SUMA URGENCIA PARA INTERNOS DE PUNTA PEUCO.

“A casi dos meses del gobierno de Piñera, no vemos ninguna iniciativa de ley que vaya en beneficio de los reos ancianos y enfermos que cumplen condena en el penal de Punta Peuco ni tampoco vemos que esté en las prioridades legislativas de este gobierno que ayudamos a elegir” dijo el abogado Raúl Meza.

El profesional, informó que entregaría una carta en La Moneda (este viernes 4), solicitando al mandatario,” que ponga suma urgencia al proyecto de ley que conmuta la pena de prisión efectiva por la de arresto domiciliario a los internos de avanzada edad y a los enfermos terminales” invocando “el cumplimiento de las promesas que hizo a la familia militar la que le entregó, nuevamente, su confianza para dirigir los destinos de esta Patria” según consigna La Tercera en su edición on line de esta misma fecha.

La petición que presenta Raúl Meza, es en favor de cuatro presos políticos militares, cuya identidad no proporcionó. Sin embargo, explicó que se trata de un Coronel de Ejército (r)  de 91 años enfermo crónico e inválido, con diabetes; un suboficial de Carabineros (r) de 90 años, víctima, además, de cáncer; de un oficial (r) de Carabineros de 80 años de edad, enfermo terminal y otro suboficial de la policía uniformada (82) en condición de invalidez total.

Efectivamente -como señala Meza-, transcurridos casi dos meses de su administración, el actual gobierno ha entregado indicios escasamente esperanzadores para solucionar la situación de los prisioneros de Punta Peuco. Su ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha formulado al menos tres declaraciones que no van en dicha dirección.

El 25 de marzo, dos semanas después de asumir su alto cargo, el Secretario de Estado expresó que “No somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos ni asesinos en serie” aunque también añadió que “Cuando una persona, cualquiera que haya sido el crimen que haya cometido, por grave que este haya sido, está a punto de morir en una situación de enfermedad terminal, y si a eso se le agrega avanzada edad o está en una situación de demencia severa, enajenado mentalmente que no sabe dónde está parado, me pregunto si corresponde que lo mantengamos preso en la cárcel o si no es más digno desde el punto de vista de la humanidad tenerlo en un arresto domiciliario” y matizó, comentando que “El indulto tiene un tema que no es menor:  altera una decisión de los tribunales de justicia (…) y yo respeto las decisiones de los tribunales”.

Posteriormente (25 de abril), Larraín informaba que el gobierno “evalúa” que “los jueces decidan la conmutación de penas a condenados”. La propuesta consideraba incluir a todos los reos condenados, incluidos aquellos que cumplen sentencia por casos de derechos humanos. Tal posibilidad, hoy, está en manos del gobierno y significa la capacidad de indultar, de modo parcial o total por causas humanitarias. También estaba la posibilidad, según mencionaron en el Ejecutivo, de crear un tribunal de ejecución de penas. Dichas entidades se encargarían de supervisar el cumplimiento de penas y el respeto hacia a los derechos de las personas privadas de libertad, en cualquier causal.

Hasta ahora, no se ha escuchado a las actuales autoridades, referirse a la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor, norma ratificada por el Estado de Chile el 7 de octubre de 2017. En la sesión de aprobación de dicho instrumento por el Senado de la República, el subsecretario de Justicia Edgardo Riveros hacía presente que la Convención no es autoejecutable. Es decir, que se requería de la dictación del respectivo reglamento para que entrase en pleno vigor. En la misma sesión, los senadores Baldo Prokurica, Jose García Ruminot, Antonio Horvath, Juan Antonio Coloma y el propio Hernán Larraín, reclamaban por “la situación inhumana en que se encuentran muchos adultos mayores con enfermedades terminales, algunos de los cuales están condenados por delitos de lesa humanidad y que incluso han fallecido en condiciones que deben ser investigadas y aclaradas”. Esto último era solo una graciosa concesión a la izquierda, porque en Chile no hay casos de condenados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos comunes, como homicidio, secuestro, etc.

El senador Hernán Larraín, ahora ministro de Justicia, probablemente recuerda tan memorable intervención en Sala. Asimismo la necesidad de oficializar el aludido Reglamento. Con dicha herramienta en sus manos, el Poder Ejecutivo que encabeza Sebastián Piñera podría comenzar a hacer justicia a los prisioneros políticos militares y terminar con sus remilgos, con sus debilidades, dudas, vacilaciones y adoptar una posición clara, decidida y categórica para cumplir con sus promesas. Y así no sucederá lo de 2010, cuando el mismo Piñera candidato, anunciaba que haría cumplir la ley para finalizar con la injusta situación de los uniformados presos. Ellos y sus familias, llevan dos meses de espera… todo esto es de suma urgencia.

DespiertaChile.