elgueta, es simpatizante socialista, el mismo partido del cual es miembro activo el senador Juan Pablo Letelier, operador político de la red corrupta en dicho tribunal regional.

No hace falta un esfuerzo de la memoria para recordar los frecuentes alaridos de la izquierda ante episodios en los cuales  han estado comprometidos personas, personajes o personajillos que no son de sus filas. Está fresca la histérica reacción opositora, tras la muerte del comunero extremista Camilo Catrillanca a manos de un carabinero 'pasado de revoluciones': pidió a gritos que "dada su responsabilidad" debía saltar de su cargo el ministro del Interior. Por la  malversación en el Ejército a raíz  del mal uso de pasajes aéreos y viajes, exigió que "por su responsabilidad del mando" tenía que presentar su renuncia el Comandante en Jefe, Ricardo Martínez.

No deja de ser sospechoso  y contradictorio que, tras la punta del iceberg que salió a flote en la Corte rancagüina, la izquierda no haya hecho escuchar su voz para demandar la responsabilidad del mando. Independiente de que éste es sólo el comienzo de lo que se sabe por décadas acerca de   la descomposición ética y moral del Poder Judicial, este hallazgo en la Corte Regional de O'Higgins es más que suficiente para que, por pudor y por negligencia, tanto Haroldo Brito como Jorge Abbott hagan abandono de sus cargos.

Lo descubierto en la Corte de Apelaciones de Rancagua es un delito de tráfico de influencias y coimas, éstas casi en su nivel más ordinario: fallos y designaciones de tres ministros tenían tarifas. No obstante ello, además del acto delictual en sí, lo obrado tiene un componente político: la simetría ideológica en la adjudicación de cargos y en la orientación de algunas sentencias  favorables a gente de izquierda y, 'en la medida de lo posible', cercanos al  senador socialista Juan Pablo Letelier.

¿Quién izquierdizó al Poder Judicial? En revancha -como lo asegura el Libro Negro de la Justicia Chilena- a la parcialidad de los jueces en ejercicio durante el régimen militar, la izquierda decidió formar magistrados afines a su sensibilidad, y lo hizo desde la Academia de Formación, donde impartía clases Haroldo Brito, reforzando esa misión proselitista desde la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), de la cual fue presidente y un activo gremialista.

Brito considera "suficiente control institucional" el que los ministros visitadores fiscalicen el comportamiento profesional, ético y administrativo de los jueces. A su vez, los magistrados de las Cortes -como la de Rancagua- son evaluados por  la Suprema, que los califican anualmente.

Una ex ministra de la Suprema reveló que, "con suerte", Emilio Elgueta era periódicamente calificado con un 4.0, y comentó que, "no en pocas ocasiones", recomendó su marginación. Sin embargo, continuó en su puesto, apuntalado por un padrino de la masonería en  el máximo tribunal y, básicamente, por su condición de hombre de confianza del senador Letelier.

A solicitud de cuatro magistrados  -a quienes hay que recordar por su integridad-, Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Carlos Aránguiz y Arturo Prado, un Pleno Extraordinario de la Corte Suprema debió pronunciarse sobre la expulsión inmediata de los tres magistrados coimeros, Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Por 9 votos contra 8, se rechazó la petición. Estuvo ausente quien lleva la indagación in situ en Rancagua, Rosa María Maggi.

Antes de esa instancia extraordinaria, el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, intervino públicamente para advertir que "un fallo adverso a los ministros puede afectar el debido proceso"…, un proceso que a esas alturas ya consignaba probadamente la existencia de fallos arbitrarios, tráfico de influencia, cobros en dinero, reuniones privadas con un senador, el retiro de especies comprometedoras desde el tribunal, transferencias bancarias a cambio de nombramientos, retribuciones económicas por parte de abogados de la plaza, todo ello sin contar que la ministra indagadora, en el acto,  anuló sus sentencias, resoluciones pendientes, audiencias y designaciones de jueces y notarios.

Este sólo cúmulo de antecedentes irregulares era más que suficiente para excluirlos de inmediato  del Poder Judicial. Pero con el pretexto del "debido proceso" funcionó  la  solidaridad política, porque, ya a esas alturas, la masonería los había  expulsado.

De habérseles expulsado, lo que correspondía, se hubiera evitado el tremendo absurdo de lo ocurrido en la formalización a Elgueta, a cargo de una jueza de garantía, de rango inferior. Tuvo que imputar a un superior jerárquico, porque, aunque destituido del cargo, continúa siendo ministro y miembro del Poder Judicial.

Así como la Iglesia Católica no tiene porqué solicitar a sus sacerdotes que respeten el celibato, la Corte Suprema no tiene para qué recordar a sus jueces su neutralidad, como lo hizo Brito apenas reventó el escándalo. Tanto la castidad para los curas como la imparcialidad para los magistrados constituyen algo intrínseco  e inviolable. Si el jefe les recomienda "la necesidad de ser imparciales" significa que está consciente de que en su institución se viola su base piramidal.

Brito ha sido inconmovible por esta catástrofe que ha afectado al Poder Judicial  y se desentiende de su responsabilidad, al igual que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en cuya designación jugó un rol clave el senador Guido Girardi (PPD). Gracias a una petición de éste,   recién asumido anunció que "mi misión prioritaria será terminar en breve con los juicios por financiamiento irregular de la política", precisamente en momentos en que arreciaban las amenazas por este motivo en contra de políticos de la Nueva Mayoría.

Reñida con la ética y la moral fue su conducta cuando cambió al fiscal que investigaba a los ministros  corruptos por expresa petición del senador Letelier.

Parte importante de su rol es el funcionamiento normal del Ministerio Público, y resulta que son frecuentes, e innumerables, los casos de enfrentamientos entre sus fiscales, e incluso uno de ellos, Emiliano Arias, lo denunció ante la Corte Suprema, desde donde -coincidentemente- salió indemne.

La ley establece que los jefes, en este caso Brito y Abbott, "deben responder por aquellos hechos y actos cuando causan perjuicio a terceros". Aún más, la norma legal consigna que "son responsables" de las conductas de los trabajadores de su institución. Ambos  han sido indiferentes ante este impresionante atropello a la fe pública, pero ello no es fruto de su respeto al debido proceso, sino un evidente compromiso con una ideología política.

La población quedó perpleja por presenciar a un ministro de Corte sentado en la silla de los acusados, pero la izquierda pareció no inmutarse por tan desoladora imagen. La jueza que debió dejar, a lo menos, con medidas cautelares a Elgueta (viernes 26) no se animó a hacerlo "a la espera de otros interrogatorios", dilatando una decisión por el temor a una futura pasada de cuenta de su jefe máximo, cuando aspire a  ascender.

¡Hasta por un atropello se deja a un ciudadano con medida cautelar! Pero el ministro Elgueta no es un ciudadano cualquiera.

Como si todo ello no fuese suficiente, el más patético reflejo de la complicidad progresista en este atentado a la institucionalidad, fue lo expresado por la diputada comunista Karol  Cariola. Dijo que "mucho más preocupante para el país que lo sucedido en la Corte de Rancagua son los WhatsApp entre Andrés Chadwick y el alcalde de Rancagua"…

Ambos, militantes de la UDI, se comunicaron cuando Chadwick ni siquiera era ministro, para que el edil rancagüino prestara colaboración al fiscal Alejandro Arias, quien no tiene nexos      con la izquierda. "Es injustificable que él aún no haya renunciado al Gabinete por su responsabilidad" manifestó la parlamentaria.

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