¿ES TERRORISMO O SUBVERSIÓN LO QUE OCURRE EN LA ARAUCANÍA?

¿Por qué le cuesta tanto al Gobierno reconocer lo que está pasando en la Macrozona de La Araucanía (8ª, 9ª y norte de la 10ª? ¿Será porque los considera más bien actos propios de un grupo subversivo, antes que simplemente terrorismo para causar temor, y eso no se puede reconocer públicamente?

Me pregunto lo anterior puesto que el llamado grupo Weinchan Auka Mapu, escindido de la CAM, se adjudicó los últimos dos atentados incendiarios, así como el año pasado lo hizo respecto de otros 38, ocurridos en Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, reivindicando la lucha armada contra el Estado chileno y sus expresiones de opresión, así como contra la Iglesia católica, defendiendo la destrucción de templos en represalia por su rol en la “transmisión de valores y normas de los dominadores”.

En el sitio http://paismapuche.org/?p=11300, se puede leer una declaración que le hizo llegar este grupo, ya en abril del año pasado, respecto de lo que llaman el “conflicto chileno-mapuche”. En ella se aprecia claramente cuál es la intención:

“En el ámbito de la resistencia, incorporamos el elemento armado, en respuesta obligada a la violencia sistémica que ha ejercido el Estado chileno contra nuestro pueblo mapuche. La violencia que ejercemos entonces, es de carácter defensivo, circunscrito en primer orden a nuestro territorio, fundamentalmente nuestro accionar va dirigido contra objetivos del carácter material, maquinaria forestal, agrícola, casas patronales y toda infraestructura destinada a saquear y explotar nuestro Wallmapu, presionando que nuestro actuar obedece a la postura de un elemento más de la naturaleza”.

“Con respecto a la violencia, queremos dejar en claro que identificamos a nuestros enemigos en el gran latifundista, la forestal y los proyectos energéticos, grandes empresas y sus inversiones, siendo estos partes del gran capital.  Así mismo, consideramos como adversarios políticos y no como enemigos, a quienes desde la intelectualidad y orgánicas occidentales potencian la institucionalidad y el estado de derecho”.

Y esta declaración contiene otros semejantes argumentos y la lista de los actos subversivos que realizaron en el sur del país entre 2013 y 2016, identificándolos con fecha y lugar.

¿Quiénes integran esta agrupación violentista? ¿Por qué no se les detiene? Se dice que es muy complejo probar su intervención, y por lo tanto demostrar su participación en los hechos. Pero, ¿es tan imposible infiltrarlos? ¿Son tan capaces y tan compartamentalizados que estas acciones no se pueden anticipar? ¿No dejan huella alguna? ¿ningún rastro? Y si son tan hábiles, ¿no será que están entrenados en técnicas de subversión insurreccional tipo guerrilla por alguno de los grupos extremistas de Latinoamérica? ¿Se investiga eso? ¿No hubo, en su tiempo, visitas a las FARC?

El fenómeno que está ocurriendo, entonces, tiene tres lecturas. Por una parte, el Gobierno insistía, hasta el atentado anterior, que estos no eran actos terroristas, sino delictuales. La última quema de los 28 camiones sí lo considera un acto terrorista, pero sólo dicho atentado. La segunda lectura es la de los afectados, que con justísima razón reclaman que el Estado no los protege frente a estos actos que ellos definen como terroristas y se encuentran en una total indefensión. Y la tercera es la de quienes se adjudican estas acciones violentas, que se autoproclaman en una lucha armada contra el Estado de Chile y sus así llamados enemigos, que no son otros que aquellos a quienes atacan incendiándoles sus pertenencias.

Me pregunto si la declaración de este grupo no debería tomarse muy en serio y hacerle frente con todas las herramientas legales que el Estado y el Gobierno disponen para terminar con esta amenaza. Mientras tanto, el ministro del Interior dice que “no hay falencias de inteligencia y que está satisfecho de cómo trabajan las instituciones policiales”. ¿No hay falencias de inteligencia?  Pero si no hay ningún detenido, ningún condenado, nadie identificado, y en cambio sí hay muchas víctimas y muchos atentados que siguen en la mayor impunidad. ¿De qué está satisfecho el ministro?

Esta situación está llegando a un límite en que se puede desbordar si no se la ataca como un problema de Estado y desde el Gobierno como corresponde, partiendo por reconocer públicamente que es lo que estamos enfrentando como país. ¿Terrorismo, subversión, delincuencia? El gobierno tiene la palabra.

Jaime Jankelevich, consultor de empresas.