INJUSTIFICABLE PARO DEL SECTOR PÚBLICO.

De manera ilegal se está validando que la paralización es una herramienta legítima de presión, aun cuando vaya en desmedro de la ciudadanía.

LOS TRABAJADORES del sector público han convocado para hoy a una nueva marcha y extendieron por otras 48 horas el paro de actividades, como forma de presionar al gobierno para que aumente su propuesta de reajuste. El Ministerio de Hacienda ha señalado que no es posible un incremento superior al 3,2% -en atención a la fuerte estrechez presupuestaria del fisco-, si bien se ha comprometido al mejoramiento de algunos bonos. La mesa del sector público, en cambio, insiste en un reajuste del 4% -anteriormente solicitaba 7%-, y ha planteado que cualquier oferta bajo dicho guarismo sería “inviable”, amenazando con extender las movilizaciones. De esta forma, otra vez la ciudadanía ha quedado capturada por los intereses gremiales, sin que la autoridad intervenga con decisión para impedirlo.

Los costos de estas paralizaciones -que de acuerdo con el estatuto administrativo y la Constitución están expresamente prohibidas- han sido sustanciales. A la fecha se ha traducido en la suspensión de siete mil cirugías electivas y del orden de 25 mil consultas de especialidad, y en cuatro regiones -incluida la Metropolitana- ha sido necesario dictar un decreto de emergencia sanitaria, no solo para asegurar las prestaciones de salud más críticas, sino también para hacerse cargo de la recolección de basura, que en algunas comunas alcanza niveles críticos. Los productores de fruta, salmoneros y otras actividades productivas están alertando que la paralización afectará los envíos. Y quienes requieren de los servicios del Registro Civil, otra vez deben pasar por el trastorno de no poder contar con la obtención o renovación de documentos indispensables.

La impunidad en que todo esto ocurre ha llevado a que los trabajadores del sector público simplemente hayan internalizado que el paro de actividades forma parte de su estrategia de negociación, y la autoridad dócilmente lo ha aceptado así. Ello también se ve estimulado cuando de manera bochornosa algunos parlamentarios oficialistas reconocen que la oferta del Ministerio de Hacienda debe ser sustancial, pues “no se puede correr el riesgo de afectar a un sector que tradicionalmente vota por nosotros”. En la actual negociación el gobierno ha enviado señales equívocas, al radicar las negociaciones a nivel de subsecretarios y no en el comité político; asimismo, el hecho de que la Presidenta de la República decidiera continuar con su gira en el exterior, sin esperar la resolución de este conflicto, transmite una inconveniente desaprensión.

Los trabajadores del sector público han encontrado en el paro una eficaz arma de negociación, la que ejercen mirando sus propios intereses, y no los del país en su conjunto. Mediante esta herramienta de presión logran soslayar cualquier discusión respecto a las evidentes ineficiencias que se han ido enquistando al interior de las reparticiones públicas, al carecer de sistemas creíbles de medición de gestión y sanciones efectivas. A la luz de esta realidad, parece indispensable revisar la normativa que rige en este sector, porque es evidente que bajo el actual sistema la continuidad de servicios del Estado no queda asegurada. Probablemente será necesario estudiar mecanismos que establezcan reajustes con horizontes superiores a un año, condicionados a indicadores de gestión objetivos, y resulta obvio que si en los empleados fiscales no hay voluntad de renunciar a la paralización como método de presión, entonces también cabe preguntarse por la pertinencia del estatuto administrativo, y su eventual reemplazo por el Código del Trabajo.

Editorial La Tercera.